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Fondo Población ONU advierte es alta la mortalidad materna en República Dominicana
El estudio «Análisis de la situación poblacional de República Dominicana» recomendó erradicar la «epidemia» de cesáreas que actualmente se registra en el país, la cual aumenta los riesgos de morbilidad.
Maternidad San Lorenzo de Los Minas.
Foto: Ariel Díaz-Alejo/acento.com.do
Fecha: 22/03/2013.
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La mortalidad materna en República Dominicana es de 101,8 por cada 100.000 nacidos vivos, un “nivel alto” considerando los estándares de desarrollo social y económico del país, según un estudio divulgado realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).
La investigación determinó, además, que el mayor porcentaje de muertes maternas en 2015 se produjo en el grupo de 20 a 35 años, con casi tres de cuatro fallecimientos.
Asimismo, que la mortalidad neonatal se mantiene en 21 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, y que el 80 % de las muertes neonatales ocurre en los primeros 28 días de vida.
El estudio “Análisis de la situación poblacional de República Dominicana” recomendó erradicar la “epidemia” de cesáreas que actualmente se registra en el país, la cual aumenta los riesgos de morbilidad.
Además, fortalecer la atención materno-infantil en centros de salud y en comunidades, mejorar la capacitación del personal de salud sobre cuidados obstétricos de emergencia, disponer de infraestructura básica necesaria y de medicamentos suficientes en los diferentes niveles de atención para asegurar adecuada y oportuna atención materna neonatal.
Otro capítulo del diagnóstico estableció que la prevalencia del embarazo y la maternidad adolescente se asocian directamente a aspectos culturales, pobreza, baja educación y a la falta de proyectos de vida.
En República Dominicana, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública, 28 % de los nacimientos registrados en el año 2014 correspondieron a partos de madres adolescentes, y de que el 20,5 % de las muertes maternas se registró en el grupo de mujeres embarazadas de 15 a 19 años.
La unión marital, más que la relación sexual, está asociada con la mayor posibilidad de que las adolescentes sean madres antes de cumplir los 15 años de edad, por lo que es probable que quienes quedan embarazadas no sean las de mayor actividad sexual, sino aquellas con menos herramientas para la prevención del embarazo, refirió el estudio de UNPFA y el Ministerio de Economía local.
“El país ocupa el primer lugar en matrimonios tempranos en la región, con 12 % de las mujeres de 20 a 24 años casadas o unidas antes de los 15 años y 36 % antes de los 18 años, con proporciones mucho más altas en el quintil más pobre”, enfatizó el análisis.
En lo referente al renglón igualdad de género, la investigación apela a una encuesta local de 2013, que determinó un incremento de la violencia de género con relación al quinquenio anterior, especialmente la ejercida por el varón, la cual fue reportada por el 35 % de las mujeres de entre 15 a 49 años.
La violencia emocional alcanzó el 31 % seguida de la violencia física con 19 por ciento.
República Dominicana ocupa el puesto 107 de 159 países, en el Índice de desigualdad de género, acotó el estudio.
Los resultados también establecieron que de casi 900.000 adultos mayores censados en el país en 2010, el 51,4 % era del sexo femenino y el 48,6 % masculino, esto a causa de la que la esperanza de vida de las mujeres es de 74,5 años frente a 69,9 años de los hombres.
Se determinó, además, que República Dominicana se encuentra en un nivel intermedio de necesidad insatisfecha de anticonceptivos comparada con otros países de América Latina. Del total de mujeres en edad reproductiva, el 68 % usa métodos anticonceptivos modernos.
Asimismo, que alrededor del 47,7 % de todos los embarazos no son planificados, especialmente entre adolescentes y mujeres jóvenes.
“La necesidad satisfecha de métodos modernos de planificación de la familia entre los adolescentes de 15 a 19 años es de solo del 54,5 % y del 60,6 % entre los jóvenes de 20 a 24 años”, explicó la investigación.
El análisis fue presentado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidro Santana, quien declaró que se pretende que el estudio dado a conocer sea, además de un diagnóstico, una guía para la toma de decisiones de políticas públicas que contribuyan a reducir la pobreza y las desigualdades.EFE
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.