Nacionales
Fondo Población ONU advierte es alta la mortalidad materna en República Dominicana
El estudio «Análisis de la situación poblacional de República Dominicana» recomendó erradicar la «epidemia» de cesáreas que actualmente se registra en el país, la cual aumenta los riesgos de morbilidad.
Maternidad San Lorenzo de Los Minas.
Foto: Ariel Díaz-Alejo/acento.com.do
Fecha: 22/03/2013.
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La mortalidad materna en República Dominicana es de 101,8 por cada 100.000 nacidos vivos, un “nivel alto” considerando los estándares de desarrollo social y económico del país, según un estudio divulgado realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).
La investigación determinó, además, que el mayor porcentaje de muertes maternas en 2015 se produjo en el grupo de 20 a 35 años, con casi tres de cuatro fallecimientos.
Asimismo, que la mortalidad neonatal se mantiene en 21 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, y que el 80 % de las muertes neonatales ocurre en los primeros 28 días de vida.
El estudio “Análisis de la situación poblacional de República Dominicana” recomendó erradicar la “epidemia” de cesáreas que actualmente se registra en el país, la cual aumenta los riesgos de morbilidad.
Además, fortalecer la atención materno-infantil en centros de salud y en comunidades, mejorar la capacitación del personal de salud sobre cuidados obstétricos de emergencia, disponer de infraestructura básica necesaria y de medicamentos suficientes en los diferentes niveles de atención para asegurar adecuada y oportuna atención materna neonatal.
Otro capítulo del diagnóstico estableció que la prevalencia del embarazo y la maternidad adolescente se asocian directamente a aspectos culturales, pobreza, baja educación y a la falta de proyectos de vida.
En República Dominicana, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública, 28 % de los nacimientos registrados en el año 2014 correspondieron a partos de madres adolescentes, y de que el 20,5 % de las muertes maternas se registró en el grupo de mujeres embarazadas de 15 a 19 años.
La unión marital, más que la relación sexual, está asociada con la mayor posibilidad de que las adolescentes sean madres antes de cumplir los 15 años de edad, por lo que es probable que quienes quedan embarazadas no sean las de mayor actividad sexual, sino aquellas con menos herramientas para la prevención del embarazo, refirió el estudio de UNPFA y el Ministerio de Economía local.
“El país ocupa el primer lugar en matrimonios tempranos en la región, con 12 % de las mujeres de 20 a 24 años casadas o unidas antes de los 15 años y 36 % antes de los 18 años, con proporciones mucho más altas en el quintil más pobre”, enfatizó el análisis.
En lo referente al renglón igualdad de género, la investigación apela a una encuesta local de 2013, que determinó un incremento de la violencia de género con relación al quinquenio anterior, especialmente la ejercida por el varón, la cual fue reportada por el 35 % de las mujeres de entre 15 a 49 años.
La violencia emocional alcanzó el 31 % seguida de la violencia física con 19 por ciento.
República Dominicana ocupa el puesto 107 de 159 países, en el Índice de desigualdad de género, acotó el estudio.
Los resultados también establecieron que de casi 900.000 adultos mayores censados en el país en 2010, el 51,4 % era del sexo femenino y el 48,6 % masculino, esto a causa de la que la esperanza de vida de las mujeres es de 74,5 años frente a 69,9 años de los hombres.
Se determinó, además, que República Dominicana se encuentra en un nivel intermedio de necesidad insatisfecha de anticonceptivos comparada con otros países de América Latina. Del total de mujeres en edad reproductiva, el 68 % usa métodos anticonceptivos modernos.
Asimismo, que alrededor del 47,7 % de todos los embarazos no son planificados, especialmente entre adolescentes y mujeres jóvenes.
“La necesidad satisfecha de métodos modernos de planificación de la familia entre los adolescentes de 15 a 19 años es de solo del 54,5 % y del 60,6 % entre los jóvenes de 20 a 24 años”, explicó la investigación.
El análisis fue presentado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidro Santana, quien declaró que se pretende que el estudio dado a conocer sea, además de un diagnóstico, una guía para la toma de decisiones de políticas públicas que contribuyan a reducir la pobreza y las desigualdades.EFE
Nacionales
Después de castigo mediante arancel de Estados Unidos RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
Santo Domingo, R.D.-Fue pospuesto para el 6 de agosto por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la decisión de si envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que falleció una mujer y varias personas resultaron heridos.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz tomó la decisión al considerar que la resolución todavía no está lista. En ese sentido ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, al Ministerio Público, representado por la procuradora de Corte Dulce Luciano, a la defensa del imputado, doctor Richard Martínez y al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.
La corte de alzada deberá evaluar los argumentos de las partes tras la polémica decisión emitida el pasado 17 de marzo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El tribunal tendrá que determinar si ratifica ese dictamen o si, por el contrario, acoge los recursos de la parte acusadora para revocarlo.
Deiby Timoteo Peguero dictó un auto de «no ha lugar» a favor de Pumarol Fernández, tras considerar que el imputado no se encontraba en condiciones de salud mental aptas para enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.
La decisión fue adoptada tras evaluar los documentos depositados por la defensa, entre ellos un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que establece que el imputado sufrió un brote psicótico al momento de los hechos debido a que padece esquizofrenia paranoide.
Tras la notificación oficial del fallo, tanto el órgano persecutor como el abogado Miguel Valerio quien ostenta la representación legal de los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, fallecida en el incidente apelaron la decisión. El recurso fue sometido dentro del plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal.
La tragedia ocurrió en julio de 2025 en el ensanche Naco, donde Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varias personas con un arma blanca.
El incidente dejó como saldo fatal el deceso de la señora Ivonne Handal Abugabir. Asimismo, resultaron con heridas de gravedad Guillermo Pumarol padre del agresor, la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Santo Domingo, R.D.-La continuación del juicio por presunta corrupcion administrativa en contra del ex procurador general Jean Alain Rodriguez y compartes deberá continuar tras el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar un recurso de oposicion presentado por la barra de la defensa.
Como solicitó el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, el tribunal declaró inadmisible el recurso contra la decisión que rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las defensas.
La audiencia estaba convocada para la mañana, pero las juezas la reprogramaron para la tarde.
Camacho recordó que Rodríguez «se ha mantenido buscando la forma de huir al conocimiento del proceso y al conocimiento de las pruebas».
«La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público en la medida en que las mismas se produzcan en el tribunal», agregó.
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, dio a conocer el fallo e inmediatamente dispuso que el Ministerio Público presentara su discurso de apertura.
Sin embargo, una de las barras de la defensa pidió aplazar la audiencia alegando un mal de salud de su defendido, solicitud que fue rechazada por las juezas al acoger el argumento del Ministerio Público de que faltaba un documento que avalara dicha condición.
El tribunal volvió a ordenar la continuación, pero la defensa de Rodríguez Sánchez volvió a presentar la solicitud de extinción de la acción penal.
Posteriormente, las juezas escucharon a Rodríguez Sánchez y dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, donde será escuchada su defensa.
En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, el pasado 6 de julio los jueces declararon inadmisibles la mayoría de los incidentes planteados por las defensas, que procuraban la nulidad del juicio, y ordenaron la continuación del proceso para el 22 de julio.
El expediente acusatorio establece que Rodríguez malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general.
Además de Rodríguez, figuran Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.