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Latinoamericanas

Gobierno de PR y acreedores acercan posiciones sobre el pago de la deuda

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EFE
San Juan.-La estatal Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y los acreedores del Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales anunciaron ayer un acercamiento para establecer el ambiente adecuado para comenzar negociaciones de buena fe con el fin de reestructurar la deuda de forma pactada conforme al Título VI de la Ley Promesa.

La AAFAF informó ayer a través de un comunicado de que las conversaciones entre esa entidad estatal y el Grupo Ad Hoc pretenden establecer las bases para alcanzar una solución de las controversias planteadas por este último en relación con los derechos constitucionales y contractuales reclamados.

La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) fue aprobada el pasado verano por el Congreso estadounidense para dar solución al asunto de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares.

La postura del Gobierno dada a conocer a través de la AAFAF va en contra de la postura de la Junta de Supervisión Fiscal que esta semana pidió que se anulara la suspensión de litigios automática que establece La Ley Promesa para las demandas de los acreedores.

El comunicado señala que las partes confían en que estas conversaciones conducirán a una solución al posible trato de la deuda constitucional y, en última instancia, «a conversaciones extensas que involucren a otros acreedores y parte con interés, con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo y vinculante para todas las partes involucradas».

Como resultado de las conversaciones entre el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela, y representantes del Grupo Ad Hoc, el Gobierno de Puerto Rico «buscará una resolución pronta y diligente a las reclamaciones relacionadas con la constitucionalidad de la estatal Corporación del Fondo de Interés Apremiante -Cofina-.

La reclamación fue presentada por el Grupo Ad Hoc en el litigio pendiente ante el juez Francisco Besosa en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

El comunicado destaca que el Gobierno analizará los planteamientos constitucionales hechos por el Grupo Ad Hoc.

Además, el Gobierno exhortará al juez Besosa, continúa el comunicado, a decidir sobre los planteamientos del Grupo Ad Hoc como límite el 30 de abril de 2017.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que una pronta resolución del caso servirá para fomentar las negociaciones entre todos los acreedores.

«Es muy encomiable que el Gobernador esté concentrando atención y recursos significativos para tratar de alcanzar una solución negociada», dijo por su parte Andrew Rosenberg, un representante del Grupo Ad Hoc.

Portela indicó que «las discusiones que anticipamos tener con el Grupo Ad Hoc reafirman el compromiso del Gobierno de buscar una solución ordenada a los asuntos financieros que afectan a Puerto Rico y recalcamos que todos los acreedores y partes involucradas deben estar preparados para proceder con negociaciones de buena fe hacia una reestructuración consensual conforme al Título VI de Promesa».

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Latinoamericanas

Una nueva respuesta humanitaria beneficiará a más 400.000 personas en Haití

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Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.

Se trata de una intervención financiada por el Regional Humanitarian Fund for Latin America and the Caribbean (RHPF LAC) e implementada por el consorcio REZILYANS AYITI, integrado por Plan International, Save the Children, el Norwegian Refugee Council (NRC), Mercy Corps y el Centre d’Animation Paysanne et d’Action Communautaire (CAPAC).

Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.

«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.

Esta nueva respuesta humanitaria dará cobertura en agua, saneamiento e higiene, para contribuir a la reducción de los riesgos de salud en entornos sobrepoblados y a prevenir enfermedades transmitidas a través del agua, como el cólera.

Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.

La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.

«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.

La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.

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Latinoamericanas

Protestas colocan a Bolivia «al límite»

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Agencia AFP

La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.

Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.

«El país necesita orden y esto está llegando al límite (…) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo», dijo el mandatario de centroderecha, en un acto en La Paz en el que instaló un foro de discusión de políticas sociales y económicas.

«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.

Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.

La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.

«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.

– «Peor que el covid» –

La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.

Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.

Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.

«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.

En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.

El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.

«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.

El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.

El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.

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Haití: Más de 80 muertos en 5 días por choques entre pandillas

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PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.

Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.

CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES

El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.

Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.

MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES

La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.

Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».

Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.

Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).

an/am

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