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Fiscal pide a la SCJ enviar a juicio caso Bahía de la Águilas
El Gobierno asegura que el área protegida de Bahía de las Águilas no será tocada.
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) enviar a un nuevo tribunal el caso de Bahía de las Águilas que había sido declarado extinto.En el recurso de casación presentado por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, el pasado 25 de octubre del 2012, indica que a diferencia de lo establecido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los plazos para que se extinga la acción penal no han perimido.
Pese a que la litis empezó a investigarse el 30 de junio de 1997, y se declaró extinguida la acción penal el 8 de octubre del 2012, la funcionaria asegura que el juzgado debió intimar al Ministerio Público a conocer del fondo del proceso y no declarar de oficio la extinción, argumentando “que ya le había dado bastante tiempo (tres oportunidades) al Ministerio Público para conocer el caso”.
Aseguró que no existen razones legales para declarar la prescripción y que en un proceso de unos 15 años la defensa hizo todo lo posible para obstaculizarlo y todavía en el año 2010 estaban ejerciendo recursos.
Berenice Reynoso solicitó a los jueces de la Segunda Sala del alto tribunal que se anule la sentencia que declara extinta la acción penal del caso, y que remita el expediente ante la jueza presidenta de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para que apodere mediante auto a uno de los tribunales colegiados de esa jurisdicción, distinto al que emitió la decisión atacada.
El objetivo es que se conozca el fondo del proceso contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, Reyna Margarita Martínez y Rafael Rodríguez (todos en libertad), acusados de la expropiación de miles de tareas de playa en el Parque Nacional Jaragua, Pedernales, y en Cabarete, Puerto Plata.
Francisco Taveras, abogado de los imputados, calificó como una irresponsabilidad de la Fiscalía recurrir en casación el caso en cuestión luego de que se le llamara a reformular acusación en varias ocasiones y no lo hizo. “Es una irresponsabilidad que quieren cubrir con un recurso”, dijo el togado.
Opuesto al acuerdo
Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, y la diputada nacional del Partido Alianza por la Democracia, Guadalupe Valdez, expresaron su desacuerdo con la salida buscada por el Estado dominicano con relación a la litis de terrenos en Bahía de la Águilas.
“Lo que estamos evaluando en este momento es que bajo una violación de la ley, bajo actos de corrupción, se pretenda legalizar, eso es lo que denominamos como fraude. Es que el Estado dominicano, el presidente de la República no puede ser cómplice de actos contrarios a la ley y la Constitución”, agregó la directora ejecutiva de Participación Ciudadana.
En la causa, que fue aplazada para el 4 de marzo a los fines de citar debidamente a los querellados, estuvieron presentes comunicadores como Huchi Lora, Eddy Febles, Marino Zapete, Raúl Pérez, Consuelo Despradel, entre otros, y algunos de los afectados en el caso.
Representante de la sociedad civil depositaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia una instancia para servir de interviniente voluntario en el proceso.
Previo a reenviar la causa, la jueza presidente de la Cámara Penal de la Suprema, Mirian Germán Brito, y el juez miembro de ese juzgado, Juan Hirohito Reyes, explicaron que anteriormente habían manejado parte del proceso, uno como juez y otro como acusador. Los abogados presentes no se opusieron a que ellos conozcan la causa.
El proceso se ventila en momentos en que el Gobierno plantea “una solución” para la litis por los terrenos en Bahía de las Águilas.
Rojas reitera que no tocarán áreas protegidas
El ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, afirmó ayer que no tocarán áreas protegidas, y que las autoridades ambientales están en disposición de conversar y ofrecer las explicaciones que fueren necesarias a los grupos ecologistas.
Rojas Gómez aseguró que Bahía de las Águilas y las demás áreas protegidas constituyen una especie de “marca país” que se mantendrá intacta dentro de los planes de desarrollar la región Suroeste del país. Sostuvo que racionalmente la mayoría de la sociedad saluda la decisión firme del Gobierno de impulsar el desarrollo de la región Sur.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.