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Autoridades contratan 35 abogados para recuperar bienes del Estado
Santo Domingo, RD.-El consultor jurídico del Poder Ejecutivo informo la contratación de 35 abogados para que ejecuten acciones legales de diversas naturalezas, a fin de recuperar el patrimonio público que se encuentre en manos de terceros, como consecuencia de acciones dolosas.
Antoliano Peralta indicó que el Estado invertirá en proporción a la recuperación de los bienes.
Este contrato indica que los juristas recibirán honorarios de un 15 % en proporción a lo que recuperen.
Todos los abogados fueron nombrados por decreto según el consultor.
Los juristas son: Félix Damián Olivares Grullón, Sóstenes Raúl Rodríguez Segura, Carlos Moisés Almonte Jiménez, Nelson De Los Santos Ferrand, Leidy Altagracia Torres De Figuereo, José Lorenzo Fermín Mejía, Carlos Manuel González Hernández, Carlos Franjul Mejía, Francisco Gregorio Álvarez Martínez y Rafael Segundo Ortega Grullón.
También integran los equipos los licenciados José Alberto Ortiz Beltrán, Rafael Dickson Morales, Jorge Antonio López Hilario, Claudio Alberto Luna Torres, Namphi Andrés Rodríguez, Felipe Herrera De La Rosa, Edison Joel Peña, Keryma Marra Martínez, Bienvenido Fabián Melo De Los Santos, Vinicio Martín Cuello Pereira, Sigfrido Alberto Caamaño García, José Chía Sánchez, Ramón Alejandro Ayala López, Juan Bautista Cuevas Medrano, Sandra Ysabel Taveras, Carlos Alberto Polanco Rodríguez, Jorge Alexandro Herasme Rivas, Ivanna Rodríguez Hernández, y Ricardo Díaz Polanco.
“A partir de este último paso, de varios que se han dado en un cuidadoso proceso de evaluación, selección y contratación, estos abogados darán continuación a los trabajos en los que ya laboran a la esperada recuperación del patrimonio público deberá destinarse a lo que siempre debió destinarse, al beneficio de los dominicanos”, dijo Antoliano
Informó que fueron adelantando algunas investigaciones en lo que se agilizaba el contrato.
Antoliano Peralta, recordó que a raíz de este interés, se emitió el Decreto núm. 22-21 que designó al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo, y a los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, como coordinadores de equipos.
Posteriormente, mediante el Decreto 499-21, el presidente Luis Abinader constituyó el Fideicomiso de Patrimonio Público Recuperado, con un Comité Técnico integrado por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Pedro Silverio en su calidad de asesor del Poder Ejecutivo en Economía y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.