Latinoamericanas
Fiscal venezolana es acusada de golpista mientras aumentan detenciones
EFE
Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta ayer 81 muertos y más de mil detenidos.
CARACAS. El Gobierno de Venezuela acusó de golpista a la fiscal general, Luisa Ortega, al rechazar las imputaciones que desde su despacho se han hecho en contra de los jefes de los cuerpos de seguridad que han reprimido las protestas y han ordenado detenciones que cada día se realizan en mayor número.
La Fiscalía anunció hoy la citación en calidad de imputado del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por presuntamente violar derechos humanos durante allanamientos y redadas policiales.
La citación se hace con base en investigaciones del Ministerio Público con relación a casos de “allanamientos arbitrarios”, “privaciones ilegítimas de libertad” y “causas de personas que permanecen detenidas” pese a que ya se han emitido boletas de excarcelación desde los respectivos tribunales.
El vicepresidente, Tareck El Aissami, acusó a Ortega de “dirigir” o “formar parte” de un golpe de Estado al salir en defensa de González López, y del excomandante de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) Antonio Benavides Torres, quien también fue citado por la Fiscalía por presunta violación de derechos humanos.
Dijo que la fiscal actúa de forma sesgada como si fuera militante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y aseguró que Torres y González López “han garantizado la paz de la república, han evitado males mayores, muertes y han sido una suerte muro de contención del fascismo”.
El Sebin y la GNB son dos de los organismos que han realizado allanamientos en residencias familiares sin la presencia del Ministerio Público y en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace tres meses en todo el país.
Poco después de las declaraciones de El Aissami, el presidente, Nicolás Maduro, anunció que decidió ascender a González López a general en jefe del ejercito bolivariano, pues “ha capturado a los terroristas, a los asesinos”, y señaló que el Ministerio Público “es cómplice de la violencia criminal”.
Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta ayer 81 muertos y más de mil detenidos, incluyendo a una veintena de estudiantes universitarios que fueron apresados el jueves, lo que no ha detenido la convocatoria a nuevas manifestaciones.
Esta jornada se conoció de la muerte de Eduardo José Márquez Albarrán, de 20 años, un estudiante de Turismo de la Universidad Politécnica de Mérida que había sido herido durante una protesta en la que participó el pasado 13 en esa entidad occidental.
La ONG Foro Penal Venezolano informó, además, que en el marco de esta ola de protestas que ya tiene tres meses se han realizado más de 3.500 arrestos y que 1.188 siguen detenidos.
La organización resalta que 415 civiles han sido “presentados ante tribunales militares” y 245 están “privados de libertad”.
Dirigentes de la oposición venezolana exigieron a las autoridades la liberación de la veintena de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) detenidos este jueves por la Policía mientras participaban en una marcha en Caracas contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por Maduro.
Los políticos se trasladaron junto a familiares de los jóvenes detenidos y representantes de la USB a la sede del Sebin donde se encuentran apresados los universitarios, aunque no se les permitió entrar al lugar a verificar el estado de los estudiantes.
El diputado Teodoro Campos dijo que la bancada opositora elaborará un expediente sobre el caso para pedir a la Fiscalía que investigue unos arrestos que, en su opinión, se produjeron “fuera del marco legal”.
Además, detalló que “los detenidos fueron obligados a subirse en un camión de carga sin ningún tipo de ventilación y esperaron que este vehículo se llenara con los efectos de gases lacrimógenos para cerrar con candado las puertas”.
Para este sábado la alianza opositora ha convocado a una nueva protesta en todo el país contra de la elección de la Constituyente, que ha sido calificada de “fraudulenta” tanto por el antichavismo como por los chavistas que no apoyan a Maduro.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.