Nacionales
No para el rechazo a la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de la República Dominicana.
SANTO DOMINGO.- Desde el sector empresarial y hasta el dominicano más humilde ha reaccionado con indignación por el manejo poco delicado de la embajada de los Estados Unidos sobre al pronunciarse en torno a la deportación de haitianos por carecer de documentos para permanecer en el país.
El primero en hacerlo fue el Gobierno de la República Dominica a través de la Cancillería, que expresó este lunes su «más enérgico rechazo» al comunicado titulado “Alerta: Reforzamiento en curso de migración en República Dominicana” publicado por la Embajada de Estados Unidos de América el sábado último, por considerarlo «manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz».
La posición de la Administración del Presidente Luis Abinader está contenida en un documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual aparece ampliamente reseñado en la página oficial de la Presidencia de la República. La misma se suma a otras reacciones, no menos enérgicas, que han emitido distintas entidades no gubernamentales en rechazo a dicho comunicado.
En este documento la Embajada de Estados Unidos advirtió el sábado a sus ciudadanos que planean viajar o se encuentran en República Dominicana que podrían enfrentar incidentes relacionados al racismo por parte de las autoridades de Migración de este país. Indicó que en los puertos dominicanos se realizan operativos en los que se inspeccionan a personas partiendo de color de piel, para constatar si son inmigrantes, especialmente de Haití.
«Los términos de dicho comunicado contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en todos los ámbitos: político, económico, militar, social y de cooperación, ya sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad, entre otros.
Nuestro país es el primer socio comercial de EE.UU. en el Caribe y el sexto en Latinoamérica. Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones. En ese tenor, fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para promover los valores democráticos y los derechos humanos.
Desde el inicio del presente Gobierno, hemos denunciado ante la comunidad internacional de manera reiterada y sistemática la alarmante situación en Haití, agravada desde el magnicidio del presidente Moise, sin que esta haya tomado las medidas apropiadas para enfrentar la explosiva realidad humanitaria, social y política en el vecino país, que afecta gravemente la seguridad nacional de República Dominicana.
Desde hace varios lustros, el grueso de la carga ha recaído, en particular en términos migratorios, sobre nuestro país. Una parte importante del presupuesto de salud dominicano actual se dedica, de manera gratuita, a la población extranjera, primordialmente haitiana: el 32,4 % de las camas de maternidad de nuestros hospitales públicos; el 10,3 % de las emergencias; el 14,9 % de los internamientos; el 9,8 % de las cirugías; el 8,3 % de las consultas.
Sin el apoyo de la comunidad internacional, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mantener abierta la frontera para permitir a la población haitiana el acceso a alimentos vitales, medicamentos, combustibles, agua, etc. Asimismo, hemos mantenido abierto el flujo comercial, a pesar del número de secuestros de dominicanos, incluyendo un diplomático de nuestra embajada en Haití. Por su parte, nuestras fuerzas armadas cargan de manera unilateral con el alto costo de brindar seguridad a la totalidad de la frontera entre los dos países, manteniendo unos 9,000 efectivos en dicho lugar.
Así como todo país soberano que repatria a la población extranjera en situación migratoria irregular, incluyendo a EE.UU., República Dominicana se ha visto forzada a deportar a un alto número de migrantes haitianos que no toleran más la situación en ese país y que avasallan las posibilidades dominicanas. República Dominicana no aguanta más.
A título de contraste, la misma administración Biden ha deportado a Haití, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, más de 20,000 migrantes haitianos.
El Gobierno de Estados Unidos no ha aportado prueba alguna, más allá de casos anecdóticos sin verificación independiente, de que exista un patrón sistemático de violaciones de los derechos de los migrantes, ordenado por las autoridades dominicanas. Podrían ocurrir casos aislados, como en cualquier parte del mundo, que, de ser denunciados a las autoridades pertinentes, serían investigados y sancionados debidamente, si se comprobara su veracidad.
El Gobierno dominicano jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país, cuya población evidencia “en su color de piel” un amplio crisol de razas; mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes e inclusive a sectores de su propia población.
República Dominicana se esmera en brindar un trato hospitalario a los millones de turistas que nos visitan anualmente de las cuatro esquinas del planeta, en particular desde Estados Unidos. Nuestra economía depende en buena medida en el confort y seguridad de cada uno de estos visitantes extranjeros, de los cuales más de un millón y medio han provenido de Estados Unidos en este año, con experiencias abrumadoramente positivas, sin importar su raza o situación socioeconómica.
El comunicado del 19 de noviembre podría impactar negativamente a miles de trabajadores dominicanos, así como a nuestra economía, aunque este no haya sido su objetivo. En consecuencia, esperamos que el Gobierno de Estados Unidos considere el retiro de los términos sin verificar de este ambiguo comunicado, a la mayor brevedad posible.
República Dominicana es un país cuya amistosa población abre sus brazos a toda persona que visita y vive legalmente en nuestras fronteras, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. El espíritu alegre y el calor hospitalario del dominicano jamás cambiará.
El Gobierno y el pueblo dominicano continuarán brindando todo el apoyo, dentro de sus posibilidades, al hermano pueblo haitiano. Ningún país ha hecho un mayor esfuerzo que R.D., abogando por que la comunidad internacional ayude a Haití, pero declaramos nueva vez con todo el vigor necesario que no hay -ni podrá haber jamás- una solución dominicana a la odisea haitiana».
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.