Nacionales
Fiscal no toma aún decisión sobre la querella contra LF
Parte de los abogados que se concentraron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
SANTO DOMINGO. Luego de escuchar al dirigente opositor Guillermo Moreno y a los abogados del ex presidente Leonel Fernández, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo que no ha tomado ninguna decisión respecto a las acusaciones que hace el primero al ex mandatario de supuestra prevaricación y lavado de activos.
Hablando a través de la oficina de prensa de la Fiscalía, la representante del Ministerio Público dijo escuetamente que este viernes en una vista de la querella se limitó a escuchar a las partes.
Moreno ratifica acusaciones
De su lado, Moreno declaró que ratifica en todas sus partes lo expresado en la querella y dijo que pidió a la Fiscal que investigue a profundidad y analice el expediente que él presentó, el cual tiene elementos suficientes para someter a la Justicia al ex gobernante.
“Asistirnos a la cita que nos hizo la procuradora fiscal del Distrito Nacional y frente a ella vinimos a testificar los términos de nuestra querella contra Leonel Fernández y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo y le expusimos detalladamente el conjunto de pruebas”, expuso.
El exprocurador general de la República, Radhamés Jiméndez Peña, dijo en nombre de los abogados del expresidente que éstos confían en la profesionalidad, independencia y buena aplicación de derecho de la fiscal Reynoso, y exhortó a ésta a archivar el expediente.
Tras tildar de “charlatán” a Guillermo Moreno, dijo que éste sólo busca “un figurero” a través de los medios”.
Abogados peledeístas expresan apoyo
Desde temprano, decenas de abogados del PLD estuvieron frente y dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva manifestando apoyo al ex mandatario, quien el pasado 24 de enero fue acusado por Moreno de supuesta prevaricación y lavado de activos a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) bajo su mando. Muchos de ellos vociferaron slogans tales como «Ruge el león», «Vuelve y Vuelve Leonel»; otros levantaron pancartas en contra de Moreno y de apoyo a Fernández.
Fernández no asistió a la vista pues para el procedimiento jurídico resulta innecesaria su presencia, declaró Miguel Valerio, miembro del consejo de la defensa del exgobernante. Sin embargo, aclaró, en caso de que la querella sea admitida, el exdignatario sí estaría obligado a asistir al tribunal.
Moreno, candidato en las elecciones generales de mayo pasado, denunció que Fernández se valió de un conjunto de empresas para recaudar altas sumas de dinero que luego pasaron a Funglode en calidad de donación.
También aseguró tener en su poder cheques y recibos de pagos como pruebas, por lo que pidió a la Fiscalía investigar el caso en aras de ampliar las evidencias.
El expresidente ha puesto bajo su disposición un considerable patrimonio económico que maneja a su provecho, y eso constituye una forma de enriquecimiento ilícito violatorio a la Constitución y la ley penal dominicana, recalcó.
En noviembre pasado, Moreno presentó otra querella contra Fernández, en la cual lo responsabilizó del gran déficit fiscal de 2012, pero fue considerada carente de fundamentos legales por el procurador general, Francisco Domínguez.
La existencia de un déficit fiscal del sector público no implica, en sí mismo, la comisión de un delito por parte de quienes ejercen la función pública, apuntó el funcionario.
Entró por la parte trasera
El presidente de Alianza País, en compañía de sus abogados Jorge Luis Polanco y Cristóbal Rodríguez, ingresó por la puerta trasera del Palacio de Justicia al despacho de la Fiscal . Tiempo después, a las 2:20 de la tarde, la fiscal inició la vista para decidir la querella que interpuso moreno contra Fernández.
Los abogados de Fernández y Funglode son el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Manuel Rodríguez del Orbe; el ex procurador general de la República, Radhaméz Jiménez Peña, así como Juan Antonio Delgado, Marino Félix, Miguel Valerio y Ramón Núñez.
El ex fiscal de la Provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, dijo que que el sometimiento de Moreno es temerario e infundado. Entiende que la fiscal Yeni Berenice Reynoso no tendrá otro camino que declararlo inadmisible. «Es totalmente imposible que el Ministerio Público le dé curso a esa querella, ya que no reúne los elementos constitutivos de una infracción», expresó.
almomento.net
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.