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Someten a varios funcionarios públicos por aumento de salario; dicen violan la Constitución
Una formal acusación por ante el Tribunal Superior Administrativo fue presentada en contra de varios funcionarios públicos por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) por aumentarse ilegalmente sus sueldos.
Los funcionarios del Gobierno son acusados de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones al disponer aumentos de sus salarios y otros beneficios en flagrante violación de la Constitución de la República y de la Ley 105-13.
El referido sometimiento fue depositado bajo la modalidad de recurso contencioso administrativo, en demanda en nulidad del incremento salarial y otros beneficios, incluyendo la devolución de todos los beneficios y dineros recibidos ilegal e inconstitucionalmente hasta la fecha.
La FJT fue enfática en la persona de sus abogados, Henry Adames y César Noboa, quienes reiteraron que la constitución establece la imposibilidad de aumentarse el salario y citamos: *Artículo 140.- Regulación incremento remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.
La instancia fue interpuesta en contra de los señores Rafael Aníbal Velazco Espaillat (ex superintendente y expresidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad; Diógenes Rodríguez Grullón, Aura Mireya Caraballo Castillo, miembro del consejo de la Superintendencia de Electricidad y Alejandro Eduardo Fernández Whipple (Superintendencia de Banco), Ramón Emilio Contreras Genao, Superintendencia de Pensiones, y Rafael Evaristo Santos Badia, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otros.
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FJT LAMENTA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO CON FUNCIONARIOS VIOLADORES DE LA CONSTITUCIÓN Y PIDEN DESTITUCIÓN DE INFRACTORES
Asimismo, Justicia y transparencia lamento el festival de aumentos que se ha desatado en la presente gestión de gobierno, y más aun con la mirada cómplice de las altas instancias gubernamentales, que solo ven la violación a la constitución como una imprudencia o libertad de criterio para los funcionarios a la hora decidir sobre su salario.
En consecuencia, de acuerdo con los abogados de la FJT, el único camino ante una falta grave, como la pauta la constitución y la ley de función pública, lo es la renuncia voluntaria de los infractores, o su destitución por parte del presidente de la república u órganos competentes, en los casos que aplique juicio político u otra modalidad de destitución.
ANUNCIAN SOMETERÁN OTROS INFRACTORES INCLUYENDO BANCO CENTRAL, ALTAS
CORTES Y OTROS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES
Finalmente, la Fundación Justicia y Transparencia, anunció que en los próximos días estaría completando y ampliando el sometimiento con otras instituciones, y que para ello solo estamos a la espera de hacer los
cotejos de lugar y recibir las informaciones oficiales y pertinentes para proceder, cuyas investigaciones alcanzan fundamentalmente órganos constitucionales, Altas cortes, Banco Central y otros que parecerían se han dejado seducir por esa escabrosa práctica.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.