Nacionales
Fiscal pide a la SCJ enviar a juicio caso Bahía de la Águilas
El Gobierno asegura que el área protegida de Bahía de las Águilas no será tocada.
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) enviar a un nuevo tribunal el caso de Bahía de las Águilas que había sido declarado extinto.En el recurso de casación presentado por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, el pasado 25 de octubre del 2012, indica que a diferencia de lo establecido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los plazos para que se extinga la acción penal no han perimido.
Pese a que la litis empezó a investigarse el 30 de junio de 1997, y se declaró extinguida la acción penal el 8 de octubre del 2012, la funcionaria asegura que el juzgado debió intimar al Ministerio Público a conocer del fondo del proceso y no declarar de oficio la extinción, argumentando “que ya le había dado bastante tiempo (tres oportunidades) al Ministerio Público para conocer el caso”.
Aseguró que no existen razones legales para declarar la prescripción y que en un proceso de unos 15 años la defensa hizo todo lo posible para obstaculizarlo y todavía en el año 2010 estaban ejerciendo recursos.
Berenice Reynoso solicitó a los jueces de la Segunda Sala del alto tribunal que se anule la sentencia que declara extinta la acción penal del caso, y que remita el expediente ante la jueza presidenta de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para que apodere mediante auto a uno de los tribunales colegiados de esa jurisdicción, distinto al que emitió la decisión atacada.
El objetivo es que se conozca el fondo del proceso contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, Reyna Margarita Martínez y Rafael Rodríguez (todos en libertad), acusados de la expropiación de miles de tareas de playa en el Parque Nacional Jaragua, Pedernales, y en Cabarete, Puerto Plata.
Francisco Taveras, abogado de los imputados, calificó como una irresponsabilidad de la Fiscalía recurrir en casación el caso en cuestión luego de que se le llamara a reformular acusación en varias ocasiones y no lo hizo. “Es una irresponsabilidad que quieren cubrir con un recurso”, dijo el togado.
Opuesto al acuerdo
Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, y la diputada nacional del Partido Alianza por la Democracia, Guadalupe Valdez, expresaron su desacuerdo con la salida buscada por el Estado dominicano con relación a la litis de terrenos en Bahía de la Águilas.
“Lo que estamos evaluando en este momento es que bajo una violación de la ley, bajo actos de corrupción, se pretenda legalizar, eso es lo que denominamos como fraude. Es que el Estado dominicano, el presidente de la República no puede ser cómplice de actos contrarios a la ley y la Constitución”, agregó la directora ejecutiva de Participación Ciudadana.
En la causa, que fue aplazada para el 4 de marzo a los fines de citar debidamente a los querellados, estuvieron presentes comunicadores como Huchi Lora, Eddy Febles, Marino Zapete, Raúl Pérez, Consuelo Despradel, entre otros, y algunos de los afectados en el caso.
Representante de la sociedad civil depositaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia una instancia para servir de interviniente voluntario en el proceso.
Previo a reenviar la causa, la jueza presidente de la Cámara Penal de la Suprema, Mirian Germán Brito, y el juez miembro de ese juzgado, Juan Hirohito Reyes, explicaron que anteriormente habían manejado parte del proceso, uno como juez y otro como acusador. Los abogados presentes no se opusieron a que ellos conozcan la causa.
El proceso se ventila en momentos en que el Gobierno plantea “una solución” para la litis por los terrenos en Bahía de las Águilas.
Rojas reitera que no tocarán áreas protegidas
El ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, afirmó ayer que no tocarán áreas protegidas, y que las autoridades ambientales están en disposición de conversar y ofrecer las explicaciones que fueren necesarias a los grupos ecologistas.
Rojas Gómez aseguró que Bahía de las Águilas y las demás áreas protegidas constituyen una especie de “marca país” que se mantendrá intacta dentro de los planes de desarrollar la región Suroeste del país. Sostuvo que racionalmente la mayoría de la sociedad saluda la decisión firme del Gobierno de impulsar el desarrollo de la región Sur.
El Caribe
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.