Opinión
Frente al nuevo periodo del régimen Abinader-PRM en Rep. Dominicana
Por Narciso Isa Conde
1.-El curso del proceso dominicano ha sido impactado por la crisis de decadencia del capitalismo imperialista.
El Estado y la sociedad dominicana ha estado sometidos al impacto de la multi crisis de decadencia del capitalismo imperialista, a sus derivadas neoliberales-privatizadoras (sumamente intensificadas) y a la perniciosa influencia del auge neofascista, con una alta dosis de populismo ultra conservador no debidamente contrarrestada.
Al paso del tiempo la multicrisis local muestra escandalosas desigualdades sociales y carencias que impactan todas las políticas públicas del régimen establecido.
Está en marcha un neocolonialismo extremo y un intenso intervencionismo económico, político, militar y cultural en el país y toda la isla.
El vecino Haití está bajo el impacto de una nueva intervención militar, que compromete a nuestro país y aumenta su vulnerabilidad frente a la estrategia de control militar de EEUU en el Caribe, como frontera imperial.
Crecen el racismo anti haitiano y demás ideologías pro fascistas, que infectan todas las instituciones de estado, sistema de partidos, jefaturas policiales y militares, y cúpulas empresariales
Crecen las privatizaciones, la proliferación de las alianzas Público-Privadas (APP) y Fideicomisos, con fuerte repercusión sobre el patrimonio natural del país, sobre su crisis ambiental, su recurso agua y la salud del país.
La crisis de salud se expresa con un notable incremento de las enfermedades, estimulado por una pésima alimentación (deficitaria en nutrientes y además tóxicas) y deformado por una alta dependencia de medicamentos con muchos efectos secundarios nocivos.
Prosigue la estafa parasitaria de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)y las Administradoras de Pensiones (AFP) privadas como mecanismos en favor de privatización de la salud y la seguridad social, Todo esto en el marco de un sistema que desprecia la prevención, fomenta el negocio y fracciona los servicios en lugar de integrarlos.
Alarma el avance de la educación confesional religiosa y del negocio privado en el sector, relegando la enseñanza laica y el carácter social del ejercicio de ese derecho.
Igual se ha impuesto una educación que niega el derecho a pensar, mutila y deforma la memoria histórica y reproduce tanto el pensamiento conservador como una cultura acrítica y banal.
El peso de dictadura mediática degradante impuesta por el gran capital y una programada alienación cultural de matriz ultra conservadora y promotora del consumismo y las banalidades, han provocado graves distorsiones en la manera de pensar y en el proceder de amplios sectores de las nuevas generaciones.
El turismo dependiente y depredador ha diezmado los manglares y violado impunemente innumerables áreas protegidas. Se habla de sus glorias, pero no de sus costosos daños.
La minería destructiva, la depredación de los ríos por los carteles de la construcción, las continuas violaciones a las áreas protegidas, han disfrutado de absoluta impunidad, con sus funestas consecuencias.
La crisis ambiental, con su vertiente de crisis de agua, se ha tornado en una amenaza contra la vida de la sociedad dominicana y de la isla.
La violencia de género y la negación de derechos a las mujeres dominicanas y las inmigrantes siguen siendo protegidas por el poder establecido y pretende ser reforzada en el nuevo código penal, junto a otras aberraciones conservadoras.
Las ideas que nutren el neofascismo avanzan en el estado y su gestión, en el sistema de medios de comunicación y en el sistema de partidos, y ameritan un estudio que posibilite una respuesta contundente y un plan para desmontarlas. Igual que la manera como las ultraderechas reemplazan la verdad sobre las izquierdas y como las estigmatizan para predominar
2.-Perspectivas del continuismo.
Estamos ante esta desastrosa realidad y ante la continuidad del régimen del Partido Revolucionario Moderno (PRM) presidido por Luis Abinader y controlado directamente por EEUU y las elites capitalistas, con perspectivas de una gestión gubernamental y estatal peor en todos esos aspectos.
La política exterior seguirá bajo el mando de la Casa Blanca y del PENTÁGONO-OTAN, con el extra que le puede imprimir un mayor despliegue de sus capítulos de guerra en la región y el auge de su fascistización de la política al interior de EEUU y la UE, y fuera de sus fronteras.
Venezuela, por ejemplo, pasa a ser escenario de una nueva fase de ese despliegue
Los acontecimientos recientes en ese hermano país dan inicio a un periodo más duro e intenso de la guerra integral contra los procesos de autodeterminación en la región y de empleo a fondo, por EEUU y sus aliados de la extrema derecha, especialmente del eje fascistoide a nivel continental: Milei, Noboa, Bukele, Bolsonaro, Buluarte, Kast, Murillo… A esa turbia misión se ha sumado el régimen de Abinader-PRM.
En otro plano, aquí continuará operando un sistema político-electoral con bases constitucionales, legales, reglas de juego y mecanismo que en sí mismos constituye un GRAN FRAUDE. Mientras las fuerzas de la represión están siendo sometidas una renovación tecnológica a cargo de EEUU e Israel
La mentalidad empresarial capitalista, lejos del humanismo y de la responsabilidad de satisfacer necesidades vitales de la sociedad, seguirá dominando la gestión del gobierno y del Estado
Un presidente empresario, una Vice también y los principales ministros por igual, gobierno y partido de gobierno asaltado directamente por el gran capital y sometido a la estrategia político-militar de EEUU…no pueden dar otro producto.
La carestía se ha tornado agobiante y tiende a agravarse.
El endeudamiento es una carga pesada y contraria al bienestar social que no cesa de crecer.
En nuestro caso la modalidad de la guerra de V GENERACIÓN tiene un fuerte énfasis mediático-ideológico débilmente enfrentado y va a ser empleada en mayor escala para agredir y limitar las potencialidades de cambio y de resurgimiento de fuerzas de vanguardia y transformadora. La misma habrá de intensificarse.
Ha crecido la desconfianza en el régimen, dadas las evidencias de sus fuertes parecido a los gobiernos anteriores.
Abinader, gobierno y PRM han entrado a una fase inicial de la caída de popularidad con actitudes cada vez más represivas. La reforma policial es una falacia.
Nada de eso va a cambiar, todo esto tiende a agravarse en este nuevo periodo.
Dentro de la actual órbita mundial y las coordenadas locales en que se mueve este gobierno, no son tiempos de reformas, sino de contra reformas.
Las habladurías sobre reformas es un gran teatro, otra farsa montada por los adictos al sistema y sus fantasías mercadológicas; o por los ingenuos que siempre fallan de buena fe. Desde el poder se habla de reformas para imponer nuevas contrarreformas.
A partir de las votaciones presidenciales y congresuales, el régimen de Abinader-PRM pasó a controlar absolutamente todos los poderes institucionales del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una fuerte impronta ultra conservadora, reforzada en los contenidos de las recientes campañas electorales y en los resultados obtenidos.
La mayoría aplastante del PRM y sus aliados, no favorecen reformas sociales y políticas progresivas en vertientes como reforma fiscal, laboral, seguridad social, eléctrica, latifundio, monopolios, oligopolios, régimen de propiedad, soberanía y autodeterminación, medio ambiente, relaciones de género y derechos de la mujer, sistema electoral y de partidos, alimentación, salud y seguridad social, política exterior, sistema eléctrico, relaciones obrero-patronales, y vínculos con el resto del mundo… Miren el código penal !!
Existe una alta probabilidad que todo lo malo retenido por las exigencias populistas de la reelección, se despliegue a partir de la conformación de la “nueva administración”, muy parecida a la anterior.
Preparémonos para enfrentar esas perspectivas y crear poder popular y propuestas alternativas, potenciando los esfuerzos en dirección a un PROCESO CONSTITUYENTE que cambie todo lo que es imperioso cambiar.
Preparémonos también para contrarrestar las modalidades y expresiones de las guerras de IV y V GENERACIÓN en esta región y esta isla contra todo lo que sea ejercicio popular de autodeterminación y soberanía, así como sus despliegues preventivos destinado a reforzar el dominio neocolonial en todos los órdenes, incluido el militar.
La guerra en general es un componente permanente de la dominación capitalista-imperialista y de sus acciones, en constante mutación.
De ahí los diseños y desarrollos de las llamadas Guerras de Cuarta y Quinta Generación, centradas en las vertientes de baja y mediana intensidad y en la coordinación y combinación de una diversidad de guerras preventivas y ofensivas, antes de recurrir a las guerras convencionales de alta intensidad y a sus medios destructivos ultramodernos, incluida la guerra nuclear.
Nos referimos a las guerras financieras, económicas, comerciales, mediáticas, psicológicas, cibernéticas, biológicas, paramilitares… muchas veces combinadas; en la que se mezclan lo particular y lo integral con diversas intensidades, incorporando en su Quinta Generación la conquista de las mentes, el dominio del pensamiento individual, sectorial, grupal y colectivo.
Rescatemos todo lo acumulado en materia de análisis y propuestas alternativas a los contenidos ultra reaccionarios del Código Penal, al dominio patriarcal, a las causas de la crisis ambiental, a la descomposición del capitalismo imperialista y al sistema institucional y sus bases jurídica-políticas imperantes.
Para lanzarlo al escenario de las batallas de ideas
3.-Está en marcha un periodo de contrarreformas.
Todo indica que la orientación fundamental del continuismo contempla mantener el estatus quo esencial y tratar de imponer nuevas contrarreformas en dirección a una fase más drástica del dominio neoconservador.
Eso nos plantea la urgencia de acelerar la línea de reactivación y politización de los movimientos y de las luchas sociales, junto a una oportuna elaboración de propuestas de reformas puntuales alternativas y de transformaciones estructurales que enfrenten las contrarreformas
Las contrarreformas son favorecidas por las características ultraconservadoras y la profundización de la degradación ético-moral del pasado Congreso y del electo el pasado 19 de mayo, este último dominado aplastantemente por el PRM, su gobierno y sus aliados.
Eso no excluye algunos adornos para oxigenar el dominio opresivo, pero ya comenzaron a plantearse las contrarreformas, como lo revela el draconiano proyecto de Código Penal, aprobado en preliminarmente en el Congreso saliente; ya el FMI está acompañando las propuestas gubernamentales en el tema fiscal.
Esos vientos reaccionarios podrían ser reforzados en el seno del actual congreso en materias como la constitucional, fiscal, salud y seguridad social y código laboral. Vale, por tanto, insistir…HACIA ATRÁS, JAMÁS; HACIA ADELANTE, SIEMPRE, ¡NO MÁS DESIGUALDADES, PENURIAS Y NEGACIÓN DE DERECHOS Y SOBERANÍA! ¡A LAS CAL
Septiembre/RD
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
……………………………………………………..
El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.