Santo Domingo, RD.-El pasado director de la Oficina de Supervisores de Obras del Estado y hombre de confianza del expresidente Danilo Medina, Francisco Pagán, ofreció detalles de las operaciones de corrupción en las que está involucrado y admitió en interrogatorios que en un lapso de ocho semanas recolectaron y distribuyeron 126 millones de pesos para los 22 candidatos a diputados y el aspirante a senador por la provincia de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana.Nacionales
Danilo Medina y el PLD atollados en caso de corrupción en contra del Estado.
Santo Domingo, RD.-El pasado director de la Oficina de Supervisores de Obras del Estado y hombre de confianza del expresidente Danilo Medina, Francisco Pagán, ofreció detalles de las operaciones de corrupción en las que está involucrado y admitió en interrogatorios que en un lapso de ocho semanas recolectaron y distribuyeron 126 millones de pesos para los 22 candidatos a diputados y el aspirante a senador por la provincia de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana.La revelación de Pagán está contenida en un interrogatorio realizado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
De acuerdo a esta interpelación, al que tuvo acceso Listín Diario, en una reunión que instruyó el expresidente Danilo Medina en su despacho, “faltando unas 12 semanas” para las elecciones del 2020, en donde participaron entre 10 y 12 personas, incluyendo al exmandatario, José Ramón Peralta y el exadministrador de EdeNorte, Julio César Correa, se dio la instrucción para recolectar dinero para la campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El interrogatorio tuvo lugar el pasado 13 de enero de 2023. Pagán estuvo acompañado por Luz Díaz Rodríguez, Cristian Cabrera Heredia y Sandra Pamela Tavárez García como sus defensas técnicas.
Danilo ordenó
“El presidente Danilo Medina tomó la palabra y nos dijo que era necesario apoyar la campaña de los senadores y diputados del PLD y las presidenciales, y que para eso nos había llamado. José Ramón Peralta tomó la palabra y leyó una lista que habían preparado para distribuir las provincias entre los presentes”, dijo Pagán en el interrogatorio.
“Leyeron la lista solamente con los nombres y las provincias. Al salir de la reunión nos pusimos de acuerdo para coordinar la recaudación entre los contratistas”, dijo.
Explicó que a él y a Julio César Correa les informaron que le tocaba la campaña de los diputados y senadores de Santiago y que al salir de la reunión se pusieron de acuerdo para coordinar la recaudación entre los contratistas.
“Los montos para aportar fueron señalados por los mismos legisladores y Julio César y yo gestionamos el 50% cada uno”, explicó Pagán.
“En esas gestiones yo le solicité a los contratistas un aproximado de sesenta y tres millones, correspondientes al 50% de lo requerido por los candidatos. El otro 50% fue recolectado por Julio César Correa, para un total de 126 millones en 8 semanas, ahora mismo no puedo precisarle con exactitud los montos por contratistas pero le prometo que más adelante entrego esa información”, dijo.
Dijo que empezó a solicitar a los diferentes contratistas y cada semana iba pagando el “compromiso personalmente a cada uno de los (candidatos a) diputados”, en un lugar en la ciudad de Santiago.
“En esa casa nos esperaban los candidatos a legisladores y se les entregaban. Los aportes se hacían en efectivo, durante los primeros 7 u 8 semanas cada candidato a diputado de Santiago recibía RD$300,000 y en las dos últimas semanas antes de las elecciones se le entregaron a cada uno la suma de RD$700,000”, explicó.
Entregas de dinero
Expresó que al candidato a senador, en esas semanas antes citadas, se le entregaba “RD$800,000 y las dos últimas semanas más o menos RD$2,000,000 de pesos por semana”.
Pagán dijo que les requirió a los contratistas un aproximado de 73 millones, correspondientes al 50% de lo requerido por los candidatos. La otra parte fue recolectada por Julio César Correa, para “un total de 126 millones en 8 semanas”.
Pagán forma parte en el expediente de solicitud de medida de coerción de los testigos que utilizará en Ministerio Público para probar las imputaciones contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, y 3l excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño.
También contra el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
APUNTES
Acusación
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
El grupo está acusado de distraer más de 19 mil millones de pesos, bajo asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
Asimismo, manifestó que dará continuidad a las excelentes relaciones bilaterales con la República Dominicana y al fortalecimiento de los vínculos en el ámbito multilateral.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Por la República Dominicana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, mientras que por Costa Rica participaron los designados futuros integrantes del gobierno, el próximo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera; la próxima ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, y el próximo jefe de Despacho Presidencial, Alexander Estevez Astorga.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Sostuvo que el Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación profunda para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional e identificar a otros posibles implicados para su posterior captura y sometimiento a la justicia.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
La intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas semanas, se desplegó a varias millas náuticas al sur de Pedernales. El protocolo de vigilancia por aire, mar y tierra se activó tras detectar dos embarcaciones sospechosas dirigiéndose a aguas territoriales dominicanas.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
“La neutralización simultánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación y compromiso de las fuerzas de seguridad dominicanas”, acotó Devers.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El tribunal se encuentra apoderado de un recurso de apelación que busca revocar el permiso laboral que le había sido otorgado por el juez de ejecución de la pena de esa jurisdicción.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
El tribunal señaló que cualquier inconformidad con los fallos debe ser canalizada a través de los recursos ordinarios que establece la ley.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
También cuestionaban el traslado del juez de ejecución de la pena que originalmente había favorecido al condenado con el permiso de trabajo.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Considerando que el rechazo de una demanda en declinatoria por seguridad pública o por sospecha legítima bajo el argumento de que no cumple con requisitos de forma y de fondo, es decir, en lo que respecta a la calidad para interponerla, o la insuficiencia de pruebas respecto al objeto invocado, constituye una apreciación errónea, carente de marco jurídico.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.