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Autoridades contratan 35 abogados para recuperar bienes del Estado
Santo Domingo, RD.-El consultor jurídico del Poder Ejecutivo informo la contratación de 35 abogados para que ejecuten acciones legales de diversas naturalezas, a fin de recuperar el patrimonio público que se encuentre en manos de terceros, como consecuencia de acciones dolosas.
Antoliano Peralta indicó que el Estado invertirá en proporción a la recuperación de los bienes.
Este contrato indica que los juristas recibirán honorarios de un 15 % en proporción a lo que recuperen.
Todos los abogados fueron nombrados por decreto según el consultor.
Los juristas son: Félix Damián Olivares Grullón, Sóstenes Raúl Rodríguez Segura, Carlos Moisés Almonte Jiménez, Nelson De Los Santos Ferrand, Leidy Altagracia Torres De Figuereo, José Lorenzo Fermín Mejía, Carlos Manuel González Hernández, Carlos Franjul Mejía, Francisco Gregorio Álvarez Martínez y Rafael Segundo Ortega Grullón.
También integran los equipos los licenciados José Alberto Ortiz Beltrán, Rafael Dickson Morales, Jorge Antonio López Hilario, Claudio Alberto Luna Torres, Namphi Andrés Rodríguez, Felipe Herrera De La Rosa, Edison Joel Peña, Keryma Marra Martínez, Bienvenido Fabián Melo De Los Santos, Vinicio Martín Cuello Pereira, Sigfrido Alberto Caamaño García, José Chía Sánchez, Ramón Alejandro Ayala López, Juan Bautista Cuevas Medrano, Sandra Ysabel Taveras, Carlos Alberto Polanco Rodríguez, Jorge Alexandro Herasme Rivas, Ivanna Rodríguez Hernández, y Ricardo Díaz Polanco.
“A partir de este último paso, de varios que se han dado en un cuidadoso proceso de evaluación, selección y contratación, estos abogados darán continuación a los trabajos en los que ya laboran a la esperada recuperación del patrimonio público deberá destinarse a lo que siempre debió destinarse, al beneficio de los dominicanos”, dijo Antoliano
Informó que fueron adelantando algunas investigaciones en lo que se agilizaba el contrato.
Antoliano Peralta, recordó que a raíz de este interés, se emitió el Decreto núm. 22-21 que designó al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo, y a los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, como coordinadores de equipos.
Posteriormente, mediante el Decreto 499-21, el presidente Luis Abinader constituyó el Fideicomiso de Patrimonio Público Recuperado, con un Comité Técnico integrado por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Pedro Silverio en su calidad de asesor del Poder Ejecutivo en Economía y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
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La calidad de los aprendizajes es la principal preocupación de los dominicanos sobre la educación
La calidad de los aprendizajes desplazó a la infraestructura escolar como la principal preocupación de los dominicanos sobre el sistema educativo, según los resultados de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación, un proceso convocado por el Gobierno cuyos consensos servirán de base para elaborar una nueva legislación con la que busca transformar el sector educativo en una política de Estado.
La iniciativa fue puesta en marcha después de que la propuesta del Poder Ejecutivo de reorganizar el sistema educativo mediante la integración de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) generara rechazo en distintos sectores.
Tras ese debate, el Gobierno optó por abrir un proceso de consulta nacional para construir una propuesta de reforma con la participación de actores de todo el sistema educativo. Los resultados mostraron un cambio de prioridades.
El bajo nivel de aprendizaje fue señalado como el principal desafío de la educación dominicana, con un 59 % de las respuestas, por encima de los problemas de disciplina y violencia en los centros educativos (44 %), la desactualización del currículo (40 %), la calidad de la enseñanza y la docencia (36 %) y otras dificultades relacionadas con el aprendizaje (35 %).
El informe refleja que el debate educativo dejó de concentrarse en ampliar la infraestructura para enfocarse en la calidad de los resultados. La preocupación ya no gira principalmente alrededor de construir más escuelas o ampliar la cobertura, sino de garantizar que los estudiantes aprendan más y que la inversión realizada durante los últimos años produzca un impacto tangible en las aulas.
El mandatario afirmó además que la reforma pretende mirar más allá del presente y construir un marco legal capaz de responder a las necesidades educativas de las próximas décadas.
Educación útil para la vida
La consulta también revela que la ciudadanía espera una educación con mayor utilidad para la vida y el empleo. Durante la presentación de los resultados, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, destacó que el 73 % de los participantes manifestó que desea tener la certeza de que lo que se enseña en las aulas permitirá a las personas desenvolverse durante toda la vida y acceder a empleos de calidad.
Ese objetivo está estrechamente ligado a otra de las prioridades identificadas en el proceso: fortalecer la formación docente. Aunque el 47 % de los participantes la reconoce como uno de los mayores avances alcanzados por el sistema educativo, el 39.9 % la señala también como la principal prioridad para profundizar la transformación, reflejando que los esfuerzos realizados todavía no son percibidos como suficientes para elevar la calidad de la enseñanza.
El respaldo a una transformación de mayor alcance también fue amplio. El 71.9 % de los participantes consideró que República Dominicana necesita una reforma profunda de su sistema educativo, un consenso que el Gobierno busca traducir en una legislación que trascienda los períodos presidenciales y garantice continuidad a las políticas públicas.
El desafío de la inteligencia artificial
Los participantes de la consulta también coincidieron en que la inteligencia artificial es el fenómeno que tendrá mayor impacto sobre la educación en los próximos años, al ser mencionada por el 28 % de los consultados.
Le siguieron las tecnologías emergentes y la digitalización (27 %), los conflictos sociales y la violencia (21 %), los cambios en la productividad y la economía (17 %), el cambio climático (16 %), la atención a estudiantes con necesidades específicas (15 %) y la migración (13 %).
Frente a ese panorama, el 56 % de los participantes consideró prioritario fortalecer las competencias digitales, la inteligencia artificial, la innovación, la investigación y las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). También planteó reforzar la formación en valores éticos y cívicos, ciudadanía e identidad (40 %), así como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas (38 %).
La actualización del currículo aparece como la principal respuesta a esos desafíos. De hecho, fue la propuesta que obtuvo mayor respaldo durante la consulta, con un apoyo del 61 % en los foros regionales y del 66 % en los espacios sectoriales, por encima de cualquier otra medida analizada.
Durante la presentación del informe, Abinader sostuvo que esa transformación implica cambiar la forma en que la escuela prepara a los estudiantes para el futuro.
«La escuela no puede seguir preparando a nuestros jóvenes para un mundo que ya no existe. Debe prepararlos para el mundo que viene. Y necesitamos una educación que enseñe a pensar, a crear, a resolver problemas, a trabajar en equipo y a seguir aprendiendo durante toda la vida», reflexionó el mandatario.
La ley y los ministerios
La necesidad de que la reforma trascienda los cambios de gobierno fue uno de los mensajes más reiterados durante el acto celebrado el miércoles en el Teatro Nacional.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, defendió que las transformaciones educativas requieren continuidad institucional y acuerdos nacionales que puedan mantenerse más allá de un período presidencial.
En la misma línea, el titular del Ministerio de Administración Pública, Sigmund Freund, insistió en que convertir los consensos en una ley ofrece mayores garantías de permanencia que un plan sujeto a la voluntad de cada administración.
Al referirse a la propuesta de reorganización del sistema educativo que motivó la consulta, el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, afirmó que el proceso permitió construir una visión integral de la educación como un conjunto articulado por cuatro subsistemas: inicial, preuniversitario, técnico superior y superior.
«Un nuevo modelo educativo con cuatro subsistemas es lo que ha salido en la consulta, que los dominicanos y dominicanas quieren que se tenga conciencia de que un sistema educativo es un todo integrado», detalló.
Agregó que la propuesta que finalmente se presente preservará la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y aclaró que el propósito no es fusionar instituciones, sino fortalecer la articulación entre los distintos niveles del sistema educativo.
El informe servirá ahora como base para redactar el proyecto de ley con el que el Gobierno pretende redefinir el sistema educativo dominicano y que sustituirá las leyes de 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; 66-97, Orgánica de Educación, y 116-80, que crea el Infotep.
Una vez concluida la redacción del proyecto, este deberá agotar el trámite correspondiente en el Poder Ejecutivo antes de ser remitido al Congreso Nacional, donde será debatido por los legisladores. El objetivo del Gobierno es que la reforma quede aprobada como una política de Estado y no dependa de la administración de turno.
16 sectores
La propuesta de reforma se sustenta en una consulta que reunió a representantes de 16 sectores de la sociedad, las 32 provincias y dominicanos residentes en el exterior. En total se realizaron 120 espacios de diálogo en 19 modalidades de participación.
Del total de participantes, el 62.3 % fueron mujeres y el 37.7 % hombres. A los encuentros asistieron familias, docentes, estudiantes, universidades, empresarios, organizaciones gremiales y sindicales, especialistas dominicanos residentes en el exterior y representantes del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, entre otros actores convocados para construir una visión compartida sobre el sistema educativo.
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Dictan tres meses de prisión contra dos hermanos acusados de matar a delivery en Santiago
Santiago, R.D.-Un tribunal de Santiago impuso este martes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos de los tres hermanos que son acusados de causar la muerte a un repartidor de un negocio de comida rápida.
La decisión fue adoptada por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, Estefany Santiago, quien envió a prisión a Eudis Martínez Henríquez, alias «el Pana», de 21 años, y a Anneudy Rafael Cabrera Henríquez, alias «Cocote», de 19.
Por el mismo caso también es procesado un adolescente de 16 años, cuyo expediente es conocido por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.
La víctima mortal es Joel Heredia, de 24 años de edad.
El delivery falleció a consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello durante un incidente registrado el sábado 11 de julio en un establecimiento de comida donde laboraba como repartidor.
El negocio está ubicado en el sector Hato Mayor, en la parte este del municipio de Santiago de los Caballeros.
El tribunal dispuso que los dos imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.
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La propuesta de reducir a la mitad el presupuesto de los partidos políticos quedó olvidada
Santo Domingo, R.D.-«Esperemos que se presente el presupuesto reformulado y ahí ustedes encontraran las respuestas que buscan», fue la respuesta otorgada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al ser cuestionado el pasado lunes seis de julio, sobre si la propuesta de modificación al Presupuesto General del 2026 contendría la reducción de un 50% el dinero que les entrega el Estado a los partidos políticos.
Al hablar ante los medios de comunicación, luego de la reunión de un Consejo de Ministros, Paliza ni confirmó o negó si dentro de ese proyecto de modificación al presupuesto de 2026 se incluirá la propuesta que fue planteada por el Poder Ejecutivo a inicios de mayo como una de las medidas para mitigar el impacto de la crisis producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos.
En la propuesta de modificación al presupuesto del año en curso, aprobada de urgencia por los senadores durante la sesión ordinaria del miércoles, no se contenía la disposición que se había llevado el rechazo de la gran mayoría de los partidos políticos, al igual que la propia Junta Central Electoral (JCE).
Desacuerdos
La idea fue presentada como una de las medidas que tomaría el Poder Ejecutivo para mitigar el impacto de la crisis producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, con la intención de ahorrar hasta RD$40,000 millones de pesos.
Desde el momento de su planteamiento, la pieza comenzó a ser el tema de la discordia del escenario político de inicios de mato de este año; de un lado el discurso oficialista se centró que la propuesta se hizo en virtud del propio reclamo de la oposición de que “el sacrificio debe ser de todos”; mientras que los opositores señalaron, colocándolo incluso en manifiesto firmado por ocho partidos, que la iniciativa gubernamental no constituye “una política de austeridad, sino una ‘reconfiguración selectiva del gasto con fines políticos’”, orientada a debilitar a la oposición y alterar las condiciones de competencia democrática.
El órgano electoral mostró disconformidad con la propuesta indicando que de aplicarse la propuesta se afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística de los partidos.
Nunca se sometió
A pesar de los constantes debates, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, había indicado que la propuesta legislativa sería presentada ante el Congreso Nacional alrededor del primero de julio. Sin embargo, el sometimiento nunca se realizaría, sin que se especificara una razón.
Justo luego de esas declaraciones, el Gobierno promulgaría una reforma tributaria amparada en la Ley 30-26 de Medidas pro-crecimiento Económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.
La contribución económica a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos asciende a la suma de RD$1,620,000,000.00; lo que equivale a la entrega de unos 135 millones mensuales. Con la reducción, el Gobierno buscaba reducir a RD$67 millones, 500 mil la entrega mensual y ahorrarse esa misma cantidad, lo que equivale que entre agosto y diciembre, el Estado hubiera recaudado unos RD$337,500,000.