Análisis Noticiosos
Formalizar la informalidad tras la pandemia en América Latina
Reducir las altas tasas de trabajo informal en la región es clave para lograr una rápida y sostenible recuperación económica.
Veredas repletas de vendedores ambulantes, repartidores de comida en bicicletas, mercadillos donde se venden desde artesanías hasta alimentos, plomeros, electricistas, mecánicos que trabajan “en negro”. Todos estos son empleos muy comunes, pero también, lamentablemente, son la cara de la informalidad en Latinoamérica.
La informalidad laboral no solo repercute en la evasión de impuestos o regulaciones, sino que se traduce en baja productividad, bajos salarios y, más evidentemente durante la pandemia, en la exclusión del sistema de seguridad social de personas que necesitan apoyo económico en situaciones de emergencia.
Según un reciente estudio del Banco Mundial, un elevado porcentaje de trabajadores y empresas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) a nivel global opera fuera del marco tributario de los gobiernos. Esto supone un desafío que frenará la recuperación de las economías pospandemia, a menos que se adopte un conjunto integral de políticas para abordar los problemas que trae consigo la economía informal, señala el estudio.
En los países en desarrollo, la informalidad representa más del 70% del empleo total y casi un tercio del producto interno bruto. La magnitud de esta situación reduce la capacidad de los países de movilizar los recursos fiscales necesarios para gestionar sus economías durante las crisis, desarrollar políticas macroeconómicas eficaces y formar capital humano para fortalecer el desarrollo a largo plazo.
Latinoamérica informal en pandemia
Las fuertes cargas regulatorias y fiscales y la debilidad de las instituciones han sido importantes factores que han contribuido a la informalidad del mercado laboral en América Latina y el Caribe. Esta se ha asociado a un crecimiento débil de la producción y de la productividad laboral, así como a peores resultados en materia de pobreza y desigualdad.
Expertos del Banco Mundial indican que prácticamente todos los países de la región enfrentan altos niveles de informalidad, lo que se traduce en más de la mitad de los trabajadores. En consecuencia, las opciones laborales son de menor calidad y se dan en situaciones más vulnerables. Si bien se piensa que la informalidad puede funcionar como un amortiguador en épocas de crisis al absorber, de alguna manera, a los trabajadores formales desempleados, esto no necesariamente es así ya que el sector informal es altamente heterogéneo y por lo general, muy cambiante.
La prestación de apoyo a los ingresos de los trabajadores informales durante la pandemia de la covid-19 ha sido un reto. En algunos casos, los programas existentes se han ampliado con éxito, sobre todo para los trabajadores informales con menores ingresos. Pero incluso cuando se ha llegado a ellos, ha habido problemas de cobertura. Es esencial que la provisión de beneficios de seguridad social sea más ágil, con pocas barreras para la inscripción y disposiciones de despliegue y alcance eficiente.
El estudio del Banco Mundial ofrece recomendaciones generales para la formulación de políticas de las EMED y así formalizar sus economías:
- Adoptar un enfoque integral, ya que la informalidad es reflejo de un problema de desarrollo con múltiples aristas que no puede abordarse de forma aislada.
- Adaptar las medidas a las circunstancias de cada país dado que las causas, enfoques y soluciones de la informalidad varían considerablemente de una realidad a otra.
- Mejorar el acceso a la educación, los mercados laborales y el financiamiento para que los trabajadores y las empresas informales puedan ser lo suficientemente productivos como para formalizar sus actividades.
- Mejorar la gobernanza y el clima para los negocios de manera que el sector formal pueda prosperar y emplear a un mayor número de personas cumpliendo con los requisitos que esto conlleva.
- Simplificar la normativa fiscal para reducir el costo de operar formalmente y aumentar el costo de operar informalmente.
El rediseño de las políticas fiscales, el aumento de la aplicación de las leyes laborales y la mejora del clima empresarial ya han tenido cierto éxito en la reducción de la informalidad en la región de Latinoamérica. Países como Bolivia, Perú y Panamá, con altos índices de informalidad, han logrado disminuirla en las últimas dos décadas, en parte debido a la rápida creación de empleos formales en el contexto de un fuerte crecimiento de la producción. Las políticas que han sido exitosas han tenido en cuenta estos factores, centrándose en la reducción de las cargas fiscales, el fortalecimiento de la aplicación de las normas laborales y la eliminación de los desincentivos al empleo formal.
Cecilia Martínez Gómez es consultora en comunicaciones del Banco Mundial
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.