Latinoamericanas
Fiscales de América Latina y Europa piden paciencia a la sociedad en caso Odebrecht
EFE
El escándalo ha salpicado a centenares de funcionarios, exfuncionarios y empresarios de países del continente.
CIUDAD DE PANAMÁ. Fiscales de una decena de países de Latinoamérica y Europa pidieron ayer a los ciudadanos que sean pacientes y respalden su trabajo en el caso Odebrecht porque se trata de una trama de corrupción “especialmente compleja”, y las investigaciones van a durar más de lo que la sociedad espera.
Los fiscales volvieron a hablar de presiones y hasta amenazas por sus investigaciones, las cuales, indicaron, depende mucho de la información que reciban de Brasil, Suiza y EE.UU.
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, inauguró este lunes en la capital un encuentro, de un solo día, que tiene como fin intensificar la cooperación judicial en el caso de los sobornos de la multinacional brasileña.
A la cita acudieron los fiscales generales de Suiza, Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador, así como representantes de los Ministerios Públicos de Portugal, Guatemala, México y Argentina.
“Por ser investigaciones trasnacionales requieren de mucho tiempo y de pruebas ubicadas en otros países. Es imposible que una investigación de la magnitud del caso Odebrecht pueda ser tramitada e instruida en los plazos comunes”, afirmó Porcell.
La fiscal panameña ha denunciado públicamente en varias ocasiones que los tribunales panameños no le conceden prórrogas para seguir investigando los llamados “casos complejos” abiertos por la fiscalía, que abarcan no solo la trama de la constructora brasileña.
“La trama de corrupción de Odebrecht en América Latina está apenas empezando”, alertó por su parte el fiscal general ecuatoriano, Carlos Baca, durante una rueda de prensa celebrada antes del inicio del encuentro.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se conoció en diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó unos documentos que desvelaron que la constructora pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
“Tenemos que tener muy claro que, incluso en los casos más complejos, la ley tiene que ser respetada totalmente (…). Suiza no tiene la intención de guardar ningún fondo ilícito. Hemos bloqueado más de 7.000 millones de francos suizos (7.032 millones de dólares)”. Michael Lauber, fiscal general de Suiza.
“Existen muchas dificultades y los tiempos de las investigaciones no son los tiempos de la prensa. Cuando se investiga a personajes políticos hay más dificultades todavía porque hay que enfrentar alguna forma de presión política”, reconoció el fiscal general de Perú, Pablo Sánchez.
“Muchos fiscales y procuradores estamos siendo presionados y algunos incluso hasta amenazados por estas investigaciones”, añadió su par en El Salvador, Douglas Meléndez.
El escándalo ha salpicado a centenares de funcionarios, exfuncionarios y empresarios de países del continente.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que este caso es uno de los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar el continente, y dijo que los tiempos de las investigaciones dependen de las informaciones que van suministrando Brasil, Suiza y EE.UU., que tienen más datos sobre la trama.
“Las jurisdicciones ofrecen cooperación de manera asimétrica. Algunos de nuestros países han recibido información de Brasil, otros no. Algunos han recibido información de Estados Unidos, otros no. Tal vez hay un único denominador común y es que el país que a todos nos ha ofrecido información es Panamá”, indicó.
Martínez recordó además que gracias a la cooperación internacional las autoridades colombianas han podido descubrir que no solo fueron amañados dos contratos en ese país, tal y como se reveló el Departamento de Justicia de EE.UU, y que el dinero malversado “ya supera los 40 millones de dólares” frente a los 11 millones señalados en diciembre de 2016.
También acudió al encuentro el fiscal general de Suiza, Michael Lauber, quien explicó que la cooperación internacional no es tan fácil como parece, y que las fiscalías tienen que asegurarse de que los intercambios de información no vulneran las leyes de sus respectivos países.
“Tenemos que tener muy claro que, incluso en los casos más complejos, la ley tiene que ser respetada totalmente (…). Suiza no tiene la intención de guardar ningún fondo ilícito. Hemos bloqueado más de 7.000 millones de francos suizos (7.032 millones de dólares). Tenemos que encontrar caminos para repatriar esos fondos y ayudar a nuestros colegas fiscales de todo el mundo”, dijo Lauber.
Los fiscales suscribieron una declaración de 7 puntos, en la que destacan la “relevancia de que las investigaciones de naturaleza penal se puedan desarrollar en un ambiente que garantice la autonomía de los ministerios públicos, es decir, libre de presiones o influencias externas”.
También que “es necesario promover el uso de las redes informales de cooperación internacional y la compartición de información espontánea para facilitar el avance de las investigaciones que tiene un alcance transnacional”.
María M.Mur
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.