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Con el fin de viabilizar investigación y persecución de delitos del mercado de valores firman acuerdo.
Con el propósito de viabilizar la investigación y persecución de los delitos financieros, principalmente aquellos que afectan el mercado de valores, así como fortalecer la prevención, la investigación y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el Ministerio Público y la Superintendencia del Mercado de Valores firmaron este lunes un acuerdo.
El acuerdo suscrito entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el superintendente Ernesto Bournigal Read, expresa que tiene como objeto establecer un marco general de cooperación entre las partes, a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración e intercambio de informaciones entre ambas instituciones sobre los referidos temas.
La procuradora Germán Brito, tras resaltar la importancia del acuerdo, sostuvo que contribuye a desmontar algunos artilugios, esquema ponzi, actividades relacionadas con el blanqueo y dijo que en cierto modo apoya a las víctimas que son estafadas.
“Con este papel de la Superintendencia, la inversión en nuestro país está más que garantizada y ustedes son un apoyo imprescindible para la persecución de los delitos de blanqueo de capitales, estafa en tema bancario y, sin olvidar, la delicadeza del manejo de los sistemas bancarios”, agregó.
En ese sentido, calificó de vital el apoyo de la Superintendencia y abogó por que cada día se empeñen en tener más regulaciones, de acuerdo al tiempo en que se vive. “Ya no podemos seguir teniendo los instrumentos de hace 20 años, ni nada parecido”, añadió la magistrada Germán Brito, quien manifestó su agradecimiento a la Superintendencia del Mercado de Valores por la colaboración.
Asimismo, el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, indicó que uno de los principales propósitos de la SIMV es la protección del inversionista y dijo que esto se debe mirar desde distintas perspectivas, entre las cuales está, no solo la educación sobre cómo prevenir esquemas fraudulentos, sino también la investigación de las denuncias sobre este tipo de infracciones, esto con el interés de evitar que las personas sean estafadas.
En este sentido, manifestó: “para la SIMV es importante y un honor poder trabajar de la mano con la PGR en brindar nuestra experiencia y conocimiento técnico en la lucha contra los crímenes financieros, tanto a nivel del seguimiento a las denuncias, como de presentación de peritajes ante cualquier requerimiento del órgano acusatorio”.
El convenio fue firmado en la sede del Ministerio Público, con la participación de otros miembros de ambas instituciones, entre ellos, el Intendente del Mercado de Valores, Enmanuel Cedeño Brea, y Sarah Roa, directora Jurídica de la SIMV.
El documento señala que las instituciones se comprometen a brindar la cooperación operativa o de cualquier otra índole que sea necesaria para la consecución del objeto del convenio y establecer un enlace permanente para la comunicación efectiva, la investigación y el seguimiento de las denuncias que sean recibidas por una u otra entidad, así como para participar en las comisiones de trabajo entre ambas instituciones y en la medida en que sea necesario, colaborarse mutuamente en la elaboración de los procedimientos de interés común.
También, dispone el empleo de mecanismos interinstitucionales eficientes, que les permitan fortalecer la investigación y persecución de las infracciones de carácter económico, que pudiesen afectar el Mercado de Valores, tales como: acceso a herramientas tecnológicas y sistemas digitales de investigación, entre otros.
El acuerdo también contempla el suministro de información entre ambas entidades, atendiendo a las normativas de tratamiento de información aplicable a cada una de las partes, particularmente en lo relativo a las denuncias relacionadas con el mercado de valores y sus respectivos seguimientos.
Además, el convenio fungirá para mantener la colaboración interinstitucional en la prevención y persecución de operaciones realizadas al margen de la Ley 249-17 que regula el Mercado de Valores, entre los cuales se encuentran los esquemas ponzi, piramidales, esquemas de inversiones fraudulentas o de captaciones no autorizadas, además de proveer informaciones estadísticas respecto de las interacciones entre las partes para fines de récords y ofrecer capacitaciones técnicas respecto de las funciones realizadas por ambas instituciones para recaudar y eficientizar los procesos propios de las investigaciones.
El Ministerio Público y la SIMV se comprometieron y asumieron de manera recíproca la obligación de mantener la confidencialidad de las informaciones suministradas, así como disponer la adopción de las medidas administrativas correspondientes para que dichas informaciones sean utilizadas única y exclusivamente para el cumplimiento del propósito del acuerdo de cooperación.
Una comisión mixta encabezada por el Ministerio Público, que lo representará el o la procuradora fiscal titular de la Dirección de Investigación de Delitos Financieros, y por la SIMV, el o la encargada del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores, será la responsable de la ejecución, desarrollo y seguimiento del acuerdo.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.