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Nuevas acusaciones presentará el Ministerio Público contra imputado de matar a 5 mujeres
Santo Domingo, R.D.-Nuevas acusaciones serán presentadas contra Nazario Mercedes, mejor conocido como «Bolívar», acusados de al menos cinco asesinatos de mujeres, por fiscales de las jurisdicciones de las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y San José de Ocoa.
El presunto asesino en serie permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres tras ser imputado por matar a su pareja, Yesica Figueroa Carmona, el pasado 6 de noviembre de 2024 en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. Al momento de su arresto, la Policía Nacional informó que Mercedes confesó haber cometido varios homicidios en distintas fechas y localidades desde 1995.
La fiscal titular interina de Villa Altagracia, Dalma Díaz González, comunicó que cada fiscalía formulará cargos contra Nazario por los presuntos homicidios cometidos en sus respectivas demarcaciones.
La revisión de la medida de coerción contra Nazario Mercedes fue aplazada para el 18 de marzo. A principios de noviembre de 2024 al imputado le fue impuesta una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva.
Sobre la posibilidad de consolidar los casos en un solo juicio, Díaz González explicó que, aunque esto podría simplificar el proceso, no es un procedimiento sencillo y debe evaluarse cuidadosamente. Entre los factores a considerar se encuentran la aceptación de la medida por los tribunales, la determinación de la jurisdicción donde se celebraría el juicio y la disposición de los familiares de las víctimas para trasladarse a la sede judicial asignada, entre otros tópicos.
«Hasta ahora, cada fiscalía presentará cargos específicos por los homicidios ocurridos en sus respectivas provincias. Mercedes será juzgado por cada crimen en la jurisdicción correspondiente,» señaló a Diario Libre.
El pasado 6 de noviembre, alrededor de las 7:00 de la noche, fueron arrestados Nazario Mercedes y Obispo Carmona (tío de la víctima a quien se le varió la prisión preventiva) por el asesinato de Yesica Figueroa.
En la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor detalló que, al practicar una inspección en el lugar citado, las autoridades encontraron el cuerpo de Figueroa tirado en el suelo, cubierto con fundas plásticas y con una hoja de zinc. Precisó que, próximo al lugar, también encontraron una pala y un pico con lodo, por lo que se presume que los imputados pretendían enterrar el cadáver de la dama.
Entre las presuntas víctimas presuntamente confesadas por Mercedes figuran las fallecidas Providencia Deyanira Castillo Santana (Yanet), en 1995; Diana Carolina Lorenzo Medina, en 2008; Rosa María Peralta, en 2014 (quien sobrevivió); Darmelin de los Santos Ramírez, en 2022; una nacional haitiana sin identificar, en 2023, y por último Yesica Figueroa Carmona, el miércoles 6 de noviembre de 2024.
Después de supuestamente confesar a las autoridades al menos cinco feminicidios y el intento de asesinato de una sexta mujer, Nazario Mercedes negó las acusaciones. En ese sentido su abogado, manifestó que dichas declaraciones no tienen validez porque fueron realizadas sin la presencia de un defensor.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.