Latinoamericanas
Fiscalía allana la sede de Tribunal Electoral
AGENCIA AP
Los comicios dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla también es investigado.
Ciudad de Guatemala.-La fiscalía de Guatemala intensificó su arremetida contra la autoridad electoral y el proceso de elecciones presidenciales celebrado recientemente con el allanamiento ayer martes a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral y la revisión de cajas con votos de la primera vuelta del 25 de junio, como parte de una serie de investigaciones que el ente rector electoral considera una injerencia sin precedentes.
“Esto es algo sin precedentes, la ley no establece procedimiento para esto. El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de votos el día que se realizan las elecciones”, dijo a periodistas la directora electoral del Tribunal, Gloria López, e indicó que una de esas cajas fue embalada presuntamente para ser decomisada.
Las elecciones dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla es investigado también por la fiscalía y enfrenta un intento de ser suspendido por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para constituirse.
La directora electoral del TSE explicó también que lo que contiene cada caja no está digitalizado. “En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público… el TSE (Tribunal Supremo Electoral) pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad de las mismas”, dijo la funcionaria.
Agregó que «nosotros ya no podríamos asegurar qué exactamente son los votos que están en las cajas electorales y qué es exactamente la cantidad de firmas y huellas que están en los padrones electorales de mesa que van en esas cajas”.
Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados, dijo a The Associated Press que no existe una base legal que le dé el poder a un juez o fiscales para tocar las cajas electorales o los votos.
“Están abriendo bolsas y haciendo cotejos entre votos y actas en el lugar y eso no tiene ningún soporte legal… es un acto arbitrario”, indicó Orellana.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y la fiscal Cinthia Monterroso estaban a cargo de los operativos ordenados por el juez Fredy Orellana. Ambos fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar las instituciones democráticas y obstruir la lucha contra la corrupción.
CENTRO DE OPERACIONES
Los lugares donde se realizaban los allanamientos son el Registro de Ciudadanos y el Parque de la Industria, donde funciona el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). El primero resguarda el registro de los partidos políticos y el segundo las boletas usadas en la última elección general.
En el COPE los fiscales abrieron las cajas electorales que contienen los votos emitidos para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano —además de los nulos y los no usados— así como el padrón electoral, los fotografiaron y volvieron a cerrar las cajas.
Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal, dijo a periodistas que el ente no dio su permiso para abrir las cajas. «Se está llevando la apertura de cajas bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público y del juez que ha dado la orden”, dijo. La fiscalía ha pedido revisar por lo menos 160 cajas que contienen los votos de varios departamentos del país, confirmó Ramírez.
SECUESTRO DE EVIDENCIA
El juez Orellana, también sancionado por Estados Unidos por emitir resoluciones judiciales con fines políticos, autorizó los allanamientos con el fin de secuestrar evidencia, extraer información digital y analizar los datos de computadoras portátiles y de escritorio, memorias, tabletas y teléfonos.
Arévalo ha denunciado que la Fiscal General Consuelo Porras, también sancionada por el gobierno estadounidense por los mismo cargos que Curruchiche y a quien le retiraron la visa de entrada a ese país, está detrás de un “golpe de Estado” encaminado a evitar que tome posesión del cargo el próximo 14 de enero.
La víspera el presidente saliente Alejandro Giammattei le dijo a Arévalo que asumirá la presidencia como está previsto “y si es necesario mi vida, allí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste”.
Giammattei aclaró que “una cosa son las elecciones y otra son los procesos de orden judicial… no pueden impedir que nadie asuma”.
El proceso electoral que se ha desarrollado desde enero de 2023 ha sido uno de los más accidentados del país centroamericano de los últimos años y estuvo judicializado casi desde el inicio. Las acciones de la fiscalía recrudecieron luego del 25 de junio cuando, en la primera vuelta electoral, Arévalo logró pasar al balotaje para enfrentarse a la ex primera dama Sandra Torres, a quién venció con poco menos del doble de los votos emitidos y quien no ha aceptado la derrota.
Varios organismos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por las acciones de la fiscalía por considerar que busca amedrentar al ente electoral.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.