Nacionales
Gobierno de Fernández deja pendientes demandas prioritarias de la población
EI presidente Leonel Fernández concluye el jueves 16 un mandato sucesivo de 2,992 días, entre luces y sombras, dejando tras de sí un torrente de ardientes críticas por la acumulada corrupción administrativa sin sanción e innumerables casas de peculado impune.
Asignaturas pendientes son, también, la inseguridad ciudadana, que ha devenido en altos índices de criminalidad y violencia, así como inocultables deficiencias y caos en los servicios públicos, verbigracia los de energía eléctrica y transporte urbano, por la manifiesta abulia de la burocracia para corregir dilatados males que mantienen exasperada a la sociedad dominicana.
La violación e inobservancia de leyes y normas vigentes responden a un esquema gubernamental de “ver y dejar pasar”, con el consiguiente efecto degradante en importantes estamentos sociales.
Apoyadas en una estrategia de atracción de adhesiones políticas en base al reparto de bienes y exiguas ayudas sociales, las dos últimas administraciones del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se agenciaron el apoyo de los sectores más empobrecidos, los cuales, paradójicamente, quedaron desprotegidos de la mano oficial.
Durante su heredado liderazgo político, el doctor Fernández logró acrecentar el respaldo de los votantes y llevar su organización política de un partido de “cuadros” y circulistas a uno de masas. Para ello, sin embargo, sus dirigentes debieron transitar un nuevo rumbo que renegaba del postulado ético y moral que enarboló su fundador y guía, el profesor Juan Bosch.
Concomitantemente con su accionar en procura de simpatía electoral, los gobiernos peledeístas que culminan emprendieron un vasto plan de obras, aunque muchas de ellas no respondieran a un orden estricto de prioridades o necesidades perentorias de las comunidades.
Ante demandas insatisfechas de una población empoderada y más consciente de sus necesidades, sectores sociales y económicos asumieron sus reclamos al Estado con jornadas colectivas de protestas en sus demarcaciones.
Las críticas más severas a la administración del saliente gobernante estuvieron centradas en las obras del Metro de Santo Domingo, cuyas líneas 1 y 2 consumieron enormes recursos del erario, en perjuicio de áreas más sensibles y prioritarias, como la salud y la educación. En este último renglón fue ostensible la renuencia de las autoridades a asignarle el 4% del PIB, como se establece legalmente, y que generó un compacto movimiento social en demanda del cumplimiento de tal prerrogativa.
Asimismo, fue severa- mente censurada la alegada predilección del Gobierno por la construcción de obras de relumbrón en la Capital, en detrimento de comunidades carentes de todo.
Otro revés de su gestión lo representa la creciente e incontenible ola migratoria de haitianos hacia República Dominicana, justificada en una fementida solidaridad que cuanto ha contribuido es a arrabalizar zonas urbanas y turísticas sensibles, abultar la inversión en atención médica a ciudadanos del país vecino y ganarnos reproches y condenas en organismos internacionales.
Enumerar los escándalos, desaciertos e “indelicadezas” de los últimos ocho años sería un fútil ejercicio de compilación, pues han sido publicitados y denunciados en demasía por los medios.
Sin embargo, baste citar los casos de la Sun Land, el edificio de estacionamientos de los mil millones de la UASD, la millonaria y nunca transparentada remodelación del Palacio de Bellas Artes y el equipamiento de la Suprema Corte de Justicia, tampoco objetos de rendición de cuentas.
Que una claque de privilegiados personeros haya plantado cara en defensa de la imagen y figura presidencial se convirtió en una inusual fuerza de choque contra el legítimo derecho al disenso ciudadano. Tales acciones nunca fueron desautorizadas desde el centro del poder.
Regatearle a los gobiernos peledeístas obras beneficiosas para el país sería un acto de insensatez.
Dotar a la nación de altas cortes que respondiesen a los cambios del nuevo siglo, figuran entre su palmarés.
El manejo inteligente para poner los tribunales al servicio de la voluntad presidencial, empero, se constituyó en un elemento de freno a las garantías de independencia de los poderes estatales.
Entre los logros sobresale la construcción de la nueva y moderna autopista Juan Pablo II, que comunica con la zona turística de Samaná, y la avanzada Autopista del Coral. La primera se levantó mediante el régimen de concesión y operación.
El mantenimiento de la estabilidad cambiaria, la construcción de una Ciudad Sanitaria y el conocido respaldo a las actividades deportivas y culturales, con acelerado levantamiento de obras físicas, quedan como legado apreciable de la gestión gubernamental que llega a su fin.
EI reordenamiento institucional y operativo de la Dirección de Impuestos Internos (DGII) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) se inscriben entre los aciertos gubernamentales. Ambos organismos constituyen hoy paradigmas de eficiencia y modernidad en un andamiaje burocrático que arrastra lagunas en la atención al contribuyente y mantiene una brecha abierta a la comisión de cohecho.
Las claves
1. La violencia
Los elevados índices de criminalidad, el desasosiego ciudadano y las deficiencias en el suministro de energía eléctrica se mantienen entre los aspectos de mayor padecimiento.
2. La falta de energía
El déficit energético afecta de manera sensible la producción y la actividad comercial.
Fuente: Hoy
Nacionales
Detectan 40 anomalías financieras por cientos de millones en la Apordom durante la gestión de Víctor Gómez Casanova
Santo Domingo, R.D.-El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) presentó este martes los resultados de una auditoría especial realizada a la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom). El informe reveló numerosas irregularidades financieras y administrativas que impactaron negativamente en el manejo de miles de millones de pesos en el periodo del 2016 al 2021.
La auditoría efectuada a la gestión de Víctor Gómez Casanova como exdirector ejecutivo de la entidad, quien estuvo al frente de la entidad del 14 de septiembre de 2016 al 16 de agosto de 2020, expuso al menos 40 irregularidades financieras cruciales que comprometieron recursos públicos. La Cámara de Cuentas documentó estas anomalías en un informe pericial de 456 páginas.
Los investigadores habrían identificado que, durante el periodo fiscalizado, se realizaron pagos por un monto total de RD$ 51,047,482 a 42 supuestos asesores en nómina de la entidad. Sin embargo, se determinó que no existía evidencia documental que respaldara los procedimientos de selección correspondientes.
Durante el periodo auditado, los investigadores detectaron que se realizaron pagos por un total de RD$ 51,047,482 a 42 personas registradas como asesores en la nómina de la entidad. No obstante, la auditoría reveló que no se encontró evidencia documental que sustente los procedimientos de selección ni los criterios utilizados para la contratación de dichos asesores.
El informe también destaca la existencia de pagos realizados a trabajadores de jornales durante los meses de marzo, mayo y junio de 2016, por un monto total de RD$ 65,299,000. No obstante, dichos desembolsos no contaron con la documentación justificativa necesaria para respaldar las operaciones, lo que evidencia graves deficiencias en el control interno de la entidad, reza el documento de la CCRD.
El órgano de control externo determinó, además, que la Autoridad Portuaria Dominicana incluyó en sus nóminas a 178 empleados que, a pesar de estar registrados como trabajadores de esta institución, desempeñaban funciones en otras entidades gubernamentales. Según los documentos, entre agosto de 2016 y agosto de 2020, el monto destinado a salarios y beneficios de este personal ascendió a RD$ 50,741,453.
Durante el uso de las tarjetas, pagadas con recursos públicos, se identificaron transacciones relacionadas con gastos en hoteles, restaurantes, combustibles y otros conceptos, como compras en farmacias, hospitales, clubes y diversos comercios, según detalla el informe de la auditoría.
Asimismo, se detectaron consumos adicionales efectuados con tarjetas de crédito en dólares estadounidenses por un monto de US$ 153,806, equivalentes a RD$ 7,475,910. Que, al igual que los gastos en pesos dominicanos, estos pagos carecen de la documentación justificativa necesaria, según la auditoría.
En ese contexto, el informe señala diferencias significativas entre los pagos registrados en los estados bancarios y los reflejados en los estados de cuentas de las tarjetas de crédito, ascendiendo a un monto total de RD$ 2,635,257. Estas discrepancias fueron identificadas durante la fiscalización.
Por otra parte, los peritos detallan en su informe que, entre los años 2016 y 2021, se llevaron a cabo adquisiciones y recepción de bienes, obras y servicios por RD$ 18,137,876. Indican que estas operaciones no fueron incluidas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), lo que podría constituir una infracción a las disposiciones vigentes sobre la planificación y ejecución del gasto público.
El órgano superior destaca que no fueron publicadas en el portal institucional las nóminas correspondientes al programa de pensiones, ni los listados detallados de las remuneraciones por servicios prestados durante el periodo 2016-2021. Estas omisiones ascienden a un monto total acumulado de RD$ 389,866,445.
A continuación se presentan las 40 irregularidades identificadas por la Cámara de Cuentas en los estados financieros y contables de las autoridades portuarias de la República Dominicana.
1- Se reporta la desaparición de dos (2) vehículos de motor marca Hyundai, modelo Sonata 2010, adquiridos entre agosto 2016 y agosto 2020, propiedad de la institución, los cuales no fueron localizados ni tienen registros en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
2- Se identificaron nóminas electrónicas correspondientes al periodo 2016-2020 por un monto total de RD$ 291,738,493, las cuales no están registradas en el sistema.
3- Durante el periodo 2016-agosto 2020, se detectó la remuneración de 22 empleados por servicios prestados y fijos sin evidencia de contratos, nombramientos ni información en la base de datos de la entidad.
4 -Pagos realizados por servicios en el periodo 2016-2019, por un monto de RD$ 1,950,000, presentan firmas de recibido que no corresponden al destinatario y carecen de poderes especiales para su retiro. Además, se identificaron pagos por RD$1,267,500 sin copia de cédula de identidad para validarlos, sumando un total de RD$2,651,500.
5- Se emitieron cheques por servicios prestados entre noviembre 2016 y julio 2020 por un monto de RD$17,165,832, así como sueldos fijos por RD$ 7,262,454, que fueron retirados por personas distintas al beneficiario sin evidencia de autorización.
6- Durante el período noviembre 2016-julio 2020, se observaron cheques por un monto de RD$ 14,021,429, endosados por empleados de la entidad y personal externo.
7- Se identificaron debilidades en el control interno respecto a gastos de jornales en los meses de marzo, mayo y junio de 2016, por un monto de RD$ 65,299,000, sin documentos justificativos.
8- El control de asistencia del período 2016-2021 fue suministrado de manera incompleta, impidiendo llevar a cabo un análisis adecuado.
9- Los aportes a la cooperativa descontados a empleados durante el período 2016-2020, por un monto de RD$ 5,466,837, no fueron pagados oportunamente a dicha cooperativa.
10- Se detectó un atraso en el pago a la TSS por un monto de RD$ 42,910,509 correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2020, lo que generó recargos e intereses por RD$ 7,674,652, los cuales fueron saldados el 8 de septiembre de 2020.
11- No se transparentaron en el portal institucional las nóminas de prepensión y listados de remuneraciones por servicios prestados entre 2016 y 2021, que suman un monto total de RD$ 389,866,445.
12 -Se realizaron transferencias de fondos al CESEP por un monto de RD$ 99,497,642 durante el período 2016-agosto 2020, sin contar con una reglamentación interna.
13- Se otorgaron compensaciones a empleados por uso de vehículos entre 2017 y agosto 2020, por un monto de RD$34,851,970, y RD$ 771,000 en el período agosto 2020-diciembre 2021, sin reglamentación interna.
14- Durante febrero, marzo, junio, julio, agosto y septiembre de 2016, se otorgaron retribuciones complementarias por un monto de RD$ 6,417,238 sin contar con una reglamentación interna.
15 -Se observó un ajuste no aplicado a los sueldos por pagar, por un monto de RD$ 23,953,291, correspondiente al período 2016-2020.
16- Se identificaron empleados militares nombrados como empleados fijos entre 2016 y 2020, con un costo total de RD$ 7,127,039.
17- Se emitieron sueldos con el código de asalariados, incluyendo uno duplicado, sin que el sistema de nómina contenga los nombres ni fechas de ingreso, por un monto de RD$ 483,620, en los años 2017 y 2018.
18- Se incluyeron 178 empleados en nóminas de otras entidades del Estado, lo que generó un desembolso de RD$ 50,741,453 entre agosto 2016 y agosto 2020.
19- Se detectó falta de gestión en el proceso de pensión de 60 empleados, lo que representa un monto acumulado de RD$ 82,601,247 durante el período auditado.
20- Se identificó que durante el período fiscalizado 2016-2020, se realizaron pagos por un monto total de RD$ 51,047,482 a asesores en nómina de la entidad, sin que existiera evidencia de los procedimientos de selección correspondientes.
21- En el período comprendido entre 2016 y 2021, se retuvo un monto inferior al debido del impuesto sobre la renta (ISR) a los asalariados, ascendiendo la diferencia a RD$ 1,986,293.
22- Durante los años 2018 y 2019, se realizaron retenciones del impuesto sobre la renta que no fueron pagadas, acumulando un monto pendiente de RD$ 6,007,903.
23-En los períodos 2016-2020, se detectaron errores en el cálculo de la Regalía Pascual (sueldo n.° 13), resultando en pagos inferiores por un monto de RD$ 752,029 y pagos superiores por un monto de RD$ 1,115,164, ambos fuera de lo establecido.
24- Se asignaron tarjetas de crédito corporativas para gastos de representación sin contar con una reglamentación interna que estableciera límites de consumo mensual, registrándose montos de RD$ 150,000 y US$ 10,000 durante los años 2016 a agosto de 2020.
25- Consumos realizados con tarjeta de crédito en pesos dominicanos (RD$) que no cuentan con facturas ni vouchers de los gastos de representación, ascendiendo a un monto total de RD$ 10,413,970, correspondientes al período 2016-2020.
26- Consumos efectuados con tarjeta de crédito en dólares estadounidenses (USD) sin facturas ni vouchers de los gastos de representación, por un monto de US$ 153,806, equivalente a RD$ 7,475,910, correspondientes al período 2016-agosto 2020.
27- Diferencias detectadas entre los pagos reflejados en los estados bancarios y los estados de cuentas de las tarjetas de crédito, por un monto de RD$ 2,635,257, dentro del período auditado 2016-2020.
28- Discrepancias en los estados bancarios durante el período 2016-2020, por un monto total de RD$ (107,566).
29- Adquisición y recepción de bienes, obras y servicios por un valor de RD$ 18,137,876, sin estar contemplados en el Plan Anual de Compras (PACC), correspondientes a los años 2016-2021.
30- Adquisiciones de bienes por un total de RD$ 52,906,996 y servicios por RD$28,168,689, registrados sin evidencia de haber seguido los procedimientos requeridos, durante el período 2016-2020.
31- Pagos realizados por facturación superior al monto contratado, por un total de RD$ 1,948,047, sin evidencia de autorización ni adenda para aumentar el arrendamiento de equipos de impresión, correspondientes a los años 2018 y 2019.
Santo Domingo, R.D.-El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que la ciudadanía puede tener plena confianza en que se realizará una investigación «exhaustiva e inmediata» sobre las ocupaciones ilegales y los posibles fraudes inmobiliarios que afectan el patrimonio natural de la República Dominicana.»
Consideró que este enfoque implica un cambio estructural, ya que los delitos ecológicos serán tratados con la misma rigurosidad que el crimen organizado, debido a su impacto lesivo y, muchas veces, irreversible para el tejido social.
Estas acciones responden a una instrucción directa de la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, orientada a blindar las reservas ecológicas del país frente a estructuras criminales.
Para garantizar la eficacia de las pesquisas y desarticular posibles redes de corrupción, se ha conformado un equipo de alto nivel integrado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren).
También Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria y Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
La instrucción emitida por Reynoso establece que el equipo debe auditar todos los actos jurídicos, administrativos y transacciones que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad privados dentro de terrenos protegidos.
El objetivo central es identificar la existencia de entramados criminales, casos de prevaricación y falsificación de documentos que hayan facilitado que particulares se apoderen del patrimonio público de forma fraudulenta.
Al respecto, la Procuradora General afirmó que la conservación de estos ecosistemas asegura la permanencia de los servicios ambientales y económicos para las presentes y futuras generaciones.
Esta medida forma parte de una estrategia para fortalecer la persecución de delitos ambientales que impactan la seguridad hídrica y las actividades productivas del país.
Santo Domingo, R.D.-Este 18 de febrero se celebra el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma dentro del calendario cristiano y abre el período de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa y la Pascua de Resurrección.
La jornada simboliza un tiempo de reflexión, arrepentimiento y conversión para millones de fieles alrededor del mundo. Durante este día, los creyentes son invitados a reconocer la fragilidad humana y renovar su compromiso espiritual mediante la oración, el ayuno y la penitencia.
¿Por qué se coloca ceniza en la frente?
Una de las tradiciones más representativas del Miércoles de Ceniza es la imposición de una cruz de ceniza en la frente de los fieles durante la eucaristía. El sacerdote pronuncia frases como: “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” o “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”, recordando el carácter pasajero de la vida y la importancia de la conversión espiritual.
Ayuno y abstinencia durante la Cuaresma
La Iglesia Católica establece que los fieles entre 18 y 60 años practiquen ayuno durante esta jornada, realizando solo una comida fuerte al día. Además, inicia la abstinencia de carne todos los viernes de Cuaresma para los mayores de 14 años.
Un origen que se remonta a los primeros siglos
El origen del Miércoles de Ceniza se remonta al siglo IV, cuando la Iglesia organizó el período cuaresmal como preparación previa a la Pascua. Con el paso de los siglos, el ayuno y los actos penitenciales se consolidaron como pilares de esta tradición.
La práctica de usar cenizas tiene raíces aún más antiguas, vinculadas a costumbres hebreas en las que las personas se cubrían con ceniza como signo de arrepentimiento y búsqueda espiritual.
De esta manera, el Miércoles de Ceniza marca el inicio de 40 días de reflexión que culminan con una de las celebraciones más importantes del cristianismo: la Semana Santa.