Nacionales
Fiscalía pedirá coerción contra 7 militares acusados de tráfico ilegal de armas de fuego
SANTO DOMINGO, República Dominicana-La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía de Santo Domingo, informó que solicitará medida de coerción contra siete militares acusados de tráfico ilegal de armas de fuego.
Según la acusación, los militares aprovecharon sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, para importar de manera irregular 220 armas de fuego, con documentación adulterada para que aparentara una operación lícita.
El Ministerio Público dijo que tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego.
Los permisos se expedían especialmente para marcas costosas, como la Glock y la Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación para fines privados de todo tipo de armas de fuego, según consta en el decreto número 309-06.
Reveló que luego de varios allanamientos, se descubrió que siete militares eran los responsables de ingresar armas de manera ilícita al país.
El Ministerio Público dijo que tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego
Entre los militares acusados están Bienvenido Cordero Batista, Félix Francisco Pérez Artiles, Esteban Marrero Ruiz, Francisco Mercedes Medrano, Edwin Rafael Almonte Camacho, José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, en la mayoría de los casos con más de veinte años de carrera, además de Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de la armería donde eran vendidas.
Agregó que Bienvenido Cordero Batista, era el general de brigada paracaidista FARD, director general del Material Bélico, encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlos con su firma. Mientras que Félix Francisco Pérez Artiles, teniente coronel del ERD, encargado del depósito de las armas del Material Bélico, se ocupaba de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines.
Indicó que esteban Marrero Ruiz, mayor del ERD, según las investigaciones, era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía, tramitando todas las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para la expedición de las licencias de porte y tenencia, mientras Francisco Mercedes Medrano, capitán del ERD, era el encargado de archivo y confeccionaba las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico.
En tanto, que Edwin Rafael Almonte Camacho, 1er teniente del ERD, asistente del director general de la Intendencia del Material Bélico, se alega era quien supervisaba al personal de trabajo, y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación.
Así mismo, José Miguel Torres Rodríguez, 1er teniente de la Policía Nacional, era encargado de las Armas de fuego de la Policía que están en la Intendencia del Material Bélico, concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas.
Otro de los implicados es Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel del ERD, propietario de Armería Inversiones Heptágono, entidad comercial que se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
El Ministerio Público le ha asignado a los hechos indicados la Calificación Jurídica Provisional de violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano.
acento.com.do
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.