Nacionales
Fiscalía pedirá coerción contra 7 militares acusados de tráfico ilegal de armas de fuego
SANTO DOMINGO, República Dominicana-La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía de Santo Domingo, informó que solicitará medida de coerción contra siete militares acusados de tráfico ilegal de armas de fuego.
Según la acusación, los militares aprovecharon sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, para importar de manera irregular 220 armas de fuego, con documentación adulterada para que aparentara una operación lícita.
El Ministerio Público dijo que tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego.
Los permisos se expedían especialmente para marcas costosas, como la Glock y la Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación para fines privados de todo tipo de armas de fuego, según consta en el decreto número 309-06.
Reveló que luego de varios allanamientos, se descubrió que siete militares eran los responsables de ingresar armas de manera ilícita al país.
El Ministerio Público dijo que tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego
Entre los militares acusados están Bienvenido Cordero Batista, Félix Francisco Pérez Artiles, Esteban Marrero Ruiz, Francisco Mercedes Medrano, Edwin Rafael Almonte Camacho, José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, en la mayoría de los casos con más de veinte años de carrera, además de Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de la armería donde eran vendidas.
Agregó que Bienvenido Cordero Batista, era el general de brigada paracaidista FARD, director general del Material Bélico, encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlos con su firma. Mientras que Félix Francisco Pérez Artiles, teniente coronel del ERD, encargado del depósito de las armas del Material Bélico, se ocupaba de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines.
Indicó que esteban Marrero Ruiz, mayor del ERD, según las investigaciones, era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía, tramitando todas las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para la expedición de las licencias de porte y tenencia, mientras Francisco Mercedes Medrano, capitán del ERD, era el encargado de archivo y confeccionaba las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico.
En tanto, que Edwin Rafael Almonte Camacho, 1er teniente del ERD, asistente del director general de la Intendencia del Material Bélico, se alega era quien supervisaba al personal de trabajo, y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación.
Así mismo, José Miguel Torres Rodríguez, 1er teniente de la Policía Nacional, era encargado de las Armas de fuego de la Policía que están en la Intendencia del Material Bélico, concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas.
Otro de los implicados es Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel del ERD, propietario de Armería Inversiones Heptágono, entidad comercial que se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
El Ministerio Público le ha asignado a los hechos indicados la Calificación Jurídica Provisional de violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano.
acento.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.