Opinión
Ganas de llorar por el país en que nací y he vivido toda mi vida
Por Miguel Guerrero
El ex exministro británico, Chris Huhne, líder de los liberales-demócratas, fue sentenciado hace unos años a ocho meses de cárcel, junto a su esposa, una economista de 60 años, igual que él, por algo por lo que aquí, se le hubiera premiado y desagraviado. Su falta consistió en haber negado una infracción de tránsito ocurrida años atrás, en el 2003. Según informara la prensa inglesa, su cónyuge fue acusada de haberle ayudado a mentir, es decir a ocultar la infracción. Ambos fueron ya encarcelados.
El entonces líder conservador y primer ministro David Camerón, amigo de muchos años de Huhne, dijo: “(La condena) es un aviso de que nadie, por alta que sea su posición o poderoso que sea, puede escapar al sistema de Justicia”. Cuando leo estas cosas me dan ganas de llorar por el país en que nací y he vivido toda mi vida.
Aquí creemos que si una figura pública de renombre es llevado a los tribunales por grande que sea el delito, es una fantasía propia de ilusos incorregibles. Hemos visto y escuchado a diario en los medios de comunicación denuncias graves de corrupción, violaciones a las leyes y la Constitución, fácilmente comprobables por los organismos de justicia, que se pierden en el olvido o en los archivos de las fiscalías. Nada en esos ambientes, por grande que sea o parezca, se considera aquí delito o falta con méritos para ser siquiera investigado.
Las funciones públicas, en el Gobierno, como en el Congreso y otras fuentes de poder político en este país, más que una oportunidad de servicio a la nación, representan seguros de inmunidad y de total protección, contra toda forma de pillaje y latrocinio.
En cualquier otro país, un porcentaje mínimo de esas denuncias bastarían para sacudir las estructuras estatales y provocar cambios profundos, juicios de fondo y sentencias ejemplares. Pero hay que estar loco y de remate para pretender que algo así suceda.
Por Rommel Santos Diaz
El artículo 93 del Estatuto de Roma dispone que un Estado Parte podrá rechazar la solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, si esta solicitud es para presentar cualquier documento o difundir cualquier prueba relacionada con la seguridad nacional.
El artículo 72 del Estatuto de Roma enumera el procedimiento a seguir en aquellos casos en que se debe proteger la información de seguridad nacional que es solicitada por la CPI o por una de las partes de un proceso.
El artículo 72 del Estatuto de Roma también dispone que ¨ en cualquier caso en que la difusión de información o documentos de un Estado podrían, en la opinión de este Estado, perjudicar sus intereses de seguridad nacional¨, el Estado podrá tomar cualquier medida razonable, junto con el Fiscal, la Defensa o la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Juicio, dependiendo del caso, para tratar de resolver el asunto de manera cooperativa.
Los pasos a tomar podrían incluir modificar o esclarecer la solicitud, requerir a la CPI que determine la importancia de dicha información o de la prueba solicitada, obtener la información de otra fuente, o acordar la utilización de resúmenes o informes.
Una vez que se hayan tomado todas las medidas para resolver el caso de manera solidaria, la CPI tomará los pasos señalados en el artículo 72 del Estatuto de Roma, tales como solicitar más consultas con el Estado u ordenar la difusión.
El artículo 72 del Estatuto de Roma también se aplica a aquellas personas a las cuales se les ha solicitado dar información o prueba, cuando la persona alega que la difusión de tal información o prueba perjudica los intereses de seguridad nacional del Estado y este esta de acuerdo con este argumento.
Los Estados están bajo la obligación de cooperar con la CPI. El artículo 72 del Estatuto de Roma dispone las pautas específicas a seguir en los casos en que la difusión de cierta información que solicite la Corte o una parte, sea considerada por el Estado como perjudicial para la seguridad nacional del mismo.
Los Estados deberán trabajar solidariamente para resolver estas situaciones. El artículo 72 del Estatuto de Roma enumera algunos ejemplos de cómo se puede abarcar este problema de forma solidaria- por ejemplo, acordar en proveer resúmenes o informes u otras medidas preventivas.
Si, no obstante, el Estado y el Fiscal o la CPI no pueden llegar a un acuerdo, según el artículo 72 del Estatuto de Roma el Estado tiene la obligación de notificar al Fiscal o a la CPI, las razones específicas de su decisión- salvo que el especificar las razones fuese perjudicial para la seguridad nacional del Estado.
El artículo 72 del Estatuto de Roma no se puede utilizar para proteger información que no perjudique la seguridad nacional del Estado. Los Estados deberán actuar de buena fe, alegando la protección con base a la seguridad nacional.
Las obligaciones según el artículo 72 del Estatuto de Roma no necesariamente deben estar prescritas en la legislación. La determinación de ¨la seguridad nacional¨ será normalmente una decisión ejecutiva.
Finalmente, la elección de las medidas pertinentes para la difusión con base a la seguridad nacional normalmente será un asunto ejecutivo. Sin embargo, cada Estado deberá revisar su proceso de elección de los distintos procedimientos para determinar si la legislación debe reformarse en este caso.
Por Narciso Isa Conde
El neoliberalismo ha prostituido los conceptos reforma y desarrollo.
Antes, determinadas corrientes dentro del capitalismo, hablaban de reformas para favorecer a la clase obrera, al campesinado, a las mujeres, a sectores empobrecidos…para ampliar la democracia, los planes sociales, la economía solidaria. Fueron los tiempos del auge de la socialdemocracia y de los llamados estados del bienestar o del capitalismo moderado
Ahora, es todo lo contrario: se habla de reformas para anular las conquistas sociales, privatizar lo público y lo social, favorecer a las oligarquías capitalistas, aumentar precios, bajar el salario real, saciar la voracidad del capital extranjero, aumentar los impuestos al consumo, reducir y pervertir la democracia liberal, anular la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, asaltar los mercados nacionales.
Derrotado el gobierno en su fracasado intento de convertir en ley su reciente paquetazo, Abinader volvió sobre ambos términos y declaró que su gobierno “ajustará los planes de desarrollo por el retiro de la reforma” (fiscal).
¿Pero cuál es la verdad?
Que el paquetazo no es ninguna reforma, sino una contrarreforma que empobrecería aún más a los pobres y a las capas medias.
Que tampoco era para impulsar “planes de desarrollo”, sino para sostener el crecimiento de las elites capitalistas, promoviendo aún más desigualdad y mayores penurias en gran parte de la sociedad.
El desarrollo para los capitalistas tipo Abinader no tiene nada que ver con el desarrollo humano, con la dignidad de los seres humanos, sino con el crecimiento y expansión de sus capitales, con el acaparamiento de las riquezas producidas por los trabajadores/as o presentes en la naturaleza, y con el continuo incremento de sus ganancias.
Eso no es política de desarrollo.
Es para sostener el crecimiento y la expansión del capital privado con desigualdades cada vez más brutales.
Es para engordar la cúpula de una partidocracia impenitente y de las mafias políticas, policiales, militares y empresariales.
Propusieron hacerlo sin más endeudamiento, por el crecimiento del déficit fiscal y por el riesgo de que el pago de los servicios de la deuda se torne inmanejable, lo que acontece porque usan indebidamente los fondos públicos.
Utilizan los préstamos para engordar sus capitales y a las cúpulas de la burocracia civil y militar, mientras gran parte de su fortuna en dólares la colocan en paraísos fiscales, para evadir los impuestos establecidos aquí; y, además, proponen frenar un endeudamiento cada vez más insostenible, empobreciendo a los más pobres. Así ha sido y sigue siendo, pese a las proclamas de transparencias.
La transparencia se cae en pedazo frente la narco-política del PRM y los otros, frente a los turbios compromisos político-militares con Jochi y Guilermo Gómez, la impunidad del gran empresariado delincuente y de los congresistas y generales corruptos o asesinos
Los consumidores pobres o de bajos y medianos ingresos aportan el 70% del total de las recaudaciones del estado, y cuando aumenta el déficit, entonces el gobierno endeuda más al país; a la vez que procuran imponer que ese deficit lo paguen quienes reciben escasos beneficios. Y como el pueblo se resistió a pagar y a sacrificarse, vuelven, a manera de chantaje, a endeudarse con 650 millones más.
La verdad es que son unos cabrones, pero lo bueno es que la gente los está conociendo mejor y enfrentándose a sus abusos.
Por Nelson Encarnación
Uno de los pensamientos legados por Juan Pablo Duarte, fundador de nuestra nacionalidad, empieza con estas palabras: “El Gobierno debe ser justo y enérgico…”, lo que de antemano infiere lo contrario de la arbitrariedad, y, por consiguiente, negativo frente al autoritarismo.
Quiero montarme en esa corta expresión duartiana para referirme a la decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de reforma fiscal, a pesar de estar más que nadie consciente de la necesidad de su aprobación.
¿Le faltó energía al jefe del Estado para sostener la reforma? Creo que no. De lo que estoy seguro es de que le sobró lo justo que aconsejó el caudillo de nuestro nacimiento como país soberano.
Para desistir de la reforma hay que pasarse de desprendido, sobre todo cuando se dispone de una mayoría tan significativa en las Cámaras Legislativas, suficiente para aprobar cualquier iniciativa sin contar con las demás fuerzas. Pero esto negaría lo justo para afincar lo autoritario.
Ahora bien, el líder de la nación tiene que asumir riesgos cuando emprende políticas cruciales que no siempre serán del agrado generalizado, como en este caso concreto, porque la reforma no es un capricho de Luis, sino una necesidad.
A mi entender —absolutamente simplista— el riesgo de hacer la reforma es mucho menor que no hacerla, tomándose en consideración que la acumulación de déficit fiscal y el consiguiente crecimiento del endeudamiento público, conspiran contra la estabilidad de la economía y crean una dependencia insostenible a mediano plazo.
Los números hablan claro. En la medida que crece la deuda y se necesita destinar más recursos para amortizarla, del mismo modo cae la capacidad del Gobierno para hacer inversiones en áreas de altísimo impacto, como mejoramiento del transporte público, nuevas carreteras, hospitales, más escuelas, obras de riego, entre otras infraestructuras.
Cuando se evalúe en el futuro la administración de Luis Abinader, los sensatos recordarán a un presidente abierto a las sugerencias y atendió las sugerencias razonadas que pusieron —como en este caso reparos a la reforma, pero, al mismo tiempo, que se dejó influir por el bullicio que nada positivo aporta.
Al final, si no tiene para mostrar una amplia cartera de realizaciones materiales, poco le juzgarán su vocación a escuchar, mientras la mayoría le enrostrará no disponer una obra visible. Y esto último sólo se plasma con dinero.