Nacionales
Franjul cita ante la SIP casos de Alvarito y “La Tora” entre atropellos a la prensa
Además, denunció que gobierno y partidos violan ley de libre acceso
UTAH. El representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en República Dominicana, Miguel Franjul, presentó durante la 73a Asamblea General un informe sobre la situación de la prensa en el país.
Entre los puntos expuestos figura la denuncia de la organización no gubernamental “Participación Ciudadana” de que instituciones del Gobierno y los partidos políticos están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública.
En otro orden, Franjul denunció que periodistas y camarógrafos siguen siendo afectados por atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
“En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte”, dice el informe.
También se hizo constar la preocupación de la Sociedad de Diarios Dominicanos sobre la actitud de los funcionarios frente a la prensa.
A continuación el informe íntegro:
A pesar de que la República Dominicana disfruta de un clima de libertad de prensa y expresión sin restricciones lesivas, los principales diarios del país han planteado su preocupación por la tendencia que se generaliza entre los más altos funcionarios de la nación a informar solamente mediante notas de prensa sin dar respuestas de manera directa frente a los periodistas que cubren las fuentes informativas.
En un comunicado conjunto publicado esta misma semana, los principales ocho diarios dominicanos denunciaron que se han dado casos de maltratos a periodistas cuando tratan de acercarse al Presidente de la República y que en otras ocasiones la seguridad del Jefe de Estado mantiene a los periodistas lejos del mandatario y sin permitirles moverse a otros lugares.
Los diarios reclamaron que se respete el derecho a la pregunta, un principio sagrado que suele observarse con rigor en las sociedades ya que permite al periodista trasmitir a los funcionarios, en un intercambio libre y directo, las inquietudes y las palpitaciones que recoge de los ciudadanos y hacer efectivo el diálogo entre gobernantes y gobernados.
La Sociedad Dominicana de Diarios, que agrupa a sus miembros, todos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa, exhortó a los funcionarios a ser más abiertos y comunicativos sobre las responsabilidades que tienen a su cargo ante los medios de comunicación y sus periodistas en ruedas de prensa y entrevistas, principalmente, como una manera de rendir cuentas, de orientar y de ejercer lo que en ciencias políticas se ha llamado “la pedagogía del poder”.
En respuesta a las quejas de los diarios, la dirección de comunicaciones de la Presidencia emitió otro en el que asegura que el gobierno es “plenamente consciente de su obligación de informar a la sociedad dominicana y, en consecuencia, ha respondido siempre de forma oportuna y serena a los temas de interés nacional, a través de la prensa y de todos los medios de difusión a nuestro alcance”.
Al mismo tiempo, publicó un listado de 950 entrevistas dadas por funcionarios gubernamentales en lo que va de año en programas o paneles de radio y televisión, en medios impresos y en situaciones ocasionales.
En el contexto de este ambiente de preocupaciones sobre la libertad de prensa gravitan también dos iniciativas que pretenden introducir por vía legislativa algunas cláusulas que limitarían el ejercicio del periodismo y regularían el uso de las redes sociales en campañas electorales.
Un paquete de leyes está bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso sobre la definición de lo que son medios de comunicación, los alcances de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre, con penalidades que todavía se mantienen vigentes en el Código Penal dominicano.
De igual modo, diferentes partidos políticos agrupados en el llamado Foro Permanente de Partidos Políticos presentó una solicitud ante la Junta Central Electoral, máximo tribunal de elecciones del país, para que regule el uso de cuentas falsas en las redes sociales para las elecciones generales del 2020. La idea es que esta propuesta sea incluida en la nueva ley electoral y ley de partidos, actualmente bajo estudio.
La Sociedad Dominicana de Diarios se pronunció contra el intento de imponer limitaciones a la libertad de prensa y expresión y designó una comisión de juristas para discutir, con los miembros de la comisión bicameral del Congreso, los aspectos que objeta en los referidos anteproyectos de leyes.
Respecto al escenario en que desarrollan su oficio los reporteros de diarios, canales de radio y televisión, este sigue siendo afectado por los episodios de atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.
La productora Claudia Perez Ramirez, apodada La Tora, fue acusada por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, una agencia del gobierno, de proferir palabras y expresiones groseras, vulgares, obscenas y discriminatorias contra el presidente de la República y el Procurador General en su programa “Eficiencia social” del canal 45 Teleradio América.
Al mismo tiempo, la entidad emplazó a todos los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de los diferentes canales y programas televisivos a regularizar la transmisión de contenidos.
Pocos días después también prohibió hablar durante 20 días en la radio al comentarista Álvaro Arvelo Hijo, del popular programa “El gobierno de la Mañana” de la estación Z-101, por expresiones que se consideraron injuriosas e irrespetuosas contra uno de los fundadores de la nación dominicana.
El Instituto Duartiano, que custodia la memoria del patricio, sometió formalmente a la justicia al periodista Arvelo, bajo los cargos de violar el artículo 6 de la ley 127-01 y los reglamentos de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Por otra parte y como signos de un retroceso y un obstáculo al derecho de la información, la organización no gubernamental “Participación Ciudadana” denunció que se están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública, que lleva ya 13 años de vigencia.
Según Participación Ciudadana, ningún partido político cumple con el mandato de dicha ley, un número importante de instituciones no publican la nómina oficial en formato claro, actualizado y con datos confiables y entendibles, en tanto los presupuestos y su ejecución se publican en formatos cerrados, no reutilizables.
Igualmente, PC se quejó de que las instituciones públicas limitan la información sobre los procesos de compras y contrataciones y propuso la creación de un órgano autónomo, independiente y con facultades y competencias especiales para que ejerza la función de control, socialización y difusión del derecho de acceso a la información pública.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Nacionales
MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.