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Fiscal de Venezuela: Tribunal Supremo violó la constitución
Protestas. Opositores al Gobierno de Nicolás Maduro se manifiestan en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Parlamento, ayer en Caracas.
Caracas.-La fiscal general de Venezuela aseguró ayer que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse los poderes de la Asamblea Nacional evidencia una violación a la constitución, en un sorpresivo mensaje de quien hasta ahora era vista como cercana al gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur «ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela».
Dos días después del fallo del máximo tribunal, la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que hubo una «ruptura» del orden constitucional.
Mientras, en las calles de Caracas las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de estudiantes que protestaban frente al Tribunal Supremo y algunos periodistas también fueron golpeados.
Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega Díaz manifestó su «alta preocupación» por las recientes sentencias del máximo tribunal -que también puso límites a la inmunidad de los legisladores- y llamó a la reflexión para que se tomen los «caminos democráticos» de respeto a la constitución.
En su fallo, el tribunal señaló que la Asamblea Nacional -controlada por la oposición por casi un año y medio- ha desacatado el cumplimiento de ordenamientos anteriores por lo que asumía las competencias legislativas. Las críticas internacionales fueron en aumento y el viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió una sesión urgente para analizar la situación en el país sudamericano.
La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una concentración en una plaza del este de Caracas donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.
Tras reiterar su denuncia de «golpe de Estado» la coalición llamó en un comunicado a las fuerzas armadas a «restituir el orden constitucional» e instó al resto de los representantes de los poderes públicos a seguir el ejemplo de la fiscal general.
«Hemos entrado en una etapa de resistencia», dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia al referirse a la convocatoria a realizar marchas en todo el país. De Grazia insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista.
Aunque la Sala Constitucional del máximo tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.
En Caracas varias decenas de universitarios al grito de «Libertad» se apostaron a las puertas del máximo tribunal para rechazar la sentencia. Guardias nacionales con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. Al menos un estudiante resultó herido y varios periodistas fueron golpeados.
La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros «fuertemente golpeados». «Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban», agregó.
La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirá, entre otros temas, la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo cuyo nombramiento ya había sido cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.
A pesar de las numerosas críticas que generó en el ámbito local e internacional la sentencia del máximo tribunal, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, Maduro aún no se ha manifestado públicamente.
España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que «si se rompe la división de poderes se rompe la democracia».
En tanto, siete de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenaron la decisión del Tribunal Supremo y reclamaron que se respete el estado de derecho y la separación de poderes.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay manifestaron su «alarma» por el fallo del máximo tribunal venezolano como un hecho que atenta «contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa» y reclamaron al gobierno de Maduro que garantice «la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas».
En diciembre, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron apartar a Venezuela del Mercosur por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas del bloque, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud por la decisión del tribunal y consideró que la democracia venezolana está «claramente vulnerada».
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial de Venezuela comenzó en diciembre de 2015 luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
Esta semana la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
MADURO DESCONOCÍA LA SENTENCIA DEL TSJ
El presidente venezolano, Nicolás Maduro indicó que desconocía que el TSJ iba a sacar una sentencia como esa y que además tampoco tenía conocimiento de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tomaría esa posición, una situación que, ironizó, sirve para demostrar que en Venezuela “hay una dictadura”.
“En Venezuela hay Poderes Públicos legítimos, constitucionales, y cada poder actúa ajustado a la Constitución y su consciencia, yo actúo de acuerdo a los mandatos de la Constitución y del TSJ, si no estoy de acuerdo con alguna parte de alguna sentencia acudo, a través de la Procuraduría General, y pido aclaratoria”, dijo. Por ello, aseguró que en Venezuela todos los poderes están en “pleno uso de sus facultades” y rechazó los señalamientos de que no hay democracia en el país.
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
Internacionales
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