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Someten a varios funcionarios públicos por aumento de salario; dicen violan la Constitución

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Una formal acusación por ante el Tribunal Superior Administrativo fue presentada en contra de varios funcionarios públicos por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) por aumentarse ilegalmente sus sueldos.

Los funcionarios del Gobierno son acusados de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones al disponer aumentos de sus salarios y otros beneficios en flagrante violación de la Constitución de la República y de la Ley 105-13.

El referido sometimiento fue depositado bajo la modalidad de recurso contencioso administrativo, en demanda en nulidad del incremento salarial y otros beneficios, incluyendo la devolución de todos los beneficios y dineros recibidos ilegal e inconstitucionalmente hasta la fecha.

La FJT fue enfática en la persona de sus abogados, Henry Adames y César Noboa, quienes reiteraron que la constitución establece la imposibilidad de aumentarse el salario y citamos: *Artículo 140.- Regulación incremento remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.

La instancia fue interpuesta en contra de los señores Rafael Aníbal Velazco Espaillat (ex superintendente y expresidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad; Diógenes Rodríguez Grullón, Aura Mireya Caraballo Castillo, miembro del consejo de la Superintendencia de Electricidad y Alejandro Eduardo Fernández Whipple (Superintendencia de Banco), Ramón Emilio Contreras Genao, Superintendencia de Pensiones, y Rafael Evaristo Santos Badia, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otros.

Le puede interesar: Alejandro Fernández, en el ojo del huracán por aumento de sueldo

FJT LAMENTA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO CON FUNCIONARIOS VIOLADORES DE LA CONSTITUCIÓN Y PIDEN DESTITUCIÓN DE INFRACTORES

Asimismo, Justicia y transparencia lamento el festival de aumentos que se ha desatado en la presente gestión de gobierno, y más aun con la mirada cómplice de las altas instancias gubernamentales, que solo ven la violación a la constitución como una imprudencia o libertad de criterio para los funcionarios a la hora decidir sobre su salario.

En consecuencia, de acuerdo con los abogados de la FJT, el único camino ante una falta grave, como la pauta la constitución y la ley de función pública, lo es la renuncia voluntaria de los infractores, o su destitución por parte del presidente de la república u órganos competentes, en los casos que aplique juicio político u otra modalidad de destitución.

ANUNCIAN SOMETERÁN OTROS INFRACTORES INCLUYENDO BANCO CENTRAL, ALTAS
CORTES Y OTROS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

Finalmente, la Fundación Justicia y Transparencia, anunció que en los próximos días estaría completando y ampliando el sometimiento con otras instituciones, y que para ello solo estamos a la espera de hacer los
cotejos de lugar y recibir las informaciones oficiales y pertinentes para proceder, cuyas investigaciones alcanzan fundamentalmente órganos constitucionales, Altas cortes, Banco Central y otros que parecerían se han dejado seducir por esa escabrosa práctica.

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Ya se ha excavado 75% de túnel para rescatar a mineros

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Santo Domingo, 8 ago.-Un 75 por ciento ha sido excavado de uno de los accesos en los que trabajan los rescatistas de los dos trabajadores atrapados desde el 31 de julio en la mina de Cerro Maimón, según lo informó  la Corporación Minera Dominicana (Cormidom).

Al mismo tiempo, informó de que técnicos procedentes de Canadá estudian las condiciones geomecánicas de la roca para iniciar la instalación de la perforadora que llegó al país la pasada noche y espera que, en las próximas horas, la maquina quede instalada en el túnel para ser utilizada como método alternativo de rescate.

En este sentido, el presidente de Cormidom, Paul Marinko expresó su confianza en que los mineros, el colombiano Carlos Yepez Ospina y el dominicano Gregory Méndez Torres, estarán «pronto» en la superficie.

Asimismo, recordó que continúan laborando día y noche, en estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales, con la participación de más de 70 expertos, entre los que hay nutriólogos y geólogos, además del equipo técnico de la empresa.

Desde el primer momento, la compañía paralizó las operaciones de extracción de la mina para enfocar todos los recursos en el rescate de Gregores Méndez y Carlos Yepes.EFE

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879,020 dólares en efectivo fueron decomisados por Aduanas procedentes de Islas Bahamas

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Santo Domingo, RD.-Ochocientos 79 mil dólares fueron decomisados en el Aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, según la Dirección General de Aduanas (DGA).

La cantidad, que equivale a casi 48 millones de pesos dominicanos, llegó al país por aviación general, procedente de islas Bahamas distribuidas en varias maletas.

Según apuntó el comunicado de prensa difundido por la entidad, el cargamento ilegal de efectivo fue detectado al momento en que los pasajeros pasaron sus equipajes por la máquina de rayos x.

Su detección fue posible debido a que tanto miembros de Aduanas como del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), notaron un perfil sospechoso en el equipaje de uno de los pasajeros, por lo que se procedió al chequeo manual, donde fue encontrada la cuantiosa cantidad de dinero.  

Asimismo, la dependencia informó que la aeronave en la que se transportaron los activos fue piloteada por dos nacionales bahameños. En ella, viajaban cinco pasajeros, una mujer haitiana, y cuatro hombres originarios de Bahamas.

Aduanas acotó que todos ellos fueron puestos detenidos y conducidos por las autoridades para ser puestos a la acción de la justicia.

El conteo del dinero fue realizado por las autoridades de la DGA en presencia del Ministerio Público. 

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El Estado no está obligado a cumplir las Normas Internacionales de Información Financiera, según la SCJ.

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Santo Domingo, RD.-Por no figurar en el Código Tributario las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló que el Estado dominicano no está obligado a cumplir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) porque estas son unos estándares realizados por una institución privada.

Mediante sentencia número SCJ-SR-22-00010 de fecha 21 de abril de 2022, las Salas Reunidas abandonan el criterio de la Tercera Sala de esta alta corte, con respecto a la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 como fuente del derecho tributario, por no constituirse en un precedente firme y constante, sino que se mantuvo como una decisión aislada y no reiterada.

La decisión explica que las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), se tratan de un conjunto de disposiciones que reglamentan la información que debe presentarse en los estados financieros de las empresas privadas y la forma cómo esa información debe registrarse para efecto de su análisis.

 Asimismo, explica que estas normas son emitidas por el International Accounting Standards Board y que las NIC cambiaron su denominación por Internacional Financial Reporting Standard?IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera en español) ?NIIF.

 «Estas Salas Reunidas verifican que, el Código Tributario (Ley núm. 11-92) no hace mención de dichas normas, es decir, su aplicación no ha sido reconocida en nuestra legislación por el Código Tributario, por lo que el tribunal de envío incurrió en el vicio de falta de motivos respecto de la justificación para la aplicación de estas normas, falta que atrajo de la interpretación hecha por la Tercera Sala de esta Corte de Casación, a la cual no estaba atado”, explica la sentencia.

En ese sentido, las Salas Reunidas casa la sentencia núm. 208-2019-SSEN-00277 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en atribuciones de tribunal de envío y remite el asunto por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en el proceso entre la Corporación Minera Dominicana, S.A.S (CORMIDOM) y el Ayuntamiento del Municipio de Maimón.

 La decisión fue firmada por los magistrados Luis Henry Molina Peña (Presidente), Pilar Jiménez Ortiz, Francisco Jerez Mena; Manuel A. Read Ortiz, Fran Soto Sánchez, Nancy Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Anselmo A. Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Acosta Peralta, Napoleón R. Estévez Lavandier, Moisés Ferrer Landrón y Francisco Ortega Polanco.

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