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Con el fin de viabilizar investigación y persecución de delitos del mercado de valores firman acuerdo.
Con el propósito de viabilizar la investigación y persecución de los delitos financieros, principalmente aquellos que afectan el mercado de valores, así como fortalecer la prevención, la investigación y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el Ministerio Público y la Superintendencia del Mercado de Valores firmaron este lunes un acuerdo.
El acuerdo suscrito entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el superintendente Ernesto Bournigal Read, expresa que tiene como objeto establecer un marco general de cooperación entre las partes, a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración e intercambio de informaciones entre ambas instituciones sobre los referidos temas.
La procuradora Germán Brito, tras resaltar la importancia del acuerdo, sostuvo que contribuye a desmontar algunos artilugios, esquema ponzi, actividades relacionadas con el blanqueo y dijo que en cierto modo apoya a las víctimas que son estafadas.
“Con este papel de la Superintendencia, la inversión en nuestro país está más que garantizada y ustedes son un apoyo imprescindible para la persecución de los delitos de blanqueo de capitales, estafa en tema bancario y, sin olvidar, la delicadeza del manejo de los sistemas bancarios”, agregó.
En ese sentido, calificó de vital el apoyo de la Superintendencia y abogó por que cada día se empeñen en tener más regulaciones, de acuerdo al tiempo en que se vive. “Ya no podemos seguir teniendo los instrumentos de hace 20 años, ni nada parecido”, añadió la magistrada Germán Brito, quien manifestó su agradecimiento a la Superintendencia del Mercado de Valores por la colaboración.
Asimismo, el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, indicó que uno de los principales propósitos de la SIMV es la protección del inversionista y dijo que esto se debe mirar desde distintas perspectivas, entre las cuales está, no solo la educación sobre cómo prevenir esquemas fraudulentos, sino también la investigación de las denuncias sobre este tipo de infracciones, esto con el interés de evitar que las personas sean estafadas.
En este sentido, manifestó: “para la SIMV es importante y un honor poder trabajar de la mano con la PGR en brindar nuestra experiencia y conocimiento técnico en la lucha contra los crímenes financieros, tanto a nivel del seguimiento a las denuncias, como de presentación de peritajes ante cualquier requerimiento del órgano acusatorio”.
El convenio fue firmado en la sede del Ministerio Público, con la participación de otros miembros de ambas instituciones, entre ellos, el Intendente del Mercado de Valores, Enmanuel Cedeño Brea, y Sarah Roa, directora Jurídica de la SIMV.
El documento señala que las instituciones se comprometen a brindar la cooperación operativa o de cualquier otra índole que sea necesaria para la consecución del objeto del convenio y establecer un enlace permanente para la comunicación efectiva, la investigación y el seguimiento de las denuncias que sean recibidas por una u otra entidad, así como para participar en las comisiones de trabajo entre ambas instituciones y en la medida en que sea necesario, colaborarse mutuamente en la elaboración de los procedimientos de interés común.
También, dispone el empleo de mecanismos interinstitucionales eficientes, que les permitan fortalecer la investigación y persecución de las infracciones de carácter económico, que pudiesen afectar el Mercado de Valores, tales como: acceso a herramientas tecnológicas y sistemas digitales de investigación, entre otros.
El acuerdo también contempla el suministro de información entre ambas entidades, atendiendo a las normativas de tratamiento de información aplicable a cada una de las partes, particularmente en lo relativo a las denuncias relacionadas con el mercado de valores y sus respectivos seguimientos.
Además, el convenio fungirá para mantener la colaboración interinstitucional en la prevención y persecución de operaciones realizadas al margen de la Ley 249-17 que regula el Mercado de Valores, entre los cuales se encuentran los esquemas ponzi, piramidales, esquemas de inversiones fraudulentas o de captaciones no autorizadas, además de proveer informaciones estadísticas respecto de las interacciones entre las partes para fines de récords y ofrecer capacitaciones técnicas respecto de las funciones realizadas por ambas instituciones para recaudar y eficientizar los procesos propios de las investigaciones.
El Ministerio Público y la SIMV se comprometieron y asumieron de manera recíproca la obligación de mantener la confidencialidad de las informaciones suministradas, así como disponer la adopción de las medidas administrativas correspondientes para que dichas informaciones sean utilizadas única y exclusivamente para el cumplimiento del propósito del acuerdo de cooperación.
Una comisión mixta encabezada por el Ministerio Público, que lo representará el o la procuradora fiscal titular de la Dirección de Investigación de Delitos Financieros, y por la SIMV, el o la encargada del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores, será la responsable de la ejecución, desarrollo y seguimiento del acuerdo.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.