Santo Domingo, R.D.-La defensa de Hugo Beras, Laura Acosta, declaró que su cliente le hizo saber de los allanamientos en su residencia y que le incautaron el teléfono celular, una caja fuerte vacía que había comprobado recientemente y varios documentos.
“Me dice su esposa que lo que ella vio que se llevaron fue una caja fuerte que acaban de comprar y estaba vacía porque ella había dejado la llave adentro y no abría, el celular de Hugo y unos documentos”, dijo Acosta en una llamada telefónica en el programa radial El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM.
Además, los fiscales se llevaron dos vehículos propiedad del Beras, según Acosta, al tiempo en que indicó “no recuerdo qué más (bienes) ahora mismo”.
La abogada de Beras denunció la forma “arbitraria” en que se produjo el arresto de su cliente, debido a que sucedió en presencia de su hijo más pequeño, cuando su esposa lo bañaba.
Acosta dijo que el fiscal a cargo, que respondía al nombre de Héctor García, le impidió acompañar a Beras y ver las órdenes de allanamiento y detención, catalogando el accionar de los miembros actuantes como una “violación a la ley” e “innecesario el proceder”.
“No nos dieron ninguna explicación, porque puedo y yo tengo el poder. Era que no y que no”, dijo al ser entrevistada en el programa radial matutino.
Contó que se escabulló por el sótano del edificio cuando bajaron a su cliente y así pudo verlo, mientras el fiscal le pedía que se fuera, que “no le hiciera las cosas difíciles”, a lo que ella cuestionó que por qué no le permitía verlo, teniendo como respuesta que “en ese procedimiento no está previsto que el abogado participe”.
Criticó el hecho de que los fiscales allanen un sitio, se lleven bienes y no dejen el acta de allanamiento “y pretendan luego llamarme cuando estoy afuera de la Procuraduría para ponerme a Hugo para que yo le diga a Hugo que firme. Yo no sé si creen que estaban hablando con una estúpida”.
“Me ponen a Hugo a las 1:00 de la mañana para decirle que firme, y yo le digo, pero imposible, tienen que dejarme subir para asistirlo. Déjenme subir, yo leo lo que ustedes quieren y firmo si es necesario y me dicen que no voy a subir, que yo lo voy a ver en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y yo le digo que está violando la constitución de la República y me dice que no va a litigar conmigo y me cierra el teléfono”, manifestó.
Según Acosta, Hugo asumió una postura de responsabilidad desde el momento en que se separó de su cargo, aguardando en silencio hasta que concluyera la investigación que lo involucraba, al ser cuestionada sobre si Hugo pudiese detectar la irregularidad antes de que Compras y Contrataciones Públicas hiciera la declaración del contrato de Transcore Latam.
“Hugo como director de esa institución tiene una responsabilidad, independientemente de si yo vi o si leí, la cabeza de una institución tiene una responsabilidad sobre lo que hacen sus subalternos”, manifestó.
Indicó que ese tipo de responsabilidad va más allá de las acciones directas que un director pueda haber tenido o no sobre un caso específico, pues la autoridad máxima debe responder por los actos de toda la institución.
La abogada dijo que Beras habló ayer debido a que los resultados de esa investigación circularon por WhatsApp y lo comentaron en varios medios de comunicación.
“La molestia de lo planteado ayer se debió a que circula un documento elaborado por la Contraloría General de la República, Contrataciones Públicas emite seis resoluciones y en ningún momento ninguna de esas instituciones asumen su culpa cuando actuaron en el proceso, aprobaron etapas del proceso y permitieron que se pagara. Entonces él dice yo asumo mi responsabilidad, pero dónde estaban los órganos de control”, manifestó.
Acosta declaró que desconocía sobre la detención y que la entrevista del día de ayer “estaba programada desde hace un tiempo y no sabíamos nada”.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
«La defensa resaltó que Read Estrella se ha presentado de manera voluntaria, ha puesto a disposición toda la documentación requerida y continuará colaborando con la investigación, reiterando que no existe peligro de fuga ni intención alguna de sustraerse del proceso judicial», reseñan.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
La audiencia continuará este viernes a las 2:00 p. m.
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
El expolicía realizó un acuerdo con la fiscalía del Estado de la Florida, a través del cual se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses, facilitando informaciones sobre el caso de envío de drogas que comparte con Herrera Silvestre.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Los narcos operaban desde un resort en Puerto Plata, cuya identidad no fue revelada en los documentos.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
La red reunió a varios inversionistas que unían sus narcóticos para hacer envíos sustanciales. La droga movilizada ascendería a al menos 376 kilogramos en tan solo dos años, con un valor estimado de más de siete millones de dólares al precio de mercado estadounidense para 2022.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.
Ahora, se está a la espera del juicio de Herrera Silvestre, que será el próximo 8 de enero.