Opinión
Contrainsurgencia
Por Víctor Víctor
Generalidades (I)
Los años siguientes a la guerra patria de abril del 1965 fueron el marco para aplicar el plan contra-insurgencia que diseñó el imperio para toda América Latina y que fue ejecutado por las fuerzas militares y policiales pagadas y obedientes al Departamento de Estado. En nuestro país la primera parte de este plan consistió en asesinar a los principales líderes y comandantes de las fuerzas constitucionalistas que enfrentaron a los “marines” y el extrañamiento de algunos jefes militares hacia misiones diplomáticas.
Una vez exterminadas o alejadas las figuras principales de la revuelta constitucionalista, se inició la segunda parte contrainsurgente, dedicada a destruir rebeldías y creencias en la juventud organizada en partidos y movimientos políticos, clubes deportivos y culturales de los barrios populares, además de ahogar económicamente a la UASD y reprimir sin ningún escrúpulo a sus estudiantes. Si usted quiere conocer algunos nombres de los jóvenes asesinados por la contrainsurgencia liderada por los esbirros del balaguerato, visiten el memorial del monumento a Los Palmeros, en el kilómetro 14 de Las Américas.
En los ‘70s la contrainsurgencia logró sembrar el desinterés por los valores patrios en jóvenes clubistas, impuso un régimen altamente represivo contra militantes de partidos de izquierda, contra universitarios y líderes sociales de cualquier espacio. Así fue que la calidad de las luchas sociales y políticas se fue perdiendo con el apoyo de un despiadado ataque cultural, a través de la radio, la prensa y sobretodo por televisión.
El gobierno balaguerista, ‘mecenas de la contrainsurgencia imperialista’, construyó instalaciones deportivas modernas a clubes destacados por su combatividad, enseñó los brillos del consumismo a sus dirigentes, cambió la palabra lucha por ‘hay que producir’, premió a los más obedientes y nos ‘ayudó’ a sustituir las incomodidades de la pobreza y la ausencia de sueños posibles con drogas, esto último llega hasta nuestros días.
Hoy, la contrainsurgencia es cuestión de mantenimiento, de vez en cuando la presencia policial aparece para recordar aquella vieja falacia de “velar por el orden” y en otras nos mandan al coronel Pimienta, al parecer un sobreviviente de la Escuela de Las Américas. Claro que en los barrios populares el asunto ya requiere de otros controles como llegar tipo ‘banda de vaqueros’, tirando al aire y “dándole pa’abajo” a quien se pare al frente. Eso si, nadie paga, nadie preso, todo bien y ‘que viva la pepa’.
Hasta ahí el plan de contrainsurgencia cosechaba su extraña ‘paz’. Pero según los últimos reportes “de la situación”, inexplicablemente apareció un ‘mojón’ en el sancocho. Asomaron conatos de una nueva revuelta que inició sin que ‘la autoridad’ se diera cuenta. Por un lado, en el barrio, a consecuencia de tanto levantarse a producir (capitalismo puro y consumismo), con el acelerador hasta el fondo para hacerse ricos y rápido (así prometían por radio y TV), entonces el negocito de los entretenimientos para la conciencia (droga, festivales, carnaval, ‘fiesta y mañana gallos’, etc.) ha crecido y sin control. Aparecen los ineficaces ‘intercambios’ que han hecho posible que los delincuentes se organicen en bandas más efectivas para defenderse de los ataques policiales.
Por otro lado, en la quietud que se vive donde todo está resuelto, algo ha incomodado a unxs jóvenes que se organizan para ejercer la ciudadanía como único compromiso social y político y rechazan los partidos tradicionales. Sus efectivos movimientos han involucrado adultos, medios independientes, artistas, deportistas y han logrado ganar pleitos al ‘status’ como la no instalación de una cementera en Los Haitises, el arreglo de una escuela abandonada en la capital, el 4% para la educación. También crearon el movimiento político “Vota Por Ninguno” a través del cual decenas de miles de jóvenes y adultos se abstuvieron de votar como respuesta a las caprichosas escogencias de candidatos del partidarismo en las elecciones congresuales del 2010.
En estos días lxs muchachxs también se manifestaron, fue contra el llamado paquetazo fiscal, pero sobretodo exigían al gobierno investigar y enviar a la justicia a los funcionarios mañosos de los gobiernos de Leonel Fernández. Vociferaban justicia contra el dolo y la impunidad. Hubo numerosas y significativas protestas en Santo Domingo y otras ciudades. El gobierno y sus “intérpretes sociales” con sus aparatos de investigación e inteligencia han diagnosticado ‘cansancio’ entre lxs contestatarixs para explicar el silencio que ha seguido las protestas.
¿Se habrán cansado lxs muchachxs? Mas bien creo entendieron que los gobiernos, de acuerdo con el gran capital, no escuchan los cuestionamientos políticos de la gente sencilla y menos de jóvenes “riquitos”, así fuesen los más educados. Pienso que los perdieron si alguna vez les interesó contar con ellos. Ahora acumulan experiencias, se reorganizan, nadie sabe de sus fuerzas.
De lo que sí estoy seguro es que sus nuevas y creativas inteligencias se impondrán a cualquier fórmula contrainsurgente. Y vienen los años del real diálogo y solidaridad por los que nada tienen o vendrá el enfrentamiento a llenar con su sangre, y con su miedo en las madres arrebatarán al tiempo algunas vidas.
Y volveremos a mirar hacia atrás cuando caminemos por las calles, una pena, pero esta vez, seremos todos, gracias al adultocentrismo de los gobernantes.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.