Análisis Noticiosos
FMI, donde dije digo, digo Diego
Por Hedelberto López Blanch
Resulta que tras cinco largos años de obligar a los gobiernos capitalistas de Europa a tomar medidas neoliberales para intentar detener la crisis económica, ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el presidente del Eurogrupo afirman que ese organismo se equivocó a la hora de valorar el impacto de la austeridad en las naciones del viejo continente.
Nada más simple que reconocer con unas palabras la enorme realidad que sufren millones de familias en Europa Occidental que han visto como se desvanecen sus sueños de la noche a la mañana y van a parar a las filas de los desahuciados, los desempleados y de los pobres.
Pero para limpiar sus culpas, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard agregó que el «error» del organismo internacional fue a la hora de recomendar recortes a los gobiernos europeos pues estos no supieron entender que el compromiso de las autoridades con la austeridad acabaría con el crecimiento.
Parece que Blanchard no recuerda bien las numerosas reuniones de la llamada troika (Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y FMI) con los gobiernos en crisis económica, durante las cuales presionaban y aun presionan para que impongan medidas drásticas contra los sectores públicos y obligarlos a pagar las deudas contraídas al precio que fuera necesario.
El informe presentado por Blanchard, titulado Errores en el Pronóstico de Crecimiento y Multiplicadores Fiscales reconoce que «los pronósticos subestimaron significativamente el aumento del desempleo y la caída de la demanda interior con la consolidación fiscal».
El documento agrega que en el caso de Grecia, el desvío en aumento de la deuda, a pesar de los recortes de gasto, fue mayor de lo esperado y si se hubieran constatado esos errores habría llevado a la entidad a recomendar medidas de austeridad menos severas en el caso de España y Portugal para evitar un deterioro masivo de las economías de estos países.
De todas formas, el economista jefe del FMI trata de salir a flote cuando concluye: «los resultados no quieren decir que la consolidación fiscal sea indeseable, ya que las economías avanzadas deben ajustar sus presupuestos ante el aumento de sus deudas y que los resultados a corto plazo son uno de los factores que deben estudiarse en caso de recomendar nuevos recortes.
Claro que Blanchard debió de explicarles los deslices cometidos por su organismo a los millones de griegos, irlandeses, españoles, portugueses, italianos, británicos y franceses que han sido lanzados a las calles ante la pérdida de sus empleos que les impiden pagar los altos alquileres y hasta la alimentación de sus familias.
Las obligadas reformas laborales impulsadas por la troika, motivaron un enorme desempleo en la Eurozona que según la Oficina de Estadísticas Comunitaria EUROSTAT, se sitúa en 11.8 % y en la Unión Europea (27 países) en 10,7 %. España marcha a la cabeza de ese negativo índice con 26,6%, seguido de Grecia, 26 %.
Otro que acaba de expresar sus desavenencias con las medidas, es el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker que a pocos días de dejar su cargo (febrero) declaró en el Parlamento Europeo que los ajustes se diseñaron para aplastar a los más débiles y dijo que los ministros de Finanzas solo siguen los dictados de la CE, el BCE y el FMI, “cuya legitimidad democrática no es clara”.
Cuando aun estaba dentro del “agua” como jefe del grupo que agrupa a los ministros de Finanzas de la Eurozona, Juncker no se atrevió a señalar con tanta elocuencia los numerosos errores cometidos y en esta ocasión hasta acusó a algunos países del bloque (sobre todo Alemania y Francia) de beneficiarse de la crisis por dos males que aquejan a las naciones del sur: el riesgo país y la fuga de capitales.
El todopoderoso Juncker que durante años dirigió y hasta obligó a los ministros de Finanzas del Eurogrupo a acatar las presiones de la troika, ahora también se retracta de su dócil accionar y de haber llevado a varios países del viejo continente a una crisis económica y financiera de la cual no saben como salir.
Para concluir su diatriba, el también primer ministro de Luxemburgo, puntualizó que Berlín y París no tenían nivel para sacar a Europa de la crisis y que ya muchos se estaban cansando del dictado alemán.
El escepticismo ante lo que pueda ocurrir por el estancamiento de la crisis, pende como espada de Damocles sobre las naciones con economías capitalistas avanzadas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un informe titulado Perspectivas Económicas Mundiales, aseguró que se registra “una significativa pérdida de confianza en el orbe” achacable a los ajustes, al desempleo y a un menor comercio internacional.
La OCDE, que reúne a 34 países con grandes economías, explicó que al comienzo la crisis solo fue financiera pero ya devino en estructural a partir de la crisis fiscal y los números rojos en Estados Unidos y los Estados centrales de la Eurozona.
Y al igual que los casos anteriores citados, la organización subrayó en su informe que “el impacto negativo de los programas de ajuste ha sido mucho más importante de lo previsto, y que las medidas de austeridad implementadas han reducido el crecimiento económico de los 34 miembros en hasta 1,25 puntos porcentuales en 2012.
En contra de sus anteriores planteamientos, la OCDE aconseja a los miembros de la zona euro a “no aprobar más ajustes pues descarrilan sus objetivos de reducción de déficit”.
Por primera vez la organización dibujó un panorama futuro con objetividad al afirmar que de seguir la Eurozona con la aplicación de medidas de austeridad no habrá en el mundo suficientes desiertos para la travesía de la crisis que le espera.
Pero pese a esas retracciones de los poderosos organismos, la pregunta clave aún queda en el aire. ¿Se habrán dado cuenta que las políticas neoliberales lejos de aminorar la crisis lo que hacen es profundizarlas y acelerarlas?
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.