Nacionales
Santuario marino crea el Gobierno con nombre de Orlando Jorge Mera
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Medio Ambiente creó este jueves un área marina con el nombre de Orlando Jorge Mera, quien fue asesinado en 2022, lo cual incluyó también la ampliación del santuario de mamíferos Marinos Banco de la Plata y la Navidad.
Las disposiciones están contenidas en los decretos 194-24 y 195-24, respectivamente, firmados por el presidente Luis Abinader, durante una actividad realizada en el Salón Verde del Palacio Nacional. El plan forma parte del proyecto República Dominicana 30×30, lanzado la semana pasada.
La parte designada con el nombre de Jorge Mera es un área de la cordillera Beata, una cadena de montes y planicies sumergidas en el mar Caribe y cuya zona es compartida con Colombia, país que también se comprometió a proteger el área.
En abril del 2022, el presidente de Colombia, Iván Duque, visitó la República Dominicana y uno de los acuerdos con el mandatario local fue proteger la Reserva Natural Cordillera Beata.
Más tarde, Medio Ambiente, junto a otras instituciones, organizó una expedición de 20 días y 2,740 kilómetros recorridos. En ese tiempo de estudio e investigación lograron identificar seis especies de delfines y tiburones; más de 300 aves, incluyendo 80 especie de las llamadas diablotín, difícil de ver, según detalló Jonathan Delance, asesor del ministerio.
En ese sentido, el decreto 194-24 obliga al Estado a proteger las especies marinas que viven en esa zona de la cordillera Beata, que ha sido designada con el nombre del exministro Jorge Mera, cuya familia agradeció el gesto.
De igual manera, el mandato 195-24 extiende los límites del Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de La Plata y de La Navidad en más de 54,759 kilómetros cuadrados en el norte del país, a fin de resaltar el compromiso del Estado para proteger los recursos naturales, así como establecer áreas protegidas para conocer los ecosistemas, los servicios ambientales y cuencas hidrográficas.
El decreto reconoce la necesidad del monitoreo y elaborar un plan de vigilancia a fin de recuperar la recuperación de esos ecosistemas, que comprende la zona de mayor reproducción de ballenas jorobadas.
Las disposiciones son parte del proyecto República Dominicana 30×30, lanzado la semana pasada, que busca preservar el 30 % de los recursos naturales al año 2030.
El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, explicó que, con la creación del parque Jorge Mera y la ampliación del santuario de mamíferos el país logra el 30.8 % de protección de los espacios marinos, «cumpliendo así la meta seis años antes de la fecha».
República Dominicana es el primer país del Caribe y el número seis de América Latina en lograr el 30×30 en el área marina, dijo el titular.
Sin embargo, reconoció que el reto apenas comienza, puesto que, además de proteger esas zonas, hay que tratarlas adecuadamente; por lo que se anunció un plan de manejo y se estudia la creación de un centro de investigación junto a la Fundación Propagas.
A la actividad asistieron representantes de Blue Marine Fundation, la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar), del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar) de Colombia y de la Fundación Grupo Puntacana, entidades con las que Medio Ambiente ejecuta el proyecto.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.