Nacionales
Franjul cita ante la SIP casos de Alvarito y “La Tora” entre atropellos a la prensa
Además, denunció que gobierno y partidos violan ley de libre acceso
UTAH. El representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en República Dominicana, Miguel Franjul, presentó durante la 73a Asamblea General un informe sobre la situación de la prensa en el país.
Entre los puntos expuestos figura la denuncia de la organización no gubernamental “Participación Ciudadana” de que instituciones del Gobierno y los partidos políticos están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública.
En otro orden, Franjul denunció que periodistas y camarógrafos siguen siendo afectados por atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
“En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte”, dice el informe.
También se hizo constar la preocupación de la Sociedad de Diarios Dominicanos sobre la actitud de los funcionarios frente a la prensa.
A continuación el informe íntegro:
A pesar de que la República Dominicana disfruta de un clima de libertad de prensa y expresión sin restricciones lesivas, los principales diarios del país han planteado su preocupación por la tendencia que se generaliza entre los más altos funcionarios de la nación a informar solamente mediante notas de prensa sin dar respuestas de manera directa frente a los periodistas que cubren las fuentes informativas.
En un comunicado conjunto publicado esta misma semana, los principales ocho diarios dominicanos denunciaron que se han dado casos de maltratos a periodistas cuando tratan de acercarse al Presidente de la República y que en otras ocasiones la seguridad del Jefe de Estado mantiene a los periodistas lejos del mandatario y sin permitirles moverse a otros lugares.
Los diarios reclamaron que se respete el derecho a la pregunta, un principio sagrado que suele observarse con rigor en las sociedades ya que permite al periodista trasmitir a los funcionarios, en un intercambio libre y directo, las inquietudes y las palpitaciones que recoge de los ciudadanos y hacer efectivo el diálogo entre gobernantes y gobernados.
La Sociedad Dominicana de Diarios, que agrupa a sus miembros, todos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa, exhortó a los funcionarios a ser más abiertos y comunicativos sobre las responsabilidades que tienen a su cargo ante los medios de comunicación y sus periodistas en ruedas de prensa y entrevistas, principalmente, como una manera de rendir cuentas, de orientar y de ejercer lo que en ciencias políticas se ha llamado “la pedagogía del poder”.
En respuesta a las quejas de los diarios, la dirección de comunicaciones de la Presidencia emitió otro en el que asegura que el gobierno es “plenamente consciente de su obligación de informar a la sociedad dominicana y, en consecuencia, ha respondido siempre de forma oportuna y serena a los temas de interés nacional, a través de la prensa y de todos los medios de difusión a nuestro alcance”.
Al mismo tiempo, publicó un listado de 950 entrevistas dadas por funcionarios gubernamentales en lo que va de año en programas o paneles de radio y televisión, en medios impresos y en situaciones ocasionales.
En el contexto de este ambiente de preocupaciones sobre la libertad de prensa gravitan también dos iniciativas que pretenden introducir por vía legislativa algunas cláusulas que limitarían el ejercicio del periodismo y regularían el uso de las redes sociales en campañas electorales.
Un paquete de leyes está bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso sobre la definición de lo que son medios de comunicación, los alcances de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre, con penalidades que todavía se mantienen vigentes en el Código Penal dominicano.
De igual modo, diferentes partidos políticos agrupados en el llamado Foro Permanente de Partidos Políticos presentó una solicitud ante la Junta Central Electoral, máximo tribunal de elecciones del país, para que regule el uso de cuentas falsas en las redes sociales para las elecciones generales del 2020. La idea es que esta propuesta sea incluida en la nueva ley electoral y ley de partidos, actualmente bajo estudio.
La Sociedad Dominicana de Diarios se pronunció contra el intento de imponer limitaciones a la libertad de prensa y expresión y designó una comisión de juristas para discutir, con los miembros de la comisión bicameral del Congreso, los aspectos que objeta en los referidos anteproyectos de leyes.
Respecto al escenario en que desarrollan su oficio los reporteros de diarios, canales de radio y televisión, este sigue siendo afectado por los episodios de atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.
La productora Claudia Perez Ramirez, apodada La Tora, fue acusada por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, una agencia del gobierno, de proferir palabras y expresiones groseras, vulgares, obscenas y discriminatorias contra el presidente de la República y el Procurador General en su programa “Eficiencia social” del canal 45 Teleradio América.
Al mismo tiempo, la entidad emplazó a todos los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de los diferentes canales y programas televisivos a regularizar la transmisión de contenidos.
Pocos días después también prohibió hablar durante 20 días en la radio al comentarista Álvaro Arvelo Hijo, del popular programa “El gobierno de la Mañana” de la estación Z-101, por expresiones que se consideraron injuriosas e irrespetuosas contra uno de los fundadores de la nación dominicana.
El Instituto Duartiano, que custodia la memoria del patricio, sometió formalmente a la justicia al periodista Arvelo, bajo los cargos de violar el artículo 6 de la ley 127-01 y los reglamentos de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Por otra parte y como signos de un retroceso y un obstáculo al derecho de la información, la organización no gubernamental “Participación Ciudadana” denunció que se están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública, que lleva ya 13 años de vigencia.
Según Participación Ciudadana, ningún partido político cumple con el mandato de dicha ley, un número importante de instituciones no publican la nómina oficial en formato claro, actualizado y con datos confiables y entendibles, en tanto los presupuestos y su ejecución se publican en formatos cerrados, no reutilizables.
Igualmente, PC se quejó de que las instituciones públicas limitan la información sobre los procesos de compras y contrataciones y propuso la creación de un órgano autónomo, independiente y con facultades y competencias especiales para que ejerza la función de control, socialización y difusión del derecho de acceso a la información pública.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.