Santo Domingo, RD.-Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, se desapoderó del proceso penal seguido en contra de la red criminal liderada por César Emilio Peralta (César el Abusador).Nacionales
Continúa la controversia entre fiscales de la pasada administración y la actual.
Santo Domingo, RD.-Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, se desapoderó del proceso penal seguido en contra de la red criminal liderada por César Emilio Peralta (César el Abusador).La fiscal avisó al procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional su decisión de inhibirse del caso.
En la instancia la fiscal titular notificó al magistrado José del Carmen Sepúlveda, que se inhibe en el conocimiento del expediente, el cual se encuentra en la etapa preliminar en el Segundo Juzgados de la Instrucción.
En la instancia, también dirigida al director de la Procuraduría Especializada en antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, Luis González, la fiscal del Distrito Nacional sostiene que su inhibición es definitiva e irrevocable.
Consideró que la misma obedece a las recientes declaraciones vertidas por el director de la inspectoría general del ministerio público, Juan Medina, las cuales a su juicio carecen de toda veracidad.
Indicó que las declaraciones tienen un manto de dudas sobre la objetividad de los fiscales de esta jurisdicción que participaron en la investigación, en la instrumentación y en la presentación de la acusación relativa al presente caso.
Aclaró que participó en el caso para robustecer la estrategia de investigación y licitación del mismo, debido a su complejidad por la pluralidad de actores, acciones criminales e incidencia internacional.
Resaltó que gracias a su colaboración se logró que fuera revocada la libertad pura y simple del imputado Jadher Jaquez Araujo (a) Jakemate y, además, la imposición de la medida de coerción a los imputados Heriberto de la Cruz (a) Erick Aqua, Marisol Mercedes Franco y Natanael Castro Cordero (a) Nato, sin menoscabo de todas las diligencias de investigación relativas a estos imputados como a otros imputados.
En carta enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germen Brito, Rosalba Ramos acusó a Juan Medina de incurrir en delito de violencia de género y que el acoso estaría disfrazado en una investigación contra el personal bajo su mando y su persona por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Nacionales
Dominicano se declara culpable por lavar dinero en una red que estafaba a adultos mayores en EE. UU.
Domingo, R.D.-Un ciudadano dominicano residente en Cleveland, Ohio, se declaró culpable ante un tribunal federal de participar en una conspiración para lavar dinero procedente de una sofisticada estafa que tenía como principales víctimas a adultos mayores en Estados Unidos.
Detalles del caso
La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Pensilvania informó el pasado viernes 26 de junio, que Luis Alfonso Bisono Rodríguez, de 35 años, admitió un cargo de conspiración para lavado de dinero ante la jueza federal Nora Barry Fischer.
De acuerdo con las autoridades, Bisono Rodríguez formaba parte de una organización criminal con base en la República Dominicana que operaba el conocido esquema fraudulento denominado «Grandparent Scam« o «la estafa de los abuelos».
Operación del fraude
Según la investigación, durante varios años los estafadores llamaban por teléfono a personas de edad avanzada haciéndose pasar por un familiar cercano, generalmente un nieto, asegurando que enfrentaba una emergencia —como un arresto o un accidente— y que necesitaba dinero de manera urgente para pagar una fianza u otros gastos.
Las víctimas retiraban efectivo de sus cuentas bancarias y, creyendo que ayudaban a su familiar, entregaban el dinero a conductores de plataformas de transporte como Lyft y Uber, quienes desconocían que participaban involuntariamente en un fraude. Los conductores trasladaban el efectivo, en muchos casos cruzando fronteras estatales, hasta entregarlo a integrantes de la organización.
Las autoridades señalaron que Bisono Rodríguez recibía el dinero obtenido mediante el fraude y posteriormente lo lavaba depositándolo en instituciones financieras o enviándolo mediante transferencias a la República Dominicana, sabiendo que los fondos provenían de actividades ilícitas.
La jueza Fischer fijó la audiencia de sentencia para el 9 de septiembre de 2026.
- El delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 500,000 dólares o ambas sanciones. No obstante, la sentencia definitiva dependerá de las directrices federales de imposición de penas y de los antecedentes penales del acusado.
El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway y fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en conjunto con el Departamento de Policía de Parma, Ohio, y seis departamentos policiales del oeste de Pensilvania.
Santo Domingo, R.D.-Esta tarde estuvo supuesto a conocerse por parte de la jueza que maneja el caso seguido al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de soborno la medida de coercion que se le impuso en virtud de lo que dispone la ley sobre la materia.
La magistrada Nancy Joaquín fijó para las 2:00 de la tarde el conocimiento de dicha revisión, la cual fue presentada por el abogado Valentín Medrano, quien encabeza la defensa del fiscal.
Se recuerda que el pasado mes de mayo, la jueza Isis Muñoz impuso contra Valdez Alcántara la medida de prisión preventiva por un espacio de tres meses.
La misma cumple actualmente en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Dicha medida fue dictada por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, tras acoger un pedimento del ministerio público y de rechazar varios incidentes presentados por la defensa del encartado.
Las imputaciones
El Ministerio Público acusa e al fiscal de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Conforme a las investigaciones del órgano persecutor, Valdez Alcántara presuntamente exigió a Pedro Canaán, testigo en caso Senasa, la suma inicial de 200,000 dólares.
Tras una negociación, el monto fue reducido a US$150,000. Asimismo, el expediente señala que el imputado mostró interés en obtener un reloj marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
Santo Domingo, R.D.-Se apartó del caso del Jet Set la jueza Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional por alegadamente tener vínculos con una de las victimas de la tragedia que cobró la vida de 236 personas y que dejó más de 180 heridos en abril del 2025,
Tras declararse la inhibición, la jueza dispuso la remisión inmediata del expediente a la presidenta de la Cámara Penal del Distrito Nacional, para que valore la inhibición y designar a un nuevo magistrado que asuma el control del juicio contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, imputados por la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
El tribunal había sido apoderado del caso el pasado 19 de junio de 2026. Sin embargo, la magistrada tomó la decisión fundamentada en el artículo 80, numeral 8, del Código Procesal Penal Dominicano, el cual faculta a los jueces a inhibirse cuando exista una amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con alguna de las partes involucradas en el proceso.
En el documento, fechado el 26 de junio de 2026, la jueza Almonte Gómez expuso razones profundamente personales que le impiden juzgar el caso con la objetividad y la imparcialidad requeridas.
Explicó que entre las personas fallecidas en el siniestro se encontraba su entrañable amiga, Margarita Herminia Robles Reyes (identificada como la víctima número 49 en la acusación). Sostiene que estaba íntimamente ligada emocionalmente tanto a la víctima fallecida Margarita Herminia Robles Reyes, como a sus familiares.
“No nos sentimos en condiciones de conocer dicho proceso con absoluta imparcialidad, por haber desarrollado un vínculo afectivo profundo, y mi corazón haberse lacerado con ambas muertes«, manifestó la magistrada.
La jueza rememoró los desgarradores momentos de la tragedia ocurrida durante el concierto del merenguero Rubby Pérez, artista favorito de su amiga. Detalló que vivió horas de incertidumbre hasta que el cuerpo mutilado y desfigurado de Robles Reyes fue hallado dos días después.
Asimismo, relató el fuerte impacto colateral del suceso. La madre de la víctima, Margarita Reyes —quien además era su colega y amiga—, se encontraba en un delicado estado de salud y falleció poco tiempo después debido al agravamiento de sus dolencias provocado por la pena.
La magistrada confesó haber sido el «hombro en que su madre se apoyó para juntas llorar su muerte», llegando incluso a vestir el cadáver y asistir de cerca a la familia.
La magistrada argumentó que el contacto directo con estos hechos genera impresiones y prejuicios difíciles de eludir a la hora de sentenciar, coincidiendo con criterios del Tribunal Constitucional Español y de la Suprema Corte de Justicia dominicana.
Afirmó que los procesos judiciales no solo deben ser justos, sino también parecerlo, por lo que apartarse busca preservar la confianza de la ciudadanía en la integridad del sistema.