Nacionales
Gobierno de Fernández deja pendientes demandas prioritarias de la población
EI presidente Leonel Fernández concluye el jueves 16 un mandato sucesivo de 2,992 días, entre luces y sombras, dejando tras de sí un torrente de ardientes críticas por la acumulada corrupción administrativa sin sanción e innumerables casas de peculado impune.
Asignaturas pendientes son, también, la inseguridad ciudadana, que ha devenido en altos índices de criminalidad y violencia, así como inocultables deficiencias y caos en los servicios públicos, verbigracia los de energía eléctrica y transporte urbano, por la manifiesta abulia de la burocracia para corregir dilatados males que mantienen exasperada a la sociedad dominicana.
La violación e inobservancia de leyes y normas vigentes responden a un esquema gubernamental de “ver y dejar pasar”, con el consiguiente efecto degradante en importantes estamentos sociales.
Apoyadas en una estrategia de atracción de adhesiones políticas en base al reparto de bienes y exiguas ayudas sociales, las dos últimas administraciones del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se agenciaron el apoyo de los sectores más empobrecidos, los cuales, paradójicamente, quedaron desprotegidos de la mano oficial.
Durante su heredado liderazgo político, el doctor Fernández logró acrecentar el respaldo de los votantes y llevar su organización política de un partido de “cuadros” y circulistas a uno de masas. Para ello, sin embargo, sus dirigentes debieron transitar un nuevo rumbo que renegaba del postulado ético y moral que enarboló su fundador y guía, el profesor Juan Bosch.
Concomitantemente con su accionar en procura de simpatía electoral, los gobiernos peledeístas que culminan emprendieron un vasto plan de obras, aunque muchas de ellas no respondieran a un orden estricto de prioridades o necesidades perentorias de las comunidades.
Ante demandas insatisfechas de una población empoderada y más consciente de sus necesidades, sectores sociales y económicos asumieron sus reclamos al Estado con jornadas colectivas de protestas en sus demarcaciones.
Las críticas más severas a la administración del saliente gobernante estuvieron centradas en las obras del Metro de Santo Domingo, cuyas líneas 1 y 2 consumieron enormes recursos del erario, en perjuicio de áreas más sensibles y prioritarias, como la salud y la educación. En este último renglón fue ostensible la renuencia de las autoridades a asignarle el 4% del PIB, como se establece legalmente, y que generó un compacto movimiento social en demanda del cumplimiento de tal prerrogativa.
Asimismo, fue severa- mente censurada la alegada predilección del Gobierno por la construcción de obras de relumbrón en la Capital, en detrimento de comunidades carentes de todo.
Otro revés de su gestión lo representa la creciente e incontenible ola migratoria de haitianos hacia República Dominicana, justificada en una fementida solidaridad que cuanto ha contribuido es a arrabalizar zonas urbanas y turísticas sensibles, abultar la inversión en atención médica a ciudadanos del país vecino y ganarnos reproches y condenas en organismos internacionales.
Enumerar los escándalos, desaciertos e “indelicadezas” de los últimos ocho años sería un fútil ejercicio de compilación, pues han sido publicitados y denunciados en demasía por los medios.
Sin embargo, baste citar los casos de la Sun Land, el edificio de estacionamientos de los mil millones de la UASD, la millonaria y nunca transparentada remodelación del Palacio de Bellas Artes y el equipamiento de la Suprema Corte de Justicia, tampoco objetos de rendición de cuentas.
Que una claque de privilegiados personeros haya plantado cara en defensa de la imagen y figura presidencial se convirtió en una inusual fuerza de choque contra el legítimo derecho al disenso ciudadano. Tales acciones nunca fueron desautorizadas desde el centro del poder.
Regatearle a los gobiernos peledeístas obras beneficiosas para el país sería un acto de insensatez.
Dotar a la nación de altas cortes que respondiesen a los cambios del nuevo siglo, figuran entre su palmarés.
El manejo inteligente para poner los tribunales al servicio de la voluntad presidencial, empero, se constituyó en un elemento de freno a las garantías de independencia de los poderes estatales.
Entre los logros sobresale la construcción de la nueva y moderna autopista Juan Pablo II, que comunica con la zona turística de Samaná, y la avanzada Autopista del Coral. La primera se levantó mediante el régimen de concesión y operación.
El mantenimiento de la estabilidad cambiaria, la construcción de una Ciudad Sanitaria y el conocido respaldo a las actividades deportivas y culturales, con acelerado levantamiento de obras físicas, quedan como legado apreciable de la gestión gubernamental que llega a su fin.
EI reordenamiento institucional y operativo de la Dirección de Impuestos Internos (DGII) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) se inscriben entre los aciertos gubernamentales. Ambos organismos constituyen hoy paradigmas de eficiencia y modernidad en un andamiaje burocrático que arrastra lagunas en la atención al contribuyente y mantiene una brecha abierta a la comisión de cohecho.
Las claves
1. La violencia
Los elevados índices de criminalidad, el desasosiego ciudadano y las deficiencias en el suministro de energía eléctrica se mantienen entre los aspectos de mayor padecimiento.
2. La falta de energía
El déficit energético afecta de manera sensible la producción y la actividad comercial.
Fuente: Hoy
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.