Más Noticias
Gobierno en encrucijada tras disponer dispensas para Navidad y Año Nuevo
- El Ministerio de Salud Pública reportó ayer 720 nuevos casos y tres defunciones en el país
- El presidente Abinader suplica a la población respetar toque de queda y la libertad de tránsito
Debido al reto que representa tanto para el personal sanitario como los agentes de seguridad y la población en sentido general, flexibilizar las medidas de distanciamiento social y restricciones de movilidad en las festividades navideñas, así como el constante incremento en el número de casos positivos de coronavirus en la República Dominicana, el Gobierno se ha visto en la necesidad de reiterar en qué consisten las dispensas de movilidad y suplicar a la población colaborar con los organismos de seguridad.
El presidente de la República, Luis Abinader imploró a los dominicanos y extranjeros que están en el país a que por favor solo transiten hasta la 1:00 de la madrugada del 25 de diciembre y 1 de enero exclusivamente para dirigirse a sus casas o a reunirse con parientes luego de concluir la cena de Nochebuena o dar la bienvenida al año nuevo, pero que no se reúnan en espacios públicos o espacios privados de uso público una vez comience el horario del toque de queda.
Abinader explicó que la flexibilidad del horario dispuesto para los feriados de Navidad y Año Nuevo es para disfrutar con la familia y seres queridos, pero manteniendo todos los protocolos sanitarios y que el toque de queda y la prohibición de reuniones en lugares públicos a partir de las 7:00 de la noche así como el no expendio de bebidas alcohólicas después de las 6:00 de la tarde en todo el territorio nacional, son medidas básicas de prevenció. Aunque hay todavía un aumento en los contagios, el COVID-19 está en control y se quiere evitar rebrotes que impidan retornar a la normalidad.
“Sabemos que esos confinamientos son odiosos, los que menos los queremos somos nosotros. Las Fuerzas Armadas y la Policía no quisieran estar en las calles, están cansados también, igual que la población dominicana pero ya estamos saliendo y el pueblo ha hecho un gran esfuerzo y lo que le pedimos es que por favor vamos hacer un esfuerzo adicional más para lograr salir de esta pandemia”, suplicó el presidente de la República.
De igual manera, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, puntualizó que la restricción de congregarse después de la 7:00 no solo es para negocios, centros de diversión, parques, espacios públicos sino también que incluye las iglesias, por lo que los feligreses que suelen esperar la Navidad en los templos, deberán hacerlo en sus hogares.
El presidente Abinader reiteró que el país firmó contratos con dos compañías que desarrollan vacunas y que por lo tanto República Dominicana está entre las primeras naciones que las adquirirá una vez estén disponibles.
Explicó que la razón por la que en Estados Unidos y Reino Unido han iniciado los procesos de vacunación es porque allá están establecidas las empresas fabricantes: AstraZeneca y Pfizer. “Ustedes pueden estar seguros de que este es uno de los países que va a tener primero la vacuna. Que tenemos ya toda la logística preparada solo esperando que esté ya disponible para otros países”, puntualizó.
El Colegio Médico Dominicano (CMD) se mostró en contra de la dispensa dispuesta por las autoridades para transitar hasta la 1:00 de la mañana en Navidad y Año Nuevo. “Nosotros no estamos de acuerdo con esa medida, de dejar que las personas se reúnan hasta la una de la mañana”, dijo a Diario Libre Waldo Ariel Suero el día que anunciaron las medidas.
En esta semana se han registrado 2,613 casos nuevos de coronavirus para totalizar 157,305 contagios y 2,375 fallecidos, en tanto que la cantidad de pacientes graves a consecuencia del virus sigue en aumento. El boletín epidemiológico número 273 correspondiente al 17 de diciembre registra♀ 720 nuevos casos y tres muertes. Además, cifra en 245 las personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, lo que representa una ocupación del 55 % de las camas disponibles para tales fines. Otras 837 personas están hospitalizadas con un cuadro estable y 127 conectadas a ventiladores. Del total de casos positivos, 32,725 permanecen activos y 122,205 corresponden a pacientes ya recuperados. En el país se han realizado 806,580 pruebas PCR que han descartado 649,275 casos. Las autoridades informaron que la tasa de positividad diaria es de 14.26 %.
diariolibre.com
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.