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Gobierno de Fernández deja pendientes demandas prioritarias de la población

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EI presidente Leonel Fernández concluye el jueves 16 un mandato sucesivo de 2,992 días, entre luces y sombras, dejando tras de sí un torrente de ardientes críticas por la acumulada corrupción administrativa sin sanción e innumerables casas de peculado impune.

Asignaturas pendientes son, también, la inseguridad ciudadana, que ha devenido en altos índices de criminalidad y violencia, así como inocultables deficiencias y caos en los  servicios públicos, verbigracia los  de energía eléctrica y transporte urbano, por la manifiesta abulia de la burocracia para corregir dilatados males que mantienen exasperada a la sociedad dominicana.

La violación e inobservancia de leyes y normas vigentes responden a un esquema gubernamental de “ver y dejar pasar”, con el consiguiente efecto degradante en importantes estamentos sociales.

Apoyadas en una estrategia de atracción de adhesiones políticas en base al reparto de bienes y exiguas ayudas sociales, las dos últimas administraciones del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se agenciaron el apoyo de los  sectores más empobrecidos, los  cuales, paradójicamente, quedaron desprotegidos de la mano oficial.

Durante su heredado liderazgo político, el doctor Fernández logró acrecentar el respaldo de los votantes y llevar su organización política de un partido de “cuadros” y circulistas a uno de masas. Para ello, sin embargo, sus dirigentes debieron transitar un nuevo rumbo que renegaba del postulado ético y moral que enarboló su fundador y guía, el profesor Juan Bosch.

Concomitantemente con su accionar en procura de simpatía electoral, los gobiernos peledeístas que culminan emprendieron un vasto plan de obras, aunque muchas de ellas no respondieran a un orden estricto de prioridades o necesidades perentorias de las comunidades.

Ante demandas insatisfechas de una población empoderada y más consciente de sus necesidades, sectores sociales y económicos asumieron sus reclamos al Estado con jornadas colectivas de protestas en sus demarcaciones.

Las críticas más severas a la administración del saliente gobernante estuvieron centradas en las obras del Metro de Santo Domingo, cuyas líneas 1 y 2 consumieron enormes recursos del erario, en perjuicio de áreas más sensibles y prioritarias, como la salud y la educación. En este último renglón fue ostensible la renuencia de las autoridades a asignarle el 4% del PIB, como se establece legalmente, y que generó un compacto movimiento social en demanda del cumplimiento de tal prerrogativa.

Asimismo, fue severa- mente censurada la alegada predilección del Gobierno por la construcción de obras de relumbrón en la Capital, en detrimento de comunidades carentes de todo.

Otro revés de su gestión lo representa la creciente e incontenible ola migratoria de haitianos hacia República Dominicana, justificada en una fementida solidaridad que cuanto ha contribuido es a arrabalizar zonas urbanas y turísticas sensibles, abultar la inversión en atención médica a ciudadanos del país vecino y ganarnos reproches y condenas en organismos internacionales.

Enumerar los escándalos, desaciertos e “indelicadezas” de los últimos ocho años sería un fútil ejercicio de compilación, pues han sido publicitados y denunciados en demasía por los medios.

Sin embargo, baste citar los casos de la Sun Land, el edificio de estacionamientos de los mil millones de la UASD, la millonaria y nunca transparentada remodelación del Palacio de Bellas Artes y el equipamiento de la Suprema Corte de Justicia, tampoco objetos de rendición de cuentas.

Que una claque de privilegiados personeros haya plantado cara en defensa de la imagen y figura presidencial se convirtió en una inusual fuerza de choque contra el legítimo derecho al disenso ciudadano. Tales acciones nunca fueron desautorizadas desde el centro del poder.

Regatearle a los gobiernos peledeístas obras beneficiosas para el país sería un acto de insensatez.

Dotar a la nación de altas cortes que respondiesen a los cambios del nuevo siglo, figuran entre su palmarés.

El manejo inteligente para poner los tribunales al servicio de la voluntad presidencial, empero, se constituyó en un elemento de freno a las garantías de independencia de los poderes estatales.

Entre los logros sobresale la construcción de la nueva y moderna autopista Juan Pablo II, que comunica con la zona turística de Samaná, y la avanzada Autopista del Coral. La primera se levantó mediante el régimen de concesión y operación.

El mantenimiento de la estabilidad cambiaria, la construcción de una Ciudad Sanitaria y el conocido respaldo a las actividades deportivas y culturales, con acelerado levantamiento de obras físicas, quedan como legado apreciable de la gestión gubernamental que llega a su fin.

EI reordenamiento institucional y operativo de la Dirección de Impuestos Internos (DGII) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) se inscriben entre los aciertos gubernamentales. Ambos organismos constituyen hoy paradigmas de eficiencia y modernidad en un andamiaje burocrático que arrastra lagunas en la atención al contribuyente y mantiene una brecha abierta a la comisión de cohecho.

Las claves

1.  La violencia

Los elevados índices de criminalidad, el desasosiego ciudadano y las deficiencias en el suministro de energía eléctrica se mantienen entre los aspectos de mayor padecimiento.

2.   La falta de energía

El déficit energético afecta de manera sensible la producción y la actividad comercial.

Fuente: Hoy

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Presentan querella contra tesorero de la Seguridad Social.

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SANTO DOMINGO.-El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sadhalá, fue acusado por  el Colegio de Abogados de la República Dominicana de prevaricación, desfalco y abuso de confianza, entre otros delitos, mediante una querella que la entidad  interpuso este jueves en la Procuraduría General de la República.

Miguel Surún Hernández, presidente del gremio de los abogados, presentó la querella en la Procuraduría General de la República para que posteriormente sea investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca).

De acuerdo con un comunicado del gremio, Sahdalá «ha desviado de forma fraudulenta miles de millones de pesos» de los fondos de la Seguridad Social a través de las cuentas AFP00 Y AFP20, dos Administradoras de Fondos de Pensiones ficticias.

Asimismo, ha desviado «alrededor de 600 millones de pesos aportados por el Estado» para el Seguro Contributivo Subsidiado, instaurado en favor de los abogados y demás profesionales independientes, pero que nunca ha sido puesto en vigencia, «pues sus recursos han sido utilizados de manera fraudulenta para otros fines», agregó Surun Hernández.

Con esta acción «quedan desamparados y sin cobertura decenas de miles de abogados y profesionales independientes», afirmó.

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Ministerio Público pide a Suprema condenar a cinco años de prisión a diputado del PRM.

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Santo Domingo, RD.-La Segunda Sala de la  Suprema Corte de Justicia recibió el pedido del Ministerio Público de condenar a cinco años de cárcel al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Gregorio Domínguez, por desalojo ilegal.

Los procuradores adjuntos Pedro Amador, Isis de la Cruz Duarte y el procurador de Corte, Melquiades Suero, hicieron el pedimento a los jueces Francisco Jerez Mena, Fran Soto y María Garabito.
En su dictamen, el ministerio público pidió a los jueces declarar culpable al legislador y que en consecuencia fuera sentenciado a cinco años de prisión para ser cumplida en la cárcel Modelo de Rafey-Hombres, de Santiago.

Igualmente, el ministerio público en su dictamen, pidió al tribunal notificar la sentencia a intervenir al juez de la ejecución de la pena de Santiago y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para los fines de lugar correspondiente.

Los procuradores adjuntos y de Corte, consideraron en la audiencia de jurisdicción privilegiada, que el diputado violó los artículos 24 y 25 de la ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública.

Igualmente, sostienen que el legislador violó el artículo 1 de la Ley 5869 sobre violación de propiedad, así como los artículos 1 y 2 de la Ley 5997 sobre destrucción a la propiedad ajena en perjuicio de la señora querellante Lucila Nelly Capellán Luna, quien es representada por el abogado César Amadeo Peralta.

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El país niega informaciones sobre aborto, pedofilia y otros temas en la OEA

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Santo Domingo, RD.-Fueron calificadas de falsas las informaciones que han circulado en torno a la participación del país en la Organización de Estados Unidos Americanos (OEA) en lo referente al aborto, la pedofilia y otros temas, de acuerdo a un desmentido al respecto hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

“Negamos categóricamente que en el marco de las negociaciones de cara a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse la próxima semana en Perú, se esté impulsando alguna iniciativa o planteamiento desde la República Dominicana asociado al aborto”, dicen en un comunicado.

Aseguran que tampoco se está impulsando la reasignación de sexo o sobre géneros diversos, la eliminación de la patria potestad de padres y madres sobre la educación de sus hijos e hijas, la pedofilia o la pederastia.

“Para que no haya dudas sobre nuestra posición, informamos que las iniciativas impulsadas por República Dominicana en el marco de la Asamblea General de la OEA están relacionadas a: la situación en Haití, la libertad de expresión y periodismo, así como el gobierno digital abierto y transparente”, indicaron.

De igual forma, impulsan el fortalecimiento de la democracia, los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores, la Red Interamericana de Catastro (que lidera nuestro Poder Judicial), la protección del medioambiente y las implicaciones jurídicas sobre la soberanía territorial causada por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento de los océanos.

Expresaron que a la fecha no se ha realizado ninguna votación sobre los documentos sujetos a negociación, pues todavía está en curso un proceso de consultas entre los Estados miembros de la OEA en relación a todos los temas de la agenda.

“Es importante, además, hacer de conocimiento público que las resoluciones que se adoptan en foros multilaterales, como el de la OEA, no están por encima de la Constitución o legislación de los Estados y por tanto no son obligatorias. En consecuencia, los países mantienen su soberanía para adoptar las políticas y normas que consideren apropiadas para garantizar los derechos de su población», concluyeron.

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