Opinión
Fuertes desafíos políticos y económicos en 2020, por elecciones y nuevo gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
Las debilidades institucionales determinan, una vez más, que las elecciones generales se constituyan en una nueva prueba para la estabilidad política y económica de la República Dominicana, obligando a los segmentos más influyentes de la sociedad civil a actuar como moderadores para evitar un desmadre del proceso.
Las perspectivas apuntan hacia un cambio del partido que ha gobernado el país en los últimos cuatro periodos y en 20 de 24 años, lo que implicaría importantes reformas políticas y económicas para apuntalar la institucionalidad democrática y garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo nacional, extendiéndose por todo el nuevo año 2020.
¿Elecciones democráticas?
La República afronta el reto de unas elecciones municipales dentro de sólo 5 semana, y una presidenciales y congresuales tres meses después, como siempre con las interrogantes de si quienes detentan el dominio de casi todo el Estado y gran parte de las entidades sociales, permitirán la competencia democrática, bajo los principios de “libertad, transparencia, equidad y objetividad” que instituyen los artículos 211y 212 de su Constitución.
Eso no debería estar en discusión, pero la irrupción del gobierno con todos los recursos del Estado en las elecciones, incrementada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mantiene incertidumbres sobre la limpieza electoral, y si alcanzó niveles sin precedente en el 2016, cuando las encuestas adelantaban una cómoda victoria de la reelección del presidente Danilo Medina, hay razones para temer peor abuso del Estado, tras la división de su partido y ahora con resultados muy desfavorables en las investigaciones.
Si involucraron a casi todos los altos funcionarios en la elección del candidato presidencial del PLD, para favorecer al delfín del presidente Medina, con casi monopolio de la publicidad, pocos dudan que será peor cuando se trate de mantener el control del Estado. Hace 4 años 39 ministros y altos funcionarios salieron al territorio a dirigir la campaña electoral peledeísta, y designaron 33 mil empleados temporeros. En ministerios como Educación y Obras Públicas multiplicaron hasta 13 veces el gasto en viáticos, ayudas y donaciones, aparte de decenas de miles de dirigentes y militantes empleados fijos del Estado y miles colocados por legisladores, gobernadores, dirigentes municipales y locales.
La inequidad en la propaganda política marcó hasta un 80 por ciento en favor de las candidaturas peledeístas, mientras el gobierno duplicó su gasto publicitario y, con el control total de los órganos electorales, ignoró todo reclamo de los partidos opositores, así como las denuncias periodísticas y de la observación electoral de Participación Ciudadana.
Reto del equilibrio fiscal
Entre los retos que trascienden el mero interés electoral se cuenta el evitar el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral, lo que en el 2012 alcanzó la desmesura de más de 150 mil millones de pesos, como déficit fiscal del gobierno central, que junto al del Banco Central y otras entidades autónomas se llegó a estimar en 200 mil millones de pesos, un 8 por ciento entonces del PBI.
La “inversión política” del 2012 fue varias veces mayor que los 40 mil millones de pesos que el presidente Leonel Fernández anunció, en Nueva York, en noviembre del 2011, que gastaría para garantizar el triunfo de Danilo Medina, cuando las encuestas lo situaban hasta 16 puntos por debajo de Hipólito Mejía, entonces candidato presidencial por el PRD. Logró superarlo 51 a 47 por ciento.
Hace cuatro años, en el 2016, el desbordamiento fue menor, 34 mil millones de pesos de déficit entre enero y abril, cuando las encuestas indicaban hasta el 61 por ciento de preferencias por la reelección de Medina, con que fue reelecto, frente a 35 por ciento de Luis Abinader, por el recién constituido Partido Revolucionario Moderno.
Esta vez los temores por el desbordamiento fiscal en la campaña electoral son mayores por los signos de preocupación derivados del conflictivo escenario internacional, incluyendo una reducción del crecimiento económico, drástica en América Latina, que fue significativa también en el país en el último año, de 7 al 5 por ciento del PIB, con una fuerte caída del turismo, que llegó a perder hasta 60 por ciento de las reservas para la actual temporada y el próximo año, aunque recuperó la mitad en el último trimestre. Este año trae mayores dificultades a sectores productivos por nuevas desgravaciones que impone el TLC con Estados Unidos.
La responsabilidad social
Al no estar en juego la reelección presidencial, los temores por el desbordamiento fiscal deberían ser menores, pero el peledeísmo hace tiempo convirtió en “principio político” que el poder no se cede y hay que utilizarlo en la dimensión que sea posible en aras del partido. En el 2012 no estaba en juego una reelección del presidente y no se había producido la división del año pasado.
Los temores por la calidad democrática del actual proceso electoral han pasado de los partidos políticos a importantes segmentos sociales, incluyendo empresariales, sobre todo porque tras la división del PLD en octubre pasado, el presidente Medina proclamó en un discurso que con lo que quedaba de su partido “yo voy a ganar las elecciones”. De ahí el Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral” emitido al comenzar diciembre y que ha nucleado al Foro Ciudadano y decenas de organizaciones sociales, religiosas, académicas, gremiales y a connotados líderes empresariales, comunicadores e intelectuales.
El esfuerzo ha incluido a dos obispos y los rectores de las dos universidades católicas que operan en Santo Domingo, así como a dirigentes del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, y de instituciones como el Centro Social Juan XXIII y Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana y otras. Ya han visitado la Junta Central Electoral, expresando su preocupación por “las prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.
La presión ciudadana por el ejercicio de la real democracia encuentra mejores perspectivas esta vez por nuevos mandatos legales que procuran la equidad y transparencia, por órganos electorales más independientes, y por las convicciones generalizadas de que la repetición de las iniquidades e inequidades del 2016, esta vez conllevarían mayores riesgos de desestabilidad por el hastío generado por un prolongado dominio político. Hace 4 años los partidos de oposición rechazaron reconocer la legitimidad del proceso electoral.
Alternabilidad democrática
Al comenzar el año las percepciones generalizadas indican la posibilidad de una alternabilidad de partido gobernante, lo que en una democracia, aún de mediana intensidad, no debería causar incertidumbres, cuando históricamente está demostrado aquí y en todo el mundo que la prolongación de los gobernantes corroe la institucionalidad democrática..
Aquí y ahora son pocos los que discuten que la ciudadanía está mostrando evidencias de fatiga y hastío frente al dominio peledeísta, y que su prolongación luce remota tras la división del PLD que originó un tercer polo electoral encabezado por su ex-presidente y líder Leonel Fernández, y se reconoce el auge del principal partido de oposición y su candidato presidencial Luis Abinader.
Con cinismo político o vergüenza ajena, lo que muchos discuten es si el presidente Danilo Medina permitirá su desplazamiento del poder. Sobreestiman el presidencialismo, como lo hicieron durante más de dos años cuando el actual mandatario, con todo el poder del Estado, se empeñó en buscarse una nueva reforma constitucional para prolongarse. Tras ese fracaso parecería más difícil lograrlo a través de un delfín que no acaba de mostrar mayores méritos políticos que representar la confianza y continuidad de Medina.
A veteranos observadores, el proceso de desgaste del gobierno y las circunstancias nacionales e internacionales que le desfavorecen, les recuerdan el proceso de 1978 cuando se decía que no había forma de vencer el dominio político, económico y militar-policial que ejercía el presidente Balaguer. Resultó traumático pero se alcanzó, y con un candidato como Antonio Guzmán que carecía de habilidades discursivas y expresiones programáticas, aunque suplidas por el entonces líder del PRD José Francisco Peña Gómez. Guzmán como Abinader era un empresario, centrista y con grandes habilidades para la negociación política.
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Una pesada herencia financiera
El gobierno que resulte de las elecciones de mayo recibirá una pesada herencia fiscal, y estará obligado a producir de inmediato importantes cambios de políticas para mejorar substancialmente el gasto público, reduciendo el clientelismo, la malversación, la corrupción y el dispendio, a fin de legitimarse para el pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que el presidente Medina ha evadido apoyándose en un galopante endeudamiento que duplicó la deuda consolidada del Estado.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, al igual que los centros de investigación económica nacional, han coincidido en la necesidad de poner límites a más de una década de déficits fiscales consecutivos, para garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación. Quien llegue a gobernar en agosto y pretenda desconocerlo, se arriesga a que la bomba le explote en las manos.
Según últimos informes del FMI la deuda consolidada del Estado compromete ya el 54.6% del PIB, pero el economista dominicano Apolinar Veloz, con experiencia de fiscalizador del mismo organismo, la lleva hasta el 60%, al sumar compromisos no registrados por el Ministerio de Hacienda, que la mantiene en 46 mil millones de dólares y por debajo del 50% del PIB.
El presupuesto del 2020 conlleva un déficit por $96 mil millones. El pago de intereses implica casi la cuarta parte de los ingresos fiscales. Por amortización de capital e intereses de la deuda externa habrá que pagar este año US$ 2 mil 508 millones, equivalentes a $130 mil 416 millones. y de deuda interna otros $136 mil 566 millones, para totalizar $266 mil 982 millones, el 36% de los ingresos ordinarios estimados en 750 mil 800 millones de pesos.-
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.