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Gobierno declarará emergencia nacional el combate a roya café

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Rodríguez (d) dijo que la producción agrícola es su prioridad.

SANTO DOMINGO. El Gobierno declarará en los próximos días el país el estado de emergencia nacional fitosanitaria por la plaga de la roya del café, que afecta la plantación de casi 50 mil fincas de ese grano en todo el territorio.

Al ofrecer ayer la información, el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, adelantó que para tales fines se trabaja en la elaboración de un anteproyecto dedecreto, que luego sería emitido por el Poder Ejecutivo.

«A través de este proceso vamos a tener una comisión nacional para el control y manejo de la roya, donde va estar el sector público y privado», expuso, al participar en el encuentro semanal que realiza la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dicom), en el Palacio Nacional.

Rodríguez precisó que el 42% de la producción de café en la zona sur (de unas 300 mil tareas) está afectada por la roya y que en la zona norte sólo alcanza el 16%.

Asimismo, el funcionario señaló que las plantas afectadas por esa plaga serán sustituidas por plantaciones importadas desde Brasil, Colombia, Honduras y Costa Rica.

Petrocaribe

En otro orden, el ministro de Agricultura adelantó que este año el gobierno no entregará habichuelas negras a Venezuela, como lo establece el acuerdo de Petrocaribe (unas 10 mil toneladas), debido a la falta de producción.

Sin embargo, aclaró que en noviembre próximo se inicia la siembra de unas 100 mil hectáreas de este grano en todo el país, en especial en San Juan, producción que alcanzaría las 10 mil toneladas que consigna Petrocaribe, y la cual estaría lista en febrero del 2014.

Rodríguez también se refirió a préstamos agrícolas, que, según dijo, en los ocho meses de gobierno, se ha dado financiamiento por RD$1,900 millones, en beneficio de más de 3,300 productores nacionales.

Sobre un laboratorio que construye el gobierno en Punta Cana para la exportación de vegetales, el ministro de Agricultura sostuvo que ya casi está listo, y que se trabaja en la contratación de dos líneas aéreas que se encargaran de llevar esos productos a Estados Unidos y Canadá.

Diario Libre

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¿Cuánto costará la nueva cédula para cada dominicano?

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Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.

La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.

Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita, 

El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.

Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.

La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.

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Urgen formalizar trabajadoras domésticas tras denuncias contra Julio Iglesias

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Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.

Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.

Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.

Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.

«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.

«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.

Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.

En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.

¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?

Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.

  • Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.

Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.

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Legislando contra el reloj: los costos ocultos de la perención legislativa

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Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.

Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.

Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.

Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.

Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.

Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.

El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.

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