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Con el fin de viabilizar investigación y persecución de delitos del mercado de valores firman acuerdo.
Con el propósito de viabilizar la investigación y persecución de los delitos financieros, principalmente aquellos que afectan el mercado de valores, así como fortalecer la prevención, la investigación y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el Ministerio Público y la Superintendencia del Mercado de Valores firmaron este lunes un acuerdo.
El acuerdo suscrito entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el superintendente Ernesto Bournigal Read, expresa que tiene como objeto establecer un marco general de cooperación entre las partes, a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración e intercambio de informaciones entre ambas instituciones sobre los referidos temas.
La procuradora Germán Brito, tras resaltar la importancia del acuerdo, sostuvo que contribuye a desmontar algunos artilugios, esquema ponzi, actividades relacionadas con el blanqueo y dijo que en cierto modo apoya a las víctimas que son estafadas.
“Con este papel de la Superintendencia, la inversión en nuestro país está más que garantizada y ustedes son un apoyo imprescindible para la persecución de los delitos de blanqueo de capitales, estafa en tema bancario y, sin olvidar, la delicadeza del manejo de los sistemas bancarios”, agregó.
En ese sentido, calificó de vital el apoyo de la Superintendencia y abogó por que cada día se empeñen en tener más regulaciones, de acuerdo al tiempo en que se vive. “Ya no podemos seguir teniendo los instrumentos de hace 20 años, ni nada parecido”, añadió la magistrada Germán Brito, quien manifestó su agradecimiento a la Superintendencia del Mercado de Valores por la colaboración.
Asimismo, el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, indicó que uno de los principales propósitos de la SIMV es la protección del inversionista y dijo que esto se debe mirar desde distintas perspectivas, entre las cuales está, no solo la educación sobre cómo prevenir esquemas fraudulentos, sino también la investigación de las denuncias sobre este tipo de infracciones, esto con el interés de evitar que las personas sean estafadas.
En este sentido, manifestó: “para la SIMV es importante y un honor poder trabajar de la mano con la PGR en brindar nuestra experiencia y conocimiento técnico en la lucha contra los crímenes financieros, tanto a nivel del seguimiento a las denuncias, como de presentación de peritajes ante cualquier requerimiento del órgano acusatorio”.
El convenio fue firmado en la sede del Ministerio Público, con la participación de otros miembros de ambas instituciones, entre ellos, el Intendente del Mercado de Valores, Enmanuel Cedeño Brea, y Sarah Roa, directora Jurídica de la SIMV.
El documento señala que las instituciones se comprometen a brindar la cooperación operativa o de cualquier otra índole que sea necesaria para la consecución del objeto del convenio y establecer un enlace permanente para la comunicación efectiva, la investigación y el seguimiento de las denuncias que sean recibidas por una u otra entidad, así como para participar en las comisiones de trabajo entre ambas instituciones y en la medida en que sea necesario, colaborarse mutuamente en la elaboración de los procedimientos de interés común.
También, dispone el empleo de mecanismos interinstitucionales eficientes, que les permitan fortalecer la investigación y persecución de las infracciones de carácter económico, que pudiesen afectar el Mercado de Valores, tales como: acceso a herramientas tecnológicas y sistemas digitales de investigación, entre otros.
El acuerdo también contempla el suministro de información entre ambas entidades, atendiendo a las normativas de tratamiento de información aplicable a cada una de las partes, particularmente en lo relativo a las denuncias relacionadas con el mercado de valores y sus respectivos seguimientos.
Además, el convenio fungirá para mantener la colaboración interinstitucional en la prevención y persecución de operaciones realizadas al margen de la Ley 249-17 que regula el Mercado de Valores, entre los cuales se encuentran los esquemas ponzi, piramidales, esquemas de inversiones fraudulentas o de captaciones no autorizadas, además de proveer informaciones estadísticas respecto de las interacciones entre las partes para fines de récords y ofrecer capacitaciones técnicas respecto de las funciones realizadas por ambas instituciones para recaudar y eficientizar los procesos propios de las investigaciones.
El Ministerio Público y la SIMV se comprometieron y asumieron de manera recíproca la obligación de mantener la confidencialidad de las informaciones suministradas, así como disponer la adopción de las medidas administrativas correspondientes para que dichas informaciones sean utilizadas única y exclusivamente para el cumplimiento del propósito del acuerdo de cooperación.
Una comisión mixta encabezada por el Ministerio Público, que lo representará el o la procuradora fiscal titular de la Dirección de Investigación de Delitos Financieros, y por la SIMV, el o la encargada del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores, será la responsable de la ejecución, desarrollo y seguimiento del acuerdo.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.