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Franjul cita ante la SIP casos de Alvarito y “La Tora” entre atropellos a la prensa
Además, denunció que gobierno y partidos violan ley de libre acceso
UTAH. El representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en República Dominicana, Miguel Franjul, presentó durante la 73a Asamblea General un informe sobre la situación de la prensa en el país.
Entre los puntos expuestos figura la denuncia de la organización no gubernamental “Participación Ciudadana” de que instituciones del Gobierno y los partidos políticos están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública.
En otro orden, Franjul denunció que periodistas y camarógrafos siguen siendo afectados por atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
“En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte”, dice el informe.
También se hizo constar la preocupación de la Sociedad de Diarios Dominicanos sobre la actitud de los funcionarios frente a la prensa.
A continuación el informe íntegro:
A pesar de que la República Dominicana disfruta de un clima de libertad de prensa y expresión sin restricciones lesivas, los principales diarios del país han planteado su preocupación por la tendencia que se generaliza entre los más altos funcionarios de la nación a informar solamente mediante notas de prensa sin dar respuestas de manera directa frente a los periodistas que cubren las fuentes informativas.
En un comunicado conjunto publicado esta misma semana, los principales ocho diarios dominicanos denunciaron que se han dado casos de maltratos a periodistas cuando tratan de acercarse al Presidente de la República y que en otras ocasiones la seguridad del Jefe de Estado mantiene a los periodistas lejos del mandatario y sin permitirles moverse a otros lugares.
Los diarios reclamaron que se respete el derecho a la pregunta, un principio sagrado que suele observarse con rigor en las sociedades ya que permite al periodista trasmitir a los funcionarios, en un intercambio libre y directo, las inquietudes y las palpitaciones que recoge de los ciudadanos y hacer efectivo el diálogo entre gobernantes y gobernados.
La Sociedad Dominicana de Diarios, que agrupa a sus miembros, todos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa, exhortó a los funcionarios a ser más abiertos y comunicativos sobre las responsabilidades que tienen a su cargo ante los medios de comunicación y sus periodistas en ruedas de prensa y entrevistas, principalmente, como una manera de rendir cuentas, de orientar y de ejercer lo que en ciencias políticas se ha llamado “la pedagogía del poder”.
En respuesta a las quejas de los diarios, la dirección de comunicaciones de la Presidencia emitió otro en el que asegura que el gobierno es “plenamente consciente de su obligación de informar a la sociedad dominicana y, en consecuencia, ha respondido siempre de forma oportuna y serena a los temas de interés nacional, a través de la prensa y de todos los medios de difusión a nuestro alcance”.
Al mismo tiempo, publicó un listado de 950 entrevistas dadas por funcionarios gubernamentales en lo que va de año en programas o paneles de radio y televisión, en medios impresos y en situaciones ocasionales.
En el contexto de este ambiente de preocupaciones sobre la libertad de prensa gravitan también dos iniciativas que pretenden introducir por vía legislativa algunas cláusulas que limitarían el ejercicio del periodismo y regularían el uso de las redes sociales en campañas electorales.
Un paquete de leyes está bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso sobre la definición de lo que son medios de comunicación, los alcances de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre, con penalidades que todavía se mantienen vigentes en el Código Penal dominicano.
De igual modo, diferentes partidos políticos agrupados en el llamado Foro Permanente de Partidos Políticos presentó una solicitud ante la Junta Central Electoral, máximo tribunal de elecciones del país, para que regule el uso de cuentas falsas en las redes sociales para las elecciones generales del 2020. La idea es que esta propuesta sea incluida en la nueva ley electoral y ley de partidos, actualmente bajo estudio.
La Sociedad Dominicana de Diarios se pronunció contra el intento de imponer limitaciones a la libertad de prensa y expresión y designó una comisión de juristas para discutir, con los miembros de la comisión bicameral del Congreso, los aspectos que objeta en los referidos anteproyectos de leyes.
Respecto al escenario en que desarrollan su oficio los reporteros de diarios, canales de radio y televisión, este sigue siendo afectado por los episodios de atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.
La productora Claudia Perez Ramirez, apodada La Tora, fue acusada por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, una agencia del gobierno, de proferir palabras y expresiones groseras, vulgares, obscenas y discriminatorias contra el presidente de la República y el Procurador General en su programa “Eficiencia social” del canal 45 Teleradio América.
Al mismo tiempo, la entidad emplazó a todos los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de los diferentes canales y programas televisivos a regularizar la transmisión de contenidos.
Pocos días después también prohibió hablar durante 20 días en la radio al comentarista Álvaro Arvelo Hijo, del popular programa “El gobierno de la Mañana” de la estación Z-101, por expresiones que se consideraron injuriosas e irrespetuosas contra uno de los fundadores de la nación dominicana.
El Instituto Duartiano, que custodia la memoria del patricio, sometió formalmente a la justicia al periodista Arvelo, bajo los cargos de violar el artículo 6 de la ley 127-01 y los reglamentos de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Por otra parte y como signos de un retroceso y un obstáculo al derecho de la información, la organización no gubernamental “Participación Ciudadana” denunció que se están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública, que lleva ya 13 años de vigencia.
Según Participación Ciudadana, ningún partido político cumple con el mandato de dicha ley, un número importante de instituciones no publican la nómina oficial en formato claro, actualizado y con datos confiables y entendibles, en tanto los presupuestos y su ejecución se publican en formatos cerrados, no reutilizables.
Igualmente, PC se quejó de que las instituciones públicas limitan la información sobre los procesos de compras y contrataciones y propuso la creación de un órgano autónomo, independiente y con facultades y competencias especiales para que ejerza la función de control, socialización y difusión del derecho de acceso a la información pública.
diariolibre.com
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Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.