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No para el rechazo a la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de la República Dominicana.
SANTO DOMINGO.- Desde el sector empresarial y hasta el dominicano más humilde ha reaccionado con indignación por el manejo poco delicado de la embajada de los Estados Unidos sobre al pronunciarse en torno a la deportación de haitianos por carecer de documentos para permanecer en el país.
El primero en hacerlo fue el Gobierno de la República Dominica a través de la Cancillería, que expresó este lunes su «más enérgico rechazo» al comunicado titulado “Alerta: Reforzamiento en curso de migración en República Dominicana” publicado por la Embajada de Estados Unidos de América el sábado último, por considerarlo «manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz».
La posición de la Administración del Presidente Luis Abinader está contenida en un documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual aparece ampliamente reseñado en la página oficial de la Presidencia de la República. La misma se suma a otras reacciones, no menos enérgicas, que han emitido distintas entidades no gubernamentales en rechazo a dicho comunicado.
En este documento la Embajada de Estados Unidos advirtió el sábado a sus ciudadanos que planean viajar o se encuentran en República Dominicana que podrían enfrentar incidentes relacionados al racismo por parte de las autoridades de Migración de este país. Indicó que en los puertos dominicanos se realizan operativos en los que se inspeccionan a personas partiendo de color de piel, para constatar si son inmigrantes, especialmente de Haití.
«Los términos de dicho comunicado contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en todos los ámbitos: político, económico, militar, social y de cooperación, ya sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad, entre otros.
Nuestro país es el primer socio comercial de EE.UU. en el Caribe y el sexto en Latinoamérica. Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones. En ese tenor, fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para promover los valores democráticos y los derechos humanos.
Desde el inicio del presente Gobierno, hemos denunciado ante la comunidad internacional de manera reiterada y sistemática la alarmante situación en Haití, agravada desde el magnicidio del presidente Moise, sin que esta haya tomado las medidas apropiadas para enfrentar la explosiva realidad humanitaria, social y política en el vecino país, que afecta gravemente la seguridad nacional de República Dominicana.
Desde hace varios lustros, el grueso de la carga ha recaído, en particular en términos migratorios, sobre nuestro país. Una parte importante del presupuesto de salud dominicano actual se dedica, de manera gratuita, a la población extranjera, primordialmente haitiana: el 32,4 % de las camas de maternidad de nuestros hospitales públicos; el 10,3 % de las emergencias; el 14,9 % de los internamientos; el 9,8 % de las cirugías; el 8,3 % de las consultas.
Sin el apoyo de la comunidad internacional, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mantener abierta la frontera para permitir a la población haitiana el acceso a alimentos vitales, medicamentos, combustibles, agua, etc. Asimismo, hemos mantenido abierto el flujo comercial, a pesar del número de secuestros de dominicanos, incluyendo un diplomático de nuestra embajada en Haití. Por su parte, nuestras fuerzas armadas cargan de manera unilateral con el alto costo de brindar seguridad a la totalidad de la frontera entre los dos países, manteniendo unos 9,000 efectivos en dicho lugar.
Así como todo país soberano que repatria a la población extranjera en situación migratoria irregular, incluyendo a EE.UU., República Dominicana se ha visto forzada a deportar a un alto número de migrantes haitianos que no toleran más la situación en ese país y que avasallan las posibilidades dominicanas. República Dominicana no aguanta más.
A título de contraste, la misma administración Biden ha deportado a Haití, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, más de 20,000 migrantes haitianos.
El Gobierno de Estados Unidos no ha aportado prueba alguna, más allá de casos anecdóticos sin verificación independiente, de que exista un patrón sistemático de violaciones de los derechos de los migrantes, ordenado por las autoridades dominicanas. Podrían ocurrir casos aislados, como en cualquier parte del mundo, que, de ser denunciados a las autoridades pertinentes, serían investigados y sancionados debidamente, si se comprobara su veracidad.
El Gobierno dominicano jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país, cuya población evidencia “en su color de piel” un amplio crisol de razas; mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes e inclusive a sectores de su propia población.
República Dominicana se esmera en brindar un trato hospitalario a los millones de turistas que nos visitan anualmente de las cuatro esquinas del planeta, en particular desde Estados Unidos. Nuestra economía depende en buena medida en el confort y seguridad de cada uno de estos visitantes extranjeros, de los cuales más de un millón y medio han provenido de Estados Unidos en este año, con experiencias abrumadoramente positivas, sin importar su raza o situación socioeconómica.
El comunicado del 19 de noviembre podría impactar negativamente a miles de trabajadores dominicanos, así como a nuestra economía, aunque este no haya sido su objetivo. En consecuencia, esperamos que el Gobierno de Estados Unidos considere el retiro de los términos sin verificar de este ambiguo comunicado, a la mayor brevedad posible.
República Dominicana es un país cuya amistosa población abre sus brazos a toda persona que visita y vive legalmente en nuestras fronteras, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. El espíritu alegre y el calor hospitalario del dominicano jamás cambiará.
El Gobierno y el pueblo dominicano continuarán brindando todo el apoyo, dentro de sus posibilidades, al hermano pueblo haitiano. Ningún país ha hecho un mayor esfuerzo que R.D., abogando por que la comunidad internacional ayude a Haití, pero declaramos nueva vez con todo el vigor necesario que no hay -ni podrá haber jamás- una solución dominicana a la odisea haitiana».
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La entrega de dinero por soborno a fiscal fue parte del plan concebido por Procuraduría para su apresamiento.
Santo Domingo, R.D.-El proceso de investigacion que terminó con el apresamiento por sobornos del fiscal Aulerio Valdez Alcántara por supuestmente recibir 10 mil dólares fue montaedo por la Procuraduria General de la Republica mediante una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Es un testigo en el caso Senasa a quien el fiscal le habría pidido dinero, un reloj y un auto.
Santo Domingo, R.D.-Roberto Canaán, imputado en el caso Senasa, a quien el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido los diez mil dálares, un reloj y un anto, cuyo monto total solicitado ascendia a 200 mil dólares, segun el expediente del Ministerio Publico.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aplazada nuevamente la audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.