Opinión
Gallup-HOY: perdida la batalla
La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana evidencia que el Gobierno del Presidente Danilo Medina tiene perdida la batalla frente a la corrupción y en particular en torno al escándalo Odebrecht y la contratación de las plantas de Punta Catalina con opiniones negativas de hasta más del 90 por ciento de la población.
En perspectivas de candidatura presidencial la situación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue incierta por la prohibición de la reelección, por lo que Leonel Fernández se mantiene como alternativa, pero el que aparece mejor situado es Luis Abinader para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Rechazo a la corrupción
Si algo aparece absolutamente claro en la última encuesta Gallup-HOY publicada esta semana es que la ciudadanía dominicana está tomando consciencia sobre la corrupción hasta el punto que el 89% la considera en niveles alarmantes y aparece como segundo problema nacional para el 35%, después de la delincuencia que lidera para el 71%.
Así mismo el 72% desaprobó la gestión gubernamental en torno a la delincuencia y 68 sobre la corrupción administrativa, mientras el 53% cree que ahora hay más corrupción que en el primer período del presidente Medina y otro 26 la estima igual, lo que implica que 79% no advierte que la hayan combatido eficientemente, aunque un 43 opina que han hecho esfuerzos por disminiunirla, contra un 53% en sentido contrario.
El 67% estima negativa la actuación frente a la inmigración, en tanto un 58% desaprueba la Presidencia por la corrupción.
La sociedad está impactada por los grandes escándalos de corrupción que se han presentado en los últimos tiempos, especialmente el de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, señalado por el 74%, seguido de los expedientes de Félix Bautista, los aviones Tucano y las tragedias de la Oficina de Ingnieros Supervisores de Obras del Estado y la Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses.
Hasta hace poco, la preocupación por la corrupción fue asunto secundario, expresada por las élites sociales y clases medias, pero se ha extendido en todos los niveles y hasta entre simpatizantes del partido gobernante. Fue causa y consecuencia de la aparición del Movimiento o Marcha Verde que se ha etendido este año por todo el país.
Odebrecht y plantas Catalina
La investigación de Gallup evidencia que todo el aparato propagandístico del gobierno, especialmente para defender las plantas de carbón de Punta Catalina, no ha podido contener la convicción generalizada de que están salpicadas por la corrupción. El 68% estima que hubo irregularidades, 90% en la licitación y 78 en la adjudicación, y peor aún un elevado 91% consideró que están sobrevaluadas.
En torno a la investigación del escándalo de sobornos y sobrevaluaciones de la Odebrecht el 57% no se muestra satisfecho con la gestión del Ministerio Público mientras un elevadísimo 93% estima que faltan otros en el expediente de acusaciones que generaron medidas de coerción a fines de mayo pasado.
Con tan elevada proporción que cree que las plantas Catalina están sobrevaluadas, el gobierno tendrá mayores dificultades para salir del impasse que mantiene con la constructora Odebrecht, la cual ha reclamado otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no el año próximocomo se había programado, sino ya para el 2019.
Aunque el reclamo trascendió a fines de agosto, dos meses después permanece en denso silencio, como ha sido la pauta desde el inicio de la mega obra que aprentemente perseguirá al presidente Medina hasta más allá de su mandato. Es significativo que el 78% considera que no se apega a la verdad el informe de la comisión presidencial que investigó la contratación de las plantas.
En cuanto a la elaboración del expediente a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht, el plazo de 8 meses para formalizar acusaciones vence a fines de enero próximo y hay pocas expectativas de que presenten pruebas suficientes más allá de las generalidades que indicó la jueza Miriam Germán, y mucho menos de que se amplíen las indagatorias a otros presuntos responsables.
Hace dos semanas el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que por falta de dinero, no se había avanzado en las auditorías para determinaar si hubo sobrevaluaciones en las obras contratadas con Odebrecht, lo que causó estupor en la opinión pública.
Cae la valoración de Danilo
La encuesta efectuada en la segunda mitad de Octubre registra una considerable caída de la valoración del presidente Danilo Medina, ahora con 51%, 12 puntos menos que los 63 que registraba en la anterior, de febrero pasado. Cuando se pregunta por sus cinco años de gobiero sube al 55%. En dos encuestas del 2015 su valoración estaba en 82%, y en el 2014 entre 87 y 91%.
Resulta significativo que se mantiene un acendrado pesimismo en la percepción sobre la economía nacional que registran las encuestas. El 79% considera que el país va por mal camino, 5 puntos más que el 74 registrado en febrero, con un 74 %, las tres cuartas partes de la población, opinando que la situación económica es mala o muy mala, 2 puntos menos que en febrero, y el 52% califica de mala o muy mala su eonomía personal.
El 37% de la población estima que el país se mantiene estancado, pero otro 24% dice que se está atrasando, y sólo el 36 por ciento lo aprecia en progreso, no obstante que el gobierno martillea por todos sus medios una optimista visión de progreso, de superación de la pobreza y auge del empleo y un alto crecimento económico en promedio de 6 por ciento, aunque reducido a menos del 5 este año.
Un factor que pudiera estar incidiendo es la percepción, para el 63% de que la ineguridad está en incremento, dado el hecho de que la delincuencia es señalada como el principal problema nacional.
Abinader bien situado
En términos políticos, Luis Abinader es quien aparece mejor situado en las preferencias electorales de cara al 2020, aunque para los comicios faltan años y medio. En el universo de los encuestados es el que mayor porcentaje logra con 29, mientras Danilo Medina alcanza 21, afectado por la porohibición de la reelección presidencial, y Leonel Fernández el 17%.
Abinader nás que duplica en prefrerencias generales a su contrincante para la candidatura presidencial del PRM Hipólito Mejía. Pero cuando se le preguntó a quienes se confesaron smiembros o simpatizantes de ese partido, la diferencia fue abismal, 69 a 14%, mucho mayor que el 70 a 29 con que se definió la primaria que en el 2015 eligió candidato al economista Abinader.
En el PLD se advierte una cierta recuperación del expresiente Leonel Fernández, quien en el univeso de la encuesta queda sólo 5 puntos por debajo de Medina, 22 a 17%, y entre los simpatizntes o miembros del PLD 35 a 25 %, pero con el mandatario sin poder postularse, Fernández aparece muy por encima del resto, y quien le sigue es su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, con registros de 6% en el universo y también entre los peledeistas. El resto de los mencionados como preferidos no pasa del 2 por ciento en ambos escenarios.
Ito Bisonó asciende en el universo de los encuestados superando en simpatías a Quique Antún apenas con 7 y 6%, pero entre los reformistas social cristianos Antún lo triplica 31 a 10%. –
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.