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Someten a varios funcionarios públicos por aumento de salario; dicen violan la Constitución

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Una formal acusación por ante el Tribunal Superior Administrativo fue presentada en contra de varios funcionarios públicos por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) por aumentarse ilegalmente sus sueldos.

Los funcionarios del Gobierno son acusados de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones al disponer aumentos de sus salarios y otros beneficios en flagrante violación de la Constitución de la República y de la Ley 105-13.

El referido sometimiento fue depositado bajo la modalidad de recurso contencioso administrativo, en demanda en nulidad del incremento salarial y otros beneficios, incluyendo la devolución de todos los beneficios y dineros recibidos ilegal e inconstitucionalmente hasta la fecha.

La FJT fue enfática en la persona de sus abogados, Henry Adames y César Noboa, quienes reiteraron que la constitución establece la imposibilidad de aumentarse el salario y citamos: *Artículo 140.- Regulación incremento remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.

La instancia fue interpuesta en contra de los señores Rafael Aníbal Velazco Espaillat (ex superintendente y expresidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad; Diógenes Rodríguez Grullón, Aura Mireya Caraballo Castillo, miembro del consejo de la Superintendencia de Electricidad y Alejandro Eduardo Fernández Whipple (Superintendencia de Banco), Ramón Emilio Contreras Genao, Superintendencia de Pensiones, y Rafael Evaristo Santos Badia, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otros.

Le puede interesar: Alejandro Fernández, en el ojo del huracán por aumento de sueldo

FJT LAMENTA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO CON FUNCIONARIOS VIOLADORES DE LA CONSTITUCIÓN Y PIDEN DESTITUCIÓN DE INFRACTORES

Asimismo, Justicia y transparencia lamento el festival de aumentos que se ha desatado en la presente gestión de gobierno, y más aun con la mirada cómplice de las altas instancias gubernamentales, que solo ven la violación a la constitución como una imprudencia o libertad de criterio para los funcionarios a la hora decidir sobre su salario.

En consecuencia, de acuerdo con los abogados de la FJT, el único camino ante una falta grave, como la pauta la constitución y la ley de función pública, lo es la renuncia voluntaria de los infractores, o su destitución por parte del presidente de la república u órganos competentes, en los casos que aplique juicio político u otra modalidad de destitución.

ANUNCIAN SOMETERÁN OTROS INFRACTORES INCLUYENDO BANCO CENTRAL, ALTAS
CORTES Y OTROS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

Finalmente, la Fundación Justicia y Transparencia, anunció que en los próximos días estaría completando y ampliando el sometimiento con otras instituciones, y que para ello solo estamos a la espera de hacer los
cotejos de lugar y recibir las informaciones oficiales y pertinentes para proceder, cuyas investigaciones alcanzan fundamentalmente órganos constitucionales, Altas cortes, Banco Central y otros que parecerían se han dejado seducir por esa escabrosa práctica.

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Red de testaferros imputados por el Ministerio Público con depósito de acusación contra diputada del PRM.

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LA VEGA (República Dominicana).- Una acusación formal años después de haberse iniciado el proceso por parte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega en contra de miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres, que lideraba Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su esposa, la diputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte López.

La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.

Los acusados, quienes son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, (diputada que enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, por lavado de activos provenientes del narcotráfico), hicieron aparentar ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de veinte (20) inmuebles, entre los que se destaca la mansión actual donde reside Miguel Arturo López Florencio y su familia.

La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están valorados en Ciento Ochenta y Tres Millones, Trescientos Ochenta y Seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa, respectivamente.

De igual manera, la información financiera arrojó movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019, tuvo entradas de dinero ascendentes a Doscientos Cincuenta Millones Setecientos Doce Mil Seiscientos Cuatro pesos con Sesenta y Cinco centavos RD$250,712,602.65, para un total de Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos dominicanos con Sesenta y Cinco Centavos RD$434,098,604.65.

El Ministerio Público identificó las conductas de los acusados en la violación a las disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.

El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García Martínez, procuradora fiscal titular de La Vega, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación, así como la relación entre cada uno de ellos.

Por su parte, el fiscal investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, estableció que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.

El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, mediante el cual informó que se encuentran incautados todos los inmuebles identificados en la investigación y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio.

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Durante un acto en el Palacio Nacional Juramentan a los miembros del Consejo Presidencial de Haití.

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Santo Domingo, R.D.-Este jueves 25 de abril fueron juramentados en el Palacio Nacional los nueve miembros del Consejo Presidencial de Transición en Haití.

Pese a que se había informado ayer que la ceremonia de juramentación sería realizada en Villa d´Accueil (Villa de Bienvenida), Musseau, fue en el Palacio Nacional donde los miembros del Consejo Presidencial prestaron juramento.

Sin embargo, el acto en la Villa de Bienvenida se trata de una recepción para el Consejo Presidencial recibir a sus invitados, informan varios medios haitianos.

El acto de juramentación fue realizado muy temprano en la mañana de este jueves, pese a que se había informado que sería a las 10:00 de la mañana. También fue hecho ante un público reducido.

Los miembros del Consejo Presidencial juramentados fueron: Smith Agustín; Louis Gérald Gilles; Fritz Alfonso Jean; Edgard Leblanc; Laurent Saint-Cyr; Emmanuel Vertilaire, Leslie Voltaire, Régine Abraham y Frinel Joseph.

También deberán escoger a los miembros del Consejo Electoral para las elecciones de ese país.

Renuncia de Ariel Henry

Previo al acto de juramentación, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, presentó la renuncia a su cargo de manera oficial.

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Tres meses de prisión preventiva al hijo de Sonia Mateo y a otros dos por decomiso de droga

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Santo Domingo, R.D.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dirigida por la jueza Yaritza Cabral de la Cruz, impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Rafael José de la Rosa Mateo  y a otros dos hombres, vinculados al decomiso de 161 libras de presunta marihuana.

El tribunal dispuso que el otro imputado pague una garantía económica de RD$500 mil, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Rafael José de la Rosa Mateo es hijo de la exlegisladora Sonia Mateo y debe cumplir la sanción en un centro carcelario de Dajabón.

Mientras que Juan Carlos Pérez y José Raúl Feliz cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega.

Carlos Miguel Reyes realizará el pago de la garantía económica a través de una compañía aseguradora.

Los cuatro imputados fueron detenidos por el decomiso de 161 libras de presunta marihuana durante una intervención en una casa en Santiago.

Mediante allanamiento, los agentes y los fiscales, atendiendo a la orden número 03137-2024, realizaron una intervención en una residencia ubicada en la calle C, del sector América Palma de Santiago, donde supuestamente varios hombres realizarían una transacción de sustancias narcóticas.

En la vivienda, las autoridades arrestaron a dos hombres y ocuparon en la marquesina, así como en la parte trasera de un vehículo, 15 pacas presumiblemente marihuana, envueltas en cintas adhesivas de color marron, con un peso preliminar de 161 libras.

Durante el seguimiento y tras recibir informes de inteligencia, las autoridades ejecutaron otra intervención en el puesto chequeo de Jicomé, provincia Valverde, donde detuvieron a otros dos hombres, entre ellos el hijo de la dirigente del partido opositor, Sonia Mateo.

Al abordar la camioneta, marca Chevrolet Silverado, con dos caletas habilitadas para para transportar drogas ilícitas, se ocupó en su interior la suma de trescientos ocho mil pesos, treinta dólares estadounidenses, una radio de comunicación, tres celulares, prendas, dos cápsulas calibre nueve milímetros, documentos personales.

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