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Con el fin de viabilizar investigación y persecución de delitos del mercado de valores firman acuerdo.
Con el propósito de viabilizar la investigación y persecución de los delitos financieros, principalmente aquellos que afectan el mercado de valores, así como fortalecer la prevención, la investigación y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el Ministerio Público y la Superintendencia del Mercado de Valores firmaron este lunes un acuerdo.
El acuerdo suscrito entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el superintendente Ernesto Bournigal Read, expresa que tiene como objeto establecer un marco general de cooperación entre las partes, a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración e intercambio de informaciones entre ambas instituciones sobre los referidos temas.
La procuradora Germán Brito, tras resaltar la importancia del acuerdo, sostuvo que contribuye a desmontar algunos artilugios, esquema ponzi, actividades relacionadas con el blanqueo y dijo que en cierto modo apoya a las víctimas que son estafadas.
“Con este papel de la Superintendencia, la inversión en nuestro país está más que garantizada y ustedes son un apoyo imprescindible para la persecución de los delitos de blanqueo de capitales, estafa en tema bancario y, sin olvidar, la delicadeza del manejo de los sistemas bancarios”, agregó.
En ese sentido, calificó de vital el apoyo de la Superintendencia y abogó por que cada día se empeñen en tener más regulaciones, de acuerdo al tiempo en que se vive. “Ya no podemos seguir teniendo los instrumentos de hace 20 años, ni nada parecido”, añadió la magistrada Germán Brito, quien manifestó su agradecimiento a la Superintendencia del Mercado de Valores por la colaboración.
Asimismo, el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, indicó que uno de los principales propósitos de la SIMV es la protección del inversionista y dijo que esto se debe mirar desde distintas perspectivas, entre las cuales está, no solo la educación sobre cómo prevenir esquemas fraudulentos, sino también la investigación de las denuncias sobre este tipo de infracciones, esto con el interés de evitar que las personas sean estafadas.
En este sentido, manifestó: “para la SIMV es importante y un honor poder trabajar de la mano con la PGR en brindar nuestra experiencia y conocimiento técnico en la lucha contra los crímenes financieros, tanto a nivel del seguimiento a las denuncias, como de presentación de peritajes ante cualquier requerimiento del órgano acusatorio”.
El convenio fue firmado en la sede del Ministerio Público, con la participación de otros miembros de ambas instituciones, entre ellos, el Intendente del Mercado de Valores, Enmanuel Cedeño Brea, y Sarah Roa, directora Jurídica de la SIMV.
El documento señala que las instituciones se comprometen a brindar la cooperación operativa o de cualquier otra índole que sea necesaria para la consecución del objeto del convenio y establecer un enlace permanente para la comunicación efectiva, la investigación y el seguimiento de las denuncias que sean recibidas por una u otra entidad, así como para participar en las comisiones de trabajo entre ambas instituciones y en la medida en que sea necesario, colaborarse mutuamente en la elaboración de los procedimientos de interés común.
También, dispone el empleo de mecanismos interinstitucionales eficientes, que les permitan fortalecer la investigación y persecución de las infracciones de carácter económico, que pudiesen afectar el Mercado de Valores, tales como: acceso a herramientas tecnológicas y sistemas digitales de investigación, entre otros.
El acuerdo también contempla el suministro de información entre ambas entidades, atendiendo a las normativas de tratamiento de información aplicable a cada una de las partes, particularmente en lo relativo a las denuncias relacionadas con el mercado de valores y sus respectivos seguimientos.
Además, el convenio fungirá para mantener la colaboración interinstitucional en la prevención y persecución de operaciones realizadas al margen de la Ley 249-17 que regula el Mercado de Valores, entre los cuales se encuentran los esquemas ponzi, piramidales, esquemas de inversiones fraudulentas o de captaciones no autorizadas, además de proveer informaciones estadísticas respecto de las interacciones entre las partes para fines de récords y ofrecer capacitaciones técnicas respecto de las funciones realizadas por ambas instituciones para recaudar y eficientizar los procesos propios de las investigaciones.
El Ministerio Público y la SIMV se comprometieron y asumieron de manera recíproca la obligación de mantener la confidencialidad de las informaciones suministradas, así como disponer la adopción de las medidas administrativas correspondientes para que dichas informaciones sean utilizadas única y exclusivamente para el cumplimiento del propósito del acuerdo de cooperación.
Una comisión mixta encabezada por el Ministerio Público, que lo representará el o la procuradora fiscal titular de la Dirección de Investigación de Delitos Financieros, y por la SIMV, el o la encargada del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores, será la responsable de la ejecución, desarrollo y seguimiento del acuerdo.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.