Análisis Noticiosos
FMI, donde dije digo, digo Diego
Por Hedelberto López Blanch
Resulta que tras cinco largos años de obligar a los gobiernos capitalistas de Europa a tomar medidas neoliberales para intentar detener la crisis económica, ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el presidente del Eurogrupo afirman que ese organismo se equivocó a la hora de valorar el impacto de la austeridad en las naciones del viejo continente.
Nada más simple que reconocer con unas palabras la enorme realidad que sufren millones de familias en Europa Occidental que han visto como se desvanecen sus sueños de la noche a la mañana y van a parar a las filas de los desahuciados, los desempleados y de los pobres.
Pero para limpiar sus culpas, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard agregó que el «error» del organismo internacional fue a la hora de recomendar recortes a los gobiernos europeos pues estos no supieron entender que el compromiso de las autoridades con la austeridad acabaría con el crecimiento.
Parece que Blanchard no recuerda bien las numerosas reuniones de la llamada troika (Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y FMI) con los gobiernos en crisis económica, durante las cuales presionaban y aun presionan para que impongan medidas drásticas contra los sectores públicos y obligarlos a pagar las deudas contraídas al precio que fuera necesario.
El informe presentado por Blanchard, titulado Errores en el Pronóstico de Crecimiento y Multiplicadores Fiscales reconoce que «los pronósticos subestimaron significativamente el aumento del desempleo y la caída de la demanda interior con la consolidación fiscal».
El documento agrega que en el caso de Grecia, el desvío en aumento de la deuda, a pesar de los recortes de gasto, fue mayor de lo esperado y si se hubieran constatado esos errores habría llevado a la entidad a recomendar medidas de austeridad menos severas en el caso de España y Portugal para evitar un deterioro masivo de las economías de estos países.
De todas formas, el economista jefe del FMI trata de salir a flote cuando concluye: «los resultados no quieren decir que la consolidación fiscal sea indeseable, ya que las economías avanzadas deben ajustar sus presupuestos ante el aumento de sus deudas y que los resultados a corto plazo son uno de los factores que deben estudiarse en caso de recomendar nuevos recortes.
Claro que Blanchard debió de explicarles los deslices cometidos por su organismo a los millones de griegos, irlandeses, españoles, portugueses, italianos, británicos y franceses que han sido lanzados a las calles ante la pérdida de sus empleos que les impiden pagar los altos alquileres y hasta la alimentación de sus familias.
Las obligadas reformas laborales impulsadas por la troika, motivaron un enorme desempleo en la Eurozona que según la Oficina de Estadísticas Comunitaria EUROSTAT, se sitúa en 11.8 % y en la Unión Europea (27 países) en 10,7 %. España marcha a la cabeza de ese negativo índice con 26,6%, seguido de Grecia, 26 %.
Otro que acaba de expresar sus desavenencias con las medidas, es el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker que a pocos días de dejar su cargo (febrero) declaró en el Parlamento Europeo que los ajustes se diseñaron para aplastar a los más débiles y dijo que los ministros de Finanzas solo siguen los dictados de la CE, el BCE y el FMI, “cuya legitimidad democrática no es clara”.
Cuando aun estaba dentro del “agua” como jefe del grupo que agrupa a los ministros de Finanzas de la Eurozona, Juncker no se atrevió a señalar con tanta elocuencia los numerosos errores cometidos y en esta ocasión hasta acusó a algunos países del bloque (sobre todo Alemania y Francia) de beneficiarse de la crisis por dos males que aquejan a las naciones del sur: el riesgo país y la fuga de capitales.
El todopoderoso Juncker que durante años dirigió y hasta obligó a los ministros de Finanzas del Eurogrupo a acatar las presiones de la troika, ahora también se retracta de su dócil accionar y de haber llevado a varios países del viejo continente a una crisis económica y financiera de la cual no saben como salir.
Para concluir su diatriba, el también primer ministro de Luxemburgo, puntualizó que Berlín y París no tenían nivel para sacar a Europa de la crisis y que ya muchos se estaban cansando del dictado alemán.
El escepticismo ante lo que pueda ocurrir por el estancamiento de la crisis, pende como espada de Damocles sobre las naciones con economías capitalistas avanzadas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un informe titulado Perspectivas Económicas Mundiales, aseguró que se registra “una significativa pérdida de confianza en el orbe” achacable a los ajustes, al desempleo y a un menor comercio internacional.
La OCDE, que reúne a 34 países con grandes economías, explicó que al comienzo la crisis solo fue financiera pero ya devino en estructural a partir de la crisis fiscal y los números rojos en Estados Unidos y los Estados centrales de la Eurozona.
Y al igual que los casos anteriores citados, la organización subrayó en su informe que “el impacto negativo de los programas de ajuste ha sido mucho más importante de lo previsto, y que las medidas de austeridad implementadas han reducido el crecimiento económico de los 34 miembros en hasta 1,25 puntos porcentuales en 2012.
En contra de sus anteriores planteamientos, la OCDE aconseja a los miembros de la zona euro a “no aprobar más ajustes pues descarrilan sus objetivos de reducción de déficit”.
Por primera vez la organización dibujó un panorama futuro con objetividad al afirmar que de seguir la Eurozona con la aplicación de medidas de austeridad no habrá en el mundo suficientes desiertos para la travesía de la crisis que le espera.
Pero pese a esas retracciones de los poderosos organismos, la pregunta clave aún queda en el aire. ¿Se habrán dado cuenta que las políticas neoliberales lejos de aminorar la crisis lo que hacen es profundizarlas y acelerarlas?
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
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