Opinión
Frente al nuevo periodo del régimen Abinader-PRM en Rep. Dominicana
Por Narciso Isa Conde
1.-El curso del proceso dominicano ha sido impactado por la crisis de decadencia del capitalismo imperialista.
El Estado y la sociedad dominicana ha estado sometidos al impacto de la multi crisis de decadencia del capitalismo imperialista, a sus derivadas neoliberales-privatizadoras (sumamente intensificadas) y a la perniciosa influencia del auge neofascista, con una alta dosis de populismo ultra conservador no debidamente contrarrestada.
Al paso del tiempo la multicrisis local muestra escandalosas desigualdades sociales y carencias que impactan todas las políticas públicas del régimen establecido.
Está en marcha un neocolonialismo extremo y un intenso intervencionismo económico, político, militar y cultural en el país y toda la isla.
El vecino Haití está bajo el impacto de una nueva intervención militar, que compromete a nuestro país y aumenta su vulnerabilidad frente a la estrategia de control militar de EEUU en el Caribe, como frontera imperial.
Crecen el racismo anti haitiano y demás ideologías pro fascistas, que infectan todas las instituciones de estado, sistema de partidos, jefaturas policiales y militares, y cúpulas empresariales
Crecen las privatizaciones, la proliferación de las alianzas Público-Privadas (APP) y Fideicomisos, con fuerte repercusión sobre el patrimonio natural del país, sobre su crisis ambiental, su recurso agua y la salud del país.
La crisis de salud se expresa con un notable incremento de las enfermedades, estimulado por una pésima alimentación (deficitaria en nutrientes y además tóxicas) y deformado por una alta dependencia de medicamentos con muchos efectos secundarios nocivos.
Prosigue la estafa parasitaria de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)y las Administradoras de Pensiones (AFP) privadas como mecanismos en favor de privatización de la salud y la seguridad social, Todo esto en el marco de un sistema que desprecia la prevención, fomenta el negocio y fracciona los servicios en lugar de integrarlos.
Alarma el avance de la educación confesional religiosa y del negocio privado en el sector, relegando la enseñanza laica y el carácter social del ejercicio de ese derecho.
Igual se ha impuesto una educación que niega el derecho a pensar, mutila y deforma la memoria histórica y reproduce tanto el pensamiento conservador como una cultura acrítica y banal.
El peso de dictadura mediática degradante impuesta por el gran capital y una programada alienación cultural de matriz ultra conservadora y promotora del consumismo y las banalidades, han provocado graves distorsiones en la manera de pensar y en el proceder de amplios sectores de las nuevas generaciones.
El turismo dependiente y depredador ha diezmado los manglares y violado impunemente innumerables áreas protegidas. Se habla de sus glorias, pero no de sus costosos daños.
La minería destructiva, la depredación de los ríos por los carteles de la construcción, las continuas violaciones a las áreas protegidas, han disfrutado de absoluta impunidad, con sus funestas consecuencias.
La crisis ambiental, con su vertiente de crisis de agua, se ha tornado en una amenaza contra la vida de la sociedad dominicana y de la isla.
La violencia de género y la negación de derechos a las mujeres dominicanas y las inmigrantes siguen siendo protegidas por el poder establecido y pretende ser reforzada en el nuevo código penal, junto a otras aberraciones conservadoras.
Las ideas que nutren el neofascismo avanzan en el estado y su gestión, en el sistema de medios de comunicación y en el sistema de partidos, y ameritan un estudio que posibilite una respuesta contundente y un plan para desmontarlas. Igual que la manera como las ultraderechas reemplazan la verdad sobre las izquierdas y como las estigmatizan para predominar
2.-Perspectivas del continuismo.
Estamos ante esta desastrosa realidad y ante la continuidad del régimen del Partido Revolucionario Moderno (PRM) presidido por Luis Abinader y controlado directamente por EEUU y las elites capitalistas, con perspectivas de una gestión gubernamental y estatal peor en todos esos aspectos.
La política exterior seguirá bajo el mando de la Casa Blanca y del PENTÁGONO-OTAN, con el extra que le puede imprimir un mayor despliegue de sus capítulos de guerra en la región y el auge de su fascistización de la política al interior de EEUU y la UE, y fuera de sus fronteras.
Venezuela, por ejemplo, pasa a ser escenario de una nueva fase de ese despliegue
Los acontecimientos recientes en ese hermano país dan inicio a un periodo más duro e intenso de la guerra integral contra los procesos de autodeterminación en la región y de empleo a fondo, por EEUU y sus aliados de la extrema derecha, especialmente del eje fascistoide a nivel continental: Milei, Noboa, Bukele, Bolsonaro, Buluarte, Kast, Murillo… A esa turbia misión se ha sumado el régimen de Abinader-PRM.
En otro plano, aquí continuará operando un sistema político-electoral con bases constitucionales, legales, reglas de juego y mecanismo que en sí mismos constituye un GRAN FRAUDE. Mientras las fuerzas de la represión están siendo sometidas una renovación tecnológica a cargo de EEUU e Israel
La mentalidad empresarial capitalista, lejos del humanismo y de la responsabilidad de satisfacer necesidades vitales de la sociedad, seguirá dominando la gestión del gobierno y del Estado
Un presidente empresario, una Vice también y los principales ministros por igual, gobierno y partido de gobierno asaltado directamente por el gran capital y sometido a la estrategia político-militar de EEUU…no pueden dar otro producto.
La carestía se ha tornado agobiante y tiende a agravarse.
El endeudamiento es una carga pesada y contraria al bienestar social que no cesa de crecer.
En nuestro caso la modalidad de la guerra de V GENERACIÓN tiene un fuerte énfasis mediático-ideológico débilmente enfrentado y va a ser empleada en mayor escala para agredir y limitar las potencialidades de cambio y de resurgimiento de fuerzas de vanguardia y transformadora. La misma habrá de intensificarse.
Ha crecido la desconfianza en el régimen, dadas las evidencias de sus fuertes parecido a los gobiernos anteriores.
Abinader, gobierno y PRM han entrado a una fase inicial de la caída de popularidad con actitudes cada vez más represivas. La reforma policial es una falacia.
Nada de eso va a cambiar, todo esto tiende a agravarse en este nuevo periodo.
Dentro de la actual órbita mundial y las coordenadas locales en que se mueve este gobierno, no son tiempos de reformas, sino de contra reformas.
Las habladurías sobre reformas es un gran teatro, otra farsa montada por los adictos al sistema y sus fantasías mercadológicas; o por los ingenuos que siempre fallan de buena fe. Desde el poder se habla de reformas para imponer nuevas contrarreformas.
A partir de las votaciones presidenciales y congresuales, el régimen de Abinader-PRM pasó a controlar absolutamente todos los poderes institucionales del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una fuerte impronta ultra conservadora, reforzada en los contenidos de las recientes campañas electorales y en los resultados obtenidos.
La mayoría aplastante del PRM y sus aliados, no favorecen reformas sociales y políticas progresivas en vertientes como reforma fiscal, laboral, seguridad social, eléctrica, latifundio, monopolios, oligopolios, régimen de propiedad, soberanía y autodeterminación, medio ambiente, relaciones de género y derechos de la mujer, sistema electoral y de partidos, alimentación, salud y seguridad social, política exterior, sistema eléctrico, relaciones obrero-patronales, y vínculos con el resto del mundo… Miren el código penal !!
Existe una alta probabilidad que todo lo malo retenido por las exigencias populistas de la reelección, se despliegue a partir de la conformación de la “nueva administración”, muy parecida a la anterior.
Preparémonos para enfrentar esas perspectivas y crear poder popular y propuestas alternativas, potenciando los esfuerzos en dirección a un PROCESO CONSTITUYENTE que cambie todo lo que es imperioso cambiar.
Preparémonos también para contrarrestar las modalidades y expresiones de las guerras de IV y V GENERACIÓN en esta región y esta isla contra todo lo que sea ejercicio popular de autodeterminación y soberanía, así como sus despliegues preventivos destinado a reforzar el dominio neocolonial en todos los órdenes, incluido el militar.
La guerra en general es un componente permanente de la dominación capitalista-imperialista y de sus acciones, en constante mutación.
De ahí los diseños y desarrollos de las llamadas Guerras de Cuarta y Quinta Generación, centradas en las vertientes de baja y mediana intensidad y en la coordinación y combinación de una diversidad de guerras preventivas y ofensivas, antes de recurrir a las guerras convencionales de alta intensidad y a sus medios destructivos ultramodernos, incluida la guerra nuclear.
Nos referimos a las guerras financieras, económicas, comerciales, mediáticas, psicológicas, cibernéticas, biológicas, paramilitares… muchas veces combinadas; en la que se mezclan lo particular y lo integral con diversas intensidades, incorporando en su Quinta Generación la conquista de las mentes, el dominio del pensamiento individual, sectorial, grupal y colectivo.
Rescatemos todo lo acumulado en materia de análisis y propuestas alternativas a los contenidos ultra reaccionarios del Código Penal, al dominio patriarcal, a las causas de la crisis ambiental, a la descomposición del capitalismo imperialista y al sistema institucional y sus bases jurídica-políticas imperantes.
Para lanzarlo al escenario de las batallas de ideas
3.-Está en marcha un periodo de contrarreformas.
Todo indica que la orientación fundamental del continuismo contempla mantener el estatus quo esencial y tratar de imponer nuevas contrarreformas en dirección a una fase más drástica del dominio neoconservador.
Eso nos plantea la urgencia de acelerar la línea de reactivación y politización de los movimientos y de las luchas sociales, junto a una oportuna elaboración de propuestas de reformas puntuales alternativas y de transformaciones estructurales que enfrenten las contrarreformas
Las contrarreformas son favorecidas por las características ultraconservadoras y la profundización de la degradación ético-moral del pasado Congreso y del electo el pasado 19 de mayo, este último dominado aplastantemente por el PRM, su gobierno y sus aliados.
Eso no excluye algunos adornos para oxigenar el dominio opresivo, pero ya comenzaron a plantearse las contrarreformas, como lo revela el draconiano proyecto de Código Penal, aprobado en preliminarmente en el Congreso saliente; ya el FMI está acompañando las propuestas gubernamentales en el tema fiscal.
Esos vientos reaccionarios podrían ser reforzados en el seno del actual congreso en materias como la constitucional, fiscal, salud y seguridad social y código laboral. Vale, por tanto, insistir…HACIA ATRÁS, JAMÁS; HACIA ADELANTE, SIEMPRE, ¡NO MÁS DESIGUALDADES, PENURIAS Y NEGACIÓN DE DERECHOS Y SOBERANÍA! ¡A LAS CAL
Septiembre/RD
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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