Nacionales
Gobierno justifica acuerdo de límites marítimos con Países Bajos
Santo Domingo, R.D.-Roberto Alvarez, ministro de Relaciones Exteriores, justificó el Acuerdo de Delimitación Marítima entre República Dominicana y el Reino de Países Bajos, el cuál define los límites marítimos con las islas holandesas de Aruba, Curazao y Bonaire.
Durante una rueda de prensa, Álvarez exclamó que «son falsas» las aclamaciones de que República Dominicana cedió territorio marítimo y que por el contrario «ganamos mar» ya que en el acuerdo sin cedidas al país unas 11 millas náuticas cuadradas, que es el equivalente a 37 kilómetros cuadrados de superficie.
«Escuchen bien, ganamos mar. Por lo tanto, esas personas que andan diciendo eso (el Gobierno cedió mar) no saben de lo que están hablando y le están haciendo un flaco servicio a nuestra democracia; porque no han hecho la debida diligencia de enterarse, realmente, de lo que estamos haciendo», expresó el canciller.
El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) aprovechó la ocasión para señalar que el acuerdo se da debido a que ya República Dominicana tenía definidos los límites marítimos con Venezuela (en 1979) y Colombia (en 1978), quienes a su vez ya habían delimitado sus límites con relación a la islas holandesas.
«Ya nosotros habíamos negociado dos puntos con Venezuela que ya estaban claramente establecidos, y que Venezuela a su vez ya los había también negociado con Países Bajos; fue por ese motivo y porque ya veníamos negociando en el sur y cerrado con Venezuela y Colombia y al cerrar ya con Países Bajos, ya habríamos delimitado totalmente nuestra frontera sur», explicó Álvarez.
El mismo señaló que existía un interés mutuo de ambos países en llegar a delimitar de manera concreta los límites marítimos de ambos países.
“Esta negociación se hizo cumpliendo con la Constitución y las leyes, las normas del derecho internacional, logramos el mejor acuerdo posible en los términos más favorables para Republica Dominicana que permite el derecho del mar, utilizamos la equidad como la guía en las negociaciones y ganamos mar”, puntualizó el canciller.
Además, expresó que la negociación entre ambos estados se dio bajo los parámetros de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Mar (Convemar) no define ni menciona cómo se lleva a cabo un proceso equitativo de delimitación, por lo que según la jurisprudencia, para llegar a la una solución equitativa se requiere construir una línea media equidistante, verificar si existen circunstancias relevantes o especiales que perjudiquen trazar esta línea y que no haya desproporcionalidad que exceda de 9 a 1.
El acuerdo fue firmado en 2021 y sometido al Tribunal Constitucional, el cuál mediante TC/0547/24 del viernes 18 de octubre fallo en favor del acuerdo, aunque con cuatro votos disidentes y dos salvos, al indicar que el mismo no viola lo establecido en la Constitución Dominicana.
Tras la ratificación del acuerdo, la oposición política y varios miembros de la sociedad civil han denunciado que el acuerdo si viola la Constitución Dominicana ya que no respeta la condición de «Estado Archipiélago» del país, además de ceder una «gran parte de su territorio marítimo».
El acuerdo está pendiente de ser enviado y aprobado por el Congreso Nacional para que el mismo sea oficial. Álvarez señaló que una vez el presidente lo deposite en el Poder Legislativo, el Gobierno irá a explicar los pormenores técnicos del mismo.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.