Otros continentes
Fiscal de Venezuela: Tribunal Supremo violó la constitución
Protestas. Opositores al Gobierno de Nicolás Maduro se manifiestan en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Parlamento, ayer en Caracas.
Caracas.-La fiscal general de Venezuela aseguró ayer que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse los poderes de la Asamblea Nacional evidencia una violación a la constitución, en un sorpresivo mensaje de quien hasta ahora era vista como cercana al gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur «ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela».
Dos días después del fallo del máximo tribunal, la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que hubo una «ruptura» del orden constitucional.
Mientras, en las calles de Caracas las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de estudiantes que protestaban frente al Tribunal Supremo y algunos periodistas también fueron golpeados.
Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega Díaz manifestó su «alta preocupación» por las recientes sentencias del máximo tribunal -que también puso límites a la inmunidad de los legisladores- y llamó a la reflexión para que se tomen los «caminos democráticos» de respeto a la constitución.
En su fallo, el tribunal señaló que la Asamblea Nacional -controlada por la oposición por casi un año y medio- ha desacatado el cumplimiento de ordenamientos anteriores por lo que asumía las competencias legislativas. Las críticas internacionales fueron en aumento y el viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió una sesión urgente para analizar la situación en el país sudamericano.
La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una concentración en una plaza del este de Caracas donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.
Tras reiterar su denuncia de «golpe de Estado» la coalición llamó en un comunicado a las fuerzas armadas a «restituir el orden constitucional» e instó al resto de los representantes de los poderes públicos a seguir el ejemplo de la fiscal general.
«Hemos entrado en una etapa de resistencia», dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia al referirse a la convocatoria a realizar marchas en todo el país. De Grazia insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista.
Aunque la Sala Constitucional del máximo tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.
En Caracas varias decenas de universitarios al grito de «Libertad» se apostaron a las puertas del máximo tribunal para rechazar la sentencia. Guardias nacionales con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. Al menos un estudiante resultó herido y varios periodistas fueron golpeados.
La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros «fuertemente golpeados». «Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban», agregó.
La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirá, entre otros temas, la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo cuyo nombramiento ya había sido cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.
A pesar de las numerosas críticas que generó en el ámbito local e internacional la sentencia del máximo tribunal, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, Maduro aún no se ha manifestado públicamente.
España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que «si se rompe la división de poderes se rompe la democracia».
En tanto, siete de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenaron la decisión del Tribunal Supremo y reclamaron que se respete el estado de derecho y la separación de poderes.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay manifestaron su «alarma» por el fallo del máximo tribunal venezolano como un hecho que atenta «contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa» y reclamaron al gobierno de Maduro que garantice «la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas».
En diciembre, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron apartar a Venezuela del Mercosur por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas del bloque, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud por la decisión del tribunal y consideró que la democracia venezolana está «claramente vulnerada».
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial de Venezuela comenzó en diciembre de 2015 luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
Esta semana la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
MADURO DESCONOCÍA LA SENTENCIA DEL TSJ
El presidente venezolano, Nicolás Maduro indicó que desconocía que el TSJ iba a sacar una sentencia como esa y que además tampoco tenía conocimiento de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tomaría esa posición, una situación que, ironizó, sirve para demostrar que en Venezuela “hay una dictadura”.
“En Venezuela hay Poderes Públicos legítimos, constitucionales, y cada poder actúa ajustado a la Constitución y su consciencia, yo actúo de acuerdo a los mandatos de la Constitución y del TSJ, si no estoy de acuerdo con alguna parte de alguna sentencia acudo, a través de la Procuraduría General, y pido aclaratoria”, dijo. Por ello, aseguró que en Venezuela todos los poderes están en “pleno uso de sus facultades” y rechazó los señalamientos de que no hay democracia en el país.
Agencia Efe
Ginebra.– Cuba se presentó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos, desde donde le transmitió a Estados Unidos el mensaje de que «defenderá con vigor y coraje su derecho a la libre determinación», pero a la vez le tendió una oferta para mantener un diálogo en base al respeto mutuo.
En una alocución en ese foro, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, prometió que se impedirá una crisis humanitaria en Cuba como consecuencia de lo que su gobierno denomina «el cerco energético«, resultado de la decisión de Washington de amenazar con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla.
«¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional (…) Todo ello con el burdo pretexto de la seguridad nacional?» se preguntó el canciller.
En ese punto, reconoció que la situación en la que ha puesto Estados Unidos a Cuba provocará «privaciones y sufrimientos«, aunque confió en que se encontrarán «soluciones creativas» para mitigar el daño humanitario.
No obstante, en la misma intervención, el canciller aseguró que «también hay disposición para un diálogo con Estados Unidos», pero enfatizó que éste tendría que estar basado en «el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos».
Rodríguez señaló que el objetivo de ello debería ser «alcanzar una relación civilizada dentro de nuestras diferencias, e incluso promover la cooperación».
Una resistencia comunitaria
En un pasaje de su discurso, el ministro cubano saludó la «resistencia comunitaria del pueblo de Minnesota«, en referencia a las manifestaciones con la política de inmigración del gobierno federal estadounidense y las acciones de la policía de la inmigración, conocida como ICE.
Agencia Efe
Washington.– El sospechoso que fue abatido por el Servicio Secreto la madrugada del domingo tras entrar de manera «ilegal» y armado con una escopeta a la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago (Florida) fue identificado como un joven de 21 años, según confirmó la cadena Fox News.
Detalles confirmados
Austin Tucker Martin, originario de Carolina del Norte, había sido reportado como perdido por su familia hace unos días, de acuerdo con la cadena de televisión.
El Servicio Secreto de EE.UU. y las autoridades locales informaron este mañana del suceso en una rueda de prensa. De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugada hora local (6:30 GMT).
El joven falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-a-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.
¿Cómo ocurrió el incidente?
Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre «levantó el arma» y los agentes decidieron disparar.
Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.
El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando «todos los recursos necesarios» y trabajarán junto con las autoridades locales.
Por su parte, la fiscal general Pam Bondi indicó que habló con el presidente Trump esta mañana y que el Departamento de Justicia también está «coordinando con las agencias federales» sobre la «intrusión y el tiroteo» en Mar-a-Lago.
Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.
Agencia EFE
LOS ÁNGELES.– El exjuez haitiano que firmó la orden de arresto contra el presidente Jovenel Moïse, que derivó en su asesinato en 2021, dijo en un tribunal federal de EE.UU. que el documento no era legal y que él no tenía autoridad para destituir al jefe de Estado, según informó el Miami Herald.
Jean Roger Noelcius declaró este viernes por video en un tribunal federal de Miami sobre su participación en el magnicidio ocurrido el 7 de julio de 2021.
«No tengo nada que ver con esta situación (el asesinato)», declaró Noelcius, según información citada este sábado por el rotativo miamense.
Contexto y consecuencias del asesinato de Jovenel Moïse
Sin embargo, el hombre afirmó que no tenía autoridad para «firmar una orden judicial contra un presidente en funciones«.
El documento fue usado como pretexto para ejecutar un intento de arresto contra el mandatario haitiano el 7 de febrero de 2021 y en su posterior asesinato cinco meses después.
Moïse fue torturado y asesinado en su residencia privada por un grupo de mercenarios entre los que había colombianos y antiguos efectivos de los servicios secretos estadounidenses.
Los acusados de asesinar al presidente Moïse han citado la orden firmada por Noelcius como parte de las razones de su intervención en Haití para arrestar al mandatario, acción que terminó en su asesinato.
El cargo de Noelcius como magistrado investigador en Haití le permitía emitir acusaciones formales y ordenes de arresto, basadas en los hallazgos de sus indagaciones.
El exjuez dijo en la indagatoria realizada por video que firmó y selló el documento de acusación contra el presidente en enero de 2021, pero le puso la fecha de 18 de febrero de 2019. Nunca explicó cuáles fueron sus motivos para emitir el documento.
Si bien Noelcius admitió haber firmado la orden, rechazó cualquier sugerencia de que fuera responsable del asesinato de Moïse y dijo que es una «víctima de la situación«, según el Miami Herald.
Aseguró que fue «engañado» por el exfiscal haitiano Mario Beauvoir, quien, según Noelcius, estaba en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe.
La declaración bajo juramento de Noelcius se da como parte del caso contra cinco hombres del sur de Florida y Haití, acusados de conspiración para asesinar a Moïse, que enfrentarán un juicio programado para el próximo 9 de marzo.