Latinoamericanas
Fiscal venezolana es acusada de golpista mientras aumentan detenciones
EFE
Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta ayer 81 muertos y más de mil detenidos.
CARACAS. El Gobierno de Venezuela acusó de golpista a la fiscal general, Luisa Ortega, al rechazar las imputaciones que desde su despacho se han hecho en contra de los jefes de los cuerpos de seguridad que han reprimido las protestas y han ordenado detenciones que cada día se realizan en mayor número.
La Fiscalía anunció hoy la citación en calidad de imputado del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por presuntamente violar derechos humanos durante allanamientos y redadas policiales.
La citación se hace con base en investigaciones del Ministerio Público con relación a casos de “allanamientos arbitrarios”, “privaciones ilegítimas de libertad” y “causas de personas que permanecen detenidas” pese a que ya se han emitido boletas de excarcelación desde los respectivos tribunales.
El vicepresidente, Tareck El Aissami, acusó a Ortega de “dirigir” o “formar parte” de un golpe de Estado al salir en defensa de González López, y del excomandante de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) Antonio Benavides Torres, quien también fue citado por la Fiscalía por presunta violación de derechos humanos.
Dijo que la fiscal actúa de forma sesgada como si fuera militante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y aseguró que Torres y González López “han garantizado la paz de la república, han evitado males mayores, muertes y han sido una suerte muro de contención del fascismo”.
El Sebin y la GNB son dos de los organismos que han realizado allanamientos en residencias familiares sin la presencia del Ministerio Público y en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace tres meses en todo el país.
Poco después de las declaraciones de El Aissami, el presidente, Nicolás Maduro, anunció que decidió ascender a González López a general en jefe del ejercito bolivariano, pues “ha capturado a los terroristas, a los asesinos”, y señaló que el Ministerio Público “es cómplice de la violencia criminal”.
Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta ayer 81 muertos y más de mil detenidos, incluyendo a una veintena de estudiantes universitarios que fueron apresados el jueves, lo que no ha detenido la convocatoria a nuevas manifestaciones.
Esta jornada se conoció de la muerte de Eduardo José Márquez Albarrán, de 20 años, un estudiante de Turismo de la Universidad Politécnica de Mérida que había sido herido durante una protesta en la que participó el pasado 13 en esa entidad occidental.
La ONG Foro Penal Venezolano informó, además, que en el marco de esta ola de protestas que ya tiene tres meses se han realizado más de 3.500 arrestos y que 1.188 siguen detenidos.
La organización resalta que 415 civiles han sido “presentados ante tribunales militares” y 245 están “privados de libertad”.
Dirigentes de la oposición venezolana exigieron a las autoridades la liberación de la veintena de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) detenidos este jueves por la Policía mientras participaban en una marcha en Caracas contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por Maduro.
Los políticos se trasladaron junto a familiares de los jóvenes detenidos y representantes de la USB a la sede del Sebin donde se encuentran apresados los universitarios, aunque no se les permitió entrar al lugar a verificar el estado de los estudiantes.
El diputado Teodoro Campos dijo que la bancada opositora elaborará un expediente sobre el caso para pedir a la Fiscalía que investigue unos arrestos que, en su opinión, se produjeron “fuera del marco legal”.
Además, detalló que “los detenidos fueron obligados a subirse en un camión de carga sin ningún tipo de ventilación y esperaron que este vehículo se llenara con los efectos de gases lacrimógenos para cerrar con candado las puertas”.
Para este sábado la alianza opositora ha convocado a una nueva protesta en todo el país contra de la elección de la Constituyente, que ha sido calificada de “fraudulenta” tanto por el antichavismo como por los chavistas que no apoyan a Maduro.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.