Comunidad en el exterior
Gilberto Ventura Ceballos, el dominicano que mató a 5 jóvenes en Panamá
BUENOS AIRES.- Gilberto Ventura Ceballos, conocido como «el escapista», debido a que escapó tres veces de la cárcel -dos de ellas de máxima seguridad- fue un asesino serial dominicano que mató en Panamá a cinco jóvenes entre 2010 y 2011.
Nacido el 6 de julio de 1975 en Santo Domingo, Ventura Ceballos fue detenido por primera vez en su país de origen por secuestrar a un comerciante dominicano de origen asiático, además de otros casos por estafas y fraudes, remarcaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.
Este asesino estuvo en la cárcel de Najayo en 2004, en la provincia de San Cristóbal, pero tras algunas semanas logró escapar hacia Panamá con una visa de turista y otra falsa.
Sobre su escape, las autoridades dominicanas nunca emitieron un comunicado para explicar las circunstancias de aquella huida.
Entre 2010 y 2011, con la ayuda de Alcibiades Méndez, Ventura Ceballos secuestró y asesinó a cinco adolescentes en La Chorrera.
Ellos fueron: Yessenia Argelis Loo Kam, Yong Jian Wu, Samy Zeng Chen, Joel Maurio Liu Wong y Georgina del Carmen Lee Chen.
Los homicidios provocaron gran impacto en la ciudad y la Policía se dirigió hacia el lugar de los hechos hasta que encontró los cuerpos de los fallecidos bajo una residencia en el sector El Trapichito de la ciudad.
El criminal volvió a escaparse y regresó a República Dominicana, pero finalmente los uniformados lo detuvieron y lo extraditaron a Panamá en 2011, donde le dictaron la prisión preventiva.
Sin embargo, el 28 de diciembre de 2016, ayudado por varios cómplices, logró escapar del Centro Penitenciario La Joyita, ubicados en las afueras de la capital panameña.
Ventura Ceballos estuvo escondido alrededor de un año, donde finalmente fue apresado por la Policía en Jacó, Costa Rica, el 22 de septiembre de 2017.
El sujeto había llegado a Costa Rica con documentos falsos, con el nombre de Carlos Alberto Aguirre Valencia.
A la hora de describir el itinerario que hizo el homicida, se estableció que Ventura Ceballos llegó a la capital a través del Aeropuerto Marcos A Gelabert con esposas en las manos y los pies, y fue rápidamente puesto en una prisión de máxima seguridad en la sede de la Policía Nacional.
El 27 de septiembre de 2017 fue imputado por evasión de prisión y conspiración para cometer un delito y se suponía que su juicio debía comenzar el 26 de octubre, pero el Órgano Judicial lo pospuso para el 23 de noviembre.
El abogado del acusado, Rogelio Cruz, presentó una moción de habeas corpus ante el Órgano Judicial de Panamá, argumentando que la detención previa al juicio que su cliente había recibido era ilegal, y agregó que fue vilipendiado por los medios de comunicación.
Este movimiento fue criticado por Cristóbal Fu, el representante legal de los familiares de las víctimas, quien señaló que la moción probablemente fue presentada para detener el proceso.
El equipo de defensa presentó una solicitud de aplazamiento de tres meses a la Fiscalía, que fue denegada debido a su complejidad.
El abogado Cruz reclamó que necesitaba tiempo para analizar el expediente de 500 páginas, ya que no había podido acceder a él correctamente.
Antes de la llegada de Ventura Ceballos al tribunal, los familiares de las víctimas presentaron sus quejas sobre los constantes retrasos del procedimiento por parte de la defensa.
Cuando llegó el acusado, trató de asumir su propia defensa, un movimiento negado por el tribunal, y luego él mismo se declaró inocente de los cargos de asesinato.
El 29 de noviembre, se suspendió una segunda audiencia, ya que faltaba uno de los abogados defensores que representaban a una de las otras partes acusadas.
El 4 de diciembre el fiscal de Delito Organizado Miguel Tuñón solicitó una extensión de cuatro meses para investigar más a todos los sospechosos involucrados en el caso debido a su gran tamaño.
La petición fue aceptada por el juez, Francisco Carpintero.
El 22 de junio de 2018, el homicida fue encontrado culpable de todos los cargos y tanto él como su cómplice y les dieron 50 años de prisión por asesinar a los jóvenes.
La misma sentencia fue también dada a Keyla Gisselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega, quienes habían actuado como cómplices secundarios en tres de los asesinatos.
Una pena de 15 años le dieron a Bendibú Salazar y Roberto Antonio Mariscal por ser cómplices de homicidio, pero fueron absueltos de los cargos de secuestro.
Junto con todo esto, todos serían pasados a disponibilidad de sus funciones por un período de 10 años una vez que cumplan sus condenas.
El múltiple homicida volvió a escapar de prisión el 2 de febrero de 2020, esta vez del Centro Penitenciario La Mega Joya, pero los efectivos recapturaron al prófugo el 13 de febrero del mismo año, en el área de El Salao en Remedios, Provincia de Chiriquí.
Ventura Ceballos buscaba la manera de poder salir de la ciudad, pero hubo una extensa búsqueda a nivel nacional y finalmente lo apresaron miembros de operaciones de Inteligencia de la Policía Nacional.vqd6+w
La fuga de este criminal generó la renuncia de Rolando Mirones al frente del Ministerio de Seguridad Pública y la destitución de Carlos Romero del Ministerio de Gobierno.
El 28 de noviembre de 2020 se le redujo la condena de 50 a 30 años a Ventura Ceballos.
NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de más de un millón de dólares para apoyar el trabajo de la organización comunitaria We All Really Matter (W.A.R.M.), dedicada a asistir a sobrevivientes de violencia doméstica y fortalecer los servicios para familias vulnerables en el distrito congresual NY-13 de Nueva York.
Los recursos forman parte de más de 14 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos comunitarios gestionados por el legislador, con el objetivo de ampliar programas de apoyo directo, intervención en crisis y acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de violencia en el hogar.
Espaillat explicó que «esta inversión ayuda a garantizar que quienes atraviesan una crisis tengan acceso a seguridad, apoyo y un camino claro para reconstruir sus vidas, mientras reforzamos una red comunitaria de protección, dignidad y esperanza para todos».
We All Really Matter es una entidad sin fines de lucro fundada en 2010 por la activista y sobreviviente de violencia doméstica Stephanie McGraw. Ofrece apoyo integral a víctimas y sobrevivientes a través de programas de intervención en crisis, planificación de seguridad, consejería, grupos de apoyo y asistencia para acceder a vivienda de emergencia y otros recursos esenciales.
Además de brindar acompañamiento emocional y social, ayuda a las personas afectadas a navegar procesos legales, acceder a servicios de salud mental y obtener asistencia pública, con el objetivo de que puedan reconstruir sus vidas y alcanzar estabilidad a largo plazo.
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New York.- El congresista Adriano Espaillat anunció el inicio de un nuevo ciclo de solicitudes de asignaciones presupuestarias.
Ello incluye la financiación de proyectos comunitarios para que las entidades estatales y locales reciban fondos federales directos a través del proceso de Asignaciones Presupuestarias. También incluye financiamiento para solicitudes programáticas y de lenguaje para programas, agencias e iniciativas federales específicas.
El Financiamiento para Proyectos Comunitarios permite a los congresistas destinar fondos del Congreso a sus distritos para atender las necesidades de la comunidad. Este financiamiento es fundamental para apoyar las funciones administrativas y operativas de los grupos elegibles en el distrito.
Las entidades elegibles que pueden solicitar fondos incluyen entidades gubernamentales estatales o locales, así como ciertas organizaciones sin fines de lucro elegibles. No son elegibles los grupos y entidades con fines de lucro. Los proyectos elegibles se desglosan por cada proyecto de ley de gastos.
Las solicitudes generales de asignación programática y de lenguaje permiten que los miembros del Congreso aboguen por programas federales que son importantes para sus distritos.
“Me complace anunciar el inicio oficial del nuevo ciclo de asignaciones presupuestarias. Cada año, el proceso de Financiamiento de Proyectos Comunitarios ayuda a mi oficina a identificar proyectos locales en mi distrito que necesitan fondos y apoyo federal para continuar su labor de apoyo a los constituyentes. Además, las solicitudes generales de asignaciones presupuestarias me ayudan a comprender las necesidades de financiación federal de mis constituyentes”, dijo Espaillat, quien es miembro del influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, encargado de financiar agencias y programas federal.
Agregó que «cada año, espero colaborar con cada uno de los grupos locales para ayudar a identificar proyectos y abordar las necesidades de mi comunidad”.
Para más información, llame a la oficina del congresista Espaillat, al 202-225-4365.
NUEVA JERSEY.- Un joven de origen dominicano murió tras ser presuntamente golpeado por su compañero de celda en una prisión estatal de Newark, en New Jersey, un caso que ahora enfrenta cargos de asesinato y posibles acciones legales contra las autoridades penitenciarias por supuesta negligencia.
El recluso Abdul J. Bryant, de 29 años, fue acusado de asesinato por la muerte de Melvin Rivas Inoa, quien falleció tras sufrir múltiples golpes mientras ambos compartían celda en la prisión estatal del norte de Newark, según documentos judiciales.
De acuerdo al medio NJ.com, una autopsia reveló que Inoa sufrió un traumatismo contundente severo en la cara, la cabeza y el cuello.
La celda donde se encontraban los dos hombres no fue abierta por los funcionarios penitenciarios entre el 20 de enero y el momento en que Inoa fue encontrado muerto alrededor de las 7:05 de la mañana del 22 de enero, de acuerdo con la declaración jurada de causa probable.
Testimonios de otros reclusos
Otro recluso declaró a los investigadores que Bryant afirmó haber golpeado a Inoa y luego haberlo «lavado», según la denuncia. El recluso afirmó haber oído golpes y patadas provenientes de la celda cercana y luego haber escuchado el inodoro y el lavabo correr durante toda la noche y hasta el día siguiente.
Inoa fue visto con vida por última vez alrededor de las 7:00 de la noche del 20 de enero. Ni a él ni a Bryant se les había permitido salir de su celda desde el día anterior, según la denuncia.
Incluso en las unidades de alojamiento más restrictivas de las prisiones estatales, a los reclusos no se les permite permanecer en sus celdas durante más de 20 horas al día, según una ley de 2019 firmada por el entonces gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.
La abogada Brooke Barnett, quien representa a la familia de la víctima, afirmó que los oficiales penitenciarios violaron esa regla y luego ignoraron los gritos de auxilio del joven.
«He hablado con otros testigos, y todos saldrán a la luz, pero (Inoa) rogaba por su vida», dijo Barnett. «Durante dos días, gritando y golpeando, los demás reclusos golpeaban las puertas de las celdas, pidiendo a los agentes que lo ayudaran, que lo sacaran de allí, y simplemente no hicieron nada.»
«Ya sea que quieras decir que eso es asesinato o conspiración para cometer asesinato, como mínimo es mala conducta oficial.»
Según Barnett, Inoa y Bryant estaban alojados en una unidad de segregación administrativa de la prisión y compartían celda desde hacía no más de dos semanas.
La abogada indicó que la familia del joven planea presentar una demanda por muerte por negligencia contra el Departamento de Correcciones del estado.
Inoa, residente del Bronx, en New York City, estaba en prisión tras ser condenado por robar una gasolinera Delta en Bergenfield en febrero de 2023. Barnett señaló que no recibió una explicación del Departamento de Correcciones sobre por qué el recluso estaba en una unidad de segregación.
Bryant, por su parte, se encontraba recluido en una prisión estatal desde el 4 de noviembre de 2024 tras una condena por posesión de armas y drogas en el condado de Somerset. Su liberación estaba prevista para el 17 de febrero de 2027 antes de que se presentara el cargo de asesinato.
Actualmente permanece detenido en la Prisión Estatal de Nueva Jersey, según registros del sistema penitenciario