Análisis Noticiosos
Formalizar la informalidad tras la pandemia en América Latina
Reducir las altas tasas de trabajo informal en la región es clave para lograr una rápida y sostenible recuperación económica.
Veredas repletas de vendedores ambulantes, repartidores de comida en bicicletas, mercadillos donde se venden desde artesanías hasta alimentos, plomeros, electricistas, mecánicos que trabajan “en negro”. Todos estos son empleos muy comunes, pero también, lamentablemente, son la cara de la informalidad en Latinoamérica.
La informalidad laboral no solo repercute en la evasión de impuestos o regulaciones, sino que se traduce en baja productividad, bajos salarios y, más evidentemente durante la pandemia, en la exclusión del sistema de seguridad social de personas que necesitan apoyo económico en situaciones de emergencia.
Según un reciente estudio del Banco Mundial, un elevado porcentaje de trabajadores y empresas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) a nivel global opera fuera del marco tributario de los gobiernos. Esto supone un desafío que frenará la recuperación de las economías pospandemia, a menos que se adopte un conjunto integral de políticas para abordar los problemas que trae consigo la economía informal, señala el estudio.
En los países en desarrollo, la informalidad representa más del 70% del empleo total y casi un tercio del producto interno bruto. La magnitud de esta situación reduce la capacidad de los países de movilizar los recursos fiscales necesarios para gestionar sus economías durante las crisis, desarrollar políticas macroeconómicas eficaces y formar capital humano para fortalecer el desarrollo a largo plazo.
Latinoamérica informal en pandemia
Las fuertes cargas regulatorias y fiscales y la debilidad de las instituciones han sido importantes factores que han contribuido a la informalidad del mercado laboral en América Latina y el Caribe. Esta se ha asociado a un crecimiento débil de la producción y de la productividad laboral, así como a peores resultados en materia de pobreza y desigualdad.
Expertos del Banco Mundial indican que prácticamente todos los países de la región enfrentan altos niveles de informalidad, lo que se traduce en más de la mitad de los trabajadores. En consecuencia, las opciones laborales son de menor calidad y se dan en situaciones más vulnerables. Si bien se piensa que la informalidad puede funcionar como un amortiguador en épocas de crisis al absorber, de alguna manera, a los trabajadores formales desempleados, esto no necesariamente es así ya que el sector informal es altamente heterogéneo y por lo general, muy cambiante.
La prestación de apoyo a los ingresos de los trabajadores informales durante la pandemia de la covid-19 ha sido un reto. En algunos casos, los programas existentes se han ampliado con éxito, sobre todo para los trabajadores informales con menores ingresos. Pero incluso cuando se ha llegado a ellos, ha habido problemas de cobertura. Es esencial que la provisión de beneficios de seguridad social sea más ágil, con pocas barreras para la inscripción y disposiciones de despliegue y alcance eficiente.
El estudio del Banco Mundial ofrece recomendaciones generales para la formulación de políticas de las EMED y así formalizar sus economías:
- Adoptar un enfoque integral, ya que la informalidad es reflejo de un problema de desarrollo con múltiples aristas que no puede abordarse de forma aislada.
- Adaptar las medidas a las circunstancias de cada país dado que las causas, enfoques y soluciones de la informalidad varían considerablemente de una realidad a otra.
- Mejorar el acceso a la educación, los mercados laborales y el financiamiento para que los trabajadores y las empresas informales puedan ser lo suficientemente productivos como para formalizar sus actividades.
- Mejorar la gobernanza y el clima para los negocios de manera que el sector formal pueda prosperar y emplear a un mayor número de personas cumpliendo con los requisitos que esto conlleva.
- Simplificar la normativa fiscal para reducir el costo de operar formalmente y aumentar el costo de operar informalmente.
El rediseño de las políticas fiscales, el aumento de la aplicación de las leyes laborales y la mejora del clima empresarial ya han tenido cierto éxito en la reducción de la informalidad en la región de Latinoamérica. Países como Bolivia, Perú y Panamá, con altos índices de informalidad, han logrado disminuirla en las últimas dos décadas, en parte debido a la rápida creación de empleos formales en el contexto de un fuerte crecimiento de la producción. Las políticas que han sido exitosas han tenido en cuenta estos factores, centrándose en la reducción de las cargas fiscales, el fortalecimiento de la aplicación de las normas laborales y la eliminación de los desincentivos al empleo formal.
Cecilia Martínez Gómez es consultora en comunicaciones del Banco Mundial
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.