Economía
Gobernadores del BID inician sus discusiones en la asamblea anual del banco
Japón elevará a 3,000 millones de dólares la financiación para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en Latinoamérica y el Caribe.
NASSAU. Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) iniciaron hoy formalmente sus discusiones en la asamblea anual de la institución, que se desarrolla hasta el domingo en Bahamas, centrados en la situación económica del continente y el futuro de la institución.
La 57 Asamblea Anual del BID arrancó con las primeras mesas de trabajo en el complejo hotelero Baha Mar de Nassau y en las que participan delegados de los 48 países integrantes, entre ellos los ministros de Finanzas de los 26 países miembros de la institución.
En la agenda de la reunión está el análisis de la coyuntura en un momento en el que las previsiones de las instituciones señalan que la economía latinoamericana, tras años de bonanza, se contraerá por segundo año consecutivo debido en gran medida a la ralentización de China.
Asimismo, también se celebra en paralelo la 31 asamblea anual de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo para el sector privado del BID y que busca ampliar sus operaciones en la región ante los “enormes” desafíos urbanísticos, de infraestructura y energéticos que encara Latinoamérica.
Uno de los puntos fuertes será la votación este domingo de la resolución para aumentar la financiación para el cambio climático que en la actualidad se sitúa en el 14 % de los proyectos aprobados por el BID, pero que la institución quiere elevar a entre el 25 % y 30 % de aquí al 2020.
Hoy, el director general del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y miembro de la delegación de su país en la asamblea del BID, Simón Gaviria declaró a Efe que las autoridades de Bogotá son favorables a aumentar la financiación al 25 % y gradualmente seguir subiendo el cupo.
Pero la posición de otros países es menos clara y el texto final de la resolución, así como sus objetivos finales de financiación, podrían ser inferiores a lo solicitado por los funcionarios del BID.
Gaviria resaltó la gravedad de los efectos del cambio climático para los países de la región. En el caso concreto de Colombia, Gaviria señaló los graves perjuicios a la economía del país ocasionados por el agravamiento de los fenómenos de El Niño y La Niña.
“Uno tiene que intentar tratar de introducir el componente de sostenibilidad en la toma de decisiones. Nos parece razonable que esto sea gradual, empezando con un 25 % pero con el tiempo, ir aumentando el componente de sostenibilidad hasta que se entienda automático en todo”, explicó Gaviria.
También hoy, el BID y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA por sus siglas en inglés) anunciaron que elevarán a un total de 3.000 millones de dólares la financiación conjunta para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en Latinoamérica y el Caribe.
La inversión es fruto de un nuevo acuerdo entre el BID y la JICA que amplía el programa de Cofinanciación para Energía Renovable y Eficiencia Energética (CORE) que fue creado en 2012 por las dos instituciones para mitigar los efectos del cambio climático en la región.
Pero además de estos temas previstos en la agenda, Colombia dijo hoy que quiere plantear a la asamblea de gobernadores del BID el inicio de una “conversación” sobre el futuro de la institución a medio y largo plazo y su estructura de capital.
Gaviria dijo a Efe que Bogotá considera de gran importancia “entender el papel que pueden jugar los bancos de desarrollo, fundamentalmente el BID, en el mediano y largo plazo”.
“Tenemos que empezar a tener una conversación profunda sobre la misma estructura de capital del banco. Ser consecuente con todo este movimiento de ‘derisking’ que se está dando en todo el mundo y entender cómo afecta a los bancos de desarrollo”, continuó.
El tema del ‘derisking’, la salida de instituciones financieras de mercados o países ante el temor de riesgos excesivos para sus actividades, ha cobrado especial actualidad tras la publicación de los papeles de Panamá que han revelado las actividades en los llamados paraísos fiscales de la región, entre ellos Bahamas.
Medios de comunicación locales han señalado en los últimos días que la economía bahameña está empezando a sufrir las consecuencias negativas de las revelaciones.
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, reconoció este viernes en una rueda de prensa las consecuencias que estas relaciones puedan tener sobre algunas economías caribeñas, en las que los servicios financieros conforman una parte importante de la actividad económica.
“Las crecientes necesidades regulatorias sobre instituciones financieras está haciendo que muchos bancos se retiren de esos países, generando un problema aún mayor”, explicó el presidente del BID.
Moreno también dijo que el BID está aumentando las líneas para bancos corresponsales y así poder facilitar que siga llegando el financiamiento a las pequeñas economías tanto del Caribe como Centroamérica y que seguirá ayudando a los países que lo soliciten para salir de la lista de países considerados paraísos fiscales. EFE
Santo Domingo, R.D.-La empresa Central Romana manifestó que las acusaciones realizadas por el grupo humanitario Corporate Accountability Lab (CAL), indicando que en los campos de caña de la entidad persiste el “trabajo forzoso”, son “malintencionadas” con el objetivo de “interferir y afectar” al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
A través de una carta enviada al director del de un medio de comunicación, Miguel Franjul, Central Romana rechazó “categóricamente” la acusación y que el contenido de ese informe es “completamente difamatorio” y que ya dieron curso legal a la situación.
“Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS”, reseña la carta firmada por Jorge A. Sturla, quien es el vicepresidente de la empresa.
“A través de este gremio, los trabajadores negocian conquistas laborales como el Pacto Colectivo desde el año 1966, que incluye aumentos salariales y otros beneficios, como recibir bonificaciones por encima de las establecidas en la ley al finalizar cada zafra azucarera, sin tener que esperar que transcurran los 90 o 120 días del cierre de cada ejercicio económico del Central Romana, de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 223 y 224 del Código de Trabajo”, explica Central Romana mediante la comunicación.
A continuación la carta integra enviada a este medio
En respuesta a la noticia publicada en el periódico LISTÍN DIARIO, tomada de la fuente de Associated Press, en la que un grupo de derechos humanos ha supuestamente determinado que en campos de caña de nuestra propiedad “persiste el trabajo forzado”, nos vemos en la necesidad de aclarar las siguientes peticiones que exige dicho grupo humanitario: “Corporate Accountability Lab (CAL) pidió a Central Romana que inscriba a los trabajadores en el sistema de seguridad social del país, les pague al menos el salario mínimo diario, les permita afiliarse a un sindicato independiente y proteja su salud, entre otras medidas”.
Primeramente, Central Romana rechaza categóricamente las acusaciones de trabajo forzoso contenidas en dicha publicación. No es sorpresa para nosotros estas alegaciones de CAL, que interpretamos como mal intencionadas para interferir y afectar al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
El contenido de su informe es completamente difamatorio, como ya le hemos notificado en una carta dirigida a CAL por nuestros abogados. Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS.
Todos los trabajadores cañeros del Central Romana ganan por encima del salario mínimo diario establecido por ley en el sector azucarero. En cuanto a la afiliación a un sindicato independiente indicado por CAL, los empleados de Central Romana, incluyendo los trabajadores agrícolas, cuentan con la libertad de asociación al Sindicato Unido de Trabajadores, el de mayor afiliación en el país.
Sobre la petición de proteger la salud de nuestros trabajadores, Central Romana proporciona un seguro médico privado, mediante un acuerdo con ARS Abel González, sin ningún tipo de descuento para los empleados que son trabajadores agrícolas y que no están amparados por el sistema de seguridad social. Esta iniciativa, pionera en el país, ha permitido brindar cobertura de salud privada a trabajadores cañeros y recibir atención médica en cualquier hospital del país.
Sin embargo, nuestra empresa ha complementado sus servicios de salud en las comunidades agrícolas durante décadas con dos Subcentros Médicos, que ofrecen atención primaria y medicamentos de manera gratuita a nuestros empleados y sus familiares.
Todo lo descrito anteriormente son acciones palpables y verificables que implementamos por convicción, por llevar a cabo una cultura empresarial de responsabilidad social certera y trascendental en la vida de nuestros empleados. Estas difamaciones se levantan en contra de la República Dominicana por sectores con intereses de afectar la imagen del país, su capacidad productiva y su incidencia socio-económica en los mercados comerciales internacionales.
Santo Domingo.- Cuando una parte importante del salario se destina cada mes al pago de préstamos, tarjetas y otras obligaciones, organizar las deudas puede ser el primer paso para recuperar el control de las finanzas personales. Antes de buscar un nuevo crédito o refinanciar, la recomendación es conocer con precisión cuánto se debe, cuánto cuesta cada deuda y qué porcentaje de los ingresos ya está comprometido.
La Escuela de Educación Financiera de la Superintendencia de Bancos incluye entre sus contenidos la evaluación del nivel de endeudamiento, la priorización de pagos, la identificación del sobreendeudamiento y estrategias como los métodos avalancha y bola de nieve.
El primer paso consiste en sumar todas las obligaciones. Para cada una conviene identificar el saldo pendiente, la tasa de interés, la cuota mensual, el plazo restante y la fecha de pago. Tener varios préstamos puede hacer que una persona conozca cuánto paga cada mes, pero no necesariamente cuánto debe en total ni cuál de esas obligaciones representa un mayor costo.
Avalancha o bola de nieve: dos formas de atacar las deudas
Una vez cubiertos los pagos mínimos u obligatorios, existen distintas estrategias para destinar el dinero adicional.
El método avalancha consiste en concentrar el pago extra en la deuda con la tasa de interés más alta. Una vez saldada, el dinero que se destinaba a esa cuota puede utilizarse para acelerar el pago de la siguiente deuda más costosa. El Consumer Financial Protection Bureau de Estados Unidos señala que esta estrategia puede reducir el costo total de los intereses a largo plazo.
Por su parte, el método bola de nieve prioriza la deuda con el saldo más pequeño. Al eliminarla, la cuota que se pagaba se suma al pago de la siguiente obligación. Esta estrategia puede permitir ver resultados más rápidamente y generar motivación, aunque no necesariamente reduce primero la deuda que más intereses genera.
La elección dependerá de la situación de cada persona: quien busque reducir el costo financiero puede inclinarse por la avalancha, mientras que quien necesite avances visibles para mantener la disciplina de pago podría optar por la bola de nieve.
¿Cuánto del salario está comprometido?
Otro cálculo básico es determinar qué porcentaje del ingreso mensual se utiliza para pagar deudas. Para hacerlo, se suman todas las cuotas mensuales y el resultado se divide entre el ingreso.
Por ejemplo, una persona con un salario de RD$50,000 que paga RD$8,000 de un préstamo personal, RD$5,000 de una tarjeta y RD$4,000 de un financiamiento tiene cuotas mensuales por RD$17,000. Esto significa que el 34 % de su salario está comprometido únicamente con esas deudas, antes de cubrir vivienda, alimentos, transporte, electricidad, agua y otros gastos.
Si otra persona recibe RD$75,000 y paga RD$12,000 de un préstamo, RD$8,000 de una tarjeta y RD$7,000 de un crédito de vehículo, sus cuotas suman RD$27,000, equivalentes al 36 % de su ingreso mensual.
Estos ejemplos permiten observar cuánto dinero queda disponible después de pagar las obligaciones financieras. La Superintendencia de Bancos recomienda conocer el nivel de endeudamiento y utilizar herramientas de presupuesto para evaluar la situación financiera personal.
En una situación de presión financiera, no todas las obligaciones tienen las mismas consecuencias. La orientación del CFPB recomienda priorizar las deudas según las consecuencias que puede tener dejar de pagarlas y calcular previamente cuánto se puede pagar de forma realista.
En la práctica, el presupuesto debe contemplar primero necesidades esenciales como vivienda, alimentos y servicios básicos. A partir del dinero disponible, se puede establecer un plan para atender las demás obligaciones sin asumir cuotas imposibles de sostener.
Aceptar un acuerdo de pago que exceda la capacidad real puede agravar el problema. Por ello, antes de negociar con una entidad financiera o asumir una nueva cuota, es necesario revisar ingresos, gastos fijos y compromisos existentes.
Consolidar o refinanciar: no siempre significa pagar menos
La consolidación puede ser una alternativa cuando permite reunir varias obligaciones en una sola, pero antes de tomar esta decisión es necesario comparar la nueva tasa de interés, el plazo, la cuota y el costo total que se terminará pagando.
En República Dominicana, Pro Consumidor contempla la mediación financiera en casos en los que los consumidores buscan acuerdos para saldar sus deudas mediante cuotas más manejables y, en situaciones complejas, incluso la consolidación de obligaciones.
Sin embargo, refinanciar o consolidar no resuelve automáticamente un problema de endeudamiento. Una cuota mensual más baja puede deberse a un plazo más largo, lo que podría aumentar la cantidad total pagada durante la vida del préstamo. Tampoco resulta conveniente sustituir una deuda por otra si la nueva operación no reduce de manera efectiva el costo financiero o si, después de consolidar, la persona vuelve a utilizar el crédito y acumula nuevas obligaciones.
La recomendación es evitar tomar una deuda nueva para cubrir otra sin un plan que permita romper el ciclo de endeudamiento. Pro Consumidor también aconseja elaborar un presupuesto, hacer una lista de todas las deudas, revisar cuánto dinero puede añadirse a los pagos y evitar acumular nuevas obligaciones.
Cuándo buscar orientación financiera
Si las cuotas impiden cubrir gastos esenciales, existen atrasos frecuentes, se recurre constantemente a un préstamo para pagar otro o ya no es posible determinar cuánto se debe en total, puede ser momento de buscar orientación.
La Superintendencia de Bancos ofrece contenidos gratuitos de educación financiera sobre manejo de deudas, crédito, presupuesto y recuperación financiera. Además, Pro Consumidor dispone de servicios de mediación financiera para casos de controversias y deudas en los que el consumidor busca llegar a un acuerdo de pago.
Ordenar varias deudas no depende únicamente de pagar una cuota tras otra. El proceso comienza por conocer la situación completa, identificar cuáles préstamos son más costosos, calcular cuánto del salario está comprometido y elegir una estrategia de pago que no ponga en riesgo las necesidades básicas. Solo después de ese diagnóstico conviene evaluar alternativas como negociar, refinanciar o consolidar.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva empresa de origen vietnamita se abre paso en el mercado de las telecomunicaciones dominicano a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel): se trata de Viettel Global Investment (VGI).
Esto lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, durante una rueda de prensa en la sede de la entidad.
Gómez Mazara indicó que, tras un proceso de licitación pública, la multinacional estatal vietnamita Viettel Global Investment salió favorecida junto a Claro Dominicana, bajo una concesión de 20 y 15 años respectivamente.
“Viettel, adjudicataria de un total de 40 MHz en el segmento 728-748 MHz, pareado con 738-803 MHz, 100 MHz en el segmento 2300-2400 MHz y 100 MHz en el segmento 3600-3700 MHz para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones”, explicó.
No obstante, el funcionario agregó que, para operar en el país, Viettel deberá constituir una empresa en República Dominicana, que será la titular de la licencia para el uso de los 240 MHz asignados.
Puntualizó que las empresas tienen un plazo de 75 días a partir de la publicación de la resolución para constituir y presentar las garantías de cumplimiento conforme a lo establecido en las condiciones generales de la licitación.
Gómez Mazara destacó que este proceso de licitación crea las condiciones para que un nuevo actor en el sector de las telecomunicaciones sea parte de este proceso, adicionando también a un actor histórico conocido en el país, como Claro.
“Tenemos el interés de que en República Dominicana tengamos servicios telefónicos de mayor calidad, más competencia y que, sobre todas las cosas, esto favorezca el bolsillo de los usuarios. Este anuncio evidentemente transformaría el sector de las telecomunicaciones en el país”, aseguró Guido Gómez Mazara.
Otras frecuencias
Durante la rueda de prensa, el Indotel sostuvo que el proceso de licitación también contemplaba la asignación de 30 MHz en la banda AWS; pero no se recibieron ofertas para estos bloques. En consecuencia, el Consejo Directivo del Indotel los declaró desiertos.
Conforme al pliego de condiciones generales de la licitación, hasta un 30 % de los pagos correspondientes podrá ser realizado mediante la ejecución de proyectos de desarrollo del Indotel, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso.
Las empresas adjudicatarias deberán suscribir el correspondiente contrato o adenda de concesión en un plazo no mayor de 90 días, conforme a lo establecido en las condiciones de la licitación.
La convocatoria fue realizada mediante la resolución núm. 013-2026, aprobada por el Consejo Directivo del Indotel el 26 de febrero de 2026, con el propósito de ampliar la disponibilidad de espectro radioeléctrico, fomentar la inversión y fortalecer la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones de última generación.
El proceso se desarrolló al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), establecido mediante el Decreto 266-23, así como las normas y recomendaciones internacionales aplicables.