CONSTANZA, República Dominicana.-El presidente Luis Abinader anunció la reforestación por parte de su Gobierno de las zonas afectadas por los recientes incendios forestales, quien visitó un área de la cordillera Central acompañado de su esposa Raquel Peña; los ministros de Medio Ambiente Miguel Ceara Hatton y Administrativo de la Presidencia, José Paliza, entre otros funcionarios.
«El Gobierno protegerá el agua y la vida cueste lo que cueste», enfatizó. Señaló que serán sembrados dos árboles por cada uno perdido en los incendios y que será redoblada la cantidad de guardabosques, de forma tal que todo aquel que provoque un percance de esta naturaleza sea sometido de inmediato a la justicia.
PLAN DE ACCIÓN
El Jefe del Estado explicó que se aplicará un plan de acción con el acompañamiento de la Academia de Ciencias, que conlleva «medidas administrativas y actividades de campo, incluyendo la investigación científica y una ruta crítica de gestión, capaz de medir en el tiempo, los progresos y mecanismos de protección de los recursos hídricos, así como su aprovechamiento para fines recreativos, ecoturísticos y agrícolas»,.
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Dijo que el inmenso patrimonio natural e hídrico de la cordillera Central está constantemente amenazado por fuegos como el del pasado 5 de marzo en el que se diezmaron 74,000 tareas en los nacimientos de los ríos Las Cuevas, Guayabal y Río Grande.
Resaltó que los incendios son cada vez más frecuentes y virulentos debido al cambio climático, y suponen una seria amenaza no solo para el ecosistema de Valle Nuevo sino para la conservación de todos los bosques del país.
Manifestó que la presente gestión de Gobierno construye un proyecto de nación basado en la sostenibilidad, porque «no se puede tener un presente destruyendo el futuro».
También acompañaron al mandatario, la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez; el contralor general, Catalino Correa; el alcalde de Constanza, Juan Agustín Luna Lora; el presidente de la Asociación Hortícola de Tireo, Cristino Suriel Mata, y el presidente de la Asociación de Agricultura Montellano, Gabriel Durán.
Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a su homólogo dominicano, Luis Abinader, por la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.
Durante un encuentro celebrado en Cali, Colombia, Asfura explicó que dirigentes deportivos hondureños que participan en los Juegos le manifestaron estar gratamente impresionados con la organización, las instalaciones deportivas, la villa destinada a los atletas y el trato recibido.
Ambos gobernantes se reunieron en un hotel de la ciudad colombiana, donde asistieron a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Durante la conversación, el mandatario hondureño solicitó el respaldo y la colaboración de República Dominicana para organizar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para celebrarse en Honduras en 2029.
Asfura afirmó que Santo Domingo 2026 ha representado un ejemplo para la región por la calidad organizativa de un evento que reúne a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas.
1 de 2 |2 de 2 |
Abinader prometió compartir la experiencia dominicana en todo lo relacionado con la organización y el montaje de la competencia.
Asimismo, puso en contacto al mandatario hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de colaboración con las autoridades deportivas de Honduras.
En otra parte del encuentro, el presidente dominicano invitó a Asfura a visitar República Dominicana para continuar profundizando las relaciones comerciales, empresariales y culturales entre ambos países. La fecha de la visita será informada posteriormente.
En la reunión participaron también los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como Jaqueline Foglia Sandoval, embajadora hondureña en Colombia, y Félix Aracena, embajador dominicano en ese país.
Santo Domingo, R.D.-La lectura integra de la sentencia número 249-02-2026 SSEN-00040 fue reprogramada para el 23 de septiembre a las dos de la tarde por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual condena a Adam Caceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robipu, acusados de corrupción y lavado de activos.
La decisión, contenida en el Auto núm. 249-02-2026-TFIJ-00052, busca concluir adecuadamente la redacción y revisión de la decisión motivada correspondiente al proceso núm. 062-2022-EPEN-00201, tras ponderar la complejidad del proceso y la amplitud del debate del juicio oral que se extendió por aproximadamente 658 días calendario.
En el proceso fueron juzgados 36 acusados, de los cuales 29 son personas físicas y 7 personas jurídicas, además de la participación de 18 intervinientes voluntarios.
La dimensión del juicio se refleja en el volumen probatorio producido durante los debates, que incluyó 319 testimonios, 4,081 pruebas documentales, 146 pruebas periciales y 114 pruebas materiales, elementos cuya valoración individualizada debe quedar debidamente plasmada en la sentencia escrita.
El órgano jurisdiccional destacó que la explicación oral ofrecida al momento de pronunciar el dispositivo de la sentencia tuvo una duración aproximada de 11 horas, mientras que la parte dispositiva comprende 41 ordinales distribuidos en 88 páginas.
Aunque el tribunal informó que ha mantenido un trabajo constante en la redacción de la sentencia desde la emisión del dispositivo, indicó que aún restan aspectos cuya fundamentación demanda un análisis detallado.
Además, una vez concluidos esos apartados, resulta necesario integrar el documento completo y realizar una revisión conjunta destinada a garantizar la coherencia interna, la congruencia y la suficiencia de la motivación judicial.
La decisión también enfatiza que la motivación de las sentencias constituye una garantía esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
Al evaluar el cronograma procesal, el tribunal explicó que el plazo legal para la redacción de la sentencia concluía el 8 de septiembre de 2026. Sin embargo, consideró razonable otorgar una extensión adicional de 10 días hábiles, fijando la lectura íntegra para el 23 de septiembre de 2026.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión a todas las partes involucradas y reiteró que la lectura íntegra de la sentencia constituye el acto formal de notificación previsto por la normativa procesal penal.
BARAHONA.- Ciento nueve armas de fuego de diferentes marcas y calibres, además de municiones, drogas y objetos vinculados a actividades delictivas en las provincias de la region de Enriquillo, fueron ocupados por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.
Las autoridades indicaron que, como resultado de las labores de prevención, inteligencia e investigación, decenas de personas han sido apresadas en flagrante delito por su presunta vinculación con distintas infracciones.
Entre las armas ocupadas figuran ocho de alto calibre, incluidos cuatro fusiles, lo que, según la institución, representa un golpe a la circulación ilegal de armamentos y contribuye a reducir los riesgos asociados a hechos violentos en la zona.
La Policía informó que demás de las armas de fuego, durante operativos preventivos realizados desde el 21 de febrero hasta la fecha, también fueron incautadas sustancias narcóticas, armas cortopunzantes, balanzas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados con actividades ilícitas.
La Policía atribuyó los resultados a las acciones estratégicas desplegadas por la Dirección Regional Sur en coordinación con sus departamentos operativos e investigativos, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.
La institución aseguró que continuará ejecutando operativos focalizados y acciones conjuntas con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado para combatir el porte ilegal de armas, el microtráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas que afectan a las comunidades de la región Enriquillo.
Asimismo, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas y garantizó la confidencialidad de las informaciones suministradas, como parte del esfuerzo para preservar el orden, la paz y la seguridad en la zona.