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Gobernador del Banco Central participa en reunión del Consejo Monetario Centroamericano

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Santo Domingo:- Hector Valdez Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD),  presidió junto al señor Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del CMCA, la 305ª Reunión del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), celebrada del 20 y 21 de noviembre en Punta Cana, provincia La Altagracia, con la participación de los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de la región centroamericana, así como altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) y el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los señores Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del CMCA; Odalis Marte Alevante, secretario ejecutivo del CMCA y Héctor Valdez Albizu, gobernador del BCRD, en su calidad de anfitrión, quien destacó el papel fundamental que desempeñan estos encuentros, reafirmandoel compromiso de continuar implementando medidas concretas para impulsar la estabilidad macroeconómica y contribuir al bienestar de Centroamérica y República Dominicana.

Durante su intervención, Valdez Albizu resaltó la valoración positiva realizada por el FMI en la publicación del Staff Reportsobre las conclusiones del Artículo IV, tras la aprobaciónrealizada por el Directorio Ejecutivo de ese organismointernacional para la República Dominicana, donde se destacan mejoras significativas en el desempeñomacroeconómico del país y perspectivas favorables de crecimiento para el 2026 en torno al 4.5 % y un retorno al crecimiento potencial del 5 % para el mediano y largo plazo.

En el marco de la reunión los funcionarios del FMI, Andre Roncaglia, director ejecutivo del organismo para Brasil, Cabo Verde, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá, Surinam, Timor-Leste y Trinidad y Tobago; y Xiana Méndez Bertola, directora ejecutiva del FMI para España, México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, expusieron sobre los retos de la política económica en los países de Centroamérica y República Dominicana. De igual forma, el señor Alexandre Tombini, representante jefe de la Oficina para las Américas del BIS, exgobernador del Banco Central de Brasil y exdirector ejecutivo del FMI, realizó una conferencia sobre los retos para los bancos centrales provenientes de los avances en los modelos de inteligencia artificial. Asimismo, miembros de la CEPAL y el BID realizaron diferentes presentaciones sobre el contexto macroeconómico actual.

La agenda de trabajo del evento incluyó exposiciones de los gobernadores y presidentes de los bancos centralescentroamericanos sobre la evolución de la actividad económica, las condiciones financieras y las proyecciones económicas para el año 2026, enfatizando sobre la importancia de reducir las presiones inflacionarias y mantener la senda de crecimiento en la región.

En este tenor, el gobernador Valdez Albizu puntualizó que, la dinámica de la economía en República Dominicana se ha visto condicionada por un panorama internacional convulso, caracterizada por elevados niveles de incertidumbre y condiciones financieras más restrictivas de lo previsto, mientras la inflación se ha mantenido dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por 30 meses consecutivos y se ha implementado un programa de provisión de liquidez con el objetivo de contribuir a la canalización de financiamiento a los sectores productivos.

El gobernador expresó que, a pesar del desafiante entorno internacional, se proyecta que la economía dominicana generaría durante el presente año alrededor de USD46,000 millones, provenientes principalmente de exportaciones por USD14,900 millones, ingresos por turismo por USD11,200 millones y remesas por más de USD11,700 millones. Adicionalmente, la inversión extranjera directa superaría por cuarto año consecutivo los USD4 mil millones, alcanzando en 2025 más de USD4,800 millones, cubriendo con holgura el déficit estimado de cuenta corriente de 2.5 % del producto interno bruto (PIB). Asimismo, este desempeño favorable ha contribuido a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio y a que las reservas internacionales alcancen unos US$14,500 millones, equivalentes a 11 % del PIB y a más de cinco meses de importaciones, niveles que superan las métricas recomendadas por el FMI.

Pese al exigente contexto global, el gobernador Valdez Albizuprevé que la actividad económica experimente una recuperación gradual, sustentada en condiciones monetarias más favorables y en un mayor impulso de la política fiscal, reflejado en el incremento de la inversión pública. En ese sentido, se proyecta que el crecimiento económico cerraría el presente año en torno a 2.5 % y retomaría un ritmo cercano al potencial en el 2026, con una expansión entre 4.0 % y 5.0 % en 2026.

En la actividad el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por Clarissa de la Rocha, vicegobernadora; Joel Tejeda, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar, asesor económico de la Gobernación; Joel González, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos; Brenda Villanueva,subgerente del Departamento Internacional; Olga Morel, consultora Jurídica; y Jonathan Abreu, director de Comunicaciones.

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Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave,  fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.

La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.

  • El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
  • Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.

Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.

Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.

Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read EstrellaCinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.

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Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain

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Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que  rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.

Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.

Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.

«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.

Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.

Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.

Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.

El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:

El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.

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Memes y paradias no constituyen delitos en nuevo Codigo Penal.

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Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.

La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.

Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.

La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.

Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.

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