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Fiscal de Santo Domingo dice investiga “mafia” que opera en la cárcel de esa institución

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La fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, informó hoy que se investiga la supuesta mafia que opera en la cárcel de esa institución judicial  la que se ha denunciado es utilizada como un hotel por los reclusos.

Precisó que se enteró a través de un medio digital de que se estaría cobrando entre novecientos y mil pesos diarios a los reclusos para poder permanecer en la celda de la avenida Charles de Gaulle, y no ser trasladados a donde haya dispuesto el tribunal competente.

Diná Llaverías explicó que fue designada una comisión para determinar la existencia o no de esta presunta mafia.

Además, dijo  que por tratarse de la demarcación de mayor extensión en el país, y donde están los principales aeropuertos, allí se dan más casos del crimen organizado y del  narcotráfico a gran escala.

Señaló que casos delictivos más frecuentes son el tráfico y microtráfico de drogas, así como los atracos y los feminicidios.

La magistrada fue entrevistada en el Programa Revista 51, espacio dirigido y conducido por Ramón Valdez Paredes y se transmite de lunes a viernes de siete a ocho (de noche, por Televisión Nueva Isabela (TNI51).

El Nacional

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Senadores modifican Ley de Residuos Sólidos

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Santo Domingo. RD.-La Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos será modificada por un proyecto que fue aprobado este miércoles en segunda lectura en el Senado de la República.

El objetivo de la modificación de la Ley General de Gestión de Residuos Sólidos es prevenir la generación de residuos, además de establecer un régimen jurídico para la gestión integral de los desechos, con el propósito de fomentar su reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización.

Además, procura regular los sistemas de recolección, transporte y barrido, los sitios de disposición final, las estaciones de transferencia, los centros de acopio y las plantas de valorización, con la finalizad de garantizar el derecho de toda persona a habitar en un medio ambiente sano, proteger la salud de la población y disminuir la generación de gases de efecto invernadero emitidos por los residuos.

Piden declarar provincias en emergencia

El Senado aprobó una Resolución mediante la cual se solicita al presidente de la república, Luis Abinader Corona, declarar en Estado de Emergencia a los territorios que conforman las provincias Bahoruco, Barahona, Independencia y Azua tras los efectos producidos por incidencia de vaguada. Una propuesta los senadores Melania Salvadora, José Del Castillo Saviñón, Valentín Medrano y Lía Díaz, respectivamente.

El Pleno del Senado realizó un minuto de silencio para honrar la memoria del colaborador Lorenzo Figueroa, quien se desempeñaba como camarógrafo de la Unidad de Prensa del Senado.

En su turno de ponencias, el senador Milcíades Franjul invitó a sus colegas y a la ciudadanía a asistir a la XVI versión de la Feria Expo Mango Baní 2023, dedicada al expresidente Hipólito Mejía.

El senador Antonio Taveras Guzmán se solidarizó con la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien ha sido amenazada por miembros del crimen organizado. Además, pidió respeto a la integridad de la familia de la máxima representante del Ministerio Público.

El senador José Del Castillo Saviñón lamentó el impacto de la naturaleza sobre la provincia Barahona, en donde varias comunidades fueron afectadas por los efectos de las lluvias de los últimos días. «Los agricultores de estas zonas han tenido pérdidas económicas cuantiosas que no pueden afrontar».

Iván Silva denunció que varias familias, incluyendo la familia Serrano-Mayor, han sido víctimas de un fraude inmobiliario, hecho que pidió investigar.

El senador Ramón Rogelio Genao invitó al público en general a la XII versión del Festival de las Flores, en Jarabacoa, los días 8 y 11 del presente mes.

Ramón Pimentel saludó la decisión del presidente Luis Abinader de condecorar, póstumamente, a Orlando Jorge Mera, a quien agradeció por haber construido el Mirador del Morro. Se quejó de que se ha nombrado a una administradora del Mirador del Morro que no es de Montecristi.

La senadora Melania Salvador sometió una Resolución que solicita al presidente de la República declarar en emergencia a los territorios que conforman la provincia Bahoruco, tras efectos ocasionados por la incidencia de una vaguada.

Franklin Rodríguez, senador de San Cristobal, dijo que «ahora jugaremos el rol de fiscalizador», en torno a la aplicación de la Ley de Autismo, recientemente promulgada, para que las más de 200 mil familias con autistas sientan que ha valido la pena el esfuerzo realizado en el Congreso.

El senador Bautista Rojas Gómez sometió un proyecto de Ley que declara el 21 de junio de cada año como Día del Endocrinólogo Dominicano, en honor al natalicio del doctor Julio César Castillo Vargas.

Tras presentar videos reflejando los daños causados por las lluvias, la senadora Lía Díaz Santana sometió una Resolución que solicita al presidente de la República declarar en Estado de Emergencia la provincia Azua.

La senadora Faride Raful felicitó el inicio del Plan de Titulación en el Distrito Nacional, ejecutado por el presidente Luis Abinader, para mejorar la calidad de vida de miles de familias. De igual forma, se solidarizó con la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, por las amenazas que ha recibido la funcionaria.

El senador Santiago José Zorrilla aseguró que, por primera vez, en República Dominicana hay una real división de los Poderes del Estado. Agradeció a la Copppal por haberle escogido como jefe de misión para participar en el Foro Internacional celebrado en México.

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Sindicalista Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson de los Santos Solís son apresados.

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Santo Domingo.-Dos sindicalistas imputados de estar vinculados al sicariato fueron apresado este miércoles por disposición de  los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quienes mediante sentencia ordenaron el mantenimiento en prisión del empresario choferil Arsenio Quevedo, y el exregidor Erickson de los Santos Solís, acusados de ser parte de una red  que presuntamente se dedicaba a matar choferes por el control de las rutas de transporte en el 2015.

Los jueces adoptaron la decisión luego de acoger un pedimento de los querellantes al que se adhirió el Ministerio Público, quienes solicitaron al tribunal retener en prisión e imponer medidas de coerción a ambos acusados, para evitar que continúen por medio de sus abogados dilatando e incidentando el conocimiento del juicio de que se le sigue por la comisión de dichos crímenes.

A su salida del tribunal, la representante del Ministerio Público, Catalina Bueno, justificó la medida, explicando que con la retención de Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos se procura garantizar el conocimiento del proceso, el cual ha sido aplazado en 24 ocasiones, debido a las tácticas dilatorias, recusaciones e incidentes procesales presentados sistemáticamente por sus abogados, provocando los constantes reenvíos.

En el dispositivo en el que fundamentan su decisión, leída “in voce”, los magistrados invocaron el 306 del Código Procesal Penal Dominicano, que trata lo referente a la Libertad del Imputado y Restricciones a su Movilidad, subrayando que “El imputado comparece libre, pero el tribunal puede excepcionalmente ordenar su custodia para evitar la evasión o la ocurrencia de actos de violencia”.

Asimismo, ese artículo señala que: “Si el imputado se encuentra en libertad, aunque esté sujeto a una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, el tribunal, a pedido del Ministerio Público, puede ordenar su arresto para asegurar la realización de la audiencia o de un acto particular de la misma…”

También, señala, que: “A petición de parte puede modificar las condiciones bajo las cuales el imputado permanece en libertad o imponer otras medidas de coerción previstas en este Código…”

Además de fallar y acoger la solicitud de retención de los imputados en la cárcel provisional que funciona en el cuarto nivel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, los jueces Keila Pérez, Elías Santini y Arisleida Méndez también acogieron una recusación incoada por la defensa técnica del sindicato Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), que preside el sindicalista Arsenio Quevedo

En ese orden, los magistrados aplazaron para el 22 de este mes de junio la continuación del conocimiento del proceso para dar tiempo a la Corte de Apelación del Distrito Nacional a que decida y se pronuncie sobre la recusación presentada, por una parte, de los imputados.

Finalmente, los juzgadores fijaron para el 16 de ese mes, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento en audiencia de la solicitud de variación de estatus interpuesta por los actores civiles, en el sentido de que se le varié el estatus de libertad a los encartados Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís y se imponga prisión preventiva.

El caso

Los imputados Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson de los Santos Solís, así como Amaurys Cabrera y Danilo Octavio Reynoso, (estos dos últimos en prisión), están acusados de ser parte de una red que se dedicaba a matar choferes por el control de las rutas de transporte en el 2015.

Los chóferes muertos por la alegada banda de sicarios son Ángel Javier, Overny Guerrero y Mateo de Jesús Nieves, en dos hechos ocurridos el 14 y el 17 de enero del 2015, en violación a los artículos 265, 266 y 295 del Código Penal Dominicano que tipifican y castigan el homicidio voluntario y la asociación de malhechores, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, que penalizan el porte ilegal de armas de fuego.

En tanto que el exraso de la Policía, Amaurys Cabrera, fue condenado a 30 años de prisión en la cárcel de La Victoria, y Danilo Octavio Reynoso, en el Centro de Corrección de Najayo, San Cristóbal.

La sentencia de los jueces ordenando la puesta en libertad de los dos principales acusados, Quevedo y Ericson, considerados los autores intelectuales de la muerte de los choferes, fue recurrida por el Ministerio Público, tras considerar que hubo una mala valoración de los jueces que emitieron la sentencia.

El pedimento del Ministerio Público fue acogido el 20 de febrero del 2020 por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que anuló dicha sentencia, ordenando un nuevo juicio contra los acusados, el cual se conoce actualmente en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que en esta fecha ordenó la retención de los dos procesados para garantizar el conocimiento del juicio.

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Explican fallo que anuló resolución sobre trabajadoras domésticas.

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Santo Domingo, RD.-El profesional del derecho  Luis Vilchez Bournigal, quien presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Ministerio de Trabajo que regula el oficio de las trabajadoras domésticas en el país, explicó las  razones por las que presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional.

A través del comunicado 35-23, la instancia judicial informó el martes que acogió la acción interpuesta contra la ordenanza por el jurista, aunque el documento no contiene las motivaciones del fallo.

No obstante, Vilchez Bournigal indicó que el recurso presentado se debió principalmente a que “nosotros entendíamos que la resolución del Ministerio de Trabajo, si bien tenía sus buenas intenciones, no cumplía con las disposiciones legales”.

Según contó a periodistas de este diario, la dependencia quería justificar la resolución amparándose en la firma del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 25 de agosto de 2022, sin tomar en cuenta que para cumplir con dicho acuerdo el mismo debía adaptarse a las leyes dominicanas.

“Primero, el ministro de Trabajo, de acuerdo con el Código de Trabajo no tiene la facultad de hacer ese tipo de resoluciones y segundo, el mismo convenio de la OIT tenía que ajustarse a la legislación nacional”, indicó.

Tendría que someterse un proyecto de ley ante el congreso, pero no hacerlo a través de una resolución”, reiteró Vilchez Bournigal.

El abogado también expuso que la anulación del Tribunal Constitucional no quiere decir que se entienda que las trabajadoras domésticas no tienen derecho a tener mejores o más claras condiciones laborales sino más bien, de evitar futuros infortunios legales.

LO QUE DICTA LA RESOLUCIÓN

La resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo establece que tanto el empleador como la trabajadora doméstica determinarán las horas en las que estas prestarán sus servicios, quedando estipulado en un contrato laboral.

También señalaba un descanso de 36 horas a la semana para cada trabajadora doméstica y que su salario debía ser pagado preferiblemente en efectivo.

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