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Fondo Población ONU advierte es alta la mortalidad materna en República Dominicana
El estudio «Análisis de la situación poblacional de República Dominicana» recomendó erradicar la «epidemia» de cesáreas que actualmente se registra en el país, la cual aumenta los riesgos de morbilidad.
Maternidad San Lorenzo de Los Minas.
Foto: Ariel Díaz-Alejo/acento.com.do
Fecha: 22/03/2013.
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La mortalidad materna en República Dominicana es de 101,8 por cada 100.000 nacidos vivos, un “nivel alto” considerando los estándares de desarrollo social y económico del país, según un estudio divulgado realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).
La investigación determinó, además, que el mayor porcentaje de muertes maternas en 2015 se produjo en el grupo de 20 a 35 años, con casi tres de cuatro fallecimientos.
Asimismo, que la mortalidad neonatal se mantiene en 21 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, y que el 80 % de las muertes neonatales ocurre en los primeros 28 días de vida.
El estudio “Análisis de la situación poblacional de República Dominicana” recomendó erradicar la “epidemia” de cesáreas que actualmente se registra en el país, la cual aumenta los riesgos de morbilidad.
Además, fortalecer la atención materno-infantil en centros de salud y en comunidades, mejorar la capacitación del personal de salud sobre cuidados obstétricos de emergencia, disponer de infraestructura básica necesaria y de medicamentos suficientes en los diferentes niveles de atención para asegurar adecuada y oportuna atención materna neonatal.
Otro capítulo del diagnóstico estableció que la prevalencia del embarazo y la maternidad adolescente se asocian directamente a aspectos culturales, pobreza, baja educación y a la falta de proyectos de vida.
En República Dominicana, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública, 28 % de los nacimientos registrados en el año 2014 correspondieron a partos de madres adolescentes, y de que el 20,5 % de las muertes maternas se registró en el grupo de mujeres embarazadas de 15 a 19 años.
La unión marital, más que la relación sexual, está asociada con la mayor posibilidad de que las adolescentes sean madres antes de cumplir los 15 años de edad, por lo que es probable que quienes quedan embarazadas no sean las de mayor actividad sexual, sino aquellas con menos herramientas para la prevención del embarazo, refirió el estudio de UNPFA y el Ministerio de Economía local.
“El país ocupa el primer lugar en matrimonios tempranos en la región, con 12 % de las mujeres de 20 a 24 años casadas o unidas antes de los 15 años y 36 % antes de los 18 años, con proporciones mucho más altas en el quintil más pobre”, enfatizó el análisis.
En lo referente al renglón igualdad de género, la investigación apela a una encuesta local de 2013, que determinó un incremento de la violencia de género con relación al quinquenio anterior, especialmente la ejercida por el varón, la cual fue reportada por el 35 % de las mujeres de entre 15 a 49 años.
La violencia emocional alcanzó el 31 % seguida de la violencia física con 19 por ciento.
República Dominicana ocupa el puesto 107 de 159 países, en el Índice de desigualdad de género, acotó el estudio.
Los resultados también establecieron que de casi 900.000 adultos mayores censados en el país en 2010, el 51,4 % era del sexo femenino y el 48,6 % masculino, esto a causa de la que la esperanza de vida de las mujeres es de 74,5 años frente a 69,9 años de los hombres.
Se determinó, además, que República Dominicana se encuentra en un nivel intermedio de necesidad insatisfecha de anticonceptivos comparada con otros países de América Latina. Del total de mujeres en edad reproductiva, el 68 % usa métodos anticonceptivos modernos.
Asimismo, que alrededor del 47,7 % de todos los embarazos no son planificados, especialmente entre adolescentes y mujeres jóvenes.
“La necesidad satisfecha de métodos modernos de planificación de la familia entre los adolescentes de 15 a 19 años es de solo del 54,5 % y del 60,6 % entre los jóvenes de 20 a 24 años”, explicó la investigación.
El análisis fue presentado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidro Santana, quien declaró que se pretende que el estudio dado a conocer sea, además de un diagnóstico, una guía para la toma de decisiones de políticas públicas que contribuyan a reducir la pobreza y las desigualdades.EFE
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.