Opinión
Fuertes desafíos políticos y económicos en 2020, por elecciones y nuevo gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
Las debilidades institucionales determinan, una vez más, que las elecciones generales se constituyan en una nueva prueba para la estabilidad política y económica de la República Dominicana, obligando a los segmentos más influyentes de la sociedad civil a actuar como moderadores para evitar un desmadre del proceso.
Las perspectivas apuntan hacia un cambio del partido que ha gobernado el país en los últimos cuatro periodos y en 20 de 24 años, lo que implicaría importantes reformas políticas y económicas para apuntalar la institucionalidad democrática y garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo nacional, extendiéndose por todo el nuevo año 2020.
¿Elecciones democráticas?
La República afronta el reto de unas elecciones municipales dentro de sólo 5 semana, y una presidenciales y congresuales tres meses después, como siempre con las interrogantes de si quienes detentan el dominio de casi todo el Estado y gran parte de las entidades sociales, permitirán la competencia democrática, bajo los principios de “libertad, transparencia, equidad y objetividad” que instituyen los artículos 211y 212 de su Constitución.
Eso no debería estar en discusión, pero la irrupción del gobierno con todos los recursos del Estado en las elecciones, incrementada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mantiene incertidumbres sobre la limpieza electoral, y si alcanzó niveles sin precedente en el 2016, cuando las encuestas adelantaban una cómoda victoria de la reelección del presidente Danilo Medina, hay razones para temer peor abuso del Estado, tras la división de su partido y ahora con resultados muy desfavorables en las investigaciones.
Si involucraron a casi todos los altos funcionarios en la elección del candidato presidencial del PLD, para favorecer al delfín del presidente Medina, con casi monopolio de la publicidad, pocos dudan que será peor cuando se trate de mantener el control del Estado. Hace 4 años 39 ministros y altos funcionarios salieron al territorio a dirigir la campaña electoral peledeísta, y designaron 33 mil empleados temporeros. En ministerios como Educación y Obras Públicas multiplicaron hasta 13 veces el gasto en viáticos, ayudas y donaciones, aparte de decenas de miles de dirigentes y militantes empleados fijos del Estado y miles colocados por legisladores, gobernadores, dirigentes municipales y locales.
La inequidad en la propaganda política marcó hasta un 80 por ciento en favor de las candidaturas peledeístas, mientras el gobierno duplicó su gasto publicitario y, con el control total de los órganos electorales, ignoró todo reclamo de los partidos opositores, así como las denuncias periodísticas y de la observación electoral de Participación Ciudadana.
Reto del equilibrio fiscal
Entre los retos que trascienden el mero interés electoral se cuenta el evitar el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral, lo que en el 2012 alcanzó la desmesura de más de 150 mil millones de pesos, como déficit fiscal del gobierno central, que junto al del Banco Central y otras entidades autónomas se llegó a estimar en 200 mil millones de pesos, un 8 por ciento entonces del PBI.
La “inversión política” del 2012 fue varias veces mayor que los 40 mil millones de pesos que el presidente Leonel Fernández anunció, en Nueva York, en noviembre del 2011, que gastaría para garantizar el triunfo de Danilo Medina, cuando las encuestas lo situaban hasta 16 puntos por debajo de Hipólito Mejía, entonces candidato presidencial por el PRD. Logró superarlo 51 a 47 por ciento.
Hace cuatro años, en el 2016, el desbordamiento fue menor, 34 mil millones de pesos de déficit entre enero y abril, cuando las encuestas indicaban hasta el 61 por ciento de preferencias por la reelección de Medina, con que fue reelecto, frente a 35 por ciento de Luis Abinader, por el recién constituido Partido Revolucionario Moderno.
Esta vez los temores por el desbordamiento fiscal en la campaña electoral son mayores por los signos de preocupación derivados del conflictivo escenario internacional, incluyendo una reducción del crecimiento económico, drástica en América Latina, que fue significativa también en el país en el último año, de 7 al 5 por ciento del PIB, con una fuerte caída del turismo, que llegó a perder hasta 60 por ciento de las reservas para la actual temporada y el próximo año, aunque recuperó la mitad en el último trimestre. Este año trae mayores dificultades a sectores productivos por nuevas desgravaciones que impone el TLC con Estados Unidos.
La responsabilidad social
Al no estar en juego la reelección presidencial, los temores por el desbordamiento fiscal deberían ser menores, pero el peledeísmo hace tiempo convirtió en “principio político” que el poder no se cede y hay que utilizarlo en la dimensión que sea posible en aras del partido. En el 2012 no estaba en juego una reelección del presidente y no se había producido la división del año pasado.
Los temores por la calidad democrática del actual proceso electoral han pasado de los partidos políticos a importantes segmentos sociales, incluyendo empresariales, sobre todo porque tras la división del PLD en octubre pasado, el presidente Medina proclamó en un discurso que con lo que quedaba de su partido “yo voy a ganar las elecciones”. De ahí el Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral” emitido al comenzar diciembre y que ha nucleado al Foro Ciudadano y decenas de organizaciones sociales, religiosas, académicas, gremiales y a connotados líderes empresariales, comunicadores e intelectuales.
El esfuerzo ha incluido a dos obispos y los rectores de las dos universidades católicas que operan en Santo Domingo, así como a dirigentes del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, y de instituciones como el Centro Social Juan XXIII y Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana y otras. Ya han visitado la Junta Central Electoral, expresando su preocupación por “las prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.
La presión ciudadana por el ejercicio de la real democracia encuentra mejores perspectivas esta vez por nuevos mandatos legales que procuran la equidad y transparencia, por órganos electorales más independientes, y por las convicciones generalizadas de que la repetición de las iniquidades e inequidades del 2016, esta vez conllevarían mayores riesgos de desestabilidad por el hastío generado por un prolongado dominio político. Hace 4 años los partidos de oposición rechazaron reconocer la legitimidad del proceso electoral.
Alternabilidad democrática
Al comenzar el año las percepciones generalizadas indican la posibilidad de una alternabilidad de partido gobernante, lo que en una democracia, aún de mediana intensidad, no debería causar incertidumbres, cuando históricamente está demostrado aquí y en todo el mundo que la prolongación de los gobernantes corroe la institucionalidad democrática..
Aquí y ahora son pocos los que discuten que la ciudadanía está mostrando evidencias de fatiga y hastío frente al dominio peledeísta, y que su prolongación luce remota tras la división del PLD que originó un tercer polo electoral encabezado por su ex-presidente y líder Leonel Fernández, y se reconoce el auge del principal partido de oposición y su candidato presidencial Luis Abinader.
Con cinismo político o vergüenza ajena, lo que muchos discuten es si el presidente Danilo Medina permitirá su desplazamiento del poder. Sobreestiman el presidencialismo, como lo hicieron durante más de dos años cuando el actual mandatario, con todo el poder del Estado, se empeñó en buscarse una nueva reforma constitucional para prolongarse. Tras ese fracaso parecería más difícil lograrlo a través de un delfín que no acaba de mostrar mayores méritos políticos que representar la confianza y continuidad de Medina.
A veteranos observadores, el proceso de desgaste del gobierno y las circunstancias nacionales e internacionales que le desfavorecen, les recuerdan el proceso de 1978 cuando se decía que no había forma de vencer el dominio político, económico y militar-policial que ejercía el presidente Balaguer. Resultó traumático pero se alcanzó, y con un candidato como Antonio Guzmán que carecía de habilidades discursivas y expresiones programáticas, aunque suplidas por el entonces líder del PRD José Francisco Peña Gómez. Guzmán como Abinader era un empresario, centrista y con grandes habilidades para la negociación política.
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Una pesada herencia financiera
El gobierno que resulte de las elecciones de mayo recibirá una pesada herencia fiscal, y estará obligado a producir de inmediato importantes cambios de políticas para mejorar substancialmente el gasto público, reduciendo el clientelismo, la malversación, la corrupción y el dispendio, a fin de legitimarse para el pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que el presidente Medina ha evadido apoyándose en un galopante endeudamiento que duplicó la deuda consolidada del Estado.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, al igual que los centros de investigación económica nacional, han coincidido en la necesidad de poner límites a más de una década de déficits fiscales consecutivos, para garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación. Quien llegue a gobernar en agosto y pretenda desconocerlo, se arriesga a que la bomba le explote en las manos.
Según últimos informes del FMI la deuda consolidada del Estado compromete ya el 54.6% del PIB, pero el economista dominicano Apolinar Veloz, con experiencia de fiscalizador del mismo organismo, la lleva hasta el 60%, al sumar compromisos no registrados por el Ministerio de Hacienda, que la mantiene en 46 mil millones de dólares y por debajo del 50% del PIB.
El presupuesto del 2020 conlleva un déficit por $96 mil millones. El pago de intereses implica casi la cuarta parte de los ingresos fiscales. Por amortización de capital e intereses de la deuda externa habrá que pagar este año US$ 2 mil 508 millones, equivalentes a $130 mil 416 millones. y de deuda interna otros $136 mil 566 millones, para totalizar $266 mil 982 millones, el 36% de los ingresos ordinarios estimados en 750 mil 800 millones de pesos.-
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Opinión
Cerca de US$50 mil millones en costo financiero de la deuda: ¿qué país construimos a cambio?
Por Isaias Ramos
Hay cifras capaces de desnudar décadas de discurso económico.
Cerca de US$50 mil millones.
Esa es la magnitud que arroja nuestra reconstrucción del costo financiero de la deuda del Gobierno Central dominicano entre 2004 y 2026, utilizando las ejecuciones oficiales de DIGEPRES hasta 2025 y lo presupuestado para 2026.
No estamos incluyendo amortización de capital.
Entre 2004 y 2025, las cuentas públicas registran aproximadamente RD$2.285 billones en la clasificación funcional de intereses y comisiones. Incorporando el presupuesto de 2026 y convirtiendo cada año a dólares, el acumulado se aproxima a US$50 mil millones, con variaciones según la clasificación financiera y el tipo de cambio utilizados.
La cifra adquiere una dimensión extraordinaria frente a las necesidades fundamentales que todavía enfrenta nuestra nación.
Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021 estimó entonces en US$32,175 millones las inversiones necesarias hasta 2030 para atender importantes brechas dominicanas en agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y transporte.
¡La factura financiera reconstruida equivale aproximadamente a una vez y media aquella estimación de infraestructura!
Son magnitudes de períodos y bases de precios diferentes, no recursos automáticamente intercambiables. Pero su contraste revela la escala del costo financiero y obliga a examinar nuestras prioridades.
La cuestión no es atribuir obras al pago de intereses, sino determinar si el endeudamiento que originó esa factura produjo beneficios económicos y sociales suficientes para justificar su costo.
¿Qué país construimos a cambio de semejante factura?
Durante décadas, el debate sobre la deuda pública ha girado alrededor de un indicador que, presentado aisladamente, puede transmitir una tranquilidad injustificada: la relación deuda/PIB.
El indicador es legítimo, pero insuficiente.
El PIB mide el tamaño de la economía, no los ingresos fiscales disponibles. Los intereses deben financiarse con ingresos públicos o nuevo endeudamiento, comprometiendo capacidad fiscal presente o futura.
Para 2026, DIGEPRES presupuestó RD$324,257 millones en intereses bajo la clasificación económica, equivalentes al 26.2% de los ingresos tributarios previstos. La clasificación funcional más amplia alcanza RD$362,550 millones, equivalentes al 29.3%, pero incorpora conceptos adicionales asociados al Banco Central que no deben confundirse con intereses estrictos.
De cada RD$100 proyectados en impuestos, aproximadamente RD$26 equivalen solamente a intereses. Y todavía falta amortizar capital.
Mientras tanto, el FMI ha advertido que una inversión pública cercana al 2.5% del PIB continúa siendo insuficiente para atender nuestras necesidades de infraestructura y desarrollo.
Hemos desarrollado una enorme capacidad para financiar obligaciones, mientras persisten profundas deficiencias en los servicios esenciales que deberían sostener el bienestar y la productividad nacional.
El proyecto presupuestario de 2027 añade otra dimensión: contempla RD$351,327 millones en intereses y RD$44,556 millones para recapitalizar el Banco Central. Aunque son obligaciones contables diferentes, su suma ronda RD$396,000 millones, superando la asignación proyectada para el Ministerio de Educación, que no representa la totalidad del gasto educativo nacional.
La deuda convencional tampoco cuenta toda la historia.
En 2024, RD Vial registró RD$5,624 millones en intereses devengados, frente a RD$6,576 millones de resultado operativo. Su costo financiero equivalió al 85.5% de ese resultado contable, aunque no necesariamente del efectivo disponible.
Este caso plantea preguntas que deben extenderse a los demás fideicomisos públicos, empresas estatales, garantías y contratos de largo plazo:
¿Cuánto deben? ¿Qué ingresos futuros tienen comprometidos? ¿Qué patrimonio han creado? ¿Qué beneficios económicos y sociales concretos aportan a la nación?
Porque la responsabilidad fiscal no consiste solamente en demostrar capacidad de pago.
Consiste también en demostrar qué recibe la sociedad a cambio de las obligaciones que asume.
Frente a esta realidad, la respuesta nacional no puede limitarse a denunciar el pasado ni continuar administrando sus consecuencias.
Gobierno y oposición deberían presentar programas fiscales cuantificados, sometidos al escrutinio público, que expliquen cómo reducirán sostenidamente el costo del endeudamiento sin sacrificar inversión productiva ni servicios esenciales.
República Dominicana necesita un compromiso de Estado de 18 años, desde 2027 hasta 2044, bicentenario de nuestra Independencia Nacional.
No proponemos deuda cero. Proponemos una deuda baja, sostenible y manejable, acompañada de equilibrio fiscal estructural, fortalecimiento de la recaudación, revisión de privilegios injustificados, eficiencia del gasto y recuperación legal del patrimonio público.
El endeudamiento debe orientarse principalmente hacia inversiones cuya rentabilidad económica o social justifique sus costos y riesgos, preservando excepciones transparentes para emergencias.
La transformación exige compromisos verificables: para 2030, publicar un balance fiscal ampliado y establecer una trayectoria plurianual de reducción del déficit estructural; para 2035, evaluar las metas legales de deuda y la presión de intereses sobre ingresos; para 2040, comprobar avances en inversión productiva, reducción de deuda y servicios esenciales; y para 2044, evaluar los resultados de sostenibilidad fiscal y fortalecimiento patrimonial.
Las metas deberán sustentarse en proyecciones públicas de ingresos, gastos, balance primario, deuda e inversión, bajo escenarios económicos favorables, centrales y adversos, con revisiones periódicas y evaluación independiente.
Hacienda deberá publicar sus resultados anualmente; el Congreso ejercer su función fiscalizadora y los organismos de control verificar su cumplimiento. La transición deberá preservar la estabilidad económica y la protección social.
Deuda para crear patrimonio, no para perpetuar déficits.
Después de una factura financiera cercana a US$50 mil millones, no basta con celebrar nuevas emisiones de bonos.
Obtener crédito no demuestra que se haya creado riqueza. Refinanciar no equivale a reducir deuda. Y crecimiento económico no garantiza desarrollo.
Las generaciones que todavía no han nacido heredarán consecuencias de decisiones que nunca tomaron.
Que en 2044 República Dominicana no celebre solamente dos siglos de independencia política, sino también una nueva etapa de autonomía fiscal y económica.
Porque la verdadera independencia también consiste en que el país que entreguemos a nuestros hijos valga más que la deuda que les dejamos.
Por Oscar López Reyes
En la réplica y amplificación con la rapidez más impresionante, la Inteligencia Artificial (IA) crea y reproduce un alto porcentaje de datos incorrectos, imprecisos, desactualizados e inexistentes, muchos de ellos memorables y que, aunque no reconoce sus inexactitudes y falsedades, tampoco exclama: ¡oh, excúsame! ¡Muchas gracias! Lógico que así sea, porque no comprende y carece de la aptitud y el talento para interpretar la información, ya que no piensa y opera condicionada con la probabilidad estadística y no basada en el razonamiento humano crítico y profundo.
El panorama de la información digital ha sido transformado por la IA, la cual desempeña un papel central en la producción y el ensanchamiento de la alteración intencional de una proporción sin precedentes. Esta tecnología permite la difusión multitudinaria de contenido sintético de textos compendiados, a bajo costo, desafiando la integridad de la vida cotidiana y la participación democrática.
¿Cuáles son las desventajas y riesgos críticos asociados a la IA?
1.- Producción de desinformación y deepfakes: La IA permite generar videos y audios sintéticos que copian con gran precisión a las personas reales, que se utiliza para distorsionar la realidad y manipular la opinión pública.
2.- Alucinaciones y falta de veracidad: Los modelos de lenguaje suelen engendrar información que parece coherente y gramaticalmente correcta, pero que contiene hechos totalmente inciertos o inventados, que los convierte en fuentes de información poco confiables.
3.- Bots para distorsión social: Los bots (programas de software automatizados en internet) impulsados por IA emulan el comportamiento humano para construir una ficticia sensación de consenso (astroturfing), amplificar narrativas polarizadoras y acosar a usuarios con opiniones divergentes.
4.- Fraude con identidades sintéticas: La tecnología permite diseñar rasgos amañados con rostros y voces realistas para cometer estafas financieras y suplantar la identidad de figuras públicas o ejecutivos.
5.- Microsegmentación y torcida psicológica: La IA analiza trazos de datos para enviar mensajes de propaganda personalizados que explotan los sesgos y temores específicos de los individuos a una escala industrial.
6.- Riesgos graves para la salud mental: Han sido acreditados temas en los cuales chatbots de IA han ofrecido consejos peligrosos, llegando incluso a sugerir métodos de suicidio a personas en situaciones vulnerables.
7.- Asesoría médica incorrecta: Estudios indican que los consejos de salud proporcionados por chatbots suelen ser incompletos, incorrectos o carecen del contexto necesario, lo que puede llevar a diagnósticos equivocados.
8.- Sesgos y discriminación algorítmica: Muchos sistemas de IA están entrenados con conjuntos de datos limitados o sesgados, lo que puede provocar que la tecnología ignore a grupos minoritarios o perpetúe prejuicios sociales.
9.- Privacidad y protección de datos: El funcionamiento de la IA requiere el procesamiento de grandes volúmenes de datos personales, lo que a menudo entra en conflicto con las leyes de privacidad (como el GDPR) y expone a los usuarios a un rastreo masivo.
10.- Erosión de la confianza pública: La proliferación de noticias falsas y contenido fabricado por IA degrada la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, los medios de comunicación y los procesos electorales.
¿Cuáles son las principales modalidades de desinformación impulsadas por IA?
Primero: Contenido sintético y deepfakes. Entre 2023 y 2024, los incidentes documentados aumentaron aproximadamente un 257 %. Además, solo durante el primer trimestre de 2025 se registraron más incidentes que en todo 2024.
11.- Impacto político: Han sido documentados hechos críticos, como el video falso del presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, pidiendo la rendición en 2022 y audios manipulados en Eslovaquia para sembrar dudas sobre la integridad electoral.
12.- Interferencia electoral: En India, en 2024 fueron utilizados recursos tecnológicos (deepfakes) para superar barreras lingüísticas: líderes políticos aparecieron hablando en videos en idiomas que no dominan, para manipular a diversos grupos étnicos.
13.- Acoso y daño reputacional: La falsificación de multimedia (deepfakes) se ha extendido al acoso personal, como la cuestión de la parlamentaria norirlandesa Cara Hunter, quien fue víctima de pornografía sintética generada para intimidarla.
Segundo: Generación de texto y «fake news».
Los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) pueden producir noticias falsas, en más del 50% de los casos, que los humanos no logran distinguir del periodismo auténtico.
14.- Proliferación de sitios: Para 2024 se identificaron más de 1,200 sitios de noticias falsas generadas por IA, que representa un aumento de diez veces en un año.
15.- Arma política en Brasil: En Brasil, la desinformación creada con IA se triplicó entre 2024 y 2025, pasando de ser mayoritariamente estafas comerciales a convertirse en un arma política con sesgo ideológico en el 45% de los casos analizados.
Tercero: Identidades sintéticas y redes de bots.
La IA facilita la producción de «granjas de troles» altamente convincentes mediante fotos de perfil generadas por redes neuronales (GAN), que no son cónsonos con personas reales.
16.- Automatización Avanzada: Herramientas como «Meliorator» han sido utilizadas por servicios de inteligencia de Rusia para gestionar ejércitos de cuentas falsas en Twitter (X), que imitan comportamientos humanos para difundir propaganda sobre la guerra en Ucrania.
17.- Escala del tráfico: Se estima que el 42% de todo el tráfico web en 2024 fue generado por bots, de los cuales el 65% se clasificaron como maliciosos.
¿Conoce los riesgos críticos y falta de confiabilidad?
La incidencia de la IA no sólo proviene de actores malintencionados, sino de las limitaciones intrínsecas de la tecnología:
18.- Citas y testimonios inventados: El 12 de mayo de 2026, Steven Rosenbaum publicó en Nueva York el libro “El futuro de la verdad: cómo la IA transforma la verdad”, que provocó un escándalo, porque contenía múltiples citas y testimonios alterados o falsos derivados de la inteligencia artificial.
19.- Consejos médicos erróneos: Un estudio de 2026 de la revista científica Nature Medicine reveló que los chatbots de IA no superan a las búsquedas tradicionales en calidad de consejos de salud: el 34% de los usuarios identificaron afecciones correctas, pero los modelos suelen ofrecer información incompleta o inventada («alucinaciones»).
20.- Salud mental y seguridad: En 2025 fueron reportados casos en los cuales chatbots ofrecieron consejos peligrosos, como el de una joven de 17 años refugiada de Ucrania, que residía en Polonia, nombrada Viktoria, a quien el sistema le sugirió métodos para suicidarse, en lugar de brindarle ayuda profesional.
21.- Envenenamiento de datos: La IA es vulnerable a la manipulación de sus fuentes de entrenamiento: bastan 250 documentos maliciosos para corromper un modelo y hacer que genere respuestas desastrosas.
22.- Fraude financiero: La IA ha facilitado esquemas de fraude masivo, como ocurrió en 2024 con Michael Smith, domiciliado en Carolina del Norte, Estados Unidos, que ganó millones creando cuentas falsas y canciones generadas por IA para manipular las reproducciones en plataformas como Spotify y Apple Music.
Anotemos respuestas regulatorias y recomendaciones:
La respuesta global es fragmentada, destacando el acta de IA de la Unión Europea (UE, 2024) con sus mandatos de transparencia, frente a enfoques más específicos en EE. UU. o modelos de censura estricta en China.
Para fortalecer la resiliencia democrática, las fuentes recomiendan un marco de gobernanza basado en cuatro facetas:
23.- Resiliencia cognitiva: Integrar la alfabetización digital y el pensamiento crítico en los currículos escolares para que los ciudadanos detecten manipulaciones.
24.- Cooperación internacional: Establecer una alianza global de seguridad de IA para compartir inteligencia sobre amenazas en tiempo real y armonizar regulaciones entre países 29.
25.- Mecanismos adaptativos: Implementar «sandboxes» (códigos o archivos sospechosos) regulatorios y revisiones periódicas de las leyes (cada 18-24 meses) para no quedar rezagados ante el avance tecnológico.
26.- Auditorías de sesgo: Obligar a realizar auditorías de los conjuntos de datos de entrenamiento para evitar que la IA ignore la desinformación dirigida a grupos minoritarios.
Cierre: La IA actúa como un arma y un escudo en la brega por la verdad. Mientras su capacidad para escalar la mentira crece, su uso responsable en la detección y la educación ciudadana son las únicas vías para proteger la esfera pública digital.
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Referencias bibliograficas:
1.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
2.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Barcelona, España, 2026.
3.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
4.- Inteligencia Artificial. Guía definitiva desde los orígenes a la IA generativa, Adrián González Sánchez y Laura Sánchez Fernández, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2025.
5.- Liderando la era de la IA generativa: Playbook ejecutivo para convertirse en el líder que impulsa la transformación de su empresa, Adrián González Sánchez, Marcombo, Alpha Editorial, Barcelona, España, 2026.
6. Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/.
7. Noticia de Agencia (Agência Brasil). Agência Brasil. (2026, 6 de febrero). Contenidos falsos creados con IA se triplican entre 2024 y 2025.,.
8. Reportaje periodístico (El Nacional / BBC). Titheradge, N., y Malchevska, O. (2026, 22 de marzo). ¿Por qué ChatGPT aconsejó a una joven rusa suicidarse? El Nacional, p. 7.,.
9. Artículo de opinión/tecnología (Vía Tecnológica). Díaz, R. (s.f.). La IA no es confiable, y esta es la razón. Vía Tecnológica.
10. Artículo sobre salud (The New York Times / Estudio). Rosenbluth, T. (2025, 29 de octubre). Los consejos de salud de los chatbots de IA suelen ser erróneos, según un estudio.
11. Breve de prensa (Fraude con IA). Agencias. (s.f.). Gana millones por fraude con IA.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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