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Con el fin de viabilizar investigación y persecución de delitos del mercado de valores firman acuerdo.
Con el propósito de viabilizar la investigación y persecución de los delitos financieros, principalmente aquellos que afectan el mercado de valores, así como fortalecer la prevención, la investigación y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el Ministerio Público y la Superintendencia del Mercado de Valores firmaron este lunes un acuerdo.
El acuerdo suscrito entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el superintendente Ernesto Bournigal Read, expresa que tiene como objeto establecer un marco general de cooperación entre las partes, a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración e intercambio de informaciones entre ambas instituciones sobre los referidos temas.
La procuradora Germán Brito, tras resaltar la importancia del acuerdo, sostuvo que contribuye a desmontar algunos artilugios, esquema ponzi, actividades relacionadas con el blanqueo y dijo que en cierto modo apoya a las víctimas que son estafadas.
“Con este papel de la Superintendencia, la inversión en nuestro país está más que garantizada y ustedes son un apoyo imprescindible para la persecución de los delitos de blanqueo de capitales, estafa en tema bancario y, sin olvidar, la delicadeza del manejo de los sistemas bancarios”, agregó.
En ese sentido, calificó de vital el apoyo de la Superintendencia y abogó por que cada día se empeñen en tener más regulaciones, de acuerdo al tiempo en que se vive. “Ya no podemos seguir teniendo los instrumentos de hace 20 años, ni nada parecido”, añadió la magistrada Germán Brito, quien manifestó su agradecimiento a la Superintendencia del Mercado de Valores por la colaboración.
Asimismo, el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, indicó que uno de los principales propósitos de la SIMV es la protección del inversionista y dijo que esto se debe mirar desde distintas perspectivas, entre las cuales está, no solo la educación sobre cómo prevenir esquemas fraudulentos, sino también la investigación de las denuncias sobre este tipo de infracciones, esto con el interés de evitar que las personas sean estafadas.
En este sentido, manifestó: “para la SIMV es importante y un honor poder trabajar de la mano con la PGR en brindar nuestra experiencia y conocimiento técnico en la lucha contra los crímenes financieros, tanto a nivel del seguimiento a las denuncias, como de presentación de peritajes ante cualquier requerimiento del órgano acusatorio”.
El convenio fue firmado en la sede del Ministerio Público, con la participación de otros miembros de ambas instituciones, entre ellos, el Intendente del Mercado de Valores, Enmanuel Cedeño Brea, y Sarah Roa, directora Jurídica de la SIMV.
El documento señala que las instituciones se comprometen a brindar la cooperación operativa o de cualquier otra índole que sea necesaria para la consecución del objeto del convenio y establecer un enlace permanente para la comunicación efectiva, la investigación y el seguimiento de las denuncias que sean recibidas por una u otra entidad, así como para participar en las comisiones de trabajo entre ambas instituciones y en la medida en que sea necesario, colaborarse mutuamente en la elaboración de los procedimientos de interés común.
También, dispone el empleo de mecanismos interinstitucionales eficientes, que les permitan fortalecer la investigación y persecución de las infracciones de carácter económico, que pudiesen afectar el Mercado de Valores, tales como: acceso a herramientas tecnológicas y sistemas digitales de investigación, entre otros.
El acuerdo también contempla el suministro de información entre ambas entidades, atendiendo a las normativas de tratamiento de información aplicable a cada una de las partes, particularmente en lo relativo a las denuncias relacionadas con el mercado de valores y sus respectivos seguimientos.
Además, el convenio fungirá para mantener la colaboración interinstitucional en la prevención y persecución de operaciones realizadas al margen de la Ley 249-17 que regula el Mercado de Valores, entre los cuales se encuentran los esquemas ponzi, piramidales, esquemas de inversiones fraudulentas o de captaciones no autorizadas, además de proveer informaciones estadísticas respecto de las interacciones entre las partes para fines de récords y ofrecer capacitaciones técnicas respecto de las funciones realizadas por ambas instituciones para recaudar y eficientizar los procesos propios de las investigaciones.
El Ministerio Público y la SIMV se comprometieron y asumieron de manera recíproca la obligación de mantener la confidencialidad de las informaciones suministradas, así como disponer la adopción de las medidas administrativas correspondientes para que dichas informaciones sean utilizadas única y exclusivamente para el cumplimiento del propósito del acuerdo de cooperación.
Una comisión mixta encabezada por el Ministerio Público, que lo representará el o la procuradora fiscal titular de la Dirección de Investigación de Delitos Financieros, y por la SIMV, el o la encargada del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores, será la responsable de la ejecución, desarrollo y seguimiento del acuerdo.
El Seíbo.- A veinte años de prisión fue condenado un agricultor acusado de violación sexual contra una adolescente fue condenado a 20 años de prisión, quien usaba un nombre falso, según la sentencia pronunciada por los jueces del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seíbo.
Se informó que el tribunal pronunció una sentencia contra Carlos Martínez, pero quien asistía al tribunal era una persona identificada como Alejandro Martínez Matos.
Según la declaración de Carlos Martínez en audiencia, quien verdaderamente cometió la violación sexual fue Alejandro Martínez, mismo que figura en el expediente como la persona condenada y está prófugo de la justicia.
El hecho ocurrió en el año 2019, fecha en la que el tribunal impuso tres meses preventivos como medida de coerción contenida en el numeral 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal.
Con la resolución núm. 615-2021-SAUTAJ-00090, de fecha 28 del mes de abril del año 2021, se dio apertura al caso mediante la cual envió a juicio a los imputados José Luis Rosario y a Alejandro Martínez Matos, por supuesta violación a los artículos antes mencionados y no a Carlos Martínez, quien lleva cinco años recluido, de estos ha purgado dos la cárcel CCR-14 de Anamuya en Higüey, los otros tres entre la cárcel pública de El Seibo y La Victoria.
El abogado de la defensa de Alejandro Martínez solicitó: “Que la acusación del Ministerio Público fuera declarada inadmisible, ya que se acuso a una persona distinta, a la que se encontraba en el banquillo de los acusados.
En tanto que el órgano persecutor solicitó al tribunal que fuera rechazado el pedimento de la defensa técnica, por considerar que era responsabilidad de los abogados y del imputado decir que ese no era su nombre, a dos años de ser llevado el proceso.
En tal sentido, el tribunal representado por Ramona Milagros Santana Bermúdez, jueza presidenta; Laura Isabel Roa Paredes, Jueza sustituta del presidente; Medardo Antonio Rincón Martínez, Juez miembro, en una audiencia pública virtual ordenó la continuidad de la audiencia, aun teniendo en conocimiento que en el expediente figura el nombre de Alejandro Martínez que quien acudía a la sala era a otra persona es decir, Carlos Martínez, en contra quien no hay un expediente que lo acuse.
Santo Domingo, (Prensa Latina) La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana recordó hoy que desde mañana está prohibida la publicación de encuestas relacionadas con los comicios, mientras la veda comenzará el 16, tres días antes de las votaciones.
El artículo 216 de la Ley 20-23 Orgánica de Régimen Electoral, establece que «durante ocho días anteriores al de la votación, se restringe totalmente la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales».
La JCE tiene registradas cerca de 60 firmas encuestadoras, que están bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Elecciones.
Mañana, además de vencer el plazo para la publicación de encuestas, el órgano comicial deberá entregar las credenciales a los funcionarios de los colegios electorales.
Esta semana se publicaron los resultados de las encuestas Greenberg-Diario Libre y Gallup-RCC Media, que no difieren mucho en cuanto a las preferencias de los posibles votantes.
La primera vaticina que el mandatario y aspirante presidencial Luis Abinader ganará en primera vuelta, con un 58 por ciento de los votos; Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP) obtendría un 25 por ciento, mientras que el aspirante Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sacaría un 13 por ciento de los resultados.
Mientras, Gallup-RCC Media concluyó que de los mil 500 entrevistados del 1 al 4 de mayo último, el 60 por ciento votaría por Abinader, quien aspira a la reelección por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), un 24.6 por ciento lo haría por Fernández y un 11.1 por ciento por Martínez.
A las elecciones presidenciales del 19 de mayo se presentarán nueve candidatos presidenciales; ese día también se elegirán los 32 miembros del Senado y 190 integrantes de la Cámara de Diputados.
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PL-153
Santo Domingo, R.D.-La Cámara Civil de Puerto Plata ordenó que el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, y sus representantes locales Henry Fontanilla y Félix Cabrera paralizar los desalojos que llevan a cabo en Llanos de Pérez, Imbert.
La disposición de la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata ordenó al Concejo Estatal del Azúcar (CEA) y sus representantes locales Henry Fontanilla y Félix Cabrera, abstenerse de continuar con los desalojos en la comunidad Juan Martínez, Llano de Pérez, municipio Imbert, provincia Puerto Plata.
La medida prohíbe a los representantes del CEA desalojar a los accionantes y cualquier otra persona que habite en la comunidad, sin antes agotar las vías procesales del lugar ante el abogado del Estado como establece la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
La decisión, fechada el 9 de mayo de 2024, está firmada por los magistrados Nassín Eduardo Ovalles, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial; Carmen Martínez Durán, secretaria general de Centro de Servicios Secretariales de la Jurisdicción Civil de Puerto Plata.
Los empleados del CEA en la provincia Puerto Plata, Henry Fontanilla y Félix Cabrera, pretendían realizar desalojos contra varias familias en Llano de Pérez, alegando que estaban en calidad de invasores de los terrenos propiedad del Estado dominicano.