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«Me dijo lo que pensaba cuando ya no tenía valor de uso», dice Miriam Germán a Negro Veras.

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Santo Domingo, R.D.-Durante el reconocimiento que le hizo el Tribunal Constitucional con motivo del Dia Internacional de las Juezas, la magistrada Miriam Germán Brito, reflexionó sobre los desafíos y sacrificios que implica la labor judicial, resaltando la importancia de la paz con la conciencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia.

Durante su discurso, Germán Brito expresó: «En este oficio no se puede negar que se sufre», pero aseguró que la satisfacción de actuar con rectitud y equidad es el mayor legado que deja tras su paso por la judicatura.

También hizo referencia a una experiencia personal reciente, en la que lamentó la actitud de una persona a quien describió como «el sepulturero de una amistad», por expresar ante la prensa ciertos sentimientos solo cuando ella está a punto de retirarse. En el marco del Día Internacional de las Juezas, el Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia solemne en reconocimiento a la trayectoria de la magistrada Miriam Germán Brito, ex procuradora general de la República Dominicana.

«A mí me llegó el tiempo de que me vaya, y lo que me dolió de la persona que yo he bautizado como el sepulturero de una amistad es que lo que me quería decir lo dijo ahora, cuando ya me voy, cuando ya no tengo un valor de uso. Eso es una vileza. Pero ya, tengo la ayuda extraordinaria de la incapacidad para el rencor, y lo aprendí de mi abuelo», sostuvo.

No obstante, enfatizó que ha aprendido a no albergar rencor, un valor inculcado por su abuelo, a quien recordó como «un mulato extraordinario y culto», que desde niña le enseñó que el resentimiento es «un huésped ingrato que se come al que lo alberga».

La magistrada destacó que la imparcialidad ha sido el principio que ha guiado su carrera, asegurando que nunca actuó con favoritismos ni enemistades en su ejercicio como jueza. «Usted tiene que estar en paz con su conciencia, usted tiene que tratar a todos por igual, y esa es la única fortuna que me llevo», afirmó.

El acto, realizado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), estuvo presidido por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, quien, junto con los jueces y juezas del TC, honró la destacada labor de Germán Brito en la justicia dominicana.

Un homenaje a una trayectoria ejemplar

La audiencia inició con la entrada al recinto de los integrantes del Pleno del TC, acompañados por la homenajeada. Con el tradicional malletazo del magistrado Estévez Lavandier, se dio inicio al evento, seguido por la presentación de un video testimonial que resaltó la contribución de Germán Brito a la justicia del país.

Los jueces del TC dedicaron palabras de reconocimiento a la ex procuradora, quien, con emotividad, agradeció el gesto y destacó la importancia de la equidad de género en la judicatura.

Germán Brito agradeció el homenaje debido a que ha dedicado la mayor parte de su vida a un oficio que ama.

«Quiero dar las gracias a todos los miembros en la persona del presidente y nuestros amigos todos del Tribunal Constitucional  por haberme considerado digna de este reconocimiento»  sostuvo.

Germán Brito, una de las juristas más influyentes del país, se desempeñó como procuradora general desde agosto de 2020 hasta el 21 de febrero de 2025.

Anteriormente, ocupó un puesto en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), siendo una defensora de la independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales.

Aunque reconoció que su intervención pudo parecer ajena al homenaje, justificó sus palabras al señalar que forman parte de las presiones y maltratos a los que se ven expuestos los jueces, incluso cuando actúan con corrección.

Declaraciones de Negro Veras

La pasada semana el jurista Ramón Antonio (Negro) Veras, dedicó una serie de críticas a la finalizada gestión de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República. Señaló que «su llegada me generó confianza por los estrechos vínculos que desde siempre nos han unido y por la trayectoria de independencia que había mostrado. Sin embargo, la alegría se disipó pronto, cuando llegué al convencimiento pleno de que desde la Procuraduría se elaboraban expedientes cargados de tipificación criminal contra ciudadanos y ciudadanas honorables».

Declaró, entre otras críticas que «como hombre de derecho, no podía quedarme callado. No podía ignorar lo que parecía evidente. Por eso, hice saber a la procuradora mi parecer y las razones que me llevaban a esa convicción. Se lo dije de viva voz y también se lo escribí. Pero mis palabras, mis advertencias, se estrellaron contra el silencio».

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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio

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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.

Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.

Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.

Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Centro Kogland fue clausurado

El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.

La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.

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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.

En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.

La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.

Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.

La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.

Motivos para la prórroga

Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.

Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.

Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.

El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».

La acusación sostiene que  Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.

El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.

Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.

El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.

Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.

Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.

De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.

“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.

Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.

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