Latinoamericanas
Fiscales de América Latina y Europa piden paciencia a la sociedad en caso Odebrecht
EFE
El escándalo ha salpicado a centenares de funcionarios, exfuncionarios y empresarios de países del continente.
CIUDAD DE PANAMÁ. Fiscales de una decena de países de Latinoamérica y Europa pidieron ayer a los ciudadanos que sean pacientes y respalden su trabajo en el caso Odebrecht porque se trata de una trama de corrupción “especialmente compleja”, y las investigaciones van a durar más de lo que la sociedad espera.
Los fiscales volvieron a hablar de presiones y hasta amenazas por sus investigaciones, las cuales, indicaron, depende mucho de la información que reciban de Brasil, Suiza y EE.UU.
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, inauguró este lunes en la capital un encuentro, de un solo día, que tiene como fin intensificar la cooperación judicial en el caso de los sobornos de la multinacional brasileña.
A la cita acudieron los fiscales generales de Suiza, Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador, así como representantes de los Ministerios Públicos de Portugal, Guatemala, México y Argentina.
“Por ser investigaciones trasnacionales requieren de mucho tiempo y de pruebas ubicadas en otros países. Es imposible que una investigación de la magnitud del caso Odebrecht pueda ser tramitada e instruida en los plazos comunes”, afirmó Porcell.
La fiscal panameña ha denunciado públicamente en varias ocasiones que los tribunales panameños no le conceden prórrogas para seguir investigando los llamados “casos complejos” abiertos por la fiscalía, que abarcan no solo la trama de la constructora brasileña.
“La trama de corrupción de Odebrecht en América Latina está apenas empezando”, alertó por su parte el fiscal general ecuatoriano, Carlos Baca, durante una rueda de prensa celebrada antes del inicio del encuentro.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se conoció en diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó unos documentos que desvelaron que la constructora pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
“Tenemos que tener muy claro que, incluso en los casos más complejos, la ley tiene que ser respetada totalmente (…). Suiza no tiene la intención de guardar ningún fondo ilícito. Hemos bloqueado más de 7.000 millones de francos suizos (7.032 millones de dólares)”. Michael Lauber, fiscal general de Suiza.
“Existen muchas dificultades y los tiempos de las investigaciones no son los tiempos de la prensa. Cuando se investiga a personajes políticos hay más dificultades todavía porque hay que enfrentar alguna forma de presión política”, reconoció el fiscal general de Perú, Pablo Sánchez.
“Muchos fiscales y procuradores estamos siendo presionados y algunos incluso hasta amenazados por estas investigaciones”, añadió su par en El Salvador, Douglas Meléndez.
El escándalo ha salpicado a centenares de funcionarios, exfuncionarios y empresarios de países del continente.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que este caso es uno de los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar el continente, y dijo que los tiempos de las investigaciones dependen de las informaciones que van suministrando Brasil, Suiza y EE.UU., que tienen más datos sobre la trama.
“Las jurisdicciones ofrecen cooperación de manera asimétrica. Algunos de nuestros países han recibido información de Brasil, otros no. Algunos han recibido información de Estados Unidos, otros no. Tal vez hay un único denominador común y es que el país que a todos nos ha ofrecido información es Panamá”, indicó.
Martínez recordó además que gracias a la cooperación internacional las autoridades colombianas han podido descubrir que no solo fueron amañados dos contratos en ese país, tal y como se reveló el Departamento de Justicia de EE.UU, y que el dinero malversado “ya supera los 40 millones de dólares” frente a los 11 millones señalados en diciembre de 2016.
También acudió al encuentro el fiscal general de Suiza, Michael Lauber, quien explicó que la cooperación internacional no es tan fácil como parece, y que las fiscalías tienen que asegurarse de que los intercambios de información no vulneran las leyes de sus respectivos países.
“Tenemos que tener muy claro que, incluso en los casos más complejos, la ley tiene que ser respetada totalmente (…). Suiza no tiene la intención de guardar ningún fondo ilícito. Hemos bloqueado más de 7.000 millones de francos suizos (7.032 millones de dólares). Tenemos que encontrar caminos para repatriar esos fondos y ayudar a nuestros colegas fiscales de todo el mundo”, dijo Lauber.
Los fiscales suscribieron una declaración de 7 puntos, en la que destacan la “relevancia de que las investigaciones de naturaleza penal se puedan desarrollar en un ambiente que garantice la autonomía de los ministerios públicos, es decir, libre de presiones o influencias externas”.
También que “es necesario promover el uso de las redes informales de cooperación internacional y la compartición de información espontánea para facilitar el avance de las investigaciones que tiene un alcance transnacional”.
María M.Mur
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.