Análisis Noticiosos
Gallup-HOY muestra consolidación de Abinader y la primacía del PRM
Por Juan Bolívar Díaz
Mucha aproximación a los resultados arrojados por la encuesta Mark Penn y una empresarial, todas de las primeras tres semanas de enero, según las cuales Luis Abinader tiene alta probabilidad de alcanzar la presidencia de la nación este año Por Juan Bolívar Díaz
La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ratificó la consolidación de Luis Abinader como el candidato presidencial favorito para los comicios de mayo próximo, y la primacía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tras la división en octubre del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Al igual que otras dos encuestas independientes realizadas en enero, la Gallup indica que Abinader ganaría ampliamente en una segunda vuelta en julio, contra el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, situado como segunda opción, o contra el expresidente peledeísta Leonel Fernández, postulado ahora por un nuevo partido, Fuerza del Pueblo (FDP).
Ratificada una tendencia
Los resultados de la Gallup-Hoy de enero consolidaron una tendencia que se manifestaba en la serie de la misma encuesta desde hace tres años, cuando se veía emerger a Luis Abinader como favorito para las elecciones presidenciales del 2020, pero ahora con clara mayoría, sin la concurrencia del presidente Danilo Medina y con el expresidente Leonel Fernández postulado por un nuevo partido, tras la división del PLD.
Si las elecciones fueran ahora el candidato del PRM alcanzaría una votación de 42% , superando por 11 puntos a Gonzalo Castillo, del PLD, que registra 31% y por 26 a Fernández, quien aparece con un 15.5%. Ramfis Domínguez Trujillo, cuya candidatura por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana mantiene incertidumbres, porque no se sabe que haya renunciado a la ciudadanía norteamericana, registro un 5.8% de preferencias y Guillermo Moreno, de Alianza País, 1.2%.
La ventaja de Abinader se amplía a 45%, si fuera solo contra Gonzalo y Leonel, que registran 32 y 19%. Y ante las preguntas quien cree usted que gane y quién le gustaría que ganara, en ambas 45%, contra 32 y 31 de Gonzalo y 12 y 16 de Leonel, respectivamente.
Ya en octubre del 2017, Gallup-HOY presentó a Abinader encabezando las preferencias electorales para el 2020, con 8 puntos sobre Danilo Medina y 11 más que Leonel Fernández. Un año después los tres registraron un empate técnico. En la encuesta de mayo del 2019, el perremeista retomó la delantera al ser preferido por el 21%, frente a 17 de Medina y 13 de Fernández. En todas las mediciones Abinader tenía otra ventaja, al aparecer con la certeza de la candidatura presidencial de su partido, el año pasado con 78 a 10% de preferencias, frente a Hipólito Mejía. En octubre ganó por 74 a 21%. Mientras Danilo y Leonel protagonizaban una feroz disputa que terminó rompiendo la unidad de su partido.
Cómodo en segunda vuelta
Las preferencias para primera vuelta indican que será necesaria la segunda, entre los dos más votados, aunque un 57% cree que alguno de los candidatos podría alcanzar la mayoría en la votación de mayo. Sólo en las primeras elecciones, las de 1996, tras la reforma constitucional de 1994 que instituyó la mayoría absoluta para ganar la presidencia, fue necesaria la segunda votación. En esa ocasión Francisco Peña Gómez superó a Leonel Fernández 46 a 39% en primera vuelta, pero el apoyo del presidente Balaguer y su partido invirtió el resultado en la segunda, cuando el peledeísta ganó la presidencia 51 a 49%.
Luis Abinader aparece en esta Gallup-HOY con cómoda ventaja para una eventual segunda vuelta, sea que se enfrente a Gonzalo como a Leonel. En el primer caso con 22 puntos de diferencia al registrar 58 a 36%, y en el segundo 57 a 31, distancia de 26 puntos. Tan amplias ventajas en ambos casos, pueden estar determinadas por el abismo de la división del PLD, pues los seguidores de los dos protagonistas se excluyen recíprocamente. El 68% cree que el PLD perderá las elecciones porque Leonel se llevó una parte de su militancia, y el 53% cree que fue una buena decisión del expresidente al formar un nuevo partido. La reciente encuesta de Mark Penn indica que sin Leonel de candidato, Abinader pasaría en primera vuelta con 53% de la votación. Otra patrocinada por empresarios lo eleva a 61 contra 35%.
La inclinación por una candidatura de oposición tampoco es sorprendente, pues es creciente la proporción que en las encuestas se manifiesta por un cambio de gobierno. En mayo del 2019, Gallup-HOY registró 58% prefiriendo que gobernara un partido diferente al PLD. Ahora subió al 65%. En las elecciones presidenciales del 2016, el PLD obtuvo, sin aliados, el 50%, pero ya mayo del año pasado sólo lo prefirió en Gallup el 39%, ahora ha caído a segundo lugar en simpatías, superado por primera vez por el PRM, 43 a 38% en intención de votos, y 39 a 36 en simpatías.
Desgaste y fatiga del PLD
Los resultados de esta Gallup eran previsibles por el desgaste que en cualquier democracia, aún de baja intensidad como la dominicana, se produce en un partido tras cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis. La fatiga social se manifiesta en todas partes, ya a viva voz y hasta en los abucheos en los estadios deportivos, lo mismo que en la Basílica de Higuey o en actividades en Nueva York. La Marcha Verde fue en los dos años anteriores la mayor expresión del creciente descontento con la gestión peledeísta, a la que se le atribuyen los niveles más altos de corrupción e impunidad en la historia nacional. 59% estimó en esta encuesta que ahora hay más corrupción y otro 29% dijo que igual.
La encuesta Gallup-HOY se diseña con una muestra representativa nacional de 1,200 entrevistas, y por ello no podría indicar perspectivas para las elecciones municipales a celebrarse en dos semanas, en 158 municipios y 235 distritos municipales. Una pregunta general de por qué partido votaría arrojó un empate exacto a 42.2% entre el PRM y el PLD.
Proclamación de Luis Abinader como presidente del partido Dominicanos por el Cambio DxC y al ing. Eduardo Estrella como candidato a senador por el PRM en el municipio de Santiago.
Hoy Wilson Aracena.
La insatisfacción que registra la Gallup-HOY, con 73% estimando que las cosas van por mal camino en el país, y 72% que las condiciones de la economía son malas o muy malas, contribuyen al auge de la oposición, y más aún cuando la población expresa agobio por la delincuencia y la inseguridad, el desempleo, la corrupción y el costo de la vida, señalados como los principales problemas nacionales.
A pesar de eso, la gestión de casi 8 años del presidente Danilo Medina es aprobada por el 56% de los encuestados, aunque el 33% cree que el país está estancado y otro 27% lo ve en decadencia. A la pregunta sobre lo que se aprecia mejor en el gobierno, sólo la educación alcanza alto porcentaje, de 58%, las “visitas sorpresas” 5% y sólo otro cuatro renglones, incluyendo el sistema de asistencia 911, pasan del 4%. Esas opiniones contradictorias se vienen registrando en casi todas las encuestas desde hace años.
Encuestas independientes
Llama la atención los resultados tan aproximados que arrojan las dos encuestas más acreditadas y antiguas en el mercado nacional, la Gallup-HOY y la de Mark Penn/Stagwell que gestiona Bernardo Vega y patrocina Noticias SIN, y una tercera auspiciada por un grupo empresarial, realizadas a partir de la primera semana de enero. La primera empresarial fue registrada en esta página el 2 de noviembre. Ambas han llegado a nuestras manos.
El cuadro anexo evidencia que las diferencias entre las tres encuestas, en los aspectos principales, quedan dentro del margen de error de más o menos 3%. El orden de las preferencias para las presidenciales, en primera y segunda vuelta, se mantiene, en favor de la candidatura de Luis Abinader, con Gonzalo en segundo lugar y Leonel en tercero. Se evidencia un tripartidismo, y dejan en la insignificancia a los dos partidos más antiguos del país, el Revolucionario Dominicano y el Reformista Social Cristiano. Entre los emergentes apenas asoman Guillermo Moreno y Ramfis Domínguez Trujillo.
Los mejores porcentajes de preferencias los registra Abinader en la de Mark Penn y en la empresarial, alcanzando en esta última 61 y 62 por ciento para una segunda vuelta. En las tres el orden de simpatías por los partidos es el mismo, PRM, PLD y FDP. También registran una alta proporción de ciudadanos que se dicen en disposición de votar, aún en las municipales. La Gallup con 70% dispuesto a votar en las presidenciales, justo el promedio que ha predominado en esas elecciones desde 1978, y el 60% para las municipales, superior en 10 puntos al promedio de 50 que votó en las congresuales y municipales, separadas de las presidenciales, en cuatro certámenes entre 1998 y 2010.
Las fortalezas de Luis Abinader
El balance de las tres encuestas de enero no patrocinadas por partidos ni el gobierno, indica que Luis Abinader tiene muchas posibilidades de ser investido presidente este año, lo que dependerá en gran parte de su manejo y de la campaña de la coalición de partidos y grupos sociales que lo postulan. Una de sus ventajas es su discurso, tan ponderado que a menudo parece conservador. Reduce las posibilidades de errores catastróficos.
Tiene mayor ventaja en el área metropolitana, del Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, después en la región norte, y menor en el Este, pero se cae hasta 10 puntos menos en el sur. Diferencia también entre urbano y rural, con ventaja en el primero. En las tres encuestas se encuentran diferencias de hasta más de 12 puntos entre las preferencias por género en primera vuelta, predominando los hombres. 47 a 35% en la Gallup, 47 a 38 en la Penn y 46 a 39 en la empresarial. Se repite en los escenarios de segunda vuelta.
Y por edades llama la atención que en todos los escenarios de las tres encuestas, Abinader saca mucha ventaja en el primer rango, entre 25 y 34 años, se cae hasta 10 puntos en el segundo, de 35 a 44 años, y vuelve a subir mucho a partir de los 45 años.–
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EN LA SIGUIENTE PAGINA EL CUADRO CITADO EN EL TEXTO
Preferencias electorales en 3 encuestas independientes
Enero 2020
Preferencias electorales en 3 encuestas independientes
Enero 2020
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.