Opinión
Fructífera colaboración en la isla
Por Juan Bolívar Díaz
Los acuerdos alcanzados en la primera reunión entre el presidente Luis Abinader y su contraparte de Haití, Jovenel Moise, comunicados por el canciller Roberto Alvarez, constituyen un paso firme hacia el establecimiento de un marco de intercolaboración llamado a rendir frutos para las dos naciones que comparten la isla de Santo Domingo, por lo que merecen la más positiva ponderación.
Se requiere un gran apoyo nacional para que el gobierno se enfoque en la dirección de los acuerdos anunciados, y no queden como otra declaración de buenas intenciones, como ha ocurrido en múltiples ocasiones anteriores. Para ello será preciso una firme reactivación de la comisión bilateral reiteradas veces ratificada.
El Gobierno dominicano se ha comprometido en un cambio substancial de política frente a Haití, convencido de que la inter colaboración en el marco de las relaciones de los dos Estados, es muy conveniente para ambos, porque así como constituimos dos naciones soberanas también estamos atados para compartir un limitado espacio isleño, sin ninguna posibilidad de expansión ni modificación, que no sea por una descomunal catástrofe.
Toda la sociedad dominicana, especialmente los llamados a orientar a la ciudadanía, debería dejar atrás el discurso agraviante y el mito absolutamente infundado de la fusión de las dos naciones, porque nadie ha podido aportar una sola fuente seria o responsable de algo tan descabellado. No se conoce un solo documento o propuesta de las naciones o personas a las que frecuentemente se acusa de promoverla.
Lo que procede es buscar acuerdos beneficiosos para ambas partes, asumir que Haití tiene grandes retrasos económicos, sociales e institucionales, y tratar de ayudar a que los supere, sin estar restregándoselos en los ojos. El progreso haitiano es fundamental para reducir la presión migratoria que es común en todas las fronteras del mundo, de un país menos desarrollado, al vecino. Pero aún si no existiera esa presión, como quiera estaríamos llamados a la política del buen vecino, a la solidaridad humana.
Como ha dicho el presidente Abinader y ha sido compartido por la generalidad de la opinión pública, no hay solución dominicana para los problemas y retrasos haitianos, pero también que debemos dar ejemplo de intercolaboración para tener la calidad moral de reclamar al resto del mundo la siempre prometida ayuda al desarrollo de la primera nación independiente de América Latina, pionera en la abolición de la esclavitud, digna de mejor suerte.
La declaración conjunta es consecuencias de iniciativas dominicanas, que incluyeron una visita del canciller Alvarez a Haití, reciprocada por su homónimo, y el encuentro del fin de semana entre los dos mandatarios, que han consignado “la voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos países, intercambiar experiencias, especialmente en estos tiempos de pandemias, y fortalecer la cooperación y las posibles oportunidades de desarrollo”. Siempre en el marco de “respeto a la soberanía que caracterizan las relaciones entre las dos naciones”.
Los acuerdos anunciados comienzan con la ayuda para que los haitianos en el país que carezcan de documentación puedan acceder al registro civil de Haiti. De hecho esos debieran ser regresados a su país, porque no están amparados por el Registro Nacional de Inmigrantes, del que por eso quedaron excluidos. Incluyen nuevos esfuerzos para “eliminar el flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, el narcotráfico y el robo de ganado”. Igual reforzar la seguridad y la vigilancia fronteriza y delimitar la frontera marítima.
Positivo es también el propósito de colaboración en los ámbitos de salud, y promover la ayuda internacional para la construcción de hospitales en Haití, fomentar la producción de productos biodegradables, propiciar interconexiones eléctricas y justos acuerdos comerciales, de alto interés para los exportadores dominicanos.
Despojémonos de prejuicios y demos paso a una etapa constructiva en esta isla. Es lo más conveniente e imperativo para las dos naciones.-
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.