AFP

MONTEVIDEO. Fujimori en su cama de hospital, Pinochet en silla de ruedas, Ríos Montt y su demencia: a pesar de los crímenes cometidos bajo sus órdenes, estos gobernantes latinoamericanos de salud frágil se han beneficiado de una clemencia que es denunciada como impunidad por los defensores de los derechos humanos.

Si el anuncio de una gracia presidencial para el expresidente peruano, condenado por crímenes contra la humanidad, hizo que miles de peruanos encolerizados se apoderaran de las calles, también suscitó vivas críticas por parte de la ONU.

El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, pidió “evitar cualquier situación que pueda llevar a la impunidad”.

Tras pedir “perdón de todo corazón”, Alberto Fujimori, de 79 años, reconoció el martes haber “defraudado también a otros compatriotas”.

Un eufemismo en comparación con la severidad de su condena: 25 años de reclusión por el asesinato de 25 personas de manos de un escuadrón de la muerte, en un combate contra la guerrilla del Sendero Luminoso llevado a cabo durante su presidencia (1990-2000).

En un vídeo publicado en Facebook se puede ver al antiguo hombre fuerte de Perú, visiblemente de capa caída, en su cama de hospital, con una bata blanca, hablando lentamente y rodeado de instrumental sanitario.

Hace 17 años, fue el exdictador chileno Augusto Pinochet, general retirado de 84 años, quien llegaba en silla de ruedas al aeropuerto de Santiago de Chile, recién puesto en libertad por razones de salud tras haber pasado 503 días detenido en Londres.

En cuanto descendió del avión, se levantó, saludó a los simpatizantes que habían acudido a recibirle y se fue caminando acompañado de sus allegados. Una provocación, según sus opositores.

“La edad es un factor que funciona como una circunstancia atenuante”, señala Lissell Quiroz-Pérez, doctora en historia y especialista de América Latina en la universidad francesa de Rouen.

“Estos hombres son ancianos”, añade. “Y se aprovechan de eso: Fujimori siempre aparece en la cama y Pinochet era similar, siempre parecía muy débil. Esto crea en la población un sentimiento de compasión”.

En Guatemala, el exdictador Efrain Ríos Montt, de 91 años, espera para conocer el veredicto del proceso abierto contra él el pasado mes de octubre por la masacre de más de 1.770 indígenas, acusados de apoyar a las guerrillas de izquierda bajo su régimen (1982-1983).

Pero ya sabe que no irá a la cárcel, una opción descartada por la justicia a causa de sus problemas mentales. “Tiene muy pocos momentos de lucidez”, aseguraba en octubre su exabogado Jaime Hernández.

“Es lamentable de alguna perspectiva que aquellos que abusaron de los derechos humanos de otros sean protegidos por esos mismos derechos humanos, pero eso consiste la democracia”, observó Patricio Navia, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), que rechaza, sin embargo, el termino de inmunidad para Alberto Fujimori, que ha purgado 12 años de prisión.

Para este politólogo chileno, “lo de Fujimori es un retroceso, pero es un retroceso en un contexto de crecientes niveles de justicia para los violadores a derechos humanos en toda América Latina”.

Según él, “hay mucha menos impunidad ahora que antes”. “Hace 30 años, ningún expresidente de América Latina iba preso”, y ahora varios exgobernante, en Guatemala (Otto Pérez Molina) y en Perú (Ollanta Humala) particularmente, están entre rejas por casos de corrupción.

Gaspard Estrada, director de Observatorio Político de América Latina y del Caribe (OPALC) de la Universidad de Ciencias Políticas de París, ve más matices.

“Desde luego que Fujimori ha sido condenado, ha purgado una parte de su pena, pero si queremos que la impunidad disminuya y que el estado de derecho progrese, crear excepciones puede abrir brechas a otras excepciones”.

El telón de fondo de los diferentes casos son “sociedades divididas sobre su pasado, pero al mismo tiempo eso sucede en todas las sociedades, es el caso de Francia ante la guerra de Argelia”, explica.

“Hay franjas minoritarias que expresan su simpatía hacia estos torturadores, y otras, mayoritarias, que los rechazan”.

A pesar de los 3.200 muertos o desaparecidos atribuidos a su régimen (1973-1990), el 12% de los chilenos considera a Augusto Pinochet como “uno de los mejores presidentes que ha conocido el país”, según una encuesta reciente, valorizando su herencia económica, marcada por un liberalismo muy fuerte que puso la salud, la educación y las pensiones en manos del sector privado.

por Katell ABIVEN