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Fuego cruzado que mella credibilidad del Ministerio Público y que impacta negativamente su propósito.
Por Elba García
El Ministerio Público parece estar sometido a confrontaciones internas atizadas por sectores que no pertenecen a ese órgano persecutor del crimen, cuya salida a la superficie se produjo a propósito de la destitución del inspector del mismo, el magistrado Juan Medina, quien se dice que es un protegido de la procuradora adjunta Jenny Berenice Reinoso.
No existe la certeza de que las cosas sean como se ha difundido, sobre todo en lo que respecta a la comisión de algunos abusos en contra de fiscales de todo el territorio nacional, pero lo cierto es que el Ministerio Público anda manga por hombro, donde el ciudadano no tenia o no tiene garantía de que cualquier caso se maneje en función del mandato de la ley.
Son muy cuantiosos los casos que se quedan en las gavetas por la negligencia, irresponsabilidad, ignorancia y hasta complicidad de fiscales de todo el país y podría decirse que ello prácticamente ha arruinado la credibilidad de este órgano frente al ciudadano común, cuya única razón para ser ponderado positivamente el Ministerio Público tiene que ver con los megas casos que involucran a exfuncionarios del pasado gobierno.
El magistrado Medina ha sido acusado de incluso realizar inspecciones que representan un atropello en contra de muchos de sus colegas, pero el hecho de que la figura jurídica del archivo definitivo de aquellos casos que no responden a los intereses de los fiscales que no han ido al Ministerio Publico conscientes de su responsabilidad frente a la sociedad, podrían constituir una arma de doble filo para lograr la destitución de cualquier funcionario que busque actuar correctamente.
Sea o no como se ha dicho, sobre todo a partir del proceso iniciado por el inspector del Ministerio Publico en contra de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, lo cierto es que fueron muchas las informaciones que establecían un vinculo especial de ésta con el procesado Jean Alain Rodríguez, quien prácticamente la designó en la posición y que ella defendió públicamente.
Todo el que ha estado cerca del Ministerio Publico sabe que los fiscales manejan los casos a favor de los intereses que consideren más acorde con su visión de vida y su conducta ética, lo cual es una de las causas que provocan que los casos caminen o se queden en una fase de investigación fallida o no hecha.
El asunto es tan grave que a pesar de denuncias en contra de algunos fiscales, que incluso tienen montados negocios de cobro de dinero hasta para el otorgamiento de la fuerza cuando se trata de la ejecución de un título auténtico, en cuyo proceder mantienen una sociedad pecuniaria en violación de las normas jurídicas con miembros de la alta jerarquía de la Policía Nacional, en la que esos magistrados se prestan hasta para boicotear cualquier proceso de embargo ejecutivo en violación de la Ley 396-19.
Otro factor que genera preocupación y dudas sobre el proceso de adecentamiento del Ministro Público con la llegada de Miriam Germán Brito a la Procuraduría General de la República es el hecho de darle un papel protagónico a fiscales, especialmente de Santiago, que cuando ocuparon posiciones importantes en este órgano no tuvieron la mejor de las actuaciones, como por ejemplo Luisa Liranzo e Isabel Santos, ambas vinculadas por amistad con Jenny Berenice Reynoso.
Esas actuaciones en los sonados casos de los últimos dos años de los cuestionados fiscales dejó claro que todos ellos eran protegidos de Jenny Berenice Reinoso, quien había presidido el Ministerio Publico en el Distrito Judicial de Santiago, lo cual indica que había una persecución selectiva de aquellos magistrados cuestionables
Todo ello trajo muchas preguntas sin respuestas y ahora que se habla de abusos en contra de fiscales, habría que ver cuál es su conducta sobre los hechos criminales que se producen en su jurisdicción, como el narcotráfico y los feminicidios, principalmente, en los que hay mucha tela por donde cortar.
El otro escándalo que pone en entredicho la unidad que debe primar en el Ministerio Público son las supuestas diferencias que se han producido entre Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso sobre el manejo procesal del caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, lo cual puede devenir en un conflicto de una dimensión que lesione la poca credibilidad que ahora tiene este órgano persecutor del crimen.
Este conflicto de tomar cuerpo, sobre todo estimulado por aquellos que siempre buscan el fracaso de aquellas gestiones que sirven de soporte a las políticas dirigidas al adecentamiento de la administración pública y actividades privadas que dañan la moral y la ética que debe primar en los diferentes sectores que conforman la vida nacional, representa una amenaza para que fracasen los serios esfuerzos que se han hecho en esta materia en la República Dominicana.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.