Latinoamericanas
Fiscalía allana la sede de Tribunal Electoral
AGENCIA AP
Los comicios dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla también es investigado.
Ciudad de Guatemala.-La fiscalía de Guatemala intensificó su arremetida contra la autoridad electoral y el proceso de elecciones presidenciales celebrado recientemente con el allanamiento ayer martes a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral y la revisión de cajas con votos de la primera vuelta del 25 de junio, como parte de una serie de investigaciones que el ente rector electoral considera una injerencia sin precedentes.
“Esto es algo sin precedentes, la ley no establece procedimiento para esto. El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de votos el día que se realizan las elecciones”, dijo a periodistas la directora electoral del Tribunal, Gloria López, e indicó que una de esas cajas fue embalada presuntamente para ser decomisada.
Las elecciones dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla es investigado también por la fiscalía y enfrenta un intento de ser suspendido por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para constituirse.
La directora electoral del TSE explicó también que lo que contiene cada caja no está digitalizado. “En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público… el TSE (Tribunal Supremo Electoral) pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad de las mismas”, dijo la funcionaria.
Agregó que «nosotros ya no podríamos asegurar qué exactamente son los votos que están en las cajas electorales y qué es exactamente la cantidad de firmas y huellas que están en los padrones electorales de mesa que van en esas cajas”.
Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados, dijo a The Associated Press que no existe una base legal que le dé el poder a un juez o fiscales para tocar las cajas electorales o los votos.
“Están abriendo bolsas y haciendo cotejos entre votos y actas en el lugar y eso no tiene ningún soporte legal… es un acto arbitrario”, indicó Orellana.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y la fiscal Cinthia Monterroso estaban a cargo de los operativos ordenados por el juez Fredy Orellana. Ambos fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar las instituciones democráticas y obstruir la lucha contra la corrupción.
CENTRO DE OPERACIONES
Los lugares donde se realizaban los allanamientos son el Registro de Ciudadanos y el Parque de la Industria, donde funciona el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). El primero resguarda el registro de los partidos políticos y el segundo las boletas usadas en la última elección general.
En el COPE los fiscales abrieron las cajas electorales que contienen los votos emitidos para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano —además de los nulos y los no usados— así como el padrón electoral, los fotografiaron y volvieron a cerrar las cajas.
Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal, dijo a periodistas que el ente no dio su permiso para abrir las cajas. «Se está llevando la apertura de cajas bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público y del juez que ha dado la orden”, dijo. La fiscalía ha pedido revisar por lo menos 160 cajas que contienen los votos de varios departamentos del país, confirmó Ramírez.
SECUESTRO DE EVIDENCIA
El juez Orellana, también sancionado por Estados Unidos por emitir resoluciones judiciales con fines políticos, autorizó los allanamientos con el fin de secuestrar evidencia, extraer información digital y analizar los datos de computadoras portátiles y de escritorio, memorias, tabletas y teléfonos.
Arévalo ha denunciado que la Fiscal General Consuelo Porras, también sancionada por el gobierno estadounidense por los mismo cargos que Curruchiche y a quien le retiraron la visa de entrada a ese país, está detrás de un “golpe de Estado” encaminado a evitar que tome posesión del cargo el próximo 14 de enero.
La víspera el presidente saliente Alejandro Giammattei le dijo a Arévalo que asumirá la presidencia como está previsto “y si es necesario mi vida, allí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste”.
Giammattei aclaró que “una cosa son las elecciones y otra son los procesos de orden judicial… no pueden impedir que nadie asuma”.
El proceso electoral que se ha desarrollado desde enero de 2023 ha sido uno de los más accidentados del país centroamericano de los últimos años y estuvo judicializado casi desde el inicio. Las acciones de la fiscalía recrudecieron luego del 25 de junio cuando, en la primera vuelta electoral, Arévalo logró pasar al balotaje para enfrentarse a la ex primera dama Sandra Torres, a quién venció con poco menos del doble de los votos emitidos y quien no ha aceptado la derrota.
Varios organismos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por las acciones de la fiscalía por considerar que busca amedrentar al ente electoral.
Agencia AP
Buenos Aires, Argentina.-La pobreza en Argentina se disparó en el primer semestre del año alcanzando a un 52,9% de la población de unos 47,3 millones de habitantes, lo que representa un duro golpe para el gobierno del ultraliberal Javier Milei, quien llegó al poder el 10 de diciembre.
La cifra revelada el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) supone un empeoramiento de las variables sociales en 11.2 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2023, cuando 41,7% de la población era pobre. En tanto, la indigencia —la pobreza extrema– afecta al 18,1% de los ciudadanos respecto al 11,9% del último semestre.
El índice de pobreza recién difundido es el más alto desde 2003, cuando alcanzó al 54% de la población, señalaron expertos.
El instituto oficial mide la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos.
El creciente deterioro se debe en gran parte a la licuación de los ingresos de los ciudadanos por el alza de los precios de alimentos y otros productos básicos y la liberación de las tarifas de la luz, agua, gas y transporte.
También influyó la caída de la actividad económica y un aumento del desempleo en el marco de las políticas de ajuste que aplicó Milei con el argumento de combatir el déficit y atajar la inflación, que ha bajado desde dos dígitos a 4,2% mensual.
La pobreza se mide teniendo en cuenta la capacidad monetaria de la población de acceder a una canasta de alimentos y elementos como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. En tanto la de indigencia se calcula según la posibilidad de acceder solo a una canasta básica de alimentos.
hogares pobres
La publicación del Indec también da cuenta de que en el primer semestre de este año un 66.1% de los menores de 14 años integraba hogares pobres.
El gobierno argentino señaló con anterioridad a la revelación de las cifras que el deterioro obedece a las malas políticas de administraciones anteriores.
Manuel Adorni, portavoz presidencial, afirmó que el Indec “volverá a reflejar la cruda realidad que está atravesando la sociedad” como “consecuencia del populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación”.
Adorni remarcó que el gobierno de Milei “heredó la peor herencia que recibió un gobierno en democracia” y que “la mejor manera de luchar contra la pobreza es luchar contra la inflación”, tal como ha hecho esta administración bajándola del 25,5% de diciembre al 4,2% en agosto.
caída del PIB
Los expertos han vaticinado que el Producto Interno Bruto caerá este año más del 3% del Producto Interno Bruto.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, indicó a The Associated Press que la pobreza aumentó sobre todo en el primer trimestre del año “como resultado de un efecto devaluatorio que hubo en diciembre, una caída de la obra pública y del gasto público y una desactualización de las remuneraciones de los salarios… Todo en medio de una política de mucha austeridad”.
Lucas Romero, de Synopsis Consultores, dijo a su vez que este dato “malo” sobre la situación social “va a permear» en la opinión pública.
La ventaja de Milei, según el analista, es que «había advertido cuando asumió que el ajuste era inevitable y que iba a producir un impacto negativo en términos de pobreza”.
Romero indicó que, de todas formas, “será aún más necesario para el presidente mostrar resultados económicos favorables en el segundo semestre para tratar de cumplir con su promesa” de mejorar el país, algo que hoy los argentinos no están percibiendo.
“Este 52.9% le pone nombre y apellido a la situación social. O sea, ya está dimensionado el problema y eso hace que la gente pueda ahora evaluar lo que el gobierno está produciendo y el esfuerzo que le pidió hacer”, sostuvo el analista.
Advirtió que los más vulnerables en Argentina son mayoritariamente votantes opositores a Milei, “por lo que uno puede asumir que le tendrán menos paciencia”.
Latinoamericanas
Haitianos no creen que la ONU logre una solución internacional a crisis de pandillas
AP
Puerto Príncipe, Haití.-En un momento en que lo mandatarios mundiales reunidos en Naciones Unidas esta semana discuten el futuro de los esfuerzos para frenar a las pandillas que controlan Haití, los haitianos expresan su desesperanza de que una respuesta internacional pueda sofocar la violencia.
Hasta ahora, una fuerza respaldada por la ONU de 400 policías de Kenia y alrededor de dos docenas de agentes jamaicanos ha hecho poco para detener a las pandillas en Haití, que han aterrorizado al país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Los mandatarios mundiales han estado discutiendo los próximos pasos en complicados esfuerzos para restaurar el orden en la nación caribeña.
Estados Unidos ha planteado la idea de una fuerza de paz de la ONU, pero la idea se consideró demasiado polémica dados los casos de cólera y abuso sexual que se registraron la última vez que las tropas de Naciones Unidas operaron en Haití.
El despliegue de fuerzas kenianas fue, en parte, para evitar tensiones que podrían desencadenarse con el envío de otra misión de paz de la ONU.
Pero en una visita a Haití del presidente de Kenia, William Ruto, durante el fin de semana —en camino a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó el domingo— Ruto se dijo dispuesto a expandir las operaciones de Kenia hasta convertirlas en una misión de paz de la ONU más grande.
Si bien Ruto elogió los logros de las fuerzas kenianas el domingo, un informe reciente de un experto en derechos humanos de Naciones Unidas señaló que la violencia de las pandillas se está extendiendo por todo Haití y que la policía haitiana todavía carece de la “capacidad logística y técnica” para combatir a las pandillas.
La violencia actual ha dejado a haitianos como Mario Canteve, de 39 años, desilusionados por nuevos esfuerzos internacionales para sofocar a las pandillas, afirmando que ya no cree en las promesas de los mandatarios mundiales de que podrán cambiar la situación en la nación azotada por la crisis.
Canteve vende chips para teléfonos móviles y repara aparatos electrónicos en la capital, Puerto Príncipe, cuyo 80% se estima está controlado por pandillas.
Ante la brutal violencia de las pandillas, algunos haitianos han organizado grupos de vigilantes para defenderse.
Moise Jean-Pierre, un profesor de 50 años, recordó misiones pasadas de la ONU en Haití y consideró que tales esfuerzos eran una “pérdida de tiempo”.
“No sería la primera vez que tengamos misiones de la ONU en Haití”, dijo. “¿Qué diferencia habrá?”
Tales opiniones en el lugar hablan de la situación en que se encuentran los mandatarios mundiales que han pasado años buscando una solución más amplia a los problemas de Haití.
El gobierno de Kenia prometió 600 agentes adicionales y se espera que la misión actual de seguridad alcance un total de 2,500 efectivos, y las Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin y Chad también se comprometieron a enviar policías y soldados. Aunque aún no queda claro cuándo sucederá eso.
Agencia EFE
Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), controlada por el chavismo, rechazó este jueves la decisión de la Eurocámara de reconocer a Edmundo González Urrutia, candidato de la mayor coalición opositora, como presidente electo en las elecciones del 28 de julio. El resultado oficial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.
Durante una sesión transmitida por el canal estatal VTV, la AN condenó «la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios» y exhortó a respetar «la decisión del pueblo venezolano» que «eligió» a Maduro, un resultado que ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del país.
Asimismo, instó a «los europarlamentarios fascistas» a abandonar «la fracasada estrategia neocolonialista» de «cambio de régimen» en Venezuela y pidió que se concentren en «las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras».
Por su parte, la diputada Blanca Eekhout, quien presentó el acuerdo, manifestó que «el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano», en referencia al resultado oficial de los comicios, que fue calificado de fraudulento por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que respalda a González Urrutia.
El bloque antichavista sostiene que su candidato es el presidente electo, sustentando este reclamo con el «83,5%» de las actas electorales, publicadas en una página web y posteriormente descalificadas como falsas por el Gobierno y la Fiscalía.
Tras el reconocimiento de la Eurocámara, el líder de la PUD, exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, solicitó a la Unión Europea que actúe para que en Venezuela «se haga valer la soberanía expresada en las urnas».
La resolución del Parlamento Europeo, que no es vinculante, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. También reconoce a María Corina Machado, principal aliada de González Urrutia, como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.
Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, a pesar de la insistencia de numerosos países, aún no publica los resultados desagregados por centro de votación, como establece su propia normativa.