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Autoridades contratan 35 abogados para recuperar bienes del Estado

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Santo Domingo, RD.-El consultor jurídico del Poder Ejecutivo informo la contratación de 35 abogados para que ejecuten acciones legales de diversas naturalezas, a fin de recuperar el patrimonio público que se encuentre en manos de terceros, como consecuencia de acciones dolosas.

Antoliano Peralta indicó que el Estado invertirá en proporción a la recuperación de los bienes.

Este contrato indica que los juristas recibirán honorarios de un 15 % en proporción a lo que recuperen.

Todos los abogados fueron nombrados por decreto según el consultor.

Los juristas son: Félix Damián Olivares Grullón, Sóstenes Raúl Rodríguez Segura, Carlos Moisés Almonte Jiménez, Nelson De Los Santos Ferrand, Leidy Altagracia Torres De Figuereo, José Lorenzo Fermín Mejía, Carlos Manuel González Hernández, Carlos Franjul Mejía, Francisco Gregorio Álvarez Martínez y Rafael Segundo Ortega Grullón.

También integran los equipos los licenciados  José Alberto Ortiz Beltrán, Rafael Dickson Morales, Jorge Antonio López Hilario, Claudio Alberto Luna Torres, Namphi Andrés Rodríguez, Felipe Herrera De La Rosa, Edison Joel Peña, Keryma Marra Martínez, Bienvenido Fabián Melo De Los Santos, Vinicio Martín Cuello Pereira, Sigfrido Alberto Caamaño García, José Chía Sánchez, Ramón Alejandro Ayala López, Juan Bautista Cuevas Medrano, Sandra Ysabel Taveras, Carlos Alberto Polanco Rodríguez, Jorge Alexandro Herasme Rivas, Ivanna Rodríguez Hernández, y Ricardo Díaz Polanco.

“A partir de este último paso, de varios que se han dado en un cuidadoso proceso de evaluación, selección y contratación, estos abogados darán continuación a los trabajos en los que ya laboran a la esperada recuperación del patrimonio público deberá destinarse a lo que siempre debió destinarse, al beneficio de los dominicanos”, dijo Antoliano

Informó que fueron adelantando algunas investigaciones en lo que se agilizaba el contrato.

Antoliano Peralta, recordó que a raíz de este interés, se emitió el Decreto núm. 22-21 que designó al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo, y a los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, como coordinadores de equipos.

Posteriormente, mediante el Decreto 499-21, el presidente Luis Abinader constituyó el Fideicomiso de Patrimonio Público Recuperado, con un Comité Técnico integrado por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Pedro Silverio en su calidad de asesor del Poder Ejecutivo en Economía y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

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Detienen a 1,784 haitianos ilegales y deportan a otros 1,149

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Por EFE

Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles de la detención de 1,784 haitianos en situación migratoria irregular, mientras que otros 1,149 fueron deportados.

Las operaciones se realizaron en el Gran Santo Domingo, donde fueron detenidos 116 haitianos, 76 en Santiago, 42 en La Vega, 75 en Valverde, 153 en la Zona Este, 13 en Azua, 27 en Barahona, 62 en Puerto Plata, 213 en Dajabón, 128 en Elías Piña, 113 en Jimaní, 63 en Pedernales y 54 en Montecristi.

A estos se agregan 572 aprehendidos por el Ejército de República Dominicana, 59 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y 18 por la Policía Nacional.

Respecto a los haitianos deportados, 550 fueron devueltos a través de la puerta binacional de Dajabón, mientras que otros fueron desde Elías Piña (375), por Jimaní (161) y por Pedernales (63).

La República Dominicana deportó a 153,144 haitianos indocumentados en los primeros cinco meses de 2025, en medio de su ofensiva contra la inmigración irregular.

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Autoridades intensifican operativos en zonas de acceso restringido para vehículos pesados

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Santo Domingo, R.D.- En una acción combinada de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), continúan con los operativos de control y fiscalización a vehículos pesados que transitan sin autorización en zonas de Acceso Restringido (ZAR) del Distrito Nacional, en cumplimiento de la Ordenanza 14-2021 del Ayuntamiento.

Los operativos buscan hacer cumplir la normativa que establece restricciones al tránsito de vehículos de carga en áreas específicas del Gran Santo Domingo, con el objetivo de mejorar la movilidad, proteger la infraestructura urbana y reforzar la seguridad vial.

Estos controles se están realizando en puntos estratégicos del Distrito Nacional, incluyendo: Las Avenidas Luperón con carretera Sánchez, para evitar el ingreso de vehículos pesados al Distrito Nacional, John F. Kennedy antes de la Núñez de Cáceres, Padre Castellanos con Josefa Brea, Bolívar con José Contreras, próximo a la Máximo Gómez, calle México esquina Emilio Prud’ Homme.

El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., estuvo supervisando personalmente los operativos realizados en cada zona donde los agentes de la entidad y técnicos del INTRANT verifican que los camiones cuenten con los permisos correspondientes para circular en las ZAR, y que respeten los horarios y rutas autorizadas. Los vehículos que violan esta normativa están siendo retenidos y sancionados conforme a lo establecido por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La DIGESETT exhorta a los conductores y empresas transportistas a cumplir con los requerimientos legales y gestionar los permisos correspondientes ante el INTRANT, a fin de evitar sanciones y contribuir a un tránsito más seguro y ordenado.

Ambas instituciones reiteran su compromiso con la regulación del transporte de carga, la seguridad vial y la organización del tránsito en beneficio de todos los ciudadanos.

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Allanan residencia de «la Doña» señalada por narcotráfico y lavado

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Santo Domingo, R.D.-En un operativo del Ministerio Público conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que contó con la colaboración internacional de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fueron ocupadas distintas evidencias documentales en un allanamiento practicado en una propiedad de Blanca Bautista Martínez (la Doña), vinculada a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos.

En el allanamiento del inmueble ubicado en el Distrito Nacional los fiscales Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocuparon documentaciones vinculantes entre la acusada y la red, las cuales permiten robustecer los cargos en contra de los miembros de la organización criminal procesados en República Dominicana.

Bautista Martínez, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por narcotráfico en el Distrito Sur de la Florida, se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 27 de mayo.

La acusada, vinculada a una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos con  ramificaciones en la provincia María Trinidad Sánchez, también tiene conexión con otros imputados, incluyendo a Omar Ortiz Mosquea, pendiente de audiencia preliminar.

El Ministerio Público indicó que al grupo criminal le fueron ocupados 243 paquetes de un polvo blanco, que resultaron ser cocaína clorhidratada, con un peso total de 250.58 kilogramos, durante un allanamiento a propiedades de la red, ejecutado en el municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, el 20 de febrero de 2023.

Bautista Martínez ya había cumplido una condena de cinco años de prisión, con dos suspendidos, que le fue impuesta el 12 de diciembre de 2019, mediante la sentencia núm. 249-04-2019-SSEN-00221, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y el fiscal investigador Luis Alberto García, explicaron a que las unidades del Ministerio Público continúan ampliando la investigación a los fines de identificar y procurar sanción penal contra todos los miembros de la referida estructura criminal en el proceso judicial que se lleva en su contra en tribunales del país.

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