Santo Domingo, RD.-El pasado director de la Oficina de Supervisores de Obras del Estado y hombre de confianza del expresidente Danilo Medina, Francisco Pagán, ofreció detalles de las operaciones de corrupción en las que está involucrado y admitió en interrogatorios que en un lapso de ocho semanas recolectaron y distribuyeron 126 millones de pesos para los 22 candidatos a diputados y el aspirante a senador por la provincia de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana.Nacionales
Danilo Medina y el PLD atollados en caso de corrupción en contra del Estado.
Santo Domingo, RD.-El pasado director de la Oficina de Supervisores de Obras del Estado y hombre de confianza del expresidente Danilo Medina, Francisco Pagán, ofreció detalles de las operaciones de corrupción en las que está involucrado y admitió en interrogatorios que en un lapso de ocho semanas recolectaron y distribuyeron 126 millones de pesos para los 22 candidatos a diputados y el aspirante a senador por la provincia de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana.La revelación de Pagán está contenida en un interrogatorio realizado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
De acuerdo a esta interpelación, al que tuvo acceso Listín Diario, en una reunión que instruyó el expresidente Danilo Medina en su despacho, “faltando unas 12 semanas” para las elecciones del 2020, en donde participaron entre 10 y 12 personas, incluyendo al exmandatario, José Ramón Peralta y el exadministrador de EdeNorte, Julio César Correa, se dio la instrucción para recolectar dinero para la campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El interrogatorio tuvo lugar el pasado 13 de enero de 2023. Pagán estuvo acompañado por Luz Díaz Rodríguez, Cristian Cabrera Heredia y Sandra Pamela Tavárez García como sus defensas técnicas.
Danilo ordenó
“El presidente Danilo Medina tomó la palabra y nos dijo que era necesario apoyar la campaña de los senadores y diputados del PLD y las presidenciales, y que para eso nos había llamado. José Ramón Peralta tomó la palabra y leyó una lista que habían preparado para distribuir las provincias entre los presentes”, dijo Pagán en el interrogatorio.
“Leyeron la lista solamente con los nombres y las provincias. Al salir de la reunión nos pusimos de acuerdo para coordinar la recaudación entre los contratistas”, dijo.
Explicó que a él y a Julio César Correa les informaron que le tocaba la campaña de los diputados y senadores de Santiago y que al salir de la reunión se pusieron de acuerdo para coordinar la recaudación entre los contratistas.
“Los montos para aportar fueron señalados por los mismos legisladores y Julio César y yo gestionamos el 50% cada uno”, explicó Pagán.
“En esas gestiones yo le solicité a los contratistas un aproximado de sesenta y tres millones, correspondientes al 50% de lo requerido por los candidatos. El otro 50% fue recolectado por Julio César Correa, para un total de 126 millones en 8 semanas, ahora mismo no puedo precisarle con exactitud los montos por contratistas pero le prometo que más adelante entrego esa información”, dijo.
Dijo que empezó a solicitar a los diferentes contratistas y cada semana iba pagando el “compromiso personalmente a cada uno de los (candidatos a) diputados”, en un lugar en la ciudad de Santiago.
“En esa casa nos esperaban los candidatos a legisladores y se les entregaban. Los aportes se hacían en efectivo, durante los primeros 7 u 8 semanas cada candidato a diputado de Santiago recibía RD$300,000 y en las dos últimas semanas antes de las elecciones se le entregaron a cada uno la suma de RD$700,000”, explicó.
Entregas de dinero
Expresó que al candidato a senador, en esas semanas antes citadas, se le entregaba “RD$800,000 y las dos últimas semanas más o menos RD$2,000,000 de pesos por semana”.
Pagán dijo que les requirió a los contratistas un aproximado de 73 millones, correspondientes al 50% de lo requerido por los candidatos. La otra parte fue recolectada por Julio César Correa, para “un total de 126 millones en 8 semanas”.
Pagán forma parte en el expediente de solicitud de medida de coerción de los testigos que utilizará en Ministerio Público para probar las imputaciones contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, y 3l excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño.
También contra el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
APUNTES
Acusación
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
El grupo está acusado de distraer más de 19 mil millones de pesos, bajo asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.